sábado, 11 de febrero de 2012

El plan de negocio

Lo que se busca es ahorrar gastos y personal, y aunque son las acreedoras las que ponen condiciones para cancelar o no una deuda, o si se cobran intereses o no se cobran, resulta menos gravoso dejar el problema en otras manos. Los primeros “llaman constantemente y amenazan con llevarte al juzgado”, los segundos “son mucho más agresivos: te persiguen completamente, llaman a tus vecinos, te insultan…”. Los contratos electrónicos se regirán por lo dispuesto en este Título, por los Códigos Civil y de Comercio y por las restantes normas civiles o mercantiles sobre contratos, en especial, las normas de protección de los consumidores y usuarios y de ordenación de la actividad comercial”. Se regirán por lo dispuesto en este título los contratos celebrados con los consumidores y usuarios en el marco de una actividad empresarial, sin la presencia física simultánea de los contratantes, siempre que la oferta y aceptación se realicen de forma exclusiva a través de una técnica cualquiera de comunicación a distancia y dentro de un sistema de contratación a distancia organizado por el empresario.

En Internet este déficit es mayor, ya que no puedes ver el objeto físico, sólo fotografías. También, se amplía el ámbito subjetivo de los acreedores financieros afectados por el acuerdo que pasa a ser todo acreedor titular de un pasivo financiero, estén o no sometidos a supervisión financiera, exceptuando los que lo sean por operaciones comerciales y los acreedores de derecho público. Iniciativas como PayPal simplifican el proceso de pago y limitan los datos que damos a la tienda final pero a cambio de dejar nuestros datos de pago en una empresa americana que no tiene una obligación legal de proteger nuestra privacidad, como en Europa, con el consiguiente riesgo. Utilice los mecanismos de seguridad que tenga a su alcance para proteger sus datos de accesos no deseados. “Aconsejo grabar la conversación y luego denunciar”, dice Camacho. 4.2.2.- EL PROCEDIMIENTO HIPOTECARIO Se trata, en realidad, de una modalidad del procedimiento ejecutivo que se utiliza cuando se haya constituido una hipoteca o una prenda sobre bienes determinados para garantizar el cumplimiento de una obligación.

Serán nulas de pleno derecho las cláusulas que impongan al consumidor y usuario una penalización por el ejercicio de su derecho de desistimiento o la renuncia al mismo. Como se dice en la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2007, el Código Civil no regula expresamente esta figura jurídica, pero la jurisprudencia la reconoce, partiendo, para ello, de la libertad contractual del artículo 1255 del Código Civil, y relevando, en su caso, al que se ampara en el documento de reconocimiento, de la obligación de expresión en él de la causa, por entenderla existente (artículo 1277 del Código Civil), y refiriéndose la abstracción posible al aspecto procesal, por liberar de la prueba al que le beneficia (Sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, aparte de otras, de 23 de enero de 2007, la que cita, a su vez, las de 5 de marzo de 1998 y 28 de enero de 1994).

Una vez comprobado que todo es correcto, el notario procede a requerir al deudor a pagar en veinte días, o a acudir a la notaría para alegar su oposición a la reclamación. En caso afirmativo, ordenará que se dé traslado de una copia del escrito de demanda al demandado, concediéndole un plazo de veinte días para que pueda contestar por escrito. Las autoridades españolas, conforme al Art.8.1 Cc y a la LSSI, serían perfectamente competentes y podrían dictar una resolución condenatoria contra la empresa norteamericana. Del mismo modo, el número de obras se ha multiplicado: cualquiera puede escribir, componer o grabar un vídeo y publicarlo en la Red con acceso a millones de personas. Los certificados expedidos por las entidades encargadas de los registros contables respecto de los valores representados mediante anotaciones en cuenta a los que se refiere la Ley del Mercado de Valores.

“Los abusos van desde campañas intensivas de llamadas telefónicas” a “comunicaciones por escrito amenazantes [...], que pretenden amedrentar al afectado y lograr así un pago de modo cuasi-coactivo”, El objetivo es presionar al moroso, que muchas veces desconoce las consecuencias legales que comporta el dejar de pagar. Contratación informática. Pero también hay determinados servicios que están expresamente excluidos de la ley reguladora del comercio electrónico, como, los prestados por notarios y registradores de la propiedad y mercantiles y los ofrecidos por abogados y procuradores en el ejercicio de sus funciones de representación y defensa en juicio. Fuera de estas tres áreas ya situaríamos al resto de países donde, salvo excepciones, podríamos encontrarnos con problemas de protección jurídica. El Reglamento 44/2001 parte de la idea que en un litigio cabe que existan varios tribunales que sean competentes. c) Otros contratos: No cabe aplicar estas reglas en los casos de franquicia, concesión, etc donde deberemos estar al caso concreto, lugar de pago, lugar de incumplimiento de la prestación,..Tampoco cabe aplicar estas presunciones cuando las mercancías se concreten en un tercer país no miembro de la UE.

Otra actividad prohibida, que también estudiaremos posteriormente, es el mal uso, por parte de los empresarios o la administración pública, de los datos personales de los consumidores, por ejemplo: ausencia de consentimiento, cesión de datos a terceros, etc. En el caso de ejercer este derecho de desistimiento, el consumidor o usuario debe hacerlo dentro del plazo señalado de catorce días, y lo tiene que hacer comunicando al empresario su decisión de desistir y muy importante, la carga de probar que ha ejercido ese derecho de desistimiento corresponde al consumidor, por lo que deberá quedar constancia de que el empresario ha tenido conocimiento del ejercicio del derecho de desistimiento. No todas las personas jurídicas deben pagar esta tasa, pues hay un régimen legal de exenciones. Esas experiencias que más de uno ha pasado, de llegar al final del proceso de compra y encontrarte con un precio totalmente distinto al que te llevó hasta ese comercio, son las que deberían de desaparecer al cumplir esta Ley los comercios electrónicos.

Este punto se puede redactar genéricamente y hacer referencia a la web. Tomemos el ejemplo del caso Yahoo, planteado a causa de una disputa internacional creada por la subasta de artículos nazis en este portal. g) Los procedimientos de pago, entrega y ejecución, la fecha en que el empresario se compromete a entregar los bienes o a ejecutar la prestación de los servicios, así como, cuando proceda, el sistema de tratamiento de las reclamaciones del empresario. En España la LSSI establece la obligación de identificar su domicilio real en las páginas web. En caso afirmativo, ordenará que se dé traslado de una copia del escrito de demanda al demandado, concediéndole un plazo de veinte días para que pueda contestar por escrito. 166, de 12 de julio) tienen como centro de atención la Red, aunque se centra en la contratación por vía electrónica en lo referente a las obligaciones de los prestadores de servicios, entendiendo por ello a aquella persona física o jurídica que proporciona un servicio de la sociedad de la información.

Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones sobre Comunicaciones Electrónicas (Modifica la Ley de Comercio Electrónico y Servicios de la Sociedad de la Información). Si una buena parte de esas controversias se llegaran a articular a través del procedimiento notarial, se conseguiría una reducción de la carga de trabajo de los tribunales y una concentración de sus recursos humanos y materiales en otros asuntos donde no hay más opción que la jurisdiccional. El único que puede hacerlo es un juez a través de una sentencia. La definición amplia también incluiría redes electrónicas de uso privado usualmente organizadas por empresas y sus asociados para su propio beneficio. El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social, y La protección de la juventud y de la infancia.

Así, si su crédito es superior a 300 euros y lo tiene documentado en una escritura pública o en una póliza intervenida por notario, puede acceder directamente a ejecutarlo sin necesidad de acudir a un proceso judicial declarativo. Trámites esenciales.- El procedimiento es muy sencillo: ante la petición presentada por el demandante, el Juez requiere de pago al deudor. La identidad del empresario, domicilio y una dirección de correo electrónico Los procedimientos de pago, entrega y/o ejecución del servicio. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha hecho pública una nota informativa en la que advierte sobre la práctica de algunas empresas de realizar auditorías de medidas de seguridad por teléfono. Plataformas en Internet Una de las cuestiones candentes en este ámbito es si los fabricantes pueden impedir a los distribuidores que comercialicen sus productos a través de plataformas de terceros.

De estas restricciones, la más importante es la primera, que limita esta fórmula a las reclamaciones de empresarios, profesionales o particulares, todos ellos entre sí, pero no permite a una empresa o profesional reclamar a un consumidor o usuario (por el control de las posibles cláusulas abusivas, que solo un juez puede realizar). Solo se contempla una condición para que acabe la persecución: rendirse y pagar la deuda reclamada. En 2014, las principales empresas de recobro que operan en España gestionaron un volumen de deuda impagada de 135.000 millones de euros, de acuerdo con la consultora DBK. ¿Qué clase de préstamos para pequeños negocios se encuentran disponibles para mí, y cómo los solicito? Derecho empresarial: conceptos basicos Cómo denominar su negocio Un panorama del Código de Comercio Uniforme Incumplimiento de un Deber Fiduciario ¿Cuáles son los instrumentos negociables? Cómo evitar los Grandes Errores en su Nuevo Negocio ¿Qué debe ser incluido en el manual de un empleado? Cartas de Intención y Hojas de Términos Acuerdos de Accionistas Una onza de prevención. Son aplicables con independencia de la voluntad de las partes y con independencia del derecho aplicable al contrato.

Para que sea válida la celebración de contratos por vía electrónica no será necesario el previo acuerdo de las partes sobre la utilización de medios electrónicos. En la misma resolución se dice que, conforme al artículo 1277 del Código Civil (“aunque la causa no se exprese en el contrato, se presume que existe y que es lícita mientras el deudor no pruebe lo contrario”), no es menester una especial intención de las partes dirigida a separar y abstraer la causa, sino que basta su inexpresión, presumiéndose la existencia y licitud de la causa, surtiendo el contrato que no la exprese exactamente los mismos efectos que el causal, mientras no se pruebe que la causa no es ilícita o no existe. La mala noticia es que no hay atisbo de que se vaya a regular el sector ni a medio ni a largo plazo.

Es importante analizar el plazo para el ejercicio del derecho de desistimiento, ya que, simplificando, podríamos decir que el día de inicio del cómputo del plazo es aquel en que se produce la entrega completa del bien o servicio; es en ese momento cuando se inicia el cómputo de los catorce días; ahora bien, si el empresario no hubiese cumplido con su deber de información del derecho de desistimiento que asiste al consumidor, el plazo finalizará doce meses después de la fecha en la que habría finalizado de haber cumplido el empresario con esa obligación, de manera que el plazo, en tal supuesto sería de doce meses y catorce días. ¿Qué no se debe hacer? No se deben copiar y pegar las condiciones de otra web similar. La financiación de la deuda es cuando una persona, empresa, banco u otra entidad que provee capital para un negocio y la empresa tiene la obligación de pagar el capital en préstamo, más la tasa de interés que se acuerde. Realmente hoy la Lex Mercatoria la hacen las grandes empresas multinacionales a través de los usos uniformes El consumidor podrá demandar y sólo podrá ser demandado en su domicilio.

A continuación examinamos algunas de las cuestiones que se regulan en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje: El convenio arbitral La designación del árbitro Tipos de arbitraje Gastos de arbitraje -Eficacia del Laudo. Un negocio que maneja millones de euros El recobro de deudas ha sido un gran negocio a cuyo carro se subieron entre 800 y 1.000 empresas, incluso autónomos. En las transacciones comerciales que se realizan en la red desaparecen las fronteras territoriales y la paradoja es que, precisamente dentro de estas fronteras es donde actúa el derecho internacional privado y que lo hace además, desde la perspectiva de un determinado Estado o Foro. Deuda "muy mala" foto una tarjeta de crédito Las peores deudas son las que tienen una TAE muy elevada: los descubiertos en cuenta, créditos de los cajeros automáticos, pagos aplazados de las tarjetas de crédito y los créditos rápidos. Se trata de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio electrónico, que controla de forma específica la materia: cómo ofrecer y contratar productos y servicios por vía electrónica, incluyendo todas las actuaciones previas, simultáneas y posteriores al contrato, como puede ser el suministro de catálogos, el envío de comunicaciones comerciales, las obligaciones de información del prestador de servicios o comerciante…

En esta actividad comercial rige el principio de libre prestación de servicios, con las únicas restricciones de salvaguarda del orden público, investigación penal, seguridad pública y defensa nacional, protección de la salud y de los consumidores, respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión…, protección de la juventud y de la infancia. Esta no es una mentira. En caso de no ser consumidor el destinatario del producto o servicio, se presumirá que el contrato presenta los vínculos más estrechos con el país en que la parte que deba realizar la prestación característica tenga, en el momento de la celebración del contrato, su residencia habitual o, si se tratare de una sociedad, asociación o persona jurídica, su administración central.

