domingo, 27 de mayo de 2012

Insultos en las redes sociales

Legalizaciones en el MAEC¡ es una de las primeras cosas que hay que hacer para certificar las firmas, con la excusa de la denuncia.

 Datos personales y páginas web privadas. El enlace que se muestra en el buscador sólo dejará de ser visible cuando la búsqueda se realice a través del nombre de la persona que ejerció su derecho. Storage Por eso, un buen terminal debe tener el mayor número posible de opciones de acceso a Internet y comunicación: desde las redes móviles más avanzadas hasta conexión inalámbrica vía WiFi. Cabe destacar dos aspectos: para la persecución, tanto de la injuria como de la calumnia, es necesaria la presentación de querella por parte del agraviado, algo que se olvida demasiado a menudo. Pero, empecemos por el principio. Por eso se ha dicho con razón que el arte del proceso es el arte de la prueba. Internet ofrece la posibilidad de expresarse libremente e incluso, que sin necesidad de muchos recursos, determinadas opiniones tengan una gran difusión y eco.

De cualquier modo, insistimos en la necesidad de aportar todo tipo de evidencias (contraseñas utilizadas, números de teléfonos móviles, titularidad de los mismos, servidor y/o equipo informático, fotografías y pantallazos, oficios a compañías, etc., etc.). No tengo ningún interés en lo correcto mi único interés como abogado es ganar. El derecho al honor actúa como límite a la libertad de expresión excluyendo del ámbito protegido por ésta aquellas manifestaciones que se realicen utilizando expresiones vejatorias. De hecho, Constituciones como la española de 1978 ya realizaron una tímida incorporación de estos nuevos derechos a su articulado, aunque en este caso se hiciera a través de su consideración como «Principios», con una eficacia diferida a su posterior desarrollo legal El abogado especializado en internet también considera que, aunque ya está protegido en la Carta Magna, sería necesario blindar ese derecho. Si transcurre ese plazo de 5 días se entiende desestimada la solicitud. artículo 76.4, en relación con el 90.2 y 4 de la Ley 36/2011, de 10 de Octubre, Reguladora de la Jurisdicción social, en cuya concreta interpretación y alcance no nos compete entrar aquí). Finalmente, debe señalarse que se entiende cumplida la obligación de notificar, con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración.

Pero no es menos cierto que para tener una libertad plena como ser humano necesitamos espacios alejados de las miradas de otras personas. No puede, por ejemplo, considerarse una novedad significativa la regulación de la Administración electrónica que es, en esencia y con algunos matices que como veremos no son del todo positivos, la contenida en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. -Auto del TS, Sección 1ª, de fecha 10 de noviembre de 2.015. Además, en el caso de injurias que imputen hechos concretos, sólo serán consideradas como graves y, por tanto, constitutivas de delito, aquellas que se hayan producido “con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”. Sitios de confianza Otro aspecto importante es conectarnos sólo a sitios de confianza y sistios seguros.

El informe pericial informático que analiza los SMS enviados y recibidos desde determinadas terminales telefónicos específicos (prueba electrónica . Sin embargo, como es evidente, la flexibilización de estos requisitos entraña ciertos riesgos, y si bien es cierto que cuando la notificación se practica en papel puede recogerla en el domicilio otra persona distinta al destinatario, no obstante, no lo es menos, que para ello no sólo debe identificarse y dar su DNI sino también ha de firmar. También llegamos a esta conclusión en las SSTC 22/1984, de 17 de febrero y 209/2007, de 24 de septiembre, en supuestos referentes al derecho a la inviolabilidad del domicilio del artículo 18.2 CE , manifestando en la primera que este consentimiento no necesita ser «expreso» (FJ y en la segunda que, salvo casos excepcionales, la mera falta de oposición a la intromisión domiciliar no podrá entenderse como un consentimiento tácito (FJ ". Los tribunales han tenido profusas oportunidades para pronunciarse sobre la concurrencia de calumnias o injurias a través de Internet, y constituye certeza que incrementará su jurisprudencia en estos años. Artículo 207 CP: “El acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiera imputado”.

No obstante, esta sentencia, coincidente en lo esencial con nuestra jurisprudencia, interpreta estas garantías constitucionales a la luz del denominado poder de dirección y obligaciones laborales, sin perjuicio del debido respeto a los derechos fundamentales y la dignidad del trabajador. Reseñas negativas en contra de la empresa En este sentido el derecho al honor sigue protegido a pesar de que su vulneración se produzca a través de una red social, cuando nos referimos al derecho al honor estamos hablando tanto para personas físicas o para personas jurídicas (ya que la estimación que tengan los terceros de una empresa claramente influye en su reputación y facturación). A este respecto, la LPAC determina que los expedientes electrónicos contendrán los documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, y otras notificaciones. - Familiarizar al usuario con el concepto de propiedad intelectual, así como con los márgenes y límites a su ejercicio. Parece que el motor principal de esta presencia viene de la mano de programas de calidad, atención y fidelización del cliente.

