domingo, 15 de abril de 2012

Derecho y comercio electronico

La compra y venta de productos y servicios a través de medios electrónicos como Internet y otras redes informática ha crecido en los últimos tiempos. Los juristas suelen estar de acuerdo en que las más complicadas cuestiones legales que plantea el comercio electrónico, relativas a la competencia judicial, al derecho aplicable y al reconocimiento y ejecución de las sentencias, corresponden al derecho internacional privado. Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Permitir que el consumidor pueda tomar una decisión motivada. Se pueden reducir a dos temas: información al consumidor, entrega y devolución de la mercancía. La presencia online de un sitio web corporativo, el desarrollo de portales, las redes sociales... Yo, ciudadano español compró discos desde España. No queda mas remedio por tanto que adaptar el derecho internacional privado a Internet para la certeza jurídica, seguridad jurídica y la unidad a la hora de establecer la ley aplicable y el tribunal competente.

Si lo embargado es dinero efectivo, saldos de cuentas corrientes, divisas convertibles u otros bienes cuyo valor nominal coincida con el de mercado, serán entregados directamente al acreedor. Se introdujo para incluir las páginas web. Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Es el comercio online de una empresa o tienda virtual hacia un particular o consumidor final, como por ejemplo La Tienda en Casa, o Mercamanía. "Ojo, pero mucho ojo, porque hay deudas que han sido canceladas, o deudas que no son exigibles porque no existe contrato detrás, ni verbal ni escrito. En el momento del perfeccionamiento del contrato.

A nivel Europeo existe la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2000 relativa a determinados aspectos jurídicos del comercio electrónico en el mercado interior («Directiva sobre el comercio electrónico»), se aplica especialmente a los prestadores de servicios establecidos en la Unión Europea, pretende la creación de un nuevo marco jurídico a escala europea y evitar un exceso de reglamentación y disparidades jurisprudenciales de los Estados miembros creando una esfera de comercio segura para los consumidores y empresas participantes. Si acudiese, por ejemplo, a un abogado de Málaga, este sería un supuesto tipo de adquisición de bienes y servicios por medios electrónicos al que resulta de aplicación toda la legislación señalada en el artículo entrecomillado más arriba, es decir, todas las exigencias vinculadas con la publicidad previa, la información previa al contrato y todas las exigencias de cumplimiento en los contratos celebrados a distancia (de las que tratamos en otros escritos).

Una de sus principales funciones es la de analizar la situación jurídica del comercio electrónico a nivel mundial (EDI - Internet) y proponer las correspondientes recomendaciones.

El organismo es competente para frenar el comportamiento abusivo de la compañía —relativo a los datos personales— y sancionarla —la multa varía entre los 900 hasta los 600.000 euros—. Cuanto mejor sea el contrato menos posibilidad de problemas tendrá en el futuro. Esta autorregulación a base de códigos de conducta, normas o principios básicos, quedarían completados con el recurso al arbitraje, ya que, por su propia naturaleza sería menos rígido y formalista que los procedimientos judiciales de los diferentes Estados y se adaptaría mucho mejor al comercio electrónico. b) Contratos prestación de servicios: la obligación que sirve de base para la interposición de la demanda, es el lugar de prestación de servicios. Sin embargo, ese negocio que mueve tanto dinero (sólo en los ficheros de Asnef Equifax hay más de 4 millones de datos de morosos, con posibles deudas que superan los 70.000 millones de euros) ha venido a menos, fundamentalmente porque cobrar es mucho más complicado. Con lo que se obtenga de la subasta, se hará pago al acreedor.

Cuando proceda, la existencia y las condiciones de los depósitos u otras garantías financieras que el consumidor y usuario tenga que pagar o aportar a solicitud del empresario. Ambos pueden utilizarse para la reclamación de cantidades, además de poder usarse también para otros tipos de reclamaciones, y la diferencia básica entre ellos es la cuantía que puede ser objeto de uno y de otro. Por último, la Ley de Comercio Minorista, en su artículo 38 nos da el siguiente concepto: La palabra Phising fue acuñada por el año 1996 por gente que robaba cuentas y contraseñas de American Online. No obstante, si el contrato se celebrare en el ejercicio de la actividad profesional de esta parte, este país será aquél en que esté situado su establecimiento principal o si, según el contrato, la prestación tuviera que ser realizada por un establecimiento distinto del establecimiento principal, aquél en que esté situado este otro establecimiento. En general, hay una tendencia a flexibilizar las condiciones formales del convenio arbitral y sus posibles cláusulas.

La letra ha de ser legible. LOS PROCEDIMIENTOS EXTRAJUDICIALES Entre los procedimientos extrajudiciales que regula la legislación española para el cobro de deudas, podemos citar: El procedimiento hipotecario extrajudicial Cuando se ha garantizado el cumplimiento de una obligación con una hipoteca, el acreedor adquiere un derecho sobre el bien hipotecado, que le permite proceder a la venta de dicho bien en caso de que el deudor no cumpla con su obligación. Contratos que supongan la intervención de tribunales, autoridades públicas, notarios o registradores. (Pensemos por ejemplo en una operación comercial en la que hay una empresa vendedora situada en un Estado, un servidor alojado en otro país, un distribuidor en un tercer Estado y consumidores en otros Estados diferentes). La Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico en su Título IV se refiere a la contratación por vía electrónica: Artículo 23.

Las nuevas formas de comunicación vía redes sociales también merecen una atención especializada en caso de conflicto. (La doctrina dice que la legislación pretende que el consumidor adquiera el producto a distancia como si lo adquiriera directamente en el establecimiento). Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril (codificación de la Directiva original 98/27/CE y sus respectivas modificaciones), relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores. A 2.Foro de sumisión Según el artº 23 RBI y 17 CB hay sumisión al tribunal elegido por las partes de modo: Tácito: Se presenta la demanda en un determinado Foro y la parte contraria contesta a la misma, con lo que tácitamente está asumiendo la competencia de ese Tribunal. Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo. Por último, la Ley de Comercio Minorista, en su artículo 38 nos da el siguiente concepto: Cuando proceda, la posibilidad de recurrir a un mecanismo extrajudicial de reclamación y resarcimiento al que esté sujeto el empresario y los métodos para tener acceso al mismo.