Así, se regula el contenido mínimo de la información previa, confirmación escrita (o plasmada en cualquier soporte duradero a disposición del adquirente) de dicha información, la facultad de revocación, anulación de los cobros fraudulentos mediante tarjeta, y la prohibición de suministros no solicitados. Su regulación se encuentra recogida en los artículos 70 y 71 de la Ley del Notariado, e implica una tramitación extraordinariamente rápida y sencilla. Las pólizas de contratos mercantiles intervenidas por fedatario público. United Fruit Company y London Corn Association). c) El suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor y usuario o claramente personalizados. 16/1999, consideró válidamente ejercitada la facultad de desistimiento, en el caso de adquisición de un curso a distancia, por no ser de aplicación la excepción prevista a la aplicabilidad del derecho de desistimiento en los supuestos de ventas de objetos que puedan ser reproducidos o copiados con carácter inmediato, y ello por cuanto que el contrato no se consuma con la entrega del material didáctico, sino que se completa con una asistencia técnica tendente a la obtención de unos conocimientos necesarios y suficientes.

Lógicamente, son de aplicación el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Las principales novedades que introduce la norma, son las siguientes: El denominado “preconcurso” La principal novedad incorporada en relación al preconcurso del artículo 5 bis LC es que desde la presentación de la comunicación no podrán iniciarse ejecuciones judiciales sobre bienes que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. Es más, ¿por qué no puedo eliminar ese seguro si ahora soy autónomo? Pagué cuanto pude hasta que me quedé sin ingresos. Lo apreciaremos plenamente en los próximos años.

Contenido La contratación electrónica impone numerosos deberes al oferente, que se traducen en protección para el adquirente, en particular: a) Información previa La cual deberá facilitar el oferente al adquirente con la debida antelación, con arreglo al artículo 97 LGDCU, los siguientes datos: a) Las características principales de los bienes o servicios, en la medida adecuada al soporte utilizado y a los bienes o servicios. Se pueden cumplir por medios tradicionales (postales) y también por medios electrónicos (descarga de Internet). En estos tiempos cobra especial relevancia las relaciones comerciales realizadas mediante sistemas electrónicos, dentro de todos ellos destaca el uso de Internet para la adquisición de bienes y servicios. Recuerda, si no sabes cómo crear una tienda online llámanos. Ambas Directivas inciden en dos aspectos distintos de la materia que nos ocupa, siendo el primero de ellos la venta a distancia -que puede efectuarse por medios informáticos, o no-, y el segundo, la comunicación electrónica -que puede tener por objeto la contratación directa, u otros aspectos preliminares, como la publicidad o captación de clientela-.

En caso de que el demandado se oponga, no necesariamente ha de transformarse el procedimiento en un declarativo. El teletexto televisivo y otros servicios equivalentes, como las guías electrónicas de programas ofrecidas a través de plataformas de TV. Sin embargo, está previsto que para finales de 2013 cambien algunos aspecto en la regulación del comercio electrónico, adaptándose de este modo a la nueva directiva europea. Sólo en este tercer caso hay reconocimiento de deuda en el sentido aludido, o sea el llamado reconocimiento constitutivo de deuda. Salvo excepciones, el mero hecho de que el demandado comparezca ante el órgano jurisdiccional da lugar a la competencia judicial de los órganos jurisdiccionales de ese Estado contratante, aún en el caso de que no sean de ordinario competentes Conforme al art.2 R44/2001 son competentes los tribunales del domicilio del demandado, distinguiendo según se trate de: persona física: según la normativa interna del país en el que se presenta la demanda (En nuestro artículo 40 Cc el domicilio equivale a la residencia habitual).

Para ello algunas informaciones deben aparecer visibles en la página web y otras pueden constar en un contrato que tiene que ser accesible desde la web mediante un enlace ya sea a la propia web o a otra. Si bien debemos aplaudir esta reforma, no se comprende por qué esta paralización no se extiende a los procedimientos de ejecución de derecho público. La Constitución española, en su artículo 18, protege el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y “garantiza el secreto de las comunicaciones”. 5.3.- El procedimiento de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles Cuando el crédito deriva de una operación de compraventa de bienes muebles a plazos, o de la concesión de un préstamo para financiar una compra de este tipo, en caso de impago, el vendedor o financiador podrá obtener la posesión del bien mueble vendido, para hacerse pago con él por el resto del precio aplazado personas jurídicas: El domicilio se define en función del lugar en que se encuentra el domicilio social (sede estatutaria), su administración central o su establecimiento principal (centro de la actividad).

En todas las propuestas de contratación deberá constar inequívocamente que se trata de una oferta comercial. Su regulación se encuentra recogida en los artículos 70 y 71 de la Ley del Notariado, e implica una tramitación extraordinariamente rápida y sencilla. Por tanto, el acto de venta del material nazi en España por parte de la compañía norteamericana cabría dentro del ámbito del Art.8.1. Sin embargo, también tienen su propia normativa y especificaciones que la diferencian del comercio tradicional. Aunque no tengamos correo electrónico ni cuenta en Facebook o cualquier otro servicio o perfil social, nuestros datos ya se encuentran en la Red. Para obtener una indemnización, sin embargo, es necesario acudir a los tribunales, así como para denunciar otros delitos.

Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento de la posesión, de 16 de diciembre de 1954. Para que sea válida la celebración de contratos por vía electrónica no será necesario el previo acuerdo de las partes sobre la utilización de medios electrónicos. Con sólo echar un vistazo a las páginas de servicios que hay en internet, podemos hacernos una idea de lugar sobre cómo están las cosas. Comprender las exigencias jurídicas en materia de cookies. Si una buena parte de esas controversias se llegaran a articular a través del procedimiento notarial, se conseguiría una reducción de la carga de trabajo de los tribunales y una concentración de sus recursos humanos y materiales en otros asuntos donde no hay más opción que la jurisdiccional. En defecto de Convenio, el artículo 10.5 del Código Civil, se remite para las obligaciones contractuales a la sumisión, en su defecto a la ley nacional común de las partes, a falta de ella a la de su residencia habitual común, y en última instancia, a la ley del lugar de celebración del contrato; atendiendo por tanto al antiguo criterio de aplicación de la ley del oferente.

