Desde el punto de vista más práctico, no sé si le sale a cuenta esta estrategia de ir denunciando a la gente, básicamente porque no hace más que avivar la rabia que le tenemos.
Tienes razón. Yo soy uno de esos comentarios que pegas.
El problema es que la gente si mira estos programas, por lo que Telecinco sigue emitiendolos.
No hijo no, si es que se os ve el plumero enseguida. Os avergonzais, ahora os haceis llamar liberales, pero sois fascistas, de los de toda la vida. De los que dieron el golpe en el , de los que estuvieron años matando rojos, de los que matan abogados laboralistas, de los que invaden paises y masacran pueblos en nombre de la libertad, de los que le escriben "Cartas a un joven español". Puajjj!!!
soy especialista de derecho laboral, esa parte la entiendo bien, pero no conozco todas las bases del derecho, como la que has explicado para dar prioridad a las leyes, aunque si que conocía la superioridad de las leyes orgánicas y no lo había tenido en cuenta. sí que conozco obviamente los recursos al TS para unificación de la doctrina.
realmente te respondo a tu comentario de q me había olvidado ponerlo
Muy buen comentario.
Y se me ha olvidado comentar lo de los votos particulares. Hay multitud de sentencias que salen con votos particulares de Magistrados que no están de acuerdo con el parecer de la Sala. La sentencia Parot a la que refería antes, salió con votos particulares brutales. Entonces, ¿qué? ¿prevarica el voto particular que disiente de la decisión mayoritaria de la Sala? Se mire por donde se mire, no tiene sentido ni guarda la debida lógica jurídica ni coherencia, más allá de una mera interpretación basada en fines políticos.
jueves, 26 de julio de 2012
jueves, 19 de julio de 2012
La ocultacion de pruebas
(En particular, quería cuidar de la emisión, que era el fin de diferenciar, obviamente, los documentos desarrollados por otro aspecto en lo que respecta a las razones de las conversaciones entre los abogados en lugar de ser enviados los documentos por debajo del avance o compra sala de audiencias, incluso más.
En un pocas palabras, si se trata de una prueba, no se puede quitar los metadatos real antes de decidirse a entregar este hacia el aspecto adicional, porque los metadatos es en realidad por sí misma la prueba principal.
Es posible que desee este poder aparente, sin tener la descripción, sin embargo, con el omnipresente utilización de los lavadores de metadatos que entran realizan en estos momentos debemos ser cautelosos para evitar que inadvertidamente con ellos exactamente donde inaceptable!
En un pocas palabras, si se trata de una prueba, no se puede quitar los metadatos real antes de decidirse a entregar este hacia el aspecto adicional, porque los metadatos es en realidad por sí misma la prueba principal.
Es posible que desee este poder aparente, sin tener la descripción, sin embargo, con el omnipresente utilización de los lavadores de metadatos que entran realizan en estos momentos debemos ser cautelosos para evitar que inadvertidamente con ellos exactamente donde inaceptable!
martes, 17 de julio de 2012
El anonimato en internet
Esa exigencia no puede, por tanto, aplicarse al control normal por el empresario de los medios de producción, con independencia de que para lograr que la prueba de los resultados del control sea eficaz tenga que recurrirse a la prueba testifical o pericial sobre el control mismo. Estas actas, que sí son documento público a efectos procesales, pueden plantear, sin embargo, varios problemas: El primero es el de aclarar si pueden o no autorizarse. Considero que el Supremo entra en contradicciones cuando, en algunos párrafos de la sentencia, fundamenta los perjuicios para el demandante en su perfecta identificación y en el pleno reconocimiento de sus rasgos para, asimismo, aceptar que esta clase de noticias de relevancia pública pueden ilustrarse con imágenes captadas por los fotógrafos del medio, sin que exista entonces vulneración de derechos. Esta es la única vía que la Generalitat tiene a su disposición para poder regular la muerte digital, ya que no puede obligar a las compañías a que implanten determinados procedimientos por falta de competencias en materia de protección de datos y telecomunicaciones.