Yo coincido con ese criterio, pues creo que la realidad es mucho más viva que la imaginación jurídica más encendida, con la ventaja además de que se trata de problemas reales, no de elucubraciones mentales, tan propias del ámbito universitario, dónde personas que no han pisado un juzgado en su vida (como no sea cuándo su mujer les ha mandado al carajo, harta de aguantarles), se permiten pontificar sobre lo divino y lo humano. Hagamos su vida más fácil, independientemente de donde tenga la suerte o la desgracia de estar empadronado. Las plataformas de certificación de comunicaciones electrónicas también ofrecen este tipo de servicos con los mensajes SMS, burofaxes electrónicos y la contratación de servicios a través de Internet. Este elemento, necesario por imperativo legal, viene recogido en el artículo 210 del C.P., para los casos de injuria hacia funcionario público. Como puedes ver, el procedimiento es sencillo, pero cada caso es distinto, no es lo mismo ser trabajador que empresa. La clave radica en la apertura por el receptor de la comunicación electrónica, aunque se plantean numerosas cuestiones que evidencian todavía distintos criterios según la jurisdicción en que nos desenvolvamos, evidenciando siempre la dificultades que la compleja realidad impone a las exigencias derivadas de los derechos de intimidad y del secreto de las comunicaciones (reenvíos, cadena de custodia, intervención de terceros, comunicación remota o presencial, etc.).

Debe señalarse en primer lugar que, en el plano sociológico, la noticia sobre esos e-mails se ha tomado con absoluta normalidad, sin que a nadie haya extrañado ya la incorporación de documentos electrónicos a un procedimiento judicial. Además, también es necesario tener en cuenta la aparición de reguladores privados diferenciados de los aparatos tradicionales del Estado (administración pública, policía, tribunales), que poseen, y de modo creciente, un enorme poder. Egipto lo hizo durante las revueltas sociales que terminaron con la dictadura de Hosni Mubarak. La regla parece clara y la prudencia exige, a nuestro juicio, seguirla y continuar computando los sábados como días hábiles en los procedimientos iniciados antes del 3 de octubre de 2016, salvo indicación o previsión expresa en sentido contrario como la que puede encontrarse, por ejemplo, en la Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos, en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2016, a partir del día 2 de octubre de 2016 (BOE de 1 de octubre de 201, en cuyo artículo segundo se prescribe sin matiz alguno que en el ámbito de la Administración General del Estado, a efectos de cómputos de plazos, los sábados serán días inhábiles.

En resumen, hay que aportar la prueba en soporte documental impreso, además del soporte digital correspondiente, y junto a ello, y según la relevancia y el caso concreto que nos ocupe, acompañar todas las evidencias o corroboraciones que nos garanticen una justa y racional valoración de la autenticidad de la prueba aportada. La revisión legislativa necesaria puede ir desde cambios normativos hasta redactar nuevas leyes por lo que la manera de abordar estos temas tan interesantes varía (y cada uno arroja cuestiones a debatir diferentes). Esta norma constituye el impulso necesario para hacer realidad esta transformación digital, centrándose en la regulación de las relaciones «ad intra» e «inter» Administraciones. Así, en palabras del Tribunal Constitucional, se trata del poder de impedir la obtención, reproducción o publicación de la propia imagen por parte de un tercero no autorizado. Para ello, como hemos visto, resulta más que aconsejable acudir además a la protocolización notarial y al dictamen pericial informático, sin perjuicio de utilizar también, si es posible, la prueba de testigos, el interrogatorio de parte y, en último término, el reconocimiento judicial.

Está claro que la presencia en redes sociales es una realidad y una necesidad como medio de comunicación y herramienta de marketing de los despachos de abogados. O, en caso último, con el perdón del ofendido, conforme al artículo 215 C.P. Para ello, como destaca este Informe CORA, la nueva normativa responde a la consecución de un doble objetivo: (i) la mejor prestación de servicios a ciudadanos y empresas; y (ii) con el empleo de sistemas que redunden en la eficiencia y simplificación del actuar de los poderes públicos]. Las Redes Sociales se han convertido en un medio de comunicación imprescindible tanto para las empresas como para los usuarios de internet dando cabida a un mundo aún mas globalizado y conectado donde la información llega a nosotros en pocos minutos. Es posible acudir también, a la jurisdicción civil, interponiendo una demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, reclamando las cantidades a indemnizar por los posibles daños y perjuicios causados por la difamación.

Aunque cada país tiene sus respectivas leyes para regular la actividad cibernética que transcurre en su territorio, existen algunos tratados y principios internacionales (como los Principios de Manilia) que establecen ciertos estándares mínimos, uno de ellos es la imposibilidad de sancionar a los intermediarios por contenido publicado por tercero. Hace algunos años, cuando Internet apenas había sido liberado al sector comercial y sólo unos cuantos podían acceder al atractivo sistema, la iniciativa privada consideró que la medida más importante para que la red prosperara y se volviera atractiva para las consumidores era garantizar la intervención mínima (o nula) del Estado en la mayor medida posible. derechos de imagen en redes sociales Imagen A continuación, a grandes rasgos, os remarco aquellos puntos más destacables los derechos de imagen en redes sociales. En este último caso, el llamado 'contacto de legado' será la persona que administre en vida esa nueva cuenta, lo que le permitirá acciones como fijar una publicación en la biografía, responder a solicitudes de amistad, actualizar su foto de perfil, etcétera.