Es decir, que con el único coste derivado del requerimiento (porque aquí no hay que pagar tasa, ni hace falta abogado o procurador), se puede conseguir en veinte días bien el pago de la deuda, bien un título que permite acudir a la ejecución habiéndose ahorrado el acreedor el proceso judicial declarativo previo. Otra cosa es que les interese hacerlo: nuestros datos valen demasiado dinero. Esta variante se llama en realidad IP SPOOFING. Ley Hipotecaria, aprobada el 8 de febrero de 1946 y su Reglamento, aprobado el 14 de febrero de 1947, en cuanto a la ejecución extrajudicial de las hipotecas sobre bienes inmuebles. Y es precisamente esto lo que también le da carácter vinculante y obligatoriedad entre las partes, sin necesidad de recurrir a los aparatos coercitivos estatales, al resultar plenamente reconocido por todos los elementos que operan en el comercio electrónico internacional.

Es importante reseñar de que de no estar contemplado adecuadamente ese coste de devolución, por defecto el consumidor no pagará nada por la devolución de lo comprado. Conteste sinceramente las siguientes preguntas: ¿Lo necesita? ¿Lo necesita ahora o podría esperar hasta poder pagarlo en efectivo? ¿Cuánto más le va a costar comprarlo con crédito que si utilizara efectivo? ¿Puede permitirse los pagos mensuales? ¿Qué otras cosas tendrá que sacrificar para poder pagar las cuotas mensuales? ¿Qué TAE le cobran? ¿Podría conseguir condiciones mejores? ¿Le cobran otros gastos no incluidos en la TAE? ¿Cuánto supone el coste total? ¿Cuánto subirán las cuotas mensuales si suben los tipos de interés? Para resolver los conflictos que puedan surgir entre quienes han sido partes en un negocio, y para reclamar las deudas derivadas de estos negocios, la legislación española regula dos tipos de vías diferentes: la judicial y la extrajudicial.

¿Existe algún sistema de resolución extrajudicial sobre esta materia? La Unión Europea, en cumplimiento de la Directiva 2013/11/CE y del Reglamento nº 524/2013, ha creado un sistema denominado Plataforma europea de Resolución de Conflictos en Línea: Se trata de un mecanismo virtual de decisión de controversias, entre los consumidores/usuarios y los empresarios establecidos en la Unión Europea, derivadas de la compraventa de bienes o servicios por vía electrónica o digital. Tras el análisis, redactamos los avisos correspondientes. La disposición adicional 1ª de la LDCU contiene una lista enunciativa y no cerrada de cláusulas abusivas. El organismo mantiene que la mayoría de profesionales que se dedican a esta actividad utiliza “métodos legales y lícitos”, pero que existen otros que “lesionan gravemente los derechos más fundamentales de la persona”. Carácter de oferta comercial de la información presentada en la página web: ¿cuándo alguien quiere comprar un producto en Internet y en la página pone el precio, es una oferta? En algunos países no es oferta, sino que el comprador hace la oferta y hasta que el vendedor no acepta no hay contrato.

No es necesario presentar a priori ningún documento. De estas restricciones, la más importante es la primera, que limita esta fórmula a las reclamaciones de empresarios, profesionales o particulares, todos ellos entre sí, pero no permite a una empresa o profesional reclamar a un consumidor o usuario (por el control de las posibles cláusulas abusivas, que solo un juez puede realizar). Los títulos al portador o nominativos que representen obligaciones vencidas. Competencia judicial internacional (sede judicial) Las normas comunitarias sobre competencia judicial son aplicables entre Estados miembros, así como entre determinados Estados no pertenecientes a la Unión Europea. Puede ser el único tipo de procedimiento posible para reclamar deudas cuando no se dispone de ningún documento en el que conste la existencia de la deuda, y que pueda servir de base para acudir a un juicio más rápido y directo, como pueden ser el cambiario, el monitorio o el ejecutivo. Si no es una oferta debe quedar claro en la página web.

¿Existe algún sistema de resolución extrajudicial sobre esta materia? La Unión Europea, en cumplimiento de la Directiva 2013/11/CE y del Reglamento nº 524/2013, ha creado un sistema denominado Plataforma europea de Resolución de Conflictos en Línea: Se trata de un mecanismo virtual de decisión de controversias, entre los consumidores/usuarios y los empresarios establecidos en la Unión Europea, derivadas de la compraventa de bienes o servicios por vía electrónica o digital. Servidor ubicado en un país, host de la empresa en otro, domicilio social y fiscal en otro), surgen toda serie de dudas acerca de ante que órganos se puede reclamar y por que vías, cual sería la legislación aplicable y cual sería la validez internacional de la decisión con su correspondiente ejecución. Un recordatorio de la existencia de una garantía legal de conformidad para los bienes. Cuando aparecen elementos extranjeros en la transacción Cabe finalmente, fuera del ámbito de los negocios jurídicos, ya sean abstractos o causales, admitir el reconocimiento de deuda, entendido como acto en el que la declaración manifestada no es de voluntad sino exactamente de conocimiento o creencia.

Recursos.- En caso de haberse formulado oposición, cabe recurso de apelación contra la sentencia que se dicte. h) La lengua o lenguas en las que podrá formalizarse el contrato, cuando ésta no sea la lengua en la que se le ha ofrecido la información previa a la contratación. Por tanto hemos de deducir que la demanda ha de presentarse en los Tribunales suizos que es donde está situada la residencia del prestador de los servicios. Y no solo se dedicaban a los impuestos sino que en la Edad Media ya existían los mediadores entre acreedores y deudores. B. Solicite que sus datos personales no vayan unidos a su identificación de acceso a Internet. III. En los supuestos en que no se trata de obligaciones de entrega de mercancías o prestaciones de servicios, cabrá que distinguir entre dos tipos de obligaciones: Obligaciones de pago: si se incumple el pago será competente el tribunal del país en el que debería efectuarse el pago.

Solo en determinados casos previstos en la Ley y bajo ciertas condiciones, el demandado puede oponerse a la ejecución despachada, lo que deberá hacer por escrito. Y ello ha llevado a algunos despachos de abogados a extender sus límites sin un código ético que los regule, y en el peor de los casos, ha atraído a personas con apenas conocimientos en Derecho o materia financiera, que además se sirven de teleoperadores o call centers para atosigar a llamadas a los supuestos deudores. Abogado Comercio Electrónico. La prescripción es la institución de Derecho civil que determina el plazo en el que se puede ejercitar nuestro derecho para reclamar una deuda. LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CIVILES La Ley de Enjuiciamiento Civil, de 7 de enero 2000, regula diferentes tipos de procedimientos judiciales para la resolución de conflictos y la reclamación de deudas: los procedimientos declarativos, los de ejecución y los especiales.