La policía identificó la dirección “IP (Internet Protocol)” desde la cual se conectaba a Internet para enviar los correos electrónicos a las dos personas antes mencionadas (un cibercafé ubicado en Málaga) a través de una cuenta de email de nombre ficticio (Hugo). Este es un servicio que nos permite añadir una extensión al navegador para conocer la “reputación” de los sitios a los que nos vamos a conectar, para sí estar alertados. Por ejemplo, la salvaguardia de un cierto anonimato en la navegación por internet puede suponer una importante protección de la libertad de la persona. Abogados injurias por internet Abogados especialistas en delitos de injurias cometido por medios informáticos o por internet. Por ej decir públicamente que alguien engaña a su esposa con otra mujer…
La injuria es la expresión que lesiona la dignidad de una persona perjudicando su reputación o atentando contra su propia estima. No puede, por ejemplo, considerarse una novedad significativa la regulación de la Administración electrónica que es, en esencia y con algunos matices que como veremos no son del todo positivos, la contenida en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Las características técnicas de la Red exigen que, para poder acceder a la misma, se den unas condiciones técnicas previas. Sin embargo, si alguien ha compartido ese contenido…ya es tarde, a menos que todos los usuarios lo eliminen también. En ella, los individuos interactúan siguiendo en muchas ocasiones normas y pautas de conducta perfectamente homologables con las que se producen en el mundo físico.
Como cabe apreciar, este derecho puede en ocasiones colisionar con la libertad de expresión. En esencia, una facilitación de las relaciones entre Administración y administrados en todos los aspectos posibles. La trascendencia social de los efectos del delito. Y es que, aunque se produzca una rectificación o desmentido, el impacto del mismo no tiene la misma repercusión que el provocado por la información en un primer momento, y como se suele decir, el daño ya está hecho. En el primer caso, tras un registro, los agentes del Gobierno entraron con allanamiento en las oficinas de la empresa Silverthorne Lumber y detuvieron a su principales directivos (a Frederick W. Sin perder de vista adicionalmente diversos dictámenes del Grupo del Artículo 29, así y las últimas novedades en el desarrollo del protocolo Do Not Track en el seno del W3C. La injuria, por su parte, consiste en el comentario ofensivo dirigido contra otra persona, de manera que su consideración ante los demás podría verse seriamente perjudicada. En ese sentido, los delitos de calumnia e injuria constituyen las formas penales dirigidas a la protección de dicho derecho.
Conviene destacar que una interpretación de la Ley 25/2007 como la que se propugna en la resolución cuestionada impediría la investigación tecnológica del delito de posesión, producción, venta o difusión de material pornográfico en que se hayan utilizado menores de edad, previsto en el artículo 189.1.b) del Código Penal , al estar castigado con pena menos grave, o de cualquier delito de amenazas, así como del delito de favorecimiento de la prostitución de menores de edad previsto en el artículo 187.1. Por otro lado, es preciso hacer referencia a otra cuestión, que aunque no es novedosa, porque ya estaba en la LAECSP, resulta significativa. Exige la presentación de un certificado en el que se asegure haber intentado, al menos, la conciliación. De este modo, junto al apoderamiento apud acta o la efectuada por comparecencia personal se incorpora la relativa a la comparecencia electrónica en la sede electrónica o través de la acreditación de su inscripción en el registro de apoderamientos de la Administración competente, tal y como prevé el artículo 5 de la nueva LPA. Prueba electrónica 2 IP significa “Internet Protocol” y es un número que identifica un dispositivo en una red (un ordenador, una impresora, un router, etc.).
Pues debe recordarse que su validez es temporal y que lo que debe garantizarse en un futuro es que pueda comprobarse que en ese momento era válida, lo que parece que inicialmente ocasionaba problemas ya hoy solventados. El derecho a la propia imagen hace referencia a la facultad que todos tenemos de reproducirla y, al mismo tiempo, de negarnos a que esa representación física sea utilizada por terceras personas sin nuestro consentimiento. En 2007 no nos cabía duda de que de la LAESP surgían obligaciones activas directas para la Administración, y que desde 1998 éstas se pueden exigir vía jurisdiccional, en los términos previstos en los artículos 25.2, 29.1, 32.1, 46.2 y 71.1.c de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LRJCA).
Aunque el debate sobre la necesidad de incorporar al orden jurídico nuevos derechos fundamentales no es nuevo en la teoría jurídica, es cierto que en la actualidad estamos asistiendo a unos cambios tecnológicos tan acelerados que muchas de las categorías jurídicas que se han utilizado hasta ahora están dejando de ser útiles o muestran graves carencias a la hora de resolver los problemas generados por las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. De hecho, para la influencia ejercida por la jurisprudencia en este ámbito es «particularmente importante», especialmente «la de los tribunales cuyo fin principal consiste en comprobar la conformidad de la legislación ordinaria con la Constitución e interpretarla».