Así, en primer lugar, y por lo que se refiere a las solicitudes, el artículo 66 exige que se incorpore a las mismas la identificación del medio electrónico o, en su defecto, lugar físico, para la notificación, partiendo, por tanto, de que en principio será una notificación electrónica. Cuente siempre con un perito informático debidamente cualificado que obtenga correctamente las evidencias, las estudie, emita un dictamen, o bien someta a duda razonable la integridad de la prueba aportada de contrario, y lo defienda con garantías en sede judicial. La única diferencia entre ambas es que la prueba electrónica se expresa mediante un soporte electrónico creado por las tecnologías de la información y comunicación motivo por el cual reviste de un carácter efímero y manipulable mayor que el de las otras pruebas.

El objetivo de este Encuentro era reunir a profesionales del sector, periodistas, abogados y emprendedores para debatir sobre la forma en la que instituciones, empresas, despachos y profesionales jurídicos gestionan su presencia en las redes sociales. Sin embargo, en ocasiones esos canales de comunicación se utilizan para proferir amenazas, injurias, calumnias o llevar a cabo conductas de acoso. No obstante lo dicho, estas actas, como la actuación del notario en general, tienen ciertos límites, y es que si por alguno de estos medios pudiese cometerse un delito, el notario, por su condición de funcionario, deberá ponerlo en conocimiento del juzgado correspondiente. La mera transcripción privada acompañada de las correspondientes imágenes de las impresiones de pantalla de la conversación transcrita podrían aceptarse como medio probatorio si no fuera impugnada por la otra parte. Las calumnias e injurias hechas con publicidad verán incrementadas su pena.

Entre nosotros, el Tribunal Constitucional Español, en la Sentencia 144/1999, señalaba que «el artículo 18.1 garantiza ... No estamos ante un correo ordinario, en el que la letra o la firma pueden ser más que suficiente, y en el caso de no serlo se podría salvar con una pericial. Hasta tal punto que, en opinión de la Agencia, «cabe llegar la posibilidad de buscar personas mediante la introducción de su imagen en un buscador (sacada por ejemplo a través de un teléfono móvil) obteniendo como resultado imágenes coincidentes o el perfil de una red social»0. Por lo que respecta las redes sociales señala que «Las redes sociales son una importante fuente para la obtención de información sobre las personas. Pero vayamos por partes, en primer lugar, es preciso hacer mención a ciertas cuestiones relevantes relacionadas con el registro electrónico, particularmente en cuento al cómputo de plazos.

El Tribunal Supremo ha rechazado modificar las hemerotecas por el derecho al olvido El Tribunal Supremo ha rechazado modificar las hemerotecas por el derecho al olvido Ciudadanos también ha propuesto incluir en la Constitución un derecho a la protección de los datos personales dentro del artículo 18 - dedicado al derecho al honor, intimidad y propia imagen -, y el PSOE ha planteado configurar un derecho autónomo para garantizar esa protección incluyendo el derecho al olvido. De otro lado, se prevén tres tipos de inscripción o apoderamientos: aquél que es para todas las Administraciones y cualquier trámite, el que sólo sea para una determinada Administración y cualquier trámite con la misma o, finalmente, cuando se trate de un apoderamiento sólo para trámites concretos.

Uno de los objetivos que se busca con el desarrollo de la Administración Electrónica es lograr que haya mayor transparencia y responsabilidad en la realización de los distintos procesos de cada trámite rutinario para alcanzar un mejor control dentro de las organizaciones, que sea más fácil y rápido encontrar los expedientes de un trámite, y más difícil perderlos. De nada sirve obligar a alguien a comunicarse electrónicamente si la Administración destinataria de la obligación no ha puesto los medios electrónicos para ello, pues sería una obligación imposible y como tal, no podrían derivarse consecuencias negativas para aquél. Tal es así, que incluso se habla ya de un síndrome, denominado Síndrome FOMO (Far Of Missing Out) que afecta a aquellas personas que tienen la sensación de “estar perdiéndose algo” si no están en las redes sociales, creándoles con ello una dependencia a las mismas. Todo lo cual, provoca, a mi juicio, una importante discriminación, por cuanto no todos los ciudadanos, ni siquiera los obligados, tienen acceso a estos medios, ni manejan su utilización. Pero la utilización de esos ficheros por el BOE tampoco es pacífica.

Por esta razón se han establecido diversas formas de protección: para las ofensas más fuertes se tipifican las injurias y las calumnias, para un nivel inferior de gravedad existe una falta de injuria regulada en el Código Penal, finalmente, para los casos menos ofensivos, la Ley Orgánica 1/1982, del Derecho al Honor, establece medidas civiles para la reparación del daño causado. Y en este escenario irrumpe esta Recomendación del Síndic de Greuges de la Comunitat . Ni la transmisión de la noticia o reportaje ni la expresión de la opinión puede sobrepasar, respectivamente, el fin informativo o la intención crítica pretendida, dándole un matiz injurioso, denigrante o desproporcionado, debiendo prevalecer en tales casos la protección del derecho al honor ”” Penas previstas por delitos de injurias y calumnias por comentarios negativos en internet Es por todo lo anterior que entendemos que las penas previstas para los delitos de injurias y calumnias (recordemos que pueden llegar hasta los 2 años cárcel) son perfectamente aplicables para los llamados vulgarmente Trolls, o personas que bajo una apariencia de anonimato aprovechan la red para verter expresiones injuriosas sobre nuestros negocios. III. El juez deberá oír al menor si tuviera suficiente juicio y, en todo caso, si fuera mayor de doce años.