Ni una empresa de recobro, ni ninguna otra empresa privada pueden embargarte el sueldo, la pensión o tus propiedades. “Le vamos a decir a todos que eres un moroso”. Esas experiencias que más de uno ha pasado, de llegar al final del proceso de compra y encontrarte con un precio totalmente distinto al que te llevó hasta ese comercio, son las que deberían de desaparecer al cumplir esta Ley los comercios electrónicos. En lo que se refiere a EEUU, dado que se trata de un mercado muy maduro, bastante avanzado en el comercio electrónico, tampoco deberíamos de tener especial desconfianza en cuanto a que se vaya a producir incumplimiento por parte del vendedor, pero no por las garantías jurídicas (que tendríamos muy pocas) si no por la buena praxis comercial que existe en ese mercado.

Se trata de productos diseñados para operar en diferentes mercados financieros, simultaneándolos con distintas divisas y cuyos gestores son sociedades de inversión cuya sede se encuentra en un país, pero que opera en otros países diferentes. No se genera déficit democrático, se respeta la soberanía nacional e igualmente se respetan los principios constitucionales. De conformidad a este sistema, el empresario dedicado al comercio electrónico deberá cumplir con una serie de obligaciones: Deber de información acerca de esta plataforma online de resolución. Pongamos este ejemplo: Un ciudadano estadounidense está siendo difamado en una página web española que es accesible a todo el mundo. Examinada la demanda y el título, si reúnen los requisitos legalmente exigidos, el Juez despachará ejecución, es decir, mandará que se inicie la ejecución solicitada. Resultar necesarios, pero que no se podrían pagar en efectivo sin liquidar los ahorros u otras inversiones (por ejemplo un coche). Por el contrario en Estados Unidos la venta de material nazi resultaba legal.

¿Cuál es la regulación aplicable? Al tratarse España de un estado miembro de la Unión Europea, debemos empezar haciendo referencia a la normativa de nivel comunitario más importante sobre esta materia: Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico en el mercado interior. El Servicio de Comercio Electrónico División de Infraestructura de Servicios para el Desarrollo y Eficiencia Comercial de Naciones Unidas (UNCTAD) ofrece una definición amplia de comercio electrónico que incluye el uso de sistemas de comunicación basados en Internet y en no-Internet, tales como pedidos telefónicos, televisión interactiva, correo electrónico o telefonía móvil y celular. Según un estudio de ese 2011, elaborado por Crédito y Caución –la aseguradora de cobros más puntera en el mercado español– el 40% de empresas españolas habían externalizado este servicio y otro 33% se lo estaba pensando.

El envío masivo, indiscriminado y no solicitado de publicidad a través de correo electrónico, conocido con el término de spamming, ha sido objeto de múltiples polémicas, estableciéndose dos soluciones, la primera centrada en que la persona que no quiera recibir este tipo de publicidad, pueda quedar inscrita en un registro establecido al efecto, pero realmente en la LCE se prohíbe el spamming, contemplando sanciones de cuantía elevada. 166, de 12 de julio) tienen como centro de atención la Red, aunque se centra en la contratación por vía electrónica en lo referente a las obligaciones de los prestadores de servicios, entendiendo por ello a aquella persona física o jurídica que proporciona un servicio de la sociedad de la información. Nuestra Ley siguiendo la recomendación de las Naciones Unidas, acoge como base la Ley Modelo, que responde a un sutil compromiso entre las tradiciones jurídicas europeo-continental y anglosajona. Hace hincapié en la necesidad de que la información al usuario sea más clara y transparente, transparencia bendito mantra.

¿Qué clase de préstamos a pequeños negocios están disponibles para mí, y cómo puedo solicitarlos? Las sociedades anónimas (empresas) y las leyes ¿Cuáles son las ventajas de una Corporación? ¿Qué pasos debo seguir para iniciar un negocio? ¿Es necesario desarrollar condiciones para mi sitio en la red de negocios? ¿Qué es el financiamiento de capital? Quiero hacer negocios en línea. d) Contratos celebrados durante una excursión organizada por el empresario con el fin de promocionar y vender productos o servicios al consumidor y usuario. En el segundo caso, cuando la causa se halla plenamente expresada (lo que es independiente de si es o no verdadera -real-), y en el que se alude al reconocimiento de deuda como causal, no es de aplicación el artículo 1277 del Código Civil porque la presunción o regla que éste contiene resulta innecesaria. Establece una serie de especialidades a tener en cuenta Tiene un concepto propio de consumidor Establecía hasta el año 2000 una limitación exclusiva de los contratos que podían entrar en su ámbito: compraventa de bienes muebles comprados a plazos contratos de créditos para los anteriores contratos.

Mediante el Art.15.1.c) Reglamento 44/2001 “se amplia a cualquier otro contrato que tenga por objeto una prestación de servicios o un suministro de mercaderías siempre que sea para un uso distinto al de la actividad profesional”. Tengo el placer de comprobar cada día en mi trabajo que esto está empezando a cambiar y a un ritmo muy alto. El caso se resolvió al margen de cualquier Estado y a través de una normativa supranacional. - Ley de Firma Electrónica, Ley 59/2003 de 19 de diciembre. - Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, Ley 26/1984 de 19 de Julio. Lugar de celebración de los contratos electrónicos Los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervengan como parte un consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia habitual. d) Contratos celebrados durante una excursión organizada por el empresario con el fin de promocionar y vender productos o servicios al consumidor y usuario.