Dice además que adicionalmente podrán indicar la dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de la Administración pueda realizar el aviso del envío o puesta a disposición de la notificación. El pasado año la Policía registró 11.000 amenazas, que se han disparado con la aparición de las redes sociales, “tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, Facebook, no existía en 2004. Interesante reflexión la que se planteó sobre si debía ser la misma persona quien gestionara las redes sociales y midiera el impacto ya que puede producirse cierto conflicto de intereses. ¿Cómo saber si prima la libertad de expresión e información o el derecho al honor? El Tribunal Supremo se refiere en su Sentencia 69/2016 a la “regla de ponderación”, con 3 criterios: “Para que pueda considerarse justificada una intromisión en el derecho al honor es preciso que la información o la expresión se refiera a asuntos de relevancia pública o interés general, ya sea por la propia materia a la que aluda la noticia o el juicio de valor, ya sea por razón de las personas, esto es, porque se proyecte sobre personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública. Los datos generados o tratados, cuando se presten servicios de comunicaciones electrónicas, se refieren a los datos accesibles».
Las dificultades que la puesta en marcha de la Administración electrónica comporta han determinado, sin embargo, que algunas cuestiones incorporadas a la Ley no produzcan efectos hasta el 2 de octubre de 2018, dos años después de su entrada en vigor, en particular, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo electrónico único (Disposición Final Séptima). Un ejemplo real: Sujeto publica mensaje en una conocida página de anuncios clasificados gratuitos. ¿Qué hacer si somos víctima de injurias o calumnia en redes sociales? Las redes sociales más habituales para la comisión de estos delitos son Facebook y Twitter, lo que permite que sus autores puedan verter manifestaciones injuriosas y/o calumniosas, procediendo a su posterior borrado, buscando así la impunidad. La respuesta sería que en principio no debería haber problemas como documento probatorio, pero se deberá de aportar o poner a disposición del juzgado el “Código Fuente” a los efectos de que queden bien dibujados y perfilados la acreditación de la dirección del correo del emisor, la identidad del equipo, la identidad del servidor del correo saliente, la identidad del servidor del correo entrante, la fecha, hora de envío y recepción. La otra cara de la moneda para proteger la libertad de los ciudadanos, una vez que nuestra identidad ya haya aparecido claramente incorporada a la red, la protagoniza el «derecho al olvido».
Cuestión bien diferente es que se puedan considerar resueltas satisfactoriamente las muchas cuestiones que dicha figura planteaba y plantea. Por lo tanto, se consideran medios de prueba no solamente documentos en sentido estricto, ya sean éstos públicos o privados, sino también “los medios de reproducción y propios instrumentos que permitan reproducir, archivar o conocer palabras, datos y números u operaciones matemáticas”; es decir, cómo o mediante qué soporte se ponen de manifiesto palabras, datos o cifras. En Francia, en la Decisión del Consejo Constitucional Francés sobre la Ley por la que se favorece la Difusión y la Protección de la Creación en Internet, se considera como un derecho básico el derecho de acceso a internet, bien que deduciéndolo directamente del artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, entendiendo que «en el estado actual de los medios de comunicación y con respecto al desarrollo generalizado de los servicios de comunicación pública en línea» este acceso es importante para «la participación en la vida democrática y la expresión de ideas y opiniones». de sus datos a propósito de la concesión de un indulto. Sin embargo, email o sms certificado, no me dan esta prueba: para ellos un entregado es que el email o sms ha llegado al destinatario, vamos lo mismo que si el cartero me dice que está entregado porque lo ha metido por debajo de la puerta del destinatario o en su buzón.
La pena El delito de calumnia se castiga con multa de 4 a 10 meses. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 13 de mayo de 2014 declara expresamente en este sentido que el ejercicio de los derechos de cancelación y oposición realizado frente a los buscadores sólo afecta a los resultados obtenidos en las búsquedas hechas mediante el nombre de la persona y no implica que la página deba ser suprimida de los índices del buscador ni de la fuente original. Si no se aporta en ese momento es muy complicado aportarlo después. En Finlandia, el 1 de julio de 2010 entró en vigor una ley por la que se obligaba a todas las compañías de telecomunicaciones a proporcionar una conexión mínima de 1 Mb a todos los usuarios, pero curiosamente quedan fuera de esta garantía las segundas residencias (Casas de veraneo «kesäasuntoja»). La libertad de expresión sobre la que se presupone actúan quienes vierten injurias por Internet deja de ser de recibo cuando se vulnera el derecho al honor de un tercero. Puede que no siempre sea fácil obtener la protección o el resarcimiento deseables, pero siempre hay caminos para ello.
La Injuria puede ser calificada como falta, o como delito. Si finalmente la Sentencia es estimatoria el órgano jurisdiccional condenará a la Administración al cumplimiento de sus obligaciones en los concretos términos en que estén establecidas. Va a depender de quién lo diga y a quien. En todo caso, la APC «Association for Progressive Communications», que desde 1995 es organismo consultivo de la ONU, y que agrupa a más de cincuenta redes de miembros y socios en todo mundo, en el año 2006 elaboró una carta sobre Derechos en Internet cuyo primer apartado se refiere al «impacto del acceso sobre el desarrollo y la justicia social» indicando que «Un acceso asequible, rápido y fácil a internet puede ayudar a generar sociedades más igualitarias». Se refiere a las condiciones para la validez de las intervenciones telefónicas por medio de “whatsapp” y siguiendo la doctrina constitucional, considera que no se vulnera el secreto de las comunicaciones si el acceso a las aplicaciones del teléfono móvil, se hace previa autorización judicial mediante auto debidamente fundado y referido al encendido del teléfono y con el fin de comprobar y reseñar datos sobre las comunicaciones existentes vía SMS, MMS, Whatsapp, datos de contacto de la agenda, etc.
Las últimas tendencias en este sector apuntan a que: Las redes sociales ya no serán sólo un medio de distribuir información sobre nuestra marca. Asímismo debe conocer las obligaciones legales que se desprenden de tener dispositivos de almacenamiento como “cookies”, y respetar los procesos de contratación en la venta de sus bienes o servicios. Dentro de este ámbito hay que referirse también a cuestiones internas de la Administración o de las relaciones con otras Administraciones, por lo que es preciso acudir a alguna previsión contenida en la LRJSP. De hecho, dice el Tribunal Constitucional que el derecho al secreto de las comunicaciones alcanza al proceso mismo de la comunicación (para evitar el pinchazo de teléfonos u ordenadores), pero una vez finalizada la comunicación en sí, lo transmitido debe protegerse por otros medios, como el derecho a la intimidad o a la propia imagen. Por último, aportar un dictamen pericial, supone introducir en el proceso un medio de prueba De hecho, esta evolución la podemos observar en relación con el derecho de acceso a internet y la generalización del servicio universal. La experiencia de Abogados en estos supuestos hace que se trabaje escrupulosamente en presentar cada una de las pruebas referidas acreditando el mantenimiento de la cadena de custodia y haciendo constar la ausencia de manipulación y cumplimiento de los requisitos para impedir cualquier impugnación de las mismas.
Una vez recabada tal carga probatoria, bastará acreditar la condición subjetiva de la víctima por la que se encuentra legitimado para querellarse ante tal desagravio. Por todo ello, los recurrentes consideran que las medidas acordadas «tienen un sumo potencial para la trasgresión de los derechos fundamentales», por cuanto la facultad discrecional otorgada a las Procuradurías General de la República y locales, en concreto: «a) carece de limitación temporal; no es clara respecto de las personas que pueden o no se ser sujetas a la vigilancia y, no contempla la participación de la autoridad judicial en la autorización, supervisión y revocación de la misma». Por ello, la importancia de la regulación de la Administración electrónica introducida por la LPAC radica en el hecho de que supone una herramienta que, por primera vez, ha sentado las bases para que las Administraciones Públicas lleven a cabo su actuación mediante un procedimiento exclusivamente electrónico, que pretende ser más ágil, transparente y con menor carga burocrática.
De tal modo que «la falta de acceso a las conexiones de banda ancha constituye un aspecto del problema más general que suele denominarse «brecha digital», a saber, la distancia que separa a personas, empresas y territorios en cuanto a oportunidades de acceder a las TIC y utilizarlas». De tal modo, que el acto desplegará efectos, siendo posible que el interesado no haya tenido conocimiento alguno ni de la resolución ni de que se ha practicado la notificación, a salvo de que acceda sistemáticamente y cada menos de diez días a la sede a comprobar si tiene la notificación. Esta dificultad está reconocida en la LPAC implícitamente, al retrasar al 2 de octubre de 2018 la entrada en vigor de la mayoría de los instrumentos que hacen posible el funcionamiento de la Administración por vía electrónica, como hemos señalado. El problema que presenta el delito de injurias por Internet suele residir en la dificultad de entender quien es la persona física que se encuentra detrás de un nick o alias que publica la injuria en medio digital.
Y así «Principios básicos como la