No obstante hemos de tener muy presente que Internet alberga un mercado globalizado y deslocalizado y que dentro de el se mueven gran número de empresas y multitud de países con normas de regulación del comercio electrónico muy diferentes, lo que genera un importante grado de inseguridad jurídica. Otros aspectos relevantes Asimismo, la norma introduce una serie de modificaciones relevantes: Se da instrucciones al Banco de España para modificar la norma de provisiones. Comprender las exigencias jurídicas en materia de cookies. Y esto sin mencionar los casos más extremos, como la extorsión o las lesiones físicas. Reglas básicas: Invalidez casi absoluta de las cláusulas de elección de foro contenidas en CGC. Competencia judicial internacional (sede judicial) Las normas comunitarias sobre competencia judicial son aplicables entre Estados miembros, así como entre determinados Estados no pertenecientes a la Unión Europea. son realidades cada vez más habituales que implican la necesidad de atender numerosas cuestiones jurídicas: legislación sobre Internet, contratación, consumidores y usuarios, venta a distancia...

"No se sabe cuántas empresas se dedican al recobro porque, al no haber reglamentación alguna, no hay obligación de un registro ni exigencias de cualificaciones para el ejercicio de la actividad", la cifra de impagados en España se calculaba en torno a los 105.000 millones. La residencia habitual es un aspecto fáctico y fácilmente comprobable. Todas estas causas generan la desconfianza del consumidor hacia el comercio electrónico y por ello los ordenamientos jurídicos de los diferentes países tienden a protegerlo mediante las adecuadas normas legislativas. En principio establece un régimen de responsabilidad específico para cuatro casos relativos: 1º A la responsabilidad de los operadores de redes y proveedores de acceso que presten un servicio de intermediación que consista en transmitir pro una red de telecomunicaciones datos facilitados por el destinatario del servicio o en facilitar el acceso a la Red.; Se refiere a la responsabilidad de los prestadores de servicios que realizan copia temporal de los datos solicitados por los usuarios; Se contempla la responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos, y por último se refiere a la responsabilidad de los prestadores de servicios que faciliten enlaces a contenido o instrumentos de búsqueda.

Y es que, debemos de saber que, actualmente, uno de cada tres ciudadanos europeos, compramos por Internet. Éste es un derecho muy importante ya que en las compras a distancia el comprador no ve presencialmente el producto o servicio hasta que es entregado, y puede ser que al verlo, no le interese o no le guste.El vendedor puede conceder un plazo más largo, pero nunca más corto, ni tampoco puede anular este derecho del consumidor. c) Contratos celebrados en el establecimiento mercantil del empresario o mediante el uso de cualquier medio de comunicación a distancia inmediatamente después de que haya existido contacto personal e individual con el consumidor y usuario en un lugar que no sea el establecimiento mercantil del empresario, con la presencia física simultánea del empresario y el consumidor y usuario.

Para ello, deberá llevar a cabo un requerimiento de pago por medio de Notario. No nos limitamos a redactar avisos legales: nuestra labor va mucho más allá, ayudándole a que cada elemento o cada casilla ocupen su lugar correspondiente, a que los procedimientos de compra online cumplan con la legislación o a que los avisos de cookies reúnan los requisitos que exige la normativa. En contra de lo que muchos afirman, la cultura no está en crisis: ¡Todo lo contrario! Nunca se ha escuchado más música, visto más cine o leído más que con el surgimiento de las tecnologías digitales que han permitido facilitar la reproducción y acceso remoto a todas estas obras de creación intelectual. Si a eso añadimos que, según las estadísticas del propio Consejo General del Poder Judicial, en 2015 el 50% de los procesos monitorios termina en un archivo, bien por no ser el lugar del Juzgado el del domicilio del deudor, bien por no haberse podido localizar a éste, la conveniencia de un sistema donde esos dos factores son más fáciles de sortear (puesto que se puede requerir el auxilio de otro notario o averiguar el domicilio real del deudor) resulta indiscutible.

La Ley de Ordenación del Comercio Minorista, artículo 38.5, exceptúa de esta obligación a los Prestadores de Servicios de la Información, lo que vulnera el principio de neutralidad tecnológica. La regulación de los contratos electrónicos se regula en los artículo 9 y siguientes.En resumen el prestador de servicios antes de que el destinatario del servicio efectúe un pedido debe facilitar datos imprescindibles como los pasos técnicos a seguir para formalizar el contrato; si se va registrar el contrato, las lenguas en las que se puede celebrar, códigos de conducta a los que se acoge, facilitar las condiciones generales de contratación y que puedan almacenarlas y reproducirlas.

También se incluye en el concepto de costas la tasa judicial, un tributo que han de satisfacer las personas jurídicas para poder presentar demandas y recursos. Prohibición de la utilización de los datos comerciales del consumidor sin su consentimiento (LO 15/99). EL CONTRATO DE COMERCIO ELECTRÓNICO EN GENERAL Las demás se reparten a lo largo de la jornada y se acumulan a las amenazas que convierten a la angustia en pan cotidiano. Protección otorgada al consumidor en la contratación por Internet. Este Tribunal debe ser elegido de forma clara y expresa Tribunal del domicilio del consumidor El Art.15 del Reglamento nos dice que se puede demandar al empresario, en el caso en que focalizare sus actividades comerciales al Estado del domicilio del consumidor o desarrollare actividades profesionales en el Estado del domicilio del consumidor. Resultan por tanto también de aplicación las siguientes normas: - Ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, Ley 23/2003, de 10 de Julio. En defecto de elección de ley se aplica la ley de la residencia habitual del consumidor.

En estos casos, insta a denunciar ante los juzgados, y recuerda que, en los últimos años, se ha construido una doctrina jurisprudencial “aplicable a la ilicitud de prácticas de recobro que suponen una intromisión ilegítima en el derecho del honor”. En la primera hipótesis, a la que se le suele denominar reconocimiento de deuda abstracto o formal, es de aplicación el artículo 1277 del Código Civil, con arreglo al que se presume que la causa existe y que es lícita mientras el deudor no pruebe lo contrario, y la doctrina jurisprudencial consistente en que, en virtud de una abstracción procesal, se dispensa de probar al titular del derecho de crédito objeto de reconocimiento y se hace recaer el “onus probando” (carga de la prueba) sobre el obligado. A este respecto señala el artículo 1.961 del Código civil que las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley. artículo 4.5: queda excluido en los casos en los que por la naturaleza del contenido de las prestaciones sea imposible llevarlo a cabo (programas informáticos).