Son muchos los gobiernos que han bloqueado el acceso a Internet. Y que la falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. 3º, . el acceso de los poderes públicos al contenido del ordenador de un imputado, no queda legitimado a través de un acto unilateral de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Las sociedades libres deben de mantener un buen equilibrio en materia de privacidad para permitir que florezca la innovación. Los argumento esgrimidos son fundamentalmente tres: Que no es necesario una orden del juez para acceder a estos datos, que existe imprecisión en cuanto a las personas que pueden ser investigadas (la norma señala «“equipos de comunicación móvil asociados a una línea, que se encuentren relacionados con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas”) y falta de precisión en cuanto al tiempo de la duración de la investigación. Por último, la presencia de un representante de los trabajadores o de un trabajador de la empresa tampoco se relaciona con la protección de la intimidad del trabajador registrado; es más bien, como sucede con lo que establece el artículo 569 Ley de Enjuiciamiento Criminal para intervenciones similares, una garantía de la objetividad y de la eficacia de la prueba. TERCERA L a era digital , y en particular, las redes sociales, han revolucionado el concepto de privacidad y de los derechos de la personalidad en el ámbito virtual.

La LEC, artículo 268, admite la presentación mediante imágenes digitalizadas firmadas electrónicamente, pero no tiene sentido imprimir un email para luego escanearlo y firmarlo digitalmente. Por otra parte, el uso de la firma electrónica avanzada en los correos electrónicos sería un modo más seguro de poder utilizar este medio de prueba, no obstante, a pesar de su temprana regulación, parece que todavía no estamos habituados a su uso. Finalmente, es posible encontrar en las últimas redacciones de algunos Estatutos de Autonomía un reconocimiento al derecho de acceso a internet por parte de los ciudadanos. Pero lo cierto es que, a pesar de ello, existen mecanismos suficientes para perseguir estas conductas. Son muchos los espacios de exclusión que han de ser garantizados. ¿Como actuar ante los comentarios negativos en internet? Es por eso que su empresa, ante comentarios negativos en internet que contengan alguna expresión injuriosa o vejatoria, puede activar a través de sus abogados los mecanismos legales recogidos tanto en la LO 1/1982 de Protección al Honor, o en el Código Penal artículos 205 y ss relativos a las calumnias e injurias.

El resultado de su actuación resulta evidente en la propia contestación de la Administración actuante, de la que se observa que, aunque tarde, ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para resolver el incumplimiento de una obligación que le correspondía por definición legal. El programa ofrece una formación 100% práctica y transversal, que incluye el estudio de la regulación jurídica de los derechos de exclusiva sobre los signos distintivos, las creaciones técnicas y las obras intelectuales, así como el régimen legal aplicable a las tecnologías de la información. Y por lo que se refiere a internet «las herramientas de control de tráfico permiten identificar con facilidad el comportamiento de una máquina y, por tanto, la del usuario que se encuentra detrás. La obra aúna la casuística de la implantación electrónica en las principales esferas de la actividad administrativa: transparencia; relaciones con los ciudadanos; relaciones internas y con otras administraciones; contratación pública y, por supuesto, facturación electrónica. En primer lugar, que no se trata de una tarea fácil, ya que se debe asegurar no sólo la conservación, la autenticidad y el acceso futuro, con ciertas condiciones, sino también el tema referente a la firma.

“Un derecho básico debe ser una de las cosas que, como seres humanos, necesitamos para llevar vidas saludables y significativas, como la libertad, la condena de la tortura o la libertad de conciencia. Los operadores digitales vienen sometidos a la ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico En esta ley explícitamente se les exonera de responsabilidad sobre los datos almacenados en sus paginas o medios siempre que no tengan conocimiento de que con esas informaciones se lesionan los derechos y la dignidad de un tercero o, y esto resulta más importante, que si tuvieran conocimiento de este menoscabo del honor del tercero que supone el delito de injurias sean prestos en actuar con diligencia para imposibilitar el acceso a esta información o retirarla. Sólo la escucha o grabación por un tercero sin autorización de ninguno de los comunicantes ni de la autoridad judicial convierte en inutilizable ese medio probatorio. Como ya se ha avanzado, la LPA establece, en línea con lo que determina la Ley 30/1992, la obligación de comunicar al interesado la fecha y hora de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver si es en papel y en el registro electrónico si es telemático –aunque en este caso ese dato ya es conocido por quien presenta la solicitud-.

El email se ha convertido en una herramienta de comunicación básica, y como tal, puede acreditar multitud de situaciones, y acuerdos que pueden ser relevantes como prueba en un juicio… pero ¿cómo puede saber un juez si un correo electrónico que se entrega impreso como prueba en un juicio ha sido modificado por la parte que lo aporta? La Ley de Enjuiciamiento Civil reconoce la validez de las pruebas electrónicas, siempre que no fuesen impugnadas… y aquí es donde está el problema. GRABACIONES, WHATSAPPS, CORREOS ELECTRÓNICOS,… ¿SIRVEN COMO PRUEBA EN JUICIO? Actualmente con el avance de la tecnología, se nos presentan cuestiones que carecen de regulación legal concreta y que deja en duda tanto a profesionales del ámbito jurídico como al resto de ciudadanos. Consulta con Abogados especialistas en Derecho Penal. El abonado que origine la llamada deberá tener esta posibilidad para cada línea. Tal y como destacan. (ii) Portal de internet Es el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, a un organismo público, o entidad de Derecho Público, que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica. Cuando se hayan suprimido datos, el responsable del tratamiento no someterá dichos datos personales a ninguna otra forma de tratamiento. Existe una diferencia fundamental en su punición: el artículo 207 establece que el acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado.