El texto publicado por la AEPD es el siguiente: "La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha tenido conocimiento de que diversas entidades envían comunicaciones a organizaciones y empresas responsables de ficheros obligadas a adoptar medidas de seguridad de nivel medio y/o alto en las que ofrecen sus servicios para realizar auditorías de seguridad por vía telefónica con el fin de examinar el cumplimiento de la legislación de protección de datos. Política de Privacidad Donde se informa del cumplimiento de los principios y derechos contenidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), como consecuencia de la recogida a través de la página web mediante formularios online o consultas, de datos personales de los consumidores o usuarios. Entender la importancia y creación de una política interna de propiedad intelectual. Por tanto, el contrato se perfecciona por medios electrónicos (título), pero también el bien o el servicio se entregan o satisfacen electrónicamente.

Dicha deuda ha de constar en algún documento que sea fiable, y no puede afectar a la relación entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario, ni derivarse de cuotas impagadas de propiedad horizontal, ni ser deudas relativas a menores, incapaces o Administraciones Públicas. Sin embargo, también ciertos bienes muebles pueden ser hipotecados (por ejemplo, los automóviles, las aeronaves, la maquinaria industrial, la propiedad intelectual y la propiedad industrial). Los Estados están avocados asimismo a convivir con Internet y el aceptar un International cyber law supondría su renuncia a proteger a los consumidores o comercios que se adhieren por ejemplo a las condiciones generales de la contratación de una empresa norteamericana. i) Cuando exista un derecho de desistimiento, las condiciones, el plazo y los procedimientos para ejercer ese derecho, así como el modelo de formulario de desistimiento. La responsabilidad civil en el comercio electrónico La ley de comercio electrónico (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico, BOE.

Se trataría de una “lex mercatoria” del Ciberespacio-International con un cuerpo de reglas uniformes, instituciones y principios provenientes de diferentes fuentes que regulan las actividades de los operadores del comercio electrónico internacional. Se introdujo para incluir las páginas web. El contrato se regirá por la legislación supletoria. Antes el artículo 40 decía que esa información se debía dar por escrito. Dichos riesgos se derivan fundamentalmente de no poder examinar la calidad del producto que se compra, de un posible incumplimiento del plazo de entrega, de que el producto llegue deteriorado a causa del transporte, de que se dificulten las reclamaciones si el vendedor es de otro país o no proporciona un domicilio físico de la empresa o que el vendedor cobre el dinero y no envíe el producto. b) Contratos en los que el consumidor y usuario ha realizado una oferta en las mismas circunstancias que las que se contemplan en la letra a).

Entre los contratos de nuevo cuño, podemos citar los de outsourcing, hosting, contrato de creación de página web, contrato de migración, contrato de licencia de uso de software, contrato de transferencia de tecnología, etc. Cuando una de estas empresas se pone en contacto con un supuesto deudor, lo primero que hay que hacer es solicitar, mediante escrito, que quien reclama la deuda demuestre que tiene capacidad para hacerlo. La idea es sencilla desde un equipo, su pirata simula la identidad de otra máquina de la red para conseguir acceso a recursos de un tercer sistema que ha establecido algún tipo de confianza basado en la dirección IP o nombre del host suplantado. Desistimiento: se trata de un derecho a través del cuál, el consumidor dispone de un plazo de 7 días hábiles (contando desde la recepción del producto) para poder desistir de la compra efectuada sin necesidad de alegar ningún motivo y sin que se le pueda aplicar ninguna penalización.

Es importante reseñar de que de no estar contemplado adecuadamente ese coste de devolución, por defecto el consumidor no pagará nada por la devolución de lo comprado. Otra novedad es la supresión de la exigencia de informe de experto independiente, substituyéndose por una certificación del auditor de la sociedad acreditativa de que concurre la mayoría exigida para aprobar el acuerdo, por lo que los mismos serán más rápidos y económicos. Pero incluso si la deuda se recoge en otro tipo de documento que no lleve aparejada ejecución, puede obtener ésta sin pasar por el declarativo instando un proceso judicial especial denominado monitorio, eso sí, siempre que el deudor no se oponga a la reclamación y consienta así tácitamente en lo reclamado. Real Decreto 1507/2000, de 1 de septiembre, que actualiza los catálogos de productos y servicios de uso común, ordinario y generalizado y de bienes de naturaleza duradera. También hay regulación y se ha de cumplir. Además, el plazo del derecho de desistimiento debe mencionarse claramente en la información escrita comunicada por el vendedor.

Hay otros procedimientos, como los que se aplican a cuestiones matrimoniales o de familia, que no se analizarán en este apartado. Ahora bien, si se establece alguna reserva de dominio o una prohibición de disponer, el contrato deberá ser inscrito en el Registro de Ventas de Bienes Muebles a Plazos, pues de otro modo, no tendrá eficacia frente a terceras personas. Si no se informa al respecto, el periodo de desistimiento se extiende doce meses más. Características.- Como principales ventajas de este procedimiento, deben destacarse su rapidez, su eficacia y la posibilidad del embargo de bienes de forma inmediata si, tras un primer requerimiento, el deudor no paga lo que se le reclama. Objetivos: Conocer la normativa en materia de comercio electrónico. Excepción: sí se podrá enviar a personas que no lo han solicitado cuando exista una relación contractual previa y el spamming está referido a los mismos productos o servicios que hemos adquirido.

Dentro de este conjunto de reglas estaría un código legislativo que regulase el comercio electrónico a escala internacional, aplicable a las transacciones internacionales por todos los países, vía tratado internacional o Código de Conducta en Internet, netiquettes, políticas de usos en la red (Internet Use Policies), regulaciones de proveedores de acceso a Internet, normas deontológicas, principios básicos de e-business, etc. Las prácticas habituales consisten en que las partes se regulen por sí mismas, estableciendo contratos o cláusulas semejantes. Ejemplo: Soy una empresa aseguradora que contrato el uso de una base de datos suiza, para manejar las tablas de mortalidad GKM que me permiten calcular las primas que he de cobrar a mis clientes. - Ley de Ordenación del Comercio Minorista, Ley 7/1996, de 17 de enero. Habríamos de atender también a la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales, adoptada por la Asamblea General el 23 de noviembre de 2005.