Las dudas y por ende el problema, nos van a surgir cuando en esa transacción electrónica entren elementos extranjeros, ya que entonces tendremos dificultades para determinar cual es el tribunal competente y cual la ley aplicable. - Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Ley 15/1999 de 13 de diciembre - Ley de Condiciones Generales de Contratación, Ley 7/1998, de 13 de abril. Nosotros en este artículo vamos a tratar sólo del Comercio Electrónico B2C en el que el consumidor ocupa una posición de clara debilidad económica y negociadora (En la modalidad B2B las dos partes del contrato son empresas o profesionales que ocupan una misma posición de fuerza económica). Si alguien ha contratado antes de poder tener acceso a las cláusulas se entiende que esas cláusulas no se incorporan al contrato. Lo mismo ocurre con los productos financieros extranjeros no controlados por el Banco de España, y generalmente radicados en los llamados paraísos fiscales.

Características.- El procedimiento ejecutivo es, en principio, rápido, y lo que pretende es hacer efectivo el cumplimiento de una obligación, ya sea pecuniaria o de otro tipo. No se genera déficit democrático, se respeta la soberanía nacional e igualmente se respetan los principios constitucionales. Las empresas que participan en la financiación de la deuda también pueden ser elegibles para deducciones fiscales importantes. Entre los derechos que asisten al consumidor está el derecho de desistimiento el cual, según el artículo 102 de la Ley de consumidores citada, establece un plazo de catorce días naturales para su ejercicio, siendo nula cualquier clausula que penalice al consumidor por el ejercicio de este derecho. Por otra parte, en el suministro de determinados servicios el ejercicio del derecho de desistimiento supondrá la baja en el suministro contratado. artículo 5 Convenio de Roma: Ley elegida por las partes, siempre que se respete el nivel de protección que ofrecen las disposiciones imperativas del estado de residencia del consumidor.

En el fondo el que elige es el demandante como perjudicado en una relación contractual. Para contratar por teléfono ya no bastará la “grabación” del cliente, se debe enviar “copia por escrito” que deberá ser devuelta firmada antes de que tenga efecto el contrato suscrito. El teletexto televisivo y otros servicios equivalentes, como las guías electrónicas de programas ofrecidas a través de plataformas de TV. c) La dirección completa del establecimiento del empresario y el número de teléfono, número de fax y dirección de correo electrónico del mismo, cuando proceda, con objeto de que el consumidor y usuario pueda ponerse en contacto y comunicarse con él de forma rápida y eficaz, así como, cuando proceda, la dirección completa y la identidad del empresario por cuya cuenta actúa. El demandante puede renunciar a priori a esta transformación. “O por cualquier medio dirigiere tales actividades a dicho Estado miembro o a varios estados miembros, incluido este último”.

EL JUICIO EJECUTIVO Casos en que procede.- Solamente puede accederse a este procedimiento, cuando se cuente con un documento que lleve aparejada ejecución, es decir, uno de los siguientes: Las sentencias de condena firmes. d) Entrega de las mercancías Deberán ser puestas a disposición del comprador en el plazo máximo de treinta días; en caso de no verificarlo, el comprador podrá instar la devolución del importe abonado, que se le hará efectivo en el plazo máximo de treinta días, transcurrido el cual podrá reclamar el doble de dicha cifra así como el importe a que asciendan daños y perjuicios que se le hubieran irrogado. Cabe destacar al efecto, el contenido de la Sentencia de 28 de septiembre de 1998, la que cita y repite, resumiéndolos, los argumentos esgrimidos en otras muchas Sentencias anteriores, diciendo así que el “reconocimiento de deuda no crea obligación alguna, es un negocio jurídico unilateral por el que su autor declara o, lo que es lo mismo, reconoce la existencia de una deuda previamente constituida; contiene, pues, la voluntad negocial de asumir y fijar la relación obligatoria preexistente, se le aplica la presunción de la existencia de causa del artículo 1277 del Código Civil y el autor, autores, o causahabiente en el presente caso, queda obligado a cumplir la obligación cuya deuda ha reconocido...; a su vez, al reconocimiento de deuda se le atribuye una abstracción procesal, que dispensa de probar la obligación cuya deuda se ha reconocido...; en nuestro Derecho no se admite el negocio jurídico abstracto.

Esta es una herencia del sistema angloamericano que invita al Juez a analizar caso por caso pero con ciertas presunciones. m) El suministro de contenido digital que no se preste en un soporte material cuando la ejecución haya comenzado con el previo consentimiento expreso del consumidor y usuario con el conocimiento por su parte de que en consecuencia pierde su derecho de desistimiento. Los laudos o resoluciones de los árbitros. Este puede hacerlo, sin duda, demostrando que se trata del mismo crédito fundado por el contrato causal, y entonces la satisfacción de uno extingue al otro.

Por su parte, la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el R.D. Recursos.- En caso de haberse formulado oposición, cabe recurso de apelación contra la sentencia que se dicte. La entidad designada tiene un plazo máximo para resolver de 90 días. Contratación business to business (B2B) A. El Real Decreto Ley 4/2014, de 7 de marzo (BOE nº 58 de 8/4/2014), que este viernes ha aprobado el Consejo de Ministros, modifica diversos aspectos de la Ley Concursal (LC), con la finalidad de flexibilizar los procesos de reestructuración y refinanciación para intentar evitar que empresas que pueden ser viables se vean abocadas al concurso como consecuencia de su excesiva carga financiera. Dadas las posibilidades que ofrece el comercio electrónico, se perseguirá a quienes actúen contra los que no respetan las recomendaciones de precio convirtiéndolas de hecho en precios fijos, pero el Informe apunta hacia la necesidad de un análisis más flexible respecto de otras cuestiones.

Una gran novedad que obliga a los propietarios y gestores de comercios electrónicos, es el plazo de devolución, se marca en la Ley catorce días para devolver la compra si el consumidor no está conforme, pero además indica que si el plazo no está bien especificado en la web pasará automáticamente a un año y catorce días. – ¿Considera que la actual crisis ralentizará el avance de la Sociedad de la Información? ¿Cómo considera su estado actual en España a día de hoy? Creo firmemente que la crisis no sólo no frena el desarrollo de la Sociedad de la Información sino que la acelera: por los motivos expuestos, no hay mejor medio de ahorrar costes e incrementar nuestra productividad que el uso de las nuevas tecnologías.