En ese caso serán los jueces quienes deberán decidir, en último término, cuál de los dos debe prevalecer, para lo que tendrán en cuenta el posible ánimo informativo del presunto calumniador o injuriante, la gravedad de los comentarios, el perdón del ofendido, etc… Ahora quisiera detenerme en dos cuestiones prácticas que plantean estos delitos. Los delitos más habituales en la red, son los delitos de amenazas y de injurias, por eso aquí hablaremos de uno de ellos, el delito de injurias en la red; delitos, para los que la ley establece el requisito de querella criminal para poder ser iniciado el procedimiento judicial, por lo que será preceptivo el uso de abogado y procurador. Cuando se ofrezca la posibilidad de visualizar la identificación de la línea de origen, el proveedor del servicio deberá ofrecer al abonado que reciba la llamada la posibilidad, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, siempre que haga un uso razonable de esta función, de impedir la presentación de la identificación de la línea de origen en las llamadas entrantes», bien que con la posibilidad de eliminar esta opción en determinados casos (artículo 10 de la Directiva) .

Cualquier prueba que se obtenga, posteriormente, a partir la prueba contaminada tampoco debería poder ser admitida en un proceso judicial. De un lado no identifica la información con la objetividad, exigiendo que la información sea veraz. De ahí, que resulte conveniente poner a disposición del órgano judicial estos datos, así como el equipo informático de donde procede la comunicación aportada, lo que permitiría su análisis si existiera impugnación (artículo 268 LEC). Un primer problema que se nos planteaba era el formato en el que presentar dicha prueba, ya que las demandas eran y siguen siendo en soporte papel, y los emails eran electrónicos. Jurisprudencia social.- -STS de 26 de septiembre de 2.007, dictada en unificación de doctrina. Se justifica por la Ley (igual que en los casos anteriores) en que existan razones de interés público o se aprecie falta de complejidad del procedimiento. Y para todo tipo de comunicaciones móviles, los « Datos necesarios para identificar la localización del equipo de comunicación móvil:  La etiqueta de localización (identificador de celda) al inicio de la comunicación. -Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 12 de enero de 2.016, Sección cuarta.

Se puede saber mucho sobre nosotros a través de las redes sociales e Internet.Google_web_search ¿No has notado que has realizado una búsqueda sobre un autor, libro, hotel o música y los anuncios de redes sociales y webs te aparecen artículos relacionados? Nuestras búsquedas también son fuentes de información para las empresas. Pero, ¿qué efectos tienen los mensajes enviados por alguno de estos medios, y cuál puede ser la función del notario en estos casos? El que manda un email, escribe un whatsapp, o un tuit, está creando un documento. No sólo de personas, sino también de empresas. Debiendo establecer «controles técnicos para reducir el riesgo de que las imágenes digitales sean sometidas a tratamientos posteriores por parte de terceros para fines a los que el usuario no ha dado su consentimiento», así como «incorporar herramientas para que los usuarios controlen la visibilidad de las imágenes que hayan publicado cuando la configuración por defecto sea restringir el acceso por parte de terceros». Es decir, responsables directos de su tramitación, tramitación que debe ser electrónica, y de adoptar las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, es decir, que impidan el ejercicio de los derechos reconocidos a las personas, en su artículo 13 y a los interesados, en su artículo 53, derechos que, en gran medida, se ejercerán por vía electrónica, sin perjuicio de aquellos obligados que únicamente podrán ejercerlos por vía electrónica.

Los emails y demás mensajes virtuales suelen aportarse en un procedimiento judicial mediante un soporte magnético digital (por ejemplo: CD o DVD) o un soporte de papel (impresión del mensaje), que contienen una mera reproducción o copia del contenido original. Las Redes Sociales se han convertido en un medio de comunicación imprescindible tanto para las empresas como para los usuarios de internet dando cabida a un mundo aún mas globalizado y conectado donde la información llega a nosotros en pocos minutos. El primer sistema maximiza la función decisoria del juez al encomendarle la determinación del resultado probatorio específico y conjunto de los medios de prueba aportado al proceso; el segundo sistema reduce a la mínima expresión dicha función al imponerle al juez ex ante una forma determinada de establecer el resultado probatorio de uno o diversos medios de prueba. Esto significa que, a diferencia de lo que ocurre para los documentos presentados presencialmente conforme a la regla de que cuando un día sea inhábil en el Municipio o Comunidad Autónoma en el que reside el interesado e inhábil en el de la sede del órgano o a la inversa, se considerará día inhábil a todos los efectos, si se trata de presentación en vía electrónica ello no es así, porque a efectos de conocer si es hábil o no un día concreto para la presentación telemática de escritos se atenderá exclusivamente al calendario del registro electrónico, esto es, el de la localidad donde radique el órgano o unidad al que esté adscrito.