Costas.- En la Sentencia, el Juez, además de resolver las cuestiones que le han sido sometidas, debe decidir también quién debe pagar las costas judiciales, es decir, los gastos del pleito. Esta práctica además, plantea ciertos peligros añadidos, derivados de la fácil accesibilidad a Internet en relación con los datos suministrados, multiplicando la posibilidad de que se produzca un uso ilegítimo de la información bancaria de los clientes, cediendo, vendiendo o alquilando sus datos a otras empresas, debido a la dificultad de garantizar su seguridad. Por último, se introduce una limitación a la utilización de la comunicación del 5 bis LC. Las empresas tienen que ser claramente identificables y han de informar sobre las condiciones de acceso a concursos y premios.

EL JUICIO EJECUTIVO Casos en que procede.- Solamente puede accederse a este procedimiento, cuando se cuente con un documento que lleve aparejada ejecución, es decir, uno de los siguientes: Las sentencias de condena firmes.

Hay algunas corrientes doctrinales que para determinar la competencia judicial internacional, entienden que los criterios tradicionales de recurrir al foro del domicilio del demandado, aunque útiles, resultan en algunos casos insatisfactorios y por ello proponen un desarrollo judicial equilibrado de las reglas del Derecho Internacional Privado y acudir al foro del domicilio del demandante (forum actoris). artículo 20.1 párrafo II LSSI: todo correo electrónico no solicitado debe llevar la palabra “publicidad”. “Te quitamos hasta el último céntimo del sueldo”. El procedimiento monitorio europeo Consideración especial merece el procedimiento monitorio europeo, que se encuentra en funcionamiento en España, como en el resto de los países de la Unión Europea, excepto Irlanda, desde el mes de diciembre de 2008. Por el contrario en Estados Unidos la venta de material nazi resultaba legal. Comportamientos ilícitos como la falsificación, la piratería, el fraude, la violación de la seguridad de las transacciones y la invasión de la esfera privada de los ciudadanos preexistían en el "mundo físico", si bien estas actividades se han visto "facilitadas y exacerbadas" por las abundantes posibilidades tecnológicas que proporciona Internet.

Pero, si consideramos que la actividad comercial está mas vinculada a España, la ley aplicable podría ser la española. Si no acude en busca de asesoramiento, lo que no deja de ser un supuesto fácil y típico, puede acabar como el rosario de la aurora: con un consumidor insatisfecho, un vendedor disconforme y un comercio electrónico perjudicado. Si no sabes cómo iniciar o cómo empezar un negocio de comercio electrónico o cómo crear una tienda on line ponte en contacto con nosotros. Ante estas circunstancias asesoramos y aportamos una serie de recomendaciones a los consumidores y usuarios para que puedan acceder al comercio electrónico, también conocido como e-commerce (electronic commerce en inglés), de forma segura y conociendo sus derechos. En el conjunto de 2013, se ingresaron 12.731 millones de euros, lo que supone un aumento del 21,8% respecto al año anterior, según el último Informe sobre el comercio electrónico a través de entidades de medios de pago difundido recientemente por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC)”.

Ley del país más estrechamente vinculada con la relación contractual: ley de la residencia habitual o sede del país del prestador característico (la prestación característica será siempre la no dineraria). Defensa ante expedientes sancionadores Asistencia jurídica en caso de apertura de expediente sancionador por la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) o las administraciones autonómicas. Entre las prácticas abusivas más comunes para presionar al deudor están las falsas amenazas o la divulgación de la condición de morosidad a terceras personas. En mi opinión, las entidades bancarias (y las tecnológicas) deberían fomentar más iniciativas como las de tarjetas monedero y las de dinero electrónico que ya son posibles legalmente en España y que permitirían realizar transacciones seguras y micropagos anónimos en la Red.

Comercio electrónico directo El comercio electrónico directo es aquel que puede perfeccionarse contractualmente y completarse la ejecución del contrato y la satisfacción de los contratantes únicamente a través de la Red, utilizando solamente medios electrónicos. Entre esos efectos constan posibles esperas de hasta diez años, quitas de deuda sin límites y conversiones de deuda en capital, en préstamos participativos o daciones de bienes o derechos en pago de deudas. Se trata de un giro importante respecto a los postulados que tradicionalmente se habían mantenido respecto a la deuda de las entidades financieras en los procesos de reestructuración, que supone aproximarnos a posiciones de países del entorno de la OCDE. Esta información legal viene suministrándose a los consumidores y usuarios a través de: Aviso Legal Donde se informa de la empresa, profesional o entidad titular de la página web y de utilización del mismo por el consumidor o usuario.

Pues bien, estas garantías pueden igualmente ejecutarse, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, por un procedimiento judicial o bien ante Notario, siguiendo las normas de procedimiento establecidas en la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento, de 16 de diciembre de 1954. El atuendo estrella para humillar al moroso ha sido por mucho tiempo el conjunto de chaqué y sombrero de copa de El Cobrador del Frac. La identidad del empresario, incluido su nombre comercial. Además, si es objeto de cualquier tipo de reclamación, tampoco cabe la inclusión en un fichero. Igualmente, el artículo 4 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, (redactado conforme a la Ley 56/2007 de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información) establece que la normativa se aplica tanto a los operadores que comercian desde España como a los sujetos que tienen sus establecimientos en terceros países.

Cuando se quiera hacer efectiva esa obligación, será preciso acudir a un procedimiento ejecutivo posterior, es decir, será necesario ejecutar la sentencia obtenida. Teniendo en cuenta que el consumidor es la parte débil del contrato estas normas tienen por objeto facilitarle el acceso a la justicia. Vende con unas condiciones que demuestren confianza y garantía. El primer área sería España donde hay un buen nivel de protección y de defensa del consumidor, en segundo lugar la Unión Europea, también con un elevado nivel de protección. Debido a la desvinculación respecto de los parlamentos de los estados, esto beneficiaría a las empresas y habría un déficit democrático. En la técnica procesal se razona que se produce una inversión o desplazamiento de la carga de la prueba como consecuencia de la presunción legal (de naturaleza “iuris tantum”), aunque un sector doctrinal prefiere hablar de regla especial de prueba por no concurrir en la construcción legal todos los elementos estructurales que configuran la presunción.