En primer lugar se habla de reconocimiento de deuda con valor constitutivo e independiente de la causa, es decir como modalidad del llamado “negocio jurídico abstracto”, en el sentido de admitir la abstracción procesal de la causa, cuyo efecto sustancial consiste en invertir la carga de la prueba, en el sentido de que el acreedor no debe probar la existencia y regularidad de la causa y el deudor no puede decir que carezca de causa la obligación que contrajo por no haberse expresado ésta; pero sí alegar la inexistencia o irregularidad causal suministrando prueba suficiente que desvirtúe la presunción legal del artículo 1277 del Código Civil. ¿presento la demanda en los Tribunales suizos, que es donde está el domicilio de la empresa? o ¿la presento en Estados Unidos que es donde está radicado el establecimiento de la prestación? Donde está ubicado el servidor, no es relevante para determinar la ley aplicable. Obligaciones referidas a la formación del contrato: El artículo 23 LSSI: establece la validez del contrato electrónico. Una vez efectuada la compra tiene la obligación de informar de todos los detalles de ésta y de los derechos que adquiere el comprador por escrito o por correo electrónico. También el pago puede ser realizado por medios electrónicos.

De todas las novedades, precisamente la más llamativa es la posibilidad de conversión de deuda en capital, que sin duda permitirá aligerar la carga financiera de las empresas, transformando parte de su pasivo exigible en recursos propios. "Hay que dejar claro que, salvo que se llegue a un acuerdo con el acreedor y este condone total o parcialmente la deuda, estas no prescriben. Por analogía con el deporte de la pesca, estas personas utilizaban correos atractivos, poniendo anzuelos para pescar passwordis y datos financieros del océanos que supone la red.. Los Acuerdos colectivos, a su vez, se subdividen en los homologados judicialmente y los no homologados. Por ejemplo: Pensemos en una empresa francesa que vende CDs de música mediante su web en lengua francesa y ubicada en Francia. l) El suministro de servicios de alojamiento para fines distintos del de servir de vivienda, transporte de bienes, alquiler de vehículos, comida o servicios relacionados con actividades de esparcimiento, si los contratos prevén una fecha o un periodo de ejecución específicos. No será de aplicación a los contratos relativos al Derechos de familia y sucesiones.

Defensa ante expedientes sancionadores Asistencia jurídica en caso de apertura de expediente sancionador por la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) o las administraciones autonómicas. Mentiras y prácticas ilegales Hay ciudadanos que saben muy bien que significa ser catapultados en una guerra de trinchera contra las empresas de recobro de deuda. Y si es así, pedir un certificado de deuda en el que habrá que estudiar, en caso de que la deuda sea real, si hay intereses abusivos", Y añade que "mientras se esté en fase extrajudicial de reclamación no cabe la inclusión en listas de morosos. – ¿Qué pasos deberían darse o ya están dándose para avanzar hacia la plena implementación de la sociedad de la información y las TICs? Esto ya está en marcha y es imparable: afecta ya a todos los ámbitos de nuestra vida y continuará haciéndolo con mayor intensidad y profundidad.

La deuda reconocida no nace así del acto de reconocimiento sino que precede a éste, y con el reconocimiento tan sólo se crea un instrumento para su demostración, que en el campo de la prueba permite acreditar la deuda reconocida, cuyo título creador será sin embargo el contrato de que se trate cuando lo reconocido es una obligación contractual. Sabemos también que la sociedad norteamericana ICANN otorga el registro de los nombres de dominio a nivel mundial. Las pólizas de contratos mercantiles intervenidas por fedatario público. No obstante, esta legislación sobre venta a distancia es compleja, poco conocida y bastante dispersa por lo que, para no hacer un listado muy prolijo, daré una reseña sólo en lo que resulta más esencial para la protección del consumidor: Normativa española: Ley 56/2007 de 28 de Diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. La empresa suiza con la que contrato tiene esta base de datos alojada en un servidor americano.

En tal caso, las correspondientes anotaciones de adeudo y reabono en las cuentas del proveedor y del titular se efectuarán a la mayor brevedad. Y por el transcurso de un año prescriben las reclamaciones derivadas de los servicios de transporte y las reclamaciones fundadas en la reclamación extracontractual del artículo 1.902 del Código civil. La utilización de estas formas de perfeccionamiento pueden llevar a la manifestación de voluntad impulsiva, ya que a veces no se es consciente de las consecuencias que el click tiene en cuanto al perfeccionamiento del contrato. El artículo 1096 reconoce la posibilidad del acreedor de "compeler", es decir, "obligar" al deudor a que realice la entrega. Antes el artículo 40 decía que esa información se debía dar por escrito. Muchas empresas consideran que la financiación de la deuda es ventajosa, ya que al mismo tiempo proporciona el capital necesario a los propietarios existentes para mantener la propiedad y el control de la empresa.

Es aquí donde, muchas veces, debemos de actuar para proteger nuestra privacidad y nuestro derechos al honor. La competencia sancionadora corresponde al Ministerio de Ciencia y Tecnología en el caso de las infracciones muy graves y al Secretario de Estado de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en el caso de infracciones graves y leves. En estos casos, la ejecución no se dirige en general contra todos los bienes del deudor, sino solamente contra los que han sido objeto de hipoteca o de prenda. Sólo hay una manera de aprender a nadar y lo mismo se aplica a la Red. En los supuestos en que no se trata de obligaciones de entrega de mercancías o prestaciones de servicios, cabrá que distinguir entre dos tipos de obligaciones: a) Obligaciones de pago: si se incumple el pago será competente el tribunal del país en el que debería efectuarse el pago.

Contratos celebrados en el establecimiento mercantil del empresario o mediante el uso de cualquier medio de comunicación a distancia inmediatamente después de que haya existido contacto personal e individual con el consumidor y usuario en un lugar que no sea el establecimiento mercantil del empresario, con la presencia física simultánea del empresario y el consumidor y usuario. Como resumen clarificador de esta doctrina jurisprudencial, podría citarse, en definitiva, la Sentencia de la Sala, de 29 de junio de 1998, al decir la misma, más sucintamente, que la jurisprudencia admite que mediante el acto unilateral, el o los que lo hacen, “reconocen la existencia de una deuda previamente constituida y que contiene la voluntad negocial de asumir y fijar la relación obligatoria preexistente”. Si paga, se entregará la cantidad al demandante, y se dará por terminado el proceso. Esta es una herencia del sistema angloamericano que invita al Juez a analizar caso por caso pero con ciertas presunciones. Pero, si quien demanda es la empresa americana, sólo podrá demandar en base a su domicilio aparente que es España.

Entre los contratos de nuevo cuño, podemos citar los de outsourcing, hosting, contrato de creación de página web, contrato de migración, contrato de licencia de uso de software, contrato de transferencia de tecnología, etc. Si en el plazo señalado el deudor no hace ni una cosa ni otra, el notario levanta un acta que sirve como título de ejecución extrajudicial. Esta nueva Ley contempla otras circunstancias, tales como el horario en que podemos recibir llamadas comerciales de nueve de la mañana a nueve de la noche, indicando que es una llamada comercial, identificando a la empresa y el objetivo de la llamada. Otros derechos En caso de cobro fraudulento utilizando el número de una tarjeta de pago, su titular podrá exigir la inmediata anulación del cargo. Ambas Directivas inciden en dos aspectos distintos de la materia que nos ocupa, siendo el primero de ellos la venta a distancia -que puede efectuarse por medios informáticos, o no-, y el segundo, la comunicación electrónica -que puede tener por objeto la contratación directa, u otros aspectos preliminares, como la publicidad o captación de clientela-.

Las transacciones online alcanzaron un volumen total de facturación de 3.432 millones de euros durante el cuarto trimestre de 2013, un 29,2% más que en el mismo periodo del año anterior. Asimismo el artículo 5.4 de la Ley 7/1998 de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, siendo en su generalidad aplicable a la materia que nos ocupa, pues la contratación electrónica constituye una muestra paradigmática de la contratación en masa, contiene una específica regulación de la contratación electrónica, que se remite a desarrollo reglamentario en cuanto al contenido del contrato y su comunicación escrita. Cabe hacer remisión, por lo tanto, a lo expuesto en los apartados correspondientes a estos procesos. El envío masivo, indiscriminado y no solicitado de publicidad a través de correo electrónico, conocido con el término de spamming, ha sido objeto de múltiples polémicas, estableciéndose dos soluciones, la primera centrada en que la persona que no quiera recibir este tipo de publicidad, pueda quedar inscrita en un registro establecido al efecto, pero realmente en la LCE se prohíbe el spamming, contemplando sanciones de cuantía elevada.

Las empresas de recobro trabajan a comisión y se hacen con carteras de créditos impagados —en la mayoría de los casos procedentes de financieras, telefónicas y compañías de suministro— a precio de discount. La UE está llevando a cabo políticas e-commerce para generar mayor confianza en el consumidor. Pues bien, estas garantías pueden igualmente ejecutarse, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, por un procedimiento judicial o bien ante Notario, siguiendo las normas de procedimiento establecidas en la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento, de 16 de diciembre de 1954. El lugar de entrega ficticia es el lugar donde esta el establecimiento del vendedor en el supuesto de compraventa ficticia a través de la red. Algunas se venden al costo.

El proceso de devolución también debe estar bien explicado, si existe algún coste que debe abonar el consumidor y el método para llevar a cabo la devolución. 2.- Comercio Electrónico Business to Consumer (B2C). La entonces entidad financiera Citibank ha sido una de las entidades preferidas por los hackers, aunque eBay le sigue de cerca. Los Estados están avocados asimismo a convivir con Internet y el aceptar un International cyber law supondría su renuncia a proteger a los consumidores o comercios que se adhieren por ejemplo a las condiciones generales de la contratación de una empresa norteamericana. Contratos de compraventa de mercancías: la obligación que sirve de base para la interposición de la demanda, es la entrega de las mercancías.  La identidad del empresario, incluido su nombre comercial. Los procedimientos declarativos.

El procedimiento de ejecución de la hipoteca mobiliaria y de la prenda sin desplazamiento de la posesión. Se aplica, fundamentalmente, en los sectores y actividades siguientes: periódicos en línea, bases de datos en línea, servicios financieros en línea, servicios profesionales en línea (abogados, médicos, contables, agentes inmobiliarios), servicios recreativos en línea (p.ej., alquiler de vídeos), marketing y publicidad directas en línea y servicios de acceso a Internet. Como precisa el artículo 23 de la denominada Ley del comercio electrónico, los contratos realizados por medios electrónicos tienen plena validez siempre que concurran el consentimiento y el resto de los requisitos necesarios para la validez del contrato. Hemos de fijarnos en los Incoterms, que son unas figuras de Internacional Business law para la translación del riesgo de las operaciones internacionales… La Lex Mercatoria tiene diversas fuentes…es un derecho sin estado…viene de costumbres y de resoluciones de la Cámara de Comercio Internacional. Fuera de la UE rige el Convenio de Bruselas sobre competencia y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil de 27 de septiembre de 1958.

EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA EN LA JURISPRUDENCIA En la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 18 de septiembre de 2006 (Ponente Almagro Nosete), se expone que en relación a la figura del reconocimiento de deuda, la sentencia de esta Sala de 7 de junio de 2004 recoge que aunque la regulación del llamado "reconocimiento de deuda", no aparece expresamente contemplada en el Código Civil común, una jurisprudencia consolidada de esta Sala ha tenido buen cuidado en admitirlo y dotarlo de los requisitos que sean exigibles para su aplicación, pudiendo, al efecto, señalarse, las Sentencias de la misma, de 30 de mayo de 1992, 20 de noviembre de 1992, 11 de marzo de1993, 30 de septiembre de 1993, 27 de julio de 1994, 24 de octubre de1994, 22 de julio de 1996, 5 de mayo de1998, 29 de junio de 1998, 28 de septiembre de1998, 8 de junio de 1999 y 23 de diciembre de 1999. Y se especializaron. “Le vamos a decir a todos que eres un moroso”. El Reglamento 44/2001 parte de la idea que en un litigio cabe que existan varios tribunales que sean competentes.

El plazo de entrega El sistema de reclamaciones El derecho al desistimiento (si existe) y todas las consecuencias y posibles costes del mismo. Eso hace que las compras se retraigan por miedo a los fraudes y a qué se hace con nuestros datos. OJO: necesarios significa imprescindibles, no deseables.

El acreedor que tiene reconocido un crédito a su favor por el deudor goza de la presunción favorable a su existencia, correspondiendo a éste la carga de probar su inexistencia, lo que, en el caso que resuelve la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2008, no han hecho los prestatarios. Recomendamos utilizar el modelo de cláusula que figura en el anexo a la Ley, que incluye un formulario (no obligatorio para el cliente) para ejercerlo.

De otra parte, también hemos de considerar que Internet y las nuevas tecnologías evolucionan de un modo muy acelerado en cuanto a la constitución de empresas para emprendedores, mientras que, por el contrario, las legislaciones de los diferentes estados avanzan con bastante retraso respecto a estas tecnologías.

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