domingo, 2 de diciembre de 2012

Contratacion por Internet

Antes de comenzar una breve exposición de las principales y concretas novedades que esta norma incorpora, es preciso hacer una serie de precisiones, empezando por advertir que es necesario distinguir dos cuestiones básicas en este tema. Por poner algunos ejemplos, la fuerza que pueden tener los proveedores de acceso o de contenido a la red o la posibilidad que tienen buscadores como Yahoo, Google o Bing (Microsoft), de establecer mecanismos de censura privados, incluso de manera opaca, sin conocimiento de su existencia por parte de los ciudadanos o de las administraciones públicas nacionales, que pueden suponer una enorme amenaza para el ejercicio de las libertades ciudadanas. No obstante, y dada la brevedad necesaria en esta exposición, se limitará la misma a aquellas cuestiones que considero más relevantes. La resolución aboga por aumentar el acceso a Internet, ya que "facilita vastas oportunidades para una educación asequible e inclusiva a nivel mundial", o proporciona otros recursos para la educación, especialmente a través de la brecha digital. Respecto de la forma de producción de los actos administrativos, la LPAC impulsa la forma electrónica, estableciendo que los actos administrativos se expedirán de este modo, salvo que por su naturaleza, otro formato sea más adecuado.

La UE también se posiciona Como decíamos, algunos países han legislado ya para regular y facilitar la libertad de acceso a Internet, redactando que cualquier medida adoptada por los Estados miembros que pueda afectar al acceso o uso de Internet de los ciudadanos "debe respetar los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos". “…ni la prueba en cuestión es la misma -prueba videográfica, con imágenes pero sin sonido en el caso de autos, y grabación electrónica de voz en el de referencia-, ni las circunstancias concurrentes guardan ningún relación. La ONU defiende que el acceso a Internet sea un derecho universal La UE considera que los ciudadanos tienen derecho a un "procedimiento justo e imparcial" antes de que puedan adoptarse medidas para limitar su acceso a la red. Además, actualmente, tanto las injurias como las calumnias se han desarrollado exponencialmente por el uso de Internet y, en concreto, de las redes sociales, donde el intercambio de opiniones puede dar lugar a actividades delictivas cuando se traspasan ciertos límites. Consulta con Abogados especialistas en Derecho Penal.

Este órgano, equivalente al defensor del Pueblo en el ámbito autonómico, por supuesto no tiene potestad sancionadora. Asesoramiento y asistencia legal en conflictos de propiedad intelectual, industrial, honor y datos personales. Pero además, esta norma, introduce como gran novedad la comparecencia electrónica. Asimismo, deben garantizar la protección de datos de carácter personal y deben facilitar, preferentemente, la prestación conjunta de servicios a los interesados. No es sólo que una persona ceda voluntariamente sus datos, sino que se establecen controles y cruces de información con otros usuarios para comprobar que los datos que se introducen son reales, pertenecen a personas físicas identificables a los que, además, se les incita de muy diversas maneras, a seguir incluyendo información de carácter personal (profesión, nombres de los cónyuges, edad, sexo, lugar de residencia, centros de enseñanzas, aficiones, gustos literarios y musicales, etc.). Pinterest por su lado amplía la licencia a sus consumidores. Sin concurrir pruebas, por lo que se considera con falsedad o temerario desprecio a la verdad, atribuye una imputación inequívoca, concreta y determinada de un delito de robo a persona inconfundible. Y en caso, de querer hacernos una consulta privada, puedes contactarnos aquí.

Subsanación de la solicitud presentada, en su caso. No obstante, es destacable la regulación de un verdadero estatuto jurídico de la denuncia administrativa (artículo 62 de la LPAC). Así también, se establece que los responsables del entorno web, donde sean vertidas manifestaciones injuriosas, podrán ser responsables subsidiarios civiles, por lo que podrían llegar a tener que hacerse cargo de la indemnización a la víctima si no pusieron todos los medios para evitar la difusión. Desde el punto de vista legal , los esfuerzos realizados hasta el momento no han surtido los efectos debidos, por lo que es necesario mejorar la regulación existente. Asimismo, el Tribunal recuerda que «la utilización de información relativa a la fecha y duración de las conversaciones telefónicas y en particular los números marcados, puede plantear un problema en relación con el artículo 8 (RCL 1999, 1190 y 157, ya que dicha información es «parte de las comunicaciones telefónicas» (Sentencia Malone contra el Reino Unido de 2 agosto 1984 [TEDH 1984, , serie A núm. Se trata de medios de reproducción de la palabra, la imagen y el sonido, y estamos en todos los casos ante medios de prueba electrónica que se componen del soporte material (en el caso del WhatsApp sería el smartphone), de la información que contiene el soporte, y de su posible relevancia jurídica.

Habrá que determinar a continuación si se trata de injurias graves o leves de acuerdo con lo establecido en el artículo 208 CP, su gravedad se medirá conforme a la calificación que le otorgue el concepto público atendidas la naturaleza, efectos y circunstancias. Y, además, el artículo 18,3 garantiza también el secreto de las comunicaciones. De hecho, el BOE comunicó a la Agencia que volvía a utilizar esos ficheros para que los buscadores no indexaran los datos que aparecían allí Por esta razón, es conveniente limpiar las cookies, cache o historial de navegación. Existe una cifra negra muy importante en este tipo de delitosEl delito de calumnias es más difícil de cometer, además de conllevar una pena mayor. Así, «nos hallamos... Ello tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la 'carga económica' que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a cambio de la prestación económica que se quiere obtener, como la 'carga jurídica' del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos.