La LSSI se declara aplicable a los empresarios de terceros países que no sean miembros de la Unión Europea. Sin embargo, el Convenio contiene varias disposiciones que se apartan de este principio y permiten incoar los procedimientos judiciales en otro Estado contratante distinto de aquél en el que reside el demandado. El consumidor podrá demandar y sólo podrá ser demandado en su domicilio. Requerir cantidades impagadas y plasmadas en un contrato es absolutamente lícito, también cuando es una empresa de recobro quien exige saldar el pago. Ambos pueden utilizarse para la reclamación de cantidades, además de poder usarse también para otros tipos de reclamaciones, y la diferencia básica entre ellos es la cuantía que puede ser objeto de uno y de otro. El concepto de auditoría de los ficheros de seguridad de nivel medio y/o alto implica necesariamente la realización de comprobaciones en los sistemas de información auditados, algo que no es posible llevar a cabo por vía telefónica."

ABOGADOS, especialistas en derecho digital y asesoramiento jurídico sobre e-commerce, para: Verificar las condiciones legales que te afectan con el asesoramiento legal sobre e-commerce y derecho digital (por ejemplo sobre protección de datos personales, política de cookies, condiciones legales aplicables a contratos con consumidores concluidos a distancia o fuera del establecimiento mercantil). Para terminar Siempre que se le soliciten datos personales que no esté obligado legalmente a suministrar, sopese los beneficios que va a recibir de la organización que los recoge frente a los posibles riesgos de utilización irregular de los mismos. Aunque no exista una regulación específica para la actividad de recobro de deuda, “sí que existe un marco legal, aunque mejorable; el problema son las malas prácticas no atajadas debidamente por las autoridades”, insiste.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 14 de octubre de 2011 desestimó una demanda de un centro de estudios frente a un estudiante, en reclamación del precio un curso contratado a distancia, del cual el último quería desistir, sin que el contrato en cuestión ofreciera tal posibilidad. Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento de la posesión, de 16 de diciembre de 1954. Tenga en cuenta que cuando introduce su dirección de correo electrónico en un directorio, lista de distribución o grupo de noticias, dicha dirección puede ser recogida por terceros para ser utilizada con una finalidad diferente, como por ejemplo, remitirle publicidad no deseada. Recursos.- Cuando el demandado se opone a la ejecución, contra la resolución que se dicte cabe interponer recurso de apelación. Si no se llega a un acuerdo, tras el examen de determinadas cuestiones procesales, cada parte propondrá los medios de prueba de que intente valerse, y se señalará fecha para la celebración del juicio. IV. En esta se previenen aspectos específicos de la comunicación electrónica, ampliando la regulación a las comunicaciones comerciales, responsabilidad de intermediarios, almacenamiento y utilización de los datos facilitados por los usuarios, entre otros aspectos.

A la hora de ejecutar la hipoteca o la prenda, en primer lugar el Notario ha de requerir al deudor para que pague. El prestador característico es la operadora que se presenta como española con residencia habitual en México. Tenga en cuenta que cuando introduce su dirección de correo electrónico en un directorio, lista de distribución o grupo de noticias, dicha dirección puede ser recogida por terceros para ser utilizada con una finalidad diferente, como por ejemplo, remitirle publicidad no deseada. Exclusión de la consideración de servicios prestados bajo la LSSI los siguientes: Los servicios prestados por medio de telefonía vocal, fax o télex. Este Tribunal debe ser elegido de forma clara y expresa Tribunal del domicilio del consumidor El Art.15 del Reglamento nos dice que se puede demandar al empresario, en el caso en que focalizare sus actividades comerciales al Estado del domicilio del consumidor o desarrollare actividades profesionales en el Estado del domicilio del consumidor.

En caso de que un determinado servicio de la sociedad de la información atente o pueda atentar contra los principios que se expresan a continuación, los órganos competentes para su protección, en ejercicio de las funciones que tengan legalmente atribuidas, podrán adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa su prestación o para retirar los datos que los vulneran. Adaptación del sitio web para alojar un enlace a dicha plataforma, dicho enlace ha de estar situado en una zona de fácil acceso. Prohibición de la utilización de los datos comerciales del consumidor sin su consentimiento (LO 15/99). – ¿Qué pasos deberían darse o ya están dándose para avanzar hacia la plena implementación de la sociedad de la información y las TICs? Esto ya está en marcha y es imparable: afecta ya a todos los ámbitos de nuestra vida y continuará haciéndolo con mayor intensidad y profundidad. Su redacción no responde, por ello, plenamente a los cánones tradicionales de nuestro ordenamiento, pero facilita su difusión entre operadores. artículo 5 Convenio de Roma: Ley elegida por las partes, siempre que se respete el nivel de protección que ofrecen las disposiciones imperativas del estado de residencia del consumidor.

Pero lo primero es solicitar los datos de la empresa que precisa el pago y exigirle que justifique la existencia de la deuda. Dejemos de advertir tanto de los peligros de la red y comencemos a difundir sus beneficios. Sería este el caso, por ejemplo, del fabricante de cosméticos que no permite a su cliente (una oficina de farmacia u otro establecimiento), que venda sus productos a través de Amazon o de plataformas similares. Esta nueva modalidad conocida como e-commerce o comercio electrónico, ha supuesto el gran auge de plataformas de venta online como Valve o Amazon, así como el progresivo declive de los otros modelos de venta física. Parece mentira, pero todavía no se ha implantado un sistema de pago generalizado en la Red que no implique la necesidad de dar nuestros datos de carácter personal. El soporte electrónico en el que conste un contrato celebrado por vía electrónica será admisible en juicio como prueba documental.