El creciente número de sentencias judiciales condenando conductas delictivas es, como hemos visto, cada vez más importante y, además, los Juzgados adoptan también de manera progresiva las medidas pertinentes para esclarecer los hechos. Recordad que una vez que facilitáis unos datos es muy difícil, sino imposible, ejercitar vuestro derecho de cancelación de los mismos. Siendo esto así, hay que advertir, sin embargo, que el Tribunal entiende que sólo hay insulto cuando la opinión incluye expresiones vejatorias "innecesarias" para la emisión del mensaje  . La pena Las injurias son castigadas con pena de multa de 3 a 6 meses y las hechas con publicidad, es decir, por medio de la imprenta, radio, o similar, con multa de 6 a 14 meses. Sobre la definición que se ofrece de los medios de prueba la norma procesal define, por ejemplo, qué debe entenderse por documento público a los efectos de prueba en el proceso: “1º Las resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie y los testimonios que de las mismas expidan los Secretarios Judiciales. Además, este abogado considera que la inclusión explícita de este derecho en la Constitución tendría sus efectos a la hora de aplicar la polémica Ley de Propiedad Intelectual.

En cuanto al segundo aspecto, es decir, la tramitación, es necesario referirse a muy diversas cuestiones como la representación, las solicitudes o las resoluciones, adelantando ya que se estima insuficiente y, en alguna ocasión incluso desacertada, la regulación de los aspectos electrónicos en el procedimiento. (Artículos 206 y 209 C.P). En realidad, el control empresarial de un medio de trabajo no necesita, a diferencia de lo que sucede con los supuestos del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores, una justificación específica caso por caso. Por lo tanto, se admite que, en determinados casos, sí resulta procedente la captación de la imagen, así como su utilización y difusión, cuando está conectada con una información veraz y de relevancia pública. La misma sociedad se ha dado cuenta que es a través de medios como Facebook, Twitter o YouTube donde la información circula sin ser maquillada por los medios tradicionales y, por ello, no pocos gobiernos han buscado intervenir para que sean regulados. los dos son derechos constitucionales. Es habitual en Abogados que nuestros clientes nos muestren grabaciones en su móvil, correos electrónicos, whatsapps u otro medio tecnológico, para informarnos qué les está sucediendo.

Y para la Unión Europea, «dado que la conservación de datos se ha acreditado como una herramienta de investigación necesaria y eficaz para aplicar la ley en diferentes Estados miembros, en particular en asuntos de gravedad como la delincuencia organizada y el terrorismo, es necesario garantizar que los datos conservados se pongan a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad durante un determinado período de tiempo, con arreglo a las condiciones establecidas en la presente Directiva». Manifestar en Facebook, por ejemplo, que “tal persona no me parece tan guapo o tan inteligente como dicen”, o “que los servicios que ofrece un profesional no son de su entera satisfacción”, no es una injuria, sino una opinión personal, que está amparada por la libertad de expresión y que no atenta contra la dignidad del afectado, a pesar de que a éste pueda no gustarle. Por lo que respecta a progenitores que no conviven juntos o que están separados o divorciados , cuando uno de los progenitores no desea que el otro publique la imagen de su hijo en la red social, y cree además que esa publicación podría colocar a su hijo en una situación grave de desprotección, el titular de la patria potestad dispone de varias vías de actuación para intentar evitar la publicación de las fotos de su hijo 67 : Si la cuestión se ha regulado expresamente en el co nvenio regul ador que ha sido aprobado judicialmente, se puede acudir a la vía de ejecución de sentencia, pudiendo también solicitar medidas cautelares al respecto, con la retirada inmediata de esas imágenes.

En todo momento, existe la posibilidad de a cudir al proced imiento previsto en el artículo 156.2 CC, que establece la posibilidad de solicitar al juez que atribuya a uno “La privacidad del menor en Internet”, Revista de Derecho, Empresa y Sociedad (REDS) los dos progenitores la facultad de decidir sobre alguna cuestión concreta relativa al ejercicio de la patria potestad, como sería en este cas o la publicación de imágenes del menor. Pero hay una forma para eludir este requisito, viene establecida en el artículo 278.2 de la LECrim. Así, en junio de 2010 el tramo de líneas a velocidad alta (igual o superior a 10 Mb), sólo alcanzaba al 31,5 % de las líneas y su coste era superior, en el mejor de los casos, en un 18,1 % a la media de la Unión Europea. Y es que no es fácil de argumentar que una administración pública no haya movido un dedo en 2017 a tenor de leyes como las de 2003, la de firma electrónica y la de modernización del gobierno local, o las de 2007, la de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información y sobre todo la de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, o la más reciente de transparencia 01, que recoge el derecho de acceso a la información y la propia publicidad activa por medios electrónicos.

En caso, de que no se haya solucionado, o aún así, consideres que tu honor ha sido vulnerado, puedes reclamar judicialmente por los daños y perjuicios, tanto económicos cómo morales. Son muchos los gobiernos que han bloqueado el acceso a Internet. Y condenar su uso para complementar una noticia veraz, de relevancia pública y plenamente acorde a los usos periodísticos supone (insisto) no ponderar correctamente las implicaciones constitucionales del derecho a la información. En relación con la tipología de los medios de prueba admisibles se establece que podrán utilizarse en juicio los siguientes: interrogatorio de las partes, documentos públicos, documentos privados, dictamen de peritos, reconocimiento judicial e interrogatorio de testigos (artículo 299.1 LEC); cuando por cualquier otro medio de prueba no antes mencionado expresamente pudiera obtenerse certeza sobre los hechos relevantes, el tribunal, a instancia de parte, lo admitirá como prueba, adoptando las medidas que en cada caso resulten necesarias (artículo 299.3 LEC).

Es una de las cosas "extrañas" de nuestra legislación sobre medios de prueba digitales (supongo que se liaron con la factura electrónica). Por ello, es muy conveniente aportar pruebas sobre la autenticidad del correo. Tanta es la importancia de que así sea que el error en la apreciación y distinción de los delitos o en la preparación de la querella puede echar a perder el proceso y que el delito quede impune. Mientras, el 79% de la población de la OCDE es usuaria de internet y alrededor del 90% de la población europea tiene cobertura 3G. Parece evidente que en estos casos, en cualquier momento en que una persona tenga conocimiento de las injurias o informaciones falsas o erróneas que se publican sobre él, pueda ejercitar ese derecho, pues las normas jurídicas deben adaptarse a la realidad social, y no al revés (Código Civil, Título Preliminar, Artº. El compromiso con la búsqueda constante de la calidad en la docencia, la necesidad de asegurar que nuestros estudiantes adquieren las competencias y conocimientos comprometidos en la memoria verificada y un proceso de reflexión continua sobre el desarrollo y la ejecución del Grado en Derecho, recientemente acreditado, son factores que están en el contenido genético de estas Jornadas y que se alinean con los objetivos y exigencias que se derivan del EEES. De forma rápida y segura.

Dos ejemplos del uso indebido de las nuevas tecnologías hoy, con una difícil respuesta jurídica, son la divulgación de comentarios vejatorios o injuriosos a través de Internet y la publicación en las redes sociales de la imagen de una persona sin su consentimiento. Deja tu comentario al final de la página si has tenido algún problema legal y ayuda al resto de lectores. Tampoco es obstáculo para la protección de la intimidad el que el ordenador no tuviera clave de acceso. LA POLÉMICA REGULACIÓN DE LA PRÁCTICA DE LAS NOTIFICACIONES Uno de los temas más relevantes para el ciudadano y, en particular, para preservar las garantías del mismo en el procedimiento, es la notificación de los actos, ya que en la mayoría de los casos, aunque no la validez, sí la eficacia de éstos, depende de ella. Así, en torno a los servicios de la socie dad de la información destacan la L ey de S er vicios de la S ociedad de I nformación y de C omercio E lectrónico y la L ey de M edidas para el I mpulso de la S ociedad de la I nformación . Hablamos de derechos que tienen todas las personas en todas las partes del territorio.

Adicionalmente la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula estos términos para el ámbito penal en su capítulo IV: "Disposiciones comunes a la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, la captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos, la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de la imagen, el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información y los registros remotos sobre equipos informáticos". En el plano de las administraciones públicas -y también de la comunicación política-, las redes sociales y singularmente Twitter, constituyen de una parte un enorme tablón de anuncios pero también una potente herramienta al servicio del debate público y experiencias de democracia directa. Sin embargo, no est á registrada como red soc ial, de manera que tampoco está obligada a cumplir con las normas que se exigen a otras redes sociales como Facebook o Twitter , ni está controlada por los Gobiernos, la industria o la Unión Europea. Como ya se ha avanzado, la LPA establece, en línea con lo que determina la Ley 30/1992, la obligación de comunicar al interesado la fecha y hora de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver si es en papel y en el registro electrónico si es telemático –aunque en este caso ese dato ya es conocido por quien presenta la solicitud-.

Como él decía, si son capaces de entrar en el Pentágono, ¿no va a ser posible modificar una firma electrónica? Sí, tiene razón. Además, la notificación no podrá realizarse por medios electrónicos, entre otros supuestos, si el acto a notificar va acompañado de elementos no susceptibles de conversión en formato electrónico. Es más, según sus alegaciones, «En el supuesto de que el análisis de la relación de llamadas telefónicas, el correo electrónico e Internet se considerase una injerencia en el respeto de la vida privada o la correspondencia, el Gobierno señala que la injerencia estaba justificada», Ya que, «En primer lugar, perseguía el fin legítimo de proteger los derechos y libertades de los demás al asegurar que no se abusase de unas instalaciones con cargo a los fondos públicos» y, en segundo lugar, «la injerencia tenía un fundamento en derecho interno en la medida en que el College, como organismo estatutario, cuyos poderes le facultan para ofrecer formación superior y hacer lo necesario y oportuno con tal propósito, tenía el poder de controlar razonablemente sus instalaciones para asegurar su capacidad de llevar a cabo sus funciones estatutarias».

Ni que decir tiene que aunque a esa edad hay un esfuerzo por conocer las tecnologías de la información, la resistencia a nuevos hábitos de comunicación y documentación es patente, ya que ni superaron en su día pruebas o temarios de estas tecnologías, ni ayuda estar mas cerca de la jubilación que de la lejana toma de posesión. Difusión de información de manera "insólita" Es por ello que pretende reforzar la protección de los llamado derechos de la personalidad, sobre todo ante la creciente presencia de las nuevas tecnologías, que permiten la obtención y la difusión de información de una manera "insólita" y que pone "en especial peligro" ámbitos reservados de la vida privada. A través de un análisis forense de la prueba debidamente extraída y custodiada, se puede obtener el convencimiento del juez de que la prueba es auténtica.

Por todo ello, el lector tiene en sus manos una obra de plena actualidad que además de actualizar los contenidos de capítulos presentes en la primera edición ofrece al lector nuevos contenidos que abordan problemas actuales de la compleja relación entre el Derecho y las redes sociales A los juristas nos gusta pensar que el Derecho sirve como instrumento para orientar el comportamiento de las personas y para discernir aquello que «está bien» de lo que «está mal». El Consejo de Ministros acaba de aprobar el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), para regular entre otras, las medidas de investigación tecnológica. "La criminalidad real en este tipo de delitos es muy superior a la oficial. En ese sentido, podemos verificar el impacto que tienen las redes sociales en la actualidad y las repercusiones que pueden tener incluso en el ámbito laboral; y es por ello que considero relevante destacar a los lectores que es muy importante tomar consciencia sobre el uso de dicha herramienta, ya que puede acarrearnos problemas incluso en relación laboral con la compañía a la que prestemos servicio.

"Es un error colocar cualquier tecnología en esta exaltada categoría, ya que con el tiempo terminaremos valorando las cosas equivocadas", según Este experto considera que para que algo tenga consideración de derecho humano debemos tener más altura de miras. Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. Así, el derecho de los interesados a relacionarse por medios electrónicos se convierte en obligación para, entre otros, los siguientes sujetos: (i) personas jurídicas; (ii) entidades sin personalidad jurídica; (iii) notarios y registradores de la propiedad y mercantiles; o (iv) quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.

Por tanto, para quien escribe estas líneas una sentencia válida y eficaz para el Derecho (correcta y justa, en palabras de Dershowitz) es aquella donde los elementos de juicio disponibles son suficientes para que resulte racional aceptar una proposición como verdadera en el razonamiento decisorio, siempre que haya respetado las reglas procesales sobre la prueba judicial. Certificación de los Correos. Podrá hacer uso de la imagen si tener que pedirnos consentimiento. Aunque conocido por los profesionales del sector, ya desde 1998 es obligatorio por Orden de 3 de abril de 1995 en el seno de la Seguridad Social, la utilización de medios telemáticos y electrónicos la inscripción de altas empresariales, afiliaciones, modificaciones de estado de trabajadores, cotización y recaudación a través del sistema RED, incluidos igualmente los trabajadores por cuenta propia. La primera vez que presentamos el mail como prueba, nadie usaba la firma electrónica.

La desidia de las Administraciones Públicas, o al menos de algunas de ellas, en el desarrollo de las previsiones de la Ley 11/2007 y su Reglamento, y, sobre todo, la falta de capacidad económica y técnica de muchas Administraciones, son algunas de las razones que explican por qué ese marco normativo no cumplió, sin embargo, su objetivo y que permiten asimismo entender por qué motivo el legislador estatal ha dado ahora un significativo paso adelante al imponer a la Administración un funcionamiento íntegramente electrónico, lo que, a su vez, conlleva como consecuencia inmediata para los ciudadanos, especialmente según veremos para determinados sujetos, la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración. Entre sus funciones está la de perseguir los delitos que impliquen el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación así como el cibercrimen a nivel nacional e internacional. Existe una cifra negra de la que no se está hablando.

Así, el artículo 27 de la LPA regula la validez y eficacia de las copias realizadas por la Administración. De otro lado, cabe mencionar también el artículo 28, referente a los documentos que aporten los interesados. En cualquiera de estos medios, lo que contienen es una mera reproducción o copia del contenido original. Pues debe recordarse que su validez es temporal y que lo que debe garantizarse en un futuro es que pueda comprobarse que en ese momento era válida, lo que parece que inicialmente ocasionaba problemas ya hoy solventados. -Formato- Uno de los aspectos esenciales es el formato en que deben presentarse. Las expresiones ofensivas que dan lugar a la injuria están íntimamente relacionadas con el momento histórico en el que se profieren.

La calumnia, en concreto, responde a una particular valoración social del honor, reconocido como el “honor legal”, que consiste en el derecho de toda persona a no ser falsamente imputado de autor de un delito ni a ser tratado como delincuente cuando no ha cometido delito alguno. El compromiso por la transformación digital no es nuevo]. EL REGISTRO ELECTRÓNICO Y LAS OFICINAS DE ASISTENCIA Desde la primera perspectiva indicada, es decir, la de las relaciones del administrado con la Administración, hay que destacar especialmente dos cuestiones: el registro electrónico y las notificaciones.

Asimismo éstos «deben asegurarse de que las imágenes digitales y las plantillas únicamente se utilizan para el objetivo especificado para el que han sido facilitadas». Si bien la ley no lo exige expresamente, el Juzgado debería poder utilizar sistemas tecnológicos y humanos de salvaguarda de la prueba electrónica más seguros, tales como un sistema seguro de cloud computing o acudir a terceros de confianza. Estaríamos encantados de recibir tus comentarios después de leer este artículo.

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