En concreto, como se dirá más detenidamente a continuación, el riesgo viene para el caso de los procedimientos iniciados de oficio, normalmente no favorables al administrado, como pueda ser un sancionador, tal y como se ha concebido la notificación en esta norma. La prueba electrónica, conocida también como prueba digital, prueba tecnológica, prueba informática o ePrueba, no ha sido definida como tal -hasta la fecha- por ninguna norma jurídica de carácter estatal o comunitaria europea. Igualmente, es necesario hacer referencia a la Ley de Propiedad Intelectual y a la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, en atención a la importancia que hoy en día ha adquirido Internet en el ámbito comercial y económico.

Si el Juez o Tribunal reconoce la falsedad o la falta de certeza de las imputaciones, podrá ordenar, a petición del ofendido, la publicación de la retractación en el mismo medio en el cual se vertieron dichas declaraciones (Artículo 214 C.P). Es sencillo insultar a alguien en una red social y no decimos que algun@s no lo merezcan, pero has de tener en cuenta que puedes estar cometiendo un delito. No obstante, esta sentencia, coincidente en lo esencial con nuestra jurisprudencia, interpreta estas garantías constitucionales a la luz del denominado poder de dirección y obligaciones laborales, sin perjuicio del debido respeto a los derechos fundamentales y la dignidad del trabajador. En todo caso, el Tribunal Constitucional tendrá la última palabra. En verde, los países donde Internet se respeta. El IoT y m2m no son excepciones a esa brecha legislativa que varía además de país a país y de industria a industria. Por lo tanto junto con la demanda deberá entregarse un soporte digital con los correos y nada impide que, además, se presente su transcripción en papel, pero como eso, no como el único medio de prueba, si no para facilitar al juez su lectura y valoración.

Así como el término “habeus corpus” hace referencia a resguardar la libertad personal frente a cualquier arbitrariedad a la hora de llevar a cabo un arresto, el recientemente acuñado término “habeus data” hace alusión a que el individuo sea como el “policía” de la información relativa a su persona que circule por la red, además de excluir cualquier injerencia que haga alusión a su vida privada. La libertad de expresión sobre la que se presupone actúan quienes vierten injurias por Internet deja de ser de recibo cuando se vulnera el derecho al honor de un tercero. SEGUNDA En España contamos con una amplia normativa que, a veces de un modo específico y, en o casiones aprovechando la regulación de otras cuestiones conexas , trata de proteger los derechos de los ciudadanos que se ven expuestos a los peligros que genera Internet. Así, el artículo 3.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se refiere a «dato de carácter personal» como «cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables».

Existen numerosas herramientas para medir este impacto y entre las que nombraron están Google Analitics, LinkedIn Analitics, Facebook Statistic, Buzzstream o SharedCount. Igualmente, decir que una persona ha cometido un delito, sin poder demostrar que es verdad, te puede meter en un lio debido al delito de calumnias. De esta manera estará asociado su buzón electrónico donde le lleguen la notificaciones telemáticas a su dirección electrónica habilitada en aquellos procedimientos administrativos que esté suscrito dentro del amplio abanico de los distintos organismos públicos que disponen de este servicio, debiendo ser obligación para la Administración el cumplimiento de las garantías de privacidad, confidencialidad y autenticidad al fin de asegurar la identidad de las personas como del aseguramiento de las comunicaciones. Por eso puede suceder, y de hecho sucede con frecuencia, que no proceda conceder el derecho frente al editor y sí frente al motor de búsqueda, ya que la difusión universal que realiza el buscador, sumado a la información adicional que facilita sobre el mismo individuo cuando se busca por su nombre, puede tener un impacto desproporcionado sobre su privacidad. Al igual que en el delito de injurias, si el acusado puede demostrar que es verdad aquello que expresó, quedará liberado de toda culpa.

No obstante, también es preciso mejorar los instrumentos jurídicos de los que disponen los propios menores o sus representantes legales. Es a partir del “Caso Noos” cuando vamos a asistir a más asuntos de inadmisión de “simples fotocopias de correos electrónicos” por parte de los Jueces. Sin embargo, a mi juicio, y aunque en teoría según la LPA todos pasarían a ser tramitados de este modo, ni la realidad permitirá que se cumpla desde su entrada en vigor de forma automática, ni la norma le dedica la atención necesaria, pues no resuelve, ni mucho menos, todos los problemas que ello implica. Por lo tanto, se consideran medios de prueba no solamente documentos en sentido estricto, ya sean éstos públicos o privados, sino también “los medios de reproducción y propios instrumentos que permitan reproducir, archivar o conocer palabras, datos y números u operaciones matemáticas”; es decir, cómo o mediante qué soporte se ponen de manifiesto palabras, datos o cifras.

En segundo lugar, el de los sujetos que están obligados en todo caso a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para cualquier trámite administrativo, que son los siguientes: Las personas jurídicas. En este sentido conviene recordar que la Guardia Civil ya cuenta con una herramienta que permite inmortalizar desde un insulto o amenaza en redes sociales a un fraude, timo o estafa. QUINTA E n el trabajo nos hemos centrado en las posibilidades que ofrece la normativa española. Pero no podemos olvidar, que las autoridades son cada vez más conscientes de ello, y en consecuencia se han creado Grupos de investigación de Delitos Telemáticos; los cuales se dedican a identificar a los responsables de estos hechos que pueden ser constitutivos de delito. Debemos apostar por un marketing multicanal porque nuestros clientes son multicanales. Sin embargo, dicho derecho puede chocar claramente con el derecho de la prensa de difundir noticias, en el sentido más amplio del término. Cuando alguien se excede en el ejercicio de su libertad de expresión entramos en el ámbito del delito Tweet CÓMO ACTUAR EN CASO DE SER VICTIMA DE CALUMNIAS Y/O INJURIAS Para proceder contra las injurias y las calumnias no es posible presentar denuncia ante la policía. propone como alternativa incluir el acceso a internet en el capítulo III del Título I de la Carta Magna, junto con el derecho a una vivienda digna o a la protección de la salud, si bien destaca que en este caso sería un derecho casi simbólico.