“La precaución es la única solución”. En otros casos el engaño deriva por el ofrecimiento de contratos de trabajo falsos. ¿Si yo obtengo una sentencia favorable en España…puedo exigir la ejecución en Pekín? Teóricamente, y digo teóricamente porque en la práctica si la cuantía es pequeña, necesariamente habríamos de desistir de cualquier acción, tendríamos dos opciones a nuestro alcance: La primera es optar por un derecho internacional cibernético (internacional ciber Law) al margen de los estados. “Te vamos a llevar a los tribunales”. Los contratos electrónicos entre empresarios o profesionales, en defecto de pacto entre las partes, se presumirán celebrados en el lugar en que esté establecido el prestador de servicios. Lo apreciaremos plenamente en los próximos años. Redacción de avisos legales y políticas de privacidad.

Las nuevas tecnologías de la información (TIC) han impactado en la sociedad actual de forma tan vertiginosa que no sólo ha cambiado la forma de interactuar de las personas, sino que también han supuesto una revolución en el sector empresarial en el que está adquiriendo una vital trascendencia el COMERCIO ELECTRÓNICO, definido como cualquier forma de transacción comercial en que las partes interactúan electrónicamente, en lugar de intercambio o contacto físico directo (de persona a persona), los productos comercializados pueden ser productos físicos, o bien, servicios como noticias, sonido, imagen, software, base de datos, etc. 3.- Comercio Electrónico Consumer to Consumer (C2C). El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, incorpora las siguientes leyes complementarias: la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; la Ley 26/1991, de 21 de noviembre, sobre contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles; La Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista; la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo y la Ley 21/1995, de 6 de julio, sobre viajes combinados.

Y, la respuesta que obtengamos puede tener importantes repercusiones, ya que si necesitamos litigar en el extranjero tendremos que afrontar inconvenientes y costes adicionales derivados además de la contratación de un Abogado en ese Estado, de la necesidad de intérprete para traducir documentaciones, o viajar a ese lugar para comparecer en el procedimiento. OJO: necesarios significa imprescindibles, no deseables. Ante estas circunstancias asesoramos y aportamos una serie de recomendaciones a los consumidores y usuarios para que puedan acceder al comercio electrónico, también conocido como e-commerce (electronic commerce en inglés), de forma segura y conociendo sus derechos. En estos casos, la ejecución no se dirige en general contra todos los bienes del deudor, sino solamente contra los que han sido objeto de hipoteca o de prenda.

Las empresas tienen que ser claramente identificables y han de informar sobre las condiciones de acceso a concursos y premios. Cómo las empresas pueden reducir la amenaza de litigios Acuerdos de Compraventa ¿Cuánto vale su negocio? Cómo tratar los conflictos comunes de empresas familiares Deterioro de los Negocios, Reducciones de Costos y de Tamaño La Debida Diligencia en Fusiones y Adquisiciones de Negocios ¿Está Siendo Excluido de un Negocio Familiar? La Ley: ¿éxito o Fracaso? Deducciones Fiscales Comunes para Negocios Pequeños Deberes de Lealtad y Cuidados del Consejo Directivo Explicación de Términos Comunes del Contrato Quiero anunciar un producto en la Internet. Si el Juez la admite a trámite, dará traslado de ella al demandado y citará a ambas partes para la celebración del juicio. Incluso diversifican su cartera de impagados entre varias agencias de recobro, para diversificar riesgos. Se modifica el régimen de OPAS para los aumentos de capital derivados de acuerdos de refinanciación de empresas cotizadas.

Definiciones Empezaremos por definir el comercio electrónico como cualquier modo de transacción o intercambio de información con contenido comercial, en la que las partes se comunican utilizando tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en lugar de hacerlo por intercambio o contacto físico directo. ¿presento la demanda en los Tribunales suizos, que es donde está el domicilio de la empresa? o ¿la presento en Estados Unidos que es donde está radicado el establecimiento de la prestación? Donde está ubicado el servidor, no es relevante para determinar la ley aplicable. Es el comercio online directo entre particulares, normalmente en transacciones llevadas a cabo mediante subastas en marketplaces C2C como por ejemplo eBay, Kelkoo. Y ello por esa falta absoluta de legislación, lo que ha dado pie a intrusismos de los más villanos, con actuaciones cercanas a la coacción y la extorsión castigadas en el Código Penal que, junto con la Ley de Competencia Desleal 3/1991, son las únicas herramientas de los afectados para defenderse.

¿Qué puede hacer el afectado ante estos atropellos? Saber a qué se enfrenta y denunciar los abusos ante los organismos competentes. Las transacciones online alcanzaron un volumen total de facturación de 3.432 millones de euros durante el cuarto trimestre de 2013, un 29,2% más que en el mismo periodo del año anterior. Recursos adicionales de derecho mercantil Quiero empezar mi propio negocio. Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (en adelante, LGDCU); deroga los artículos 39 y ss. Hace dos años, la Comisión Europea inició su estudio sectorial sobre el comercio electrónico. El derecho del acreedor a reclamar extrajudicialmente la deuda está contemplado en el Código Civil. En líneas generales, un procedimiento ordinario no dura menos de un año, más el tiempo necesario para la tramitación de un posterior recurso de apelación, si se produce. Como desventaja es necesario reseñar que las decisiones dictadas carecerían de fuerza vinculante y por ello se haría necesaria la intervención de un Estado si fuere preciso solicitar la tutela judicial efectiva.

Calculadora: ¿qué vivienda puede permitirse? Deuda "mala" foto vacaciones en la playa Por supuesto, las deudas "malas" incluyen todas las que se contraen para adquirir bienes que no necesitamos o que no podemos permitirnos (por ejemplo el televisor plasma de 60 pulgadas). Es decir, la posesión no se desplaza del propietario al acreedor. Por este motivo, las reglas clásicas del Derecho Internacional Privado han de adaptarse al comercio electrónico internacional. e) El suministro de bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud o de higiene y que hayan sido desprecintados tras la entrega. No todas las personas jurídicas deben pagar esta tasa, pues hay un régimen legal de exenciones. Se establece como fecha de entrada en vigor de la norma, el día siguiente a su publicación. En Internet no vale todo.

Mantiene por tanto que el Derecho Internacional Privado es una rama del derecho que sigue utilizando el método indirecto de regulación: coge el problema jurídico, determina el juez competente y posteriormente aplica la ley del país más conectado, o lo que es lo mismo, busca nacionalizar la problemática jurídica. La finalidad es evitar abusos. q) Cuando proceda, la duración mínima de las obligaciones del consumidor y usuario derivadas del contrato. e) El precio total de los bienes o servicios, incluidos los impuestos y tasas, o, si el precio no puede calcularse razonablemente de antemano por la naturaleza de los bienes o de los servicios, la forma en que se determina el precio, así como, cuando proceda, todos los gastos adicionales de transporte, entrega o postales y cualquier otro gasto o, si dichos gastos no pueden ser calculados razonablemente de antemano, el hecho de que puede ser necesario abonar dichos gastos adicionales. 2.1 International Cyber Law Esta corriente pretende resolver los problemas basándose en un International Cyber Law. (Pensemos por ejemplo en una operación comercial en la que hay una empresa vendedora situada en un Estado, un servidor alojado en otro país, un distribuidor en un tercer Estado y consumidores en otros Estados diferentes).

La AEPD afirma en su nota que el concepto de auditoría de los ficheros de seguridad de nivel medio y/o alto implica necesariamente la realización de comprobaciones en los sistemas de información auditados, algo que no es posible llevar a cabo por vía telefónica. En este tipo de reclamaciones, al acreedor le interesa conocer cuanto antes si el deudor está dispuesto o no a pagar la deuda y si va a plantear o no batalla. En cuanto a la territorial, habrá que estar a lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siendo electivo el fuero del domicilio del demandado o el del lugar de la prestación, si en éste tiene establecimiento o representación el demandado, en el caso en que la demandada sea la persona jurídica; en otro caso, siempre el del domicilio del demandado, a salvo, claro está, la sumisión expresa o tácita. Esto no debemos censurarlo sino fomentarlo. La residencia habitual es un aspecto fáctico y fácilmente comprobable. Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de productos.

Solo cabría reseñar que si la cuantía de la reclamación es baja, quizá los costos del procedimiento serían lo suficientemente disuasorios como para iniciar una acción judicial. Asimismo, la misma regulación es de aplicación a los contratos celebrados con consumidores y usuarios fuera del establecimiento mercantil. Consentimiento y perfección del contrato Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez, sin que sea necesario el previo acuerdo de las partes sobre la utilización de medios electrónicos. El artículo 15 tiene en cuenta la moneda en que se aceptan los pagos (dólares, euros,..). Solo en determinados casos previstos en la Ley y bajo ciertas condiciones, el demandado puede oponerse a la ejecución despachada, lo que deberá hacer por escrito. Como hemos visto, al tratarse de un domicilio real y otro aparente, podríamos demandar o bien en Estados Unidos, país de la sede real, o en España que es la sede aparente.

Para terminar Siempre que se le soliciten datos personales que no esté obligado legalmente a suministrar, sopese los beneficios que va a recibir de la organización que los recoge frente a los posibles riesgos de utilización irregular de los mismos. En caso de que un determinado servicio de la sociedad de la información atente o pueda atentar contra los principios que se expresan a continuación, los órganos competentes para su protección, en ejercicio de las funciones que tengan legalmente atribuidas, podrán adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa su prestación o para retirar los datos que los vulneran. La entrega de bienes o servicios se produce sin soporte físico, únicamente a través de la Red. Otros aspectos relevantes Asimismo, la norma introduce una serie de modificaciones relevantes: Se da instrucciones al Banco de España para modificar la norma de provisiones.

Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, Ley 26/1984 de 19 de Julio. Ese acuerdo se adoptará por mayoría simple y la norma establece un régimen sancionador muy severo tanto para el deudor que se oponga al acuerdo como para los socios de la deudora que se opongan al aumento en la junta convocada al efecto. Esta doctrina sostiene que la mayor parte de los supuestos de contratación que aparecen en la red ya existían con anterioridad en el plano real. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan. Cabe finalmente, fuera del ámbito de los negocios jurídicos, ya sean abstractos o causales, admitir el reconocimiento de deuda, entendido como acto en el que la declaración manifestada no es de voluntad sino exactamente de conocimiento o creencia. Si finalmente la sociedad termina en concurso pueden llegar a ser considerados cómplices de la insolvencia, en función de su grado de contribución a la formación de la mayoría necesaria para el rechazo del acuerdo.

También se considera una práctica muy negativa utilizar préstamos de consumo cuyos plazos de amortización sean superiores a la vida del producto financiado. Igualmente, y por diferencia con la modalidad B2B el comprador no va a adquirir el producto para reintroducirlo o revenderlo en el mercado, si no que lo adquiere como consumidor final, para su uso personal. La hipoteca y la prenda son derechos que el deudor constituye sobre bienes de su propiedad, a favor del acreedor y sirven para garantizar el cumplimiento de la obligación de pago, de forma que si el deudor no cumple, el acreedor puede vender los bienes hipotecados o dados en prenda, para así cobrar lo que se le debe. Sin duda, en los tiempos actuales, el tráfico mercantil se traslada ineludiblemente de la tienda o comercio físico al virtual. Si bien debemos aplaudir esta reforma, no se comprende por qué esta paralización no se extiende a los procedimientos de ejecución de derecho público.

Cabe en segundo lugar hablar de reconocimiento de deuda, dentro de la categoría de los negocios jurídicos causales, como negocio o contrato de fijación, cuando, existiendo una relación jurídica preexistente, incierta o controvertida, se manifiesta el reconocimiento como una voluntad de querer fijar definitivamente esa relación anterior, a fin de eliminar para siempre toda incertidumbre o controversia que exista o pueda surgir. Al terminar la orden de compra debe aparecer una página que resume la operación. Pensado exclusivamente para la contratación electrónica y telefónica, que complementa a la LOCM. Recursos.- Cuando el demandado se opone a la ejecución, contra la resolución que se dicte cabe interponer recurso de apelación. Conclusiones: Como se recordará, al inicio del artículo hablaba de cuatro áreas de protección: España, Unión europea, Estados Unidos y resto de países. Problemática de la protección en el comercio electrónico internacional Aun con todos estos medios legales, el consumidor no confía en el comercio electrónico fuera de nuestras fronteras, ya que duda de su eficacia, máxime cuando se trata de exigir pretensiones de baja cuantía que generarán altos costes procesales. En este último hay una amalgama de disposiciones sin ningún carácter sistemático.

La Sentencia de 8 de marzo de 1956 enseña que la cuestión de si existe reconocimiento constitutivo de deuda ha de resolverse, por interpretación, según el tenor literal del reconocimiento, su finalidad y las circunstancias concurrentes, por lo que si no se indica en absoluto la causa de la obligación, si la referencia a esa causa de obligar es meramente general, habrá de resolverse con frecuencia de manera afirmativa, mientras que si se indica con precisión la causa de obligar, sólo podrá admitirse el reconocimiento constitutivo de una manera excepcional y en mérito de razones especiales. Para los contratos que no cumplan esas condiciones se aplicarán esas normas internacionalmente imperativas (sistema de protección doble ya que existe protección tanto por el artículo 5 como por las normas tradicionalmente imperativas.).

Hay tres supuestos en los que el consumidor puede decir que el bien no se corresponde con el contrato: cuando no responde a lo publicitado, cuando no tiene las características que se decían en el contrato, cuando no cumple con la función que se debe esperar que cumpla,… El consumidor puede pedir la sustitución de los bienes, su reparación, un descuento o la devolución del dinero. Recomendaciones a seguir a la hora de realizar una compra a través del comercio electrónico: Informarse sobre a quién se está comprando, es decir, localizar datos de identificación de la empresa: nombre o denominación social, dirección, teléfono, NIF, inscripción en el registro mercantil… Estos deben aparecer obligatoriamente en la página web y, ante la duda, evitar comprar en sitios donde no aparece una dirección física o donde la única forma de contacto es a través de un móvil. p) La duración del contrato, cuando proceda, o, si el contrato es de duración indeterminada o se prolonga de forma automática, las condiciones de resolución.

Los acuerdos de refinanciación La Ley contempla dos tipos de acuerdos de refinanciación, los “Acuerdos Individuales” que pueden suscribirse con uno o más acreedores, siempre que mejoren la posición patrimonial del deudor y los “Acuerdos colectivos”, que son aquellos que afectan a un grupo de acreedores -financieros o no- o a la totalidad de los acreedores financieros. Comercio electrónico indirecto En cambio, el comercio electrónico indirecto comprende las transacciones realizadas por medios electrónicos relativas a bienes tangibles, que no pueden descargarse u obtenerse directamente a través de Internet. Pero es en estos últimos tiempos cuando los mercados financieros hacen que se produzca una evolución vertiginosa. Pero no es frecuente que las empresas de recobro lleguen hasta el juicio, sobre todo cuando los importes son pequeños y no pueden justificar la existencia de la cantidad insatisfecha. Obligaciones referidas al contenido del contrato: Obligación de poner a disposición las cláusulas o CGC del contrato con la antelación necesaria a la perfección del contrato.

Otras recomendaciones Más allá de los requisitos legales mínimos, y en contra de lo que se suele encontrar en muchas webs, conviene que todo quede muy claro y que incluyamos todas las informaciones y condiciones que creamos necesarias. La protección de la salud pública o de las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de consumidores o usuarios, incluso cuando actúen como inversores. Contratación informática. Ley 23/2003. En cuanto a la prenda sin desplazamiento, puede constituirse sobre determinados bienes muebles (por ejemplo cosechas futuras, animales o sus crías, maquinaria agrícola, colecciones artísticas, etc.) Se llama sin desplazamiento porque el deudor o avalista propietario de esos bienes conserva su posesión. Se establece la ausencia de tributación en el Impuesto de Sociedades, en los supuestos de capitalización de deudas y se determina un sistema de imputación diferida para las rentas derivadas de las quitas y esperas.

Se trata de un procedimiento regulado por la legislación de la Unión Europea, similar al procedimiento monitorio que se acaba de exponer, pero con algunas diferencias. Los servicios de radiodifusión televisiva (incluidos el vídeo casi bajo demanda), contemplados en el artículo 3.a) de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de la actividad de radiodifusión televisiva, o cualquier otra que la sustituya. Por ejemplo, el método de asignación de la legislación aplicable llega al punto de que puedan ser competentes muchos tribunales (si se toma en cuenta el lugar donde se produzca el daño). El prestador característico es la operadora que se presenta como española con residencia habitual en México. Como sabemos, el primero que registra obtiene la titularidad de un determinado nombre de dominio.

Así, por ejemplo, se recuerda que no puede cobrarse un precio distinto dependiendo de si el cliente vende el producto en un establecimiento o en internet; pero que se permiten, acciones de soporte para la venta en un canal; y que la diferenciación de precios por canal puede ser necesaria y aceptable si tiene como objetivo evitar prácticas desleales de free-riding. Cuanto más ahorremos para pagar la entrada, menos mensualidades, o más bajas, tendremos que afrontar.

Si el deudor no entrega los bienes ni paga lo que adeuda, el acreedor se verá obligado a reclamar el crédito por vía judicial, mediante un juicio verbal. Es un derecho anacional (no procede de sistemas jurídicos nacionales). ¿Cómo cree que influyen en el comercio electrónico iniciativas como PayPal? ¿Considera que las entidades bancarias deben incentivar el comercio electrónico de alguna manera? Realmente los medios de pago son la gran asignatura pendiente del Comercio Electrónico.

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