"La tecnología y las empresas de certificación existen, las leyes –como el artículo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil– aceptan este tipo de notificación, pero faltaba una resolución judicial de un alto tribunal para dar el espaldarazo final a esta tecnología", añade Hurtado. Así, dejando al margen las posibles «mutaciones» constitucionales a las que ya se refirió Jellinek2, la vía de la interpretación jurisprudencial aparece como una de las más adecuadas para ello. Dentro de las novedosas aplicaciones disponibles a través de los smartphones merece especial atención el sistema de mensajería instantánea WhatsApp. Dichas vulnerabilidades, a grandes rasgos, se fundamentan en: Como se ha apuntado antes, la Ley prevé que la Administración puede avisar de la existencia de notificaciones. Dada la necesaria brevedad de este artículo no es posible profundizar en el estudio de todas estas cuestiones que, no obstante, no dejan de ser por ello también interesantes y que a buen seguro suscitarán dudas e incertidumbres, como muchas otras cuestiones, que en la práctica diaria habrá que ir solventando.

Este delito lleva aparejada la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a 24 meses, si se propagaran con publicidad y, en otro caso, con multa de seis a 12 meses. Queda pendiente analizar en otra oportunidad las excepciones. Reflexiones finales: Límites del Derecho procesal digital ¿Qué puedo decir como cierre de este artículo? Planteo las siguientes reflexiones: El derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en la Constitución y en los Tratados Internacionales (concretado especialmente en el derecho a un debido proceso con todas las garantías, incluido el derecho de defensa y el derecho a no confesarse culpable, y el derecho de prueba o de aportación de los medios de prueba que justifiquen mi inocencia o avalen mi pretensión) no es un formalismo jurídico vacío de contenido. Y es que la mejor medida para evitar cualquier tipo de proceso o problemas con los clientes, es contar con unas condiciones legales adaptadas a la legislación desde el inicio de la actividad.

La administración electrónica puede producirse en las comunicaciones internas de una oficina (reemplazando, por ejemplo, a los mensajes internos escritos) como las comunicaciones entre las oficinas de diferentes organizaciones. Su tecnología vehículo a vehículo (v2v) aprovecha comunicaciones m2m para compartir de manera anónima información hiper-local sobre condiciones de tráfico y de meteorología entre vehículos. Los correos electrónicos se envían y se reciben en código MIME. Pues aquí es donde os tengo que dar las malas noticias. A su servicio para ayudarle en la denuncia o acusación particular y/o en su defensa penal. Es aquí también la decisión discrecional del Juez la que va a determinar cada caso en particular, va a ser su criterio el que va a permitir aceptarla o no como prueba en base sobre todo a que quede acreditada la autenticidad del correo enviado por el remitente y de todo lo que contenga. Si en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado, los interesados pueden deducir recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración. En quinto lugar, el Tribunal Supremo concluye que no existe prueba válida acreditativa del contenido de los mensajes de correo electrónico intercambiados por tanto concluye que no hay delito de cohecho. Abogados queremos asesorarles sobre Derecho en internet desde el inicio de cualquier proyecto, con un carácter eminentemente preventivo, e igualmente, ayudarle a solventar cualquier problema que ya haya sufrido en este campo, ante organismos públicos, Tribunales de Justicia u otras empresas.

LA OBLIGATORIEDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE RELACIONARSE ELECTRÓNICAMENTE CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Como ya se ha anticipado en la introducción de este artículo, prácticamente todas las cuestiones sobre la Administración electrónica que se regulan en la LPAC (registros electrónicos, punto de acceso general electrónico de la Administración, archivo único electrónico o registro de funcionarios habilitados), ya se preveían en la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos que reguló, en ese momento, la implementación de la Administración electrónica, y en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolló parcialmente la Ley. En Abogados tenemos experiencia con este tipo de casos, no sólo con las calumnias y las injurias que podríamos denominar tradicionales (las vertidas en un periódico escrito o las dirigidas en persona contra alguien, por ejemplo), sino también con las que podemos encontrar en las redes sociales o cualquier otra página de Internet.

En el caso de los buscadores, la sentencia señala que es necesario realizar una ponderación caso por caso para alcanzar un equilibrio entre los diferentes derechos e intereses. Así, tras concluir que el BOE «al publicar en su página web los datos personales de ciudadanos, está realizando un tratamiento de datos total o parcialmente automatizado; y ello aunque exista una obligación legal de publicar determinados actos administrativos y de que sea considerado una fuente de acceso público», ello no le exime –según la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal- «de adoptar las medidas necesarias, y adecuadas según el estado actual de la tecnología, para evitar la indexación de los datos personales del reclamante en sus páginas, con objeto de que en el futuro los motores de búsqueda de internet no puedan asociarlas a él y con ello se impida la divulgación de manera indiscriminada de sus datos personales». Obviamente, nos referimos a la validez como medio de prueba de correos electrónicos, pantallazos, SMS, whatsapp o cualquier otro sistema de mensajería instantánea, memorias USB, reproducciones en PDF, páginas web, etc.

Por ello, la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos públicos y el aumento de su productividad son dos de las principales finalidades que guían el modelo establecido en la LRJSP. El responsable del tratamiento implementará mecanismos para garantizar que se respetan los plazos fijados para la supresión de datos personales y/o para el examen periódico de la necesidad de conservar los datos. *Reputación on-line. Constituye un requisito para que la libertad de información resulte amparada por la protección constitucional que sea veraz, debiendo entenderse la veracidad como el resultado de una razonable diligencia por parte del informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando la información con el transcurso del tiempo, pueda más adelante ser desmentida o no resultar confirmada, faltando esa diligencia cuando se transmiten como hechos verdaderos simples rumores carentes de constatación o meras invenciones  En todo caso ni la información ni la opinión o crítica pueden manifestarse a través de frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con la noticia que se comunique o con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a tales propósitos. Si al que se le hace la crítica es famoso, debe aceptar un grado mayor que si no lo fuera.

A este respecto considero que de algún modo, a través de una diligencia en su caso, el funcionario que obtiene esa información consultando la correspondiente base de datos, fichero o aplicación, deberá reflejar ese dato en el expediente, pues ello puede ser fundamental para la resolución del asunto y ha de ser conocido por los interesados en el mismo, por ejemplo, a efectos de recurso. No sólo de personas, sino también de empresas. Actualmente diferentes administraciones públicas españolas están desarrollando la administración electrónica dentro de programas de mejora, y prácticamente todos los organismos disponen de oficinas virtuales en las que se ofrecen información y trámites por la vía electrónica. Internet ofrece la posibilidad de expresarse libremente e incluso, que sin necesidad de muchos recursos, determinadas opiniones tengan una gran difusión y eco. Es sorprendente comprobar que, ni más ni menos, que nuestra Constitución de 1978 ya consigno la palabra “informática” en un artículo fundamental, el 18 que regula derechos tan importantes como el honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen.

Antes las amenazas, injurias o calumnias que se realizaban en Internet, se llevaban a cabo, principalmente, a través de foros, email, SMS o Chat. El impacto de las relaciones (IOR, en inglés IMPACT OF RELATIONSHIP), el incremento de la popularidad de la marca, la mejora en la reputación, etc… también debe ser medido. ¿Recordáis el post que escribí no hace mucho respecto a los derechos sobre las imágenes en internet? Pues hoy os quiero hablar de los derechos de imagen en redes sociales. Y es precisamente por ello que, al margen de reformas legislativas de mayor o menor calado, nuestros poderes públicos deberían preocuparse por emplear en este entorno el arma más poderosa que existe para cambiar la sociedad: la educación. La respuesta sería que en principio no debería haber problemas como documento probatorio, pero se deberá de aportar o poner a disposición del juzgado el “Código Fuente” a los efectos de que queden bien dibujados y perfilados la acreditación de la dirección del correo del emisor, la identidad del equipo, la identidad del servidor del correo saliente, la identidad del servidor del correo entrante, la fecha, hora de envío y recepción. Estos documentos podrán ser también presentados mediante imágenes digitalizadas, incorporadas a anexos firmados electrónicamente."

Aunque este requisito de que sean los originales está bastante relajado en la práctica, podemos sufrir una impugnación por la parte contraria que rechace los emails presentados en papel y luego no se nos permita aportar los documentos electrónicos, aun y cuando la parte contraria no los impugne en la Audiencia Previa. Y es que si parece evidente que la norma entiende que se trata de una elección pro futuro –hasta que se revoque la misma-, es decir, para todos los procedimientos que esa Administración tramite con ese interesado, resulta cuando menos peligroso para el mismo, pues a buen seguro que si conociese todas las consecuencias que ello puede implicar no elegiría esa opción. Sujeto pasivo será el titular del derecho al honor protegido penalmente, quien deberá ser además de un sujeto concreto o de inconfundible identificación aunque no se cite expresamente el nombre del mismo.

Si fuera necesario realizar cualquier otro trámite distinto de los anteriores, ya no sería posible continuar con la tramitación simplificada y habría que pasar a la tramitación ordinaria. Entendiéndose hechas con publicidad cuando se propaguen por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante. Como señalaba su Exposición de Motivos: «las Administraciones deben comprometerse con su época y ofrecer a sus ciudadanos las ventajas y posibilidades que la sociedad de la información tiene, asumiendo su responsabilidad de contribuir a hacer realidad la sociedad de la información». En el caso de los buscadores, la sentencia señala que es necesario realizar una ponderación caso por caso para alcanzar un equilibrio entre los diferentes derechos e intereses. Si no hay conciliación, se interpondrá una querella, en la que sí debes estar asistido de abogado y procurador.

En este caso, el Juzgado de lo Penal número 11 de Málaga condenó a nueve personas como autores de un delito de injurias graves con publicidad a la pena de nueve meses de multa con una cuota diaria de cinco euros, así como al pago, en concepto de responsabilidad civil, de una indemnización a la jueza de 1.500 euros. Regulaciones sobre roaming internacional, derechos de acceso universal, o temas técnicos como equipos móviles para dotar de cobertura o legislación sobre despliegue de antenas están en pleno desarrollo para adaptarse a las nuevas posibilidades que ofrecen los avances tecnológicos. Para que se entienda vulnerado el derecho al honor de una persona, la difamación debe ser de una gravedad suficiente para que afecte a su tranquilidad y fuero interno. Por último asistimos a la revolución del mundo publicitario con la llamada publicidad comportamental. Por ello, «no es posible dejar a los agentes del mercado las decisiones sobre el tendido y extensión de las redes cuya planificación y ordenamiento deben corresponder a la Administraciones Públicas»]. Presentar una querella por injurias y calumnias en el juzgado correspondiente a su domicilio. Por eso les ofrecemos nuestros servicios sobre las siguientes materias: Comercio y contratación electrónicos.

Los consumidores y las empresas necesitan acceder a los servicios a través de Internet inalámbrico y esta necesidad seguirá aumentando", asegura. Es aquí también la decisión discrecional del Juez la que va a determinar cada caso en particular, va a ser su criterio el que va a permitir aceptarla o no como prueba en base sobre todo a que quede acreditada la autenticidad del correo enviado por el remitente y de todo lo que contenga. Varias consecuencias pueden anudarse a esta previsión, tan aparentemente insignificante. No obstante, existen algunos vestigios de prueba legal como sucede, por ejemplo, con el artículo 319.1 LEC cuando establece que “los documentos públicos comprendidos en los números 1 a 6 del artículo 317 harán prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten”. Para finalizar la Sala determina que “constituye una ofensa reiterada y grave, dado el tinte inequívocamente difamatorio de tales epítetos, que van más allá de la pura descalificación profesional para entrar de lleno en el terreno personal por más que los acusados declaren que no conocían a la magistrada como persona, estamos ante unos insultos tan graves y tan patentemente encaminados a desprestigiar a su víctima y hacerle daño, que no ofrece dudas su calificación como injurias graves, siendo frases innecesarias, desproporcionadas o formalmente injuriosas, que, en definitiva, pueden reconducirse al concepto global de insulto, repudiado por nuestra Constitución sin ningún tipo de excepciones”.

En el examen sucinto de algunos de estos aspectos vamos, pues, a detenernos en este artículo y, en concreto, por razones de espacio, en el examen de los seis siguientes: la obligatoriedad de las personas jurídicas de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas; el nuevo régimen de las notificaciones y, en particular, de las notificaciones electrónicas; el cómputo de los plazos; la denuncia como forma de inicio del procedimiento administrativo; la tramitación simplificada del procedimiento administrativo, y la terminación del procedimiento administrativo y, en particular, del procedimiento sancionador. Sin embargo, es posible presentar una denuncia por estos hechos identificando al autor con los datos que dispongamos del mismo, es decir, el nick utilizado para interactuar en la red social y el contenido del mensaje, esperando que en el transcurso de la investigación policial, en la que se oficie a la red social para que aporte los datos de registro, sea finalmente identificado. Dicho Auto podrá ser de sobreseimiento, archivando la causa y absolviendo al querellado, o Auto de apertura de Juicio Oral, dando lugar a la fase de juicio. Así, la SAP Valladolid 224/2012, de 17 de mayo, entiende que los insultos considerados socialmente como más reprobables son injurias con carácter vejatorio, como apreció en un caso en el que fueron difundidos por Tuenti y por Messenger.

Entre los peligros que supone el uso de smartphones destacan los siguientes 70 : la adicción y el uso ex cesivo o la dependencia del teléfono; el acceso a contenidos inapropiados (acceso a imágenes de contenido sexual, racista o violento); el acoso sexual ( grooming ), el acoso escolar (bullying) y los mensajes sexuales ( sexting ); el riesgo económico o fraude q ue se concreta principalmente en el envío de me nsajes para participar en promociones o descargar aplicaciones, música o imágenes, resulta n do más INTECO y France Telecom España (Or ange), “Estudio sobre hábitos seguros en el uso de smartphones por los niños y adolescentes”, caro de lo previsto ; riesgos de carácter técnico, que incluye virus, spam , o phishing y, finalmente, riesgos re laciona dos con la p rivacidad del menor, referido a actuaciones como el robo de contraseñas, el uso de información personal o la difusión de imágenes propias o de terceros. Ed. Es fundamental que entendamos qué derechos de imagen sobre nuestras fotografías estamos otorgando a la red social, por el sólo hecho de compartirla. El problema que presenta el delito de injurias por Internet suele residir en la dificultad de entender quien es la persona física que se encuentra detrás de un nick o alias que publica la injuria en medio digital.

Conexión en cualquier lugar Hablando de teléfonos y conexión a Internet, prácticamente a día de hoy no concebimos un dispositivo de comunicación sin acceso a Internet, convertida ya en el primer sistema de comunicación de la vida moderna. La CALUMNIA es la FALSA IMPUTACION de un DELITO que de lugar a ACCION PUBLICA. Se trata del conjunto de rasgos que caracterizan a un individuo o colectivo en un medio de transmisión digital.Al igual que en la vida real, conservar o no una buena identidad digital repercutirá en nuestra reputación personal y profesional. Entrada en vigor. “…porque hay que partir del principio, sostenido en la sentencia del TC referida y recogido en la de instancia, de que "como sucede con todos los derechos, el de libertad sindical no es un derecho ilimitado", resultando igualmente intemporal sus afirmaciones de que "sobre el empresario pesa el deber de mantener al sindicato en el goce pacífico de los instrumentos aptos para su acción sindical siempre que tales medios existan, su utilización no perjudique la finalidad para la que fueron creados por la empresa y se respeten los límites y reglas de uso" y de que "tratándose del empleo de un medio de comunicación electrónico, creado como herramienta de la producción, no podrá perjudicarse el uso específico empresarial preordenado para el mismo, ni pretenderse que deba prevalecer el interés de uso sindical, debiendo emplearse el instrumento de comunicación, por el contrario, de manera que permita armonizar su manejo por el sindicato y la consecución del objetivo empresarial que dio lugar a su puesta en funcionamiento, prevaleciendo esta última función en caso de conflicto.

En España empiezan a surgir iniciativas interesantes focalizadas en la innovación en el Derecho. Tras escribir amablemente a los citados medios, todos, excepto dos, se avinieron a retirar o rectificar debidamente las citadas informaciones. El incremento de este tipo de delitos no puede llegar en peor momento. El artículo 810, en su párrafo segundo establece la finalización del sumario únicamente cuando el querellando haya relatado todos y cada uno de los hechos de forma “precisa y clara”, preparando así la siguiente fase en la que el procesado pueda servirse de las pruebas que estime oportunas. En cambio, las personas físicas podrán elegir si, para el ejercicio de sus derechos y obligaciones con las Administraciones Públicas, se comunican a través de medios electrónicos o no, si bien el medio elegido podrá ser modificado en cualquier momento. Salvo, como ya dijimos, en el caso de injurias contra funcionarios públicos. En definitiva, el notario puede realizar un acta sobre un contenido exhibido un ordenador, un sitio web o un terminal telefónico, y dejar constancia de lo que ve u oye en un momento determinado.

La pena prevista para el delito de calumnias es de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a 24 meses, si se propagaran con publicidad; en otro caso, con multa de seis a 12 meses. Su funcionamiento es simple y, como explica el consejero delegado, aporta más garantías que la comunicación en papel, lo que refuerza el valor probatorio ante un tribunal. Asimismo éstos «deben asegurarse de que las imágenes digitales y las plantillas únicamente se utilizan para el objetivo especificado para el que han sido facilitadas». Dirigido a Este curso está orientado a personas que estén cursando la licenciatura o el grado en Derecho o que hayan finalizado y quieran especializarse en esta disciplina, así como a abogados en ejercicio y a personas en general que estén interesadas en tener una visión global de la legislación en esta materia. Las opiniones que se vierten en RRSS, webs y foros son como las que viertes en la vida real pero con la realidad de que es con publicidad y muchos testigos. Existen empresas operadoras que certifican el contenido del mensaje, el momento exacto de su envío, la cuenta del emisor y la cuenta del receptor.

Nunca estuve en el lugar de poder impugnar dicha prueba, pues bien lo hubiera hecho. El abogado especializado en internet también considera que, aunque ya está protegido en la Carta Magna, sería necesario blindar ese derecho. Sí, en cambio, ha definido lo qué es un documento electrónico y lo qué es la firma electrónica (Ley de Firma Electrónica y Reglamento  Si transcurre ese plazo de 5 días se entiende desestimada la solicitud. Ambos dan suficiente información sobre el Internet de las Cosas para entender que lejos de ser una moda pasajera, IoT es una revolución tecnológica que está invadiendo todos los aspectos de nuestra vida diaria y que nos encaminamos inexorablemente hacia un mañana dónde todo estará conectado. Insultos, imputación de delitos falsos, acusaciones de infidelidad. Las características técnicas de la Red exigen que, para poder acceder a la misma, se den unas condiciones técnicas previas. El contenido. Oficiar a las compañías telefónicas, a servicios de mensajería como Hotmail o a los responsables de las redes como Facebook son medidas cada vez más frecuentes (SAP Cuenca 81/2011, de 6 de abril), como puede serlo también la autorización judicial para investigar la dirección IP desde la que se creó un blog con contenido injurioso (SAP Madrid 379/2011, de 7 de junio). Algo similar al caso del ya existente Registro de Voluntades Anticipadas, donde se inscriben los testamentos vitales.

Adicionalmente, en materia de archivos, se establece la obligación de cada Administración Pública de mantener un archivo electrónico único de los documentos que correspondan a procedimientos finalizados. Y sin duda, dos puntos clave en las relaciones entre los ciudadanos y la Administración, dado que el primero de ellos, es decir, el registro electrónico, constituirá el modo habitual de presentación de escritos del administrado, mientras que a través de las segundas, las notificaciones, los actos administrativos en su mayor parte, despliegan efectos. III.- Cómo aportar a juicio las pruebas digitales.- Los documentos digitales han de aportarse en forma electrónica, éste es su formato o medio original como documento electrónico que es, –USB, CD, etc.- indicando siempre el ordenador o servidor de dónde proceden en su caso. Con respecto al acceso a Internet, al correo electrónico por Internet y a la telefonía por Internet: i) La fecha y hora de la conexión y desconexión del servicio de acceso a Internet registradas, basadas en un determinado huso horario, así como la dirección del Protocolo Internet, ya sea dinámica o estática, asignada por el proveedor de acceso a Internet a una comunicación, y la identificación de usuario o del abonado o del usuario registrado. Adaptarse o morir… administrativamente hablando. En tercer lugar, nos referiremos a continuación al modo en que han de aportarse a los procedimientos las comunicaciones digitales.

Por lo que se refiere a los «Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de una comunicación ... Si considera que pudiera haber sido víctima de este delito por Facebook, sepa que en cualquier caso esta red social dispone de un botón para denunciar abusos. Es más, tampoco prosperaría una acción de inactividad frente a la administración obligada pues el vencimiento del plazo sería el amparado por la Disposición Final (que vencería toda la fuerza de normativa transitoria derivada de la Ley 11/2007 y reglamentos concordantes). La Ley de propiedad intelectual, la privacidad en Internet, la ley de firma electrónica deben ser manejadas con habitualidad en el control del desarrollo de los contenidos de su web.

Así, es posible que «en muchos casos exista la posibilidad de relacionar la dirección IP del usuario con otros datos de carácter personal, de acceso público o no, que permitan identificarlo, especialmente si se utilizan medios invisibles de tratamiento para recoger información adicional sobre el usuario, tales como «cookies» con un identificador único o sistemas modernos de minería de datos unidos a bases de datos con información sobre usuarios de Internet que permite su identificación». Es una de las cosas "extrañas" de nuestra legislación sobre medios de prueba digitales (supongo que se liaron con la factura electrónica). Regulación legal del control de los datos. En España no han existido hasta el momento pronunciamientos sobre el carácter de derecho fundamental del acceso a internet. (Artículo 208 C.P) Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves.

NOVEDAD INTERESANTE SOBRE PLAZOS A los procedimientos iniciados a partir del 2 de octubre de 2016 se les aplica también la nueva norma: los sábados se consideran inhábiles. No pueden ignorarse además todos los problemas informáticos que pueden acontecer en una relación electrónica, con la pesada carga que ahora se desplaza a los interesados para que prueben y lo hagan además por medios muy gravosos las razones por las que no pudieron acceder a la sede electrónica de la Administración actuante. Por otro lado, no olvidar que resulta perfectamente posible la aportación al proceso como medio de prueba de cualquier instrumento de filmación, grabación y semejantes, como expresamente prevé, entre otros, el artículo 382 de la LEC, que se refiere a la reproducción de la palabra, el sonido y la imagen y de los instrumentos que permiten archivar y conocer datos relevantes para el proceso (Sección 8ª del capítulo VI del Título I del Libro II de la LEC).

Dejemos de fastidiar, esta es la palabra, al ciudadano. Por último debemos también reseñar que el Parlamento Europeo adoptó el 5 de julio de 2011 una Resolución en la que afirmaba que «Destaca la importancia de las obligaciones de servicio universal (OSU) como red de seguridad para la integración social cuando las fuerzas del mercado no han sabido proporcionar por sí solas servicios básicos a los ciudadanos y a las empresas» y «Respalda los objetivos de «Acceso de banda ancha para todos» de la Agenda Digital y tiene el convencimiento de que el acceso a la banda ancha ayuda a los ciudadanos y a las empresas a sacar el máximo provecho del mercado único digital, en especial al mejorar la integración social, crear nuevas oportunidades para las empresas innovadoras desde los puntos de vista ambiental y social, impulsando el empleo y el crecimiento y aumentando las oportunidades de comercio transfronterizo; aboga, a tal fin, por el fomento de la formación digital» por lo que pide a la Comisión que «ofrezca mayor apoyo financiero a los proyectos locales que proporcionan acceso digital y a todas las comunidades que ayudan a grupos con discapacidad a acceder a instrumentos tecnológicos, proporcionando conexiones en edificios públicos con acceso a Internet gratuito», por cuanto «una combinación de políticas y tecnologías (redes alámbricas, por cable, fibra, móvil y satélite) puede fomentar el desarrollo de nuevos servicios y aplicaciones en línea por parte de las empresas y los organismos públicos, como la e-educación, la e-sanidad y la e-administración, impulsando la demanda de conexiones de Internet más rápidas, haciendo más rentables las inversiones en redes abiertas de banda ancha, alentando así las asociaciones entre los sectores público y privado y desarrollando el mercado único digital, al tiempo que se mejora la inclusión de los ciudadanos marginados».

En todo caso, hay que aclarar que el hecho de que el trabajador no esté presente en el control no es en sí mismo un elemento que pueda considerarse contrario a su dignidad. Web, correo electrónico, mensajería instantánea, comercio electrónico, alacenamiento en la “nube”, videojuegos, móviles … casi todo lo que usamos fluye hoy por internet, y es que los últimos años “la red de redes” se ha convertido en una parte esencial en nuestras vidas incluso más de lo que fue la telefonía en el pasado siglo. V. Por último, hay que mencionar, y otorgarle un lugar muy destacado, a la reciente Ley 11/2007, del 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP), más conocida como “Ley de Administración Electrónica” que consagra el concepto de Administración Electrónica en el marco jurídico español y la eleva a la categoría de derecho para todos los ciudadanos.

De la contemplación de los CD's aportados junto con las actuaciones, en los que se recogen los dos actos de audiencia previa celebrados en este proceso, resulta que la razón por la que se impugnan los documentos 2 a 7 y 15 a 17 aportados por la demandada "es tanto el contenido como el documento en sí porque son documentos preconstituidos por la parte; ...lo impugnamos tanto en su contenido como en la forma; están elaborados por el demandado y son simplemente alegaciones del demandado"; esto es, se niega la veracidad de su contenido y se achaca su confección a la otra parte sin intervención de la actora. En consecuencia, con carácter previo deberá conocerse tal disponibilidad respecto a la Administración de que se trate y saber si el procedimiento en cuestión se puede tramitar electrónicamente, pues, de lo contrario, la forma de relación con la Administración deberá seguir siendo la ordinaria. Es evidente que son cosas distintas.

EL REGISTRO ELECTRÓNICO Y LAS OFICINAS DE ASISTENCIA Desde la primera perspectiva indicada, es decir, la de las relaciones del administrado con la Administración, hay que destacar especialmente dos cuestiones: el registro electrónico y las notificaciones. En relación con las previsiones exactas del artículo 28 en cuanto a la presentación de documentos y, como ha advertido algún autor, resulta un tanto incoherente en algún aspecto. Ello permite obtener datos personales para la identificación, localización y acceso a otros datos personales, sin consentimiento del interesado, simplemente a través del análisis de una imagen que contenga el rostro de esa persona y obtenida, por ejemplo, de otras imágenes online o capturadas con un simple teléfono móvil. Alsaleh de la República Árabe Siria manifiesta que a su delegación le gustaría saber «de qué modo puede conciliarse [la responsabilidad del Estado de proporcionar acceso a internet a sus habitantes] con el hecho de que un gran número de países desarrollados rechaza esa posición creando obstáculos al acceso de los países en desarrollo a la tecnología de la información y las comunicaciones», así como «los efectos de las sanciones económicas que imponen unilateralmente los países desarrollados y que afectan al acceso libre e irrestricto de los países en desarrollo a la tecnología...».Como ejemplo directo y personal, acabo de recibir una notificación electrónica de la administración tributaria en relación con una cuestión catastral y me ha dado por notificado por el mero hecho de abrir el archivo pdf con la notificación, pese a que me ha sido imposible materialmente (por múltiples vías y repeticiones) acceder a su contenido.

También te asesoramos para que tú y tu negocio estéis tranquilos si dispones de cualquier plataforma en Internet, perfiles en redes sociales, así como si dispones de alguna aplicación informática. Es cierto que la libertad de expresión ampara la crítica, incluso la crítica molesta, acerba o hiriente, pero la crítica de la conducta de una persona es distinta de la utilización de expresiones injuriosas, que quedan fuera del ámbito protegido por la libertad de expresión (STC 336/1993, Previsión que se reitera en el artículo 71. Podríamos señalar que éste es el primero de los derechos vinculados a las nuevas tecnologías, ya que si no hay posibilidad de acceso a internet, poco más podemos decir. Así mismo, difamar sería: desacreditar a alguien, de palabra o por escrito, publicando algo contra su buena fama. Más del 20% de los usuarios móviles en España ha sufrido un fraude en el último año. el consentimiento eficaz del sujeto particular permitirá la inmisión en su derecho a la intimidad, pues corresponde a cada persona acotar el ámbito de intimidad personal y familiar que reserva al conocimiento ajeno ( SSTC 83/2002, de 22 de abril, FJ 5 ; 196/2006, de 3 de julio , FJ , aunque este consentimiento puede ser revocado en cualquier momento ( STC 159/2009, de 29 de junio En verde, los países donde Internet se respeta. «La difusión universal e ilimitada de información que ya no tiene relevancia ni interés público a través de los buscadores causa una lesión a los derechos de las personas», apuntan.

Y es que la LPA parece olvidarse en gran medida y a lo largo de todo su articulado, por lo que a la Administración electrónica se refiere, de los procedimientos iniciados de oficio. Así, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su Sentencia de 3 de abril de 2007, «Caso Copland», analizó si el seguimiento de las llamadas telefónicas, del uso del correo electrónico y de la navegación por internet realizada por los responsables de un «College» universitario de Gales (Reino Unido) sobre una trabajadora del mismo, suponía una violación de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En esta coyuntura: ¿qué valor probatorio tienen los correos electrónicos que se envían o reciben a través de ordenadores, tablets, smartphones, etc…y los SMS igualmente difundidos a través de dispositivos electrónicos? Debemos tener presente las siguientes vicisitudes en relación con este tipo de medios probatorios: – Son pruebas documentales y tienen el carácter de documentos electrónicos -Pueden incorporarse a los mismos imágenes y sonido, sin que por ello pierdan su condición de documento privado Harán prueba plena en el proceso, siempre y cuando no sea impugnada su autenticidad por la parte contraria.

En la UE hay una propuesta de reglamento para 2014 que pretende desarrollar la confianza electrónica, liberalizar el mercado de las notificaciones electrónicas certificadas y apoyar este tipo de actos como comunicaciones fehacientes". Hay que diferenciar dos conceptos: la injuria y la crítica. No obstante, sí que se han ido normando algunos aspectos generales y especiales tendentes a lograr cierta seguridad jurídica en internet, habida cuenta de que, sin una mínima estabilidad y confianza de los usuarios, no es posible que este medio cumpla eficazmente los fines y expectativas que está llamado a satisfacer. Desde un punto de vista puramente estadístico es obvio que se trata de un fenómeno de masas que se ha extendido a toda la población. La definición del tipo delictivo consiste en “la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.”. Disponer de un perfil en alguna de las redes sociales existentes en Internet se ha convertido, hoy por hoy, en casi una obligación, puesto que constituyen un medio efectivo, rápido y universal para socializar, comunicarnos, mantenernos informados, e incluso para desarrollarnos profesionalmente.

Parece que considera que todo procedimiento electrónico se inicia a solicitud del interesado, que no intervienen terceros y que concluye sin más trámites que con la resolución en formato electrónico, debiendo ésta ser notificada en papel o mediante la sede electrónica o dirección electrónica habilitada, según los casos. No tener unos términos legales adaptados a los servicios y productos que se ofrecen, así como lo referente a la operativa del sitio web y de la empresa, pone al negocio online en un serio riesgo. Por ello, frente a quienes no asumen ningún tipo de responsabilidad en esta materia, e incluso frente a los que contribuyen a dificultar la implantación con sus resistencias, en mayor o menor medida, al cambio, resulta necesario recordar que, legalmente se establecen un conjunto de deberes directamente vinculados a su condición de empleados públicos: Deber de utilización de firma electrónica Una de las claves de la LPAC es precisamente la configuración de la relación electrónica con la administración como un derecho-deber, en el caso de los empleados públicos, como un deber. Incluso peor, pues queda constancia visible de todo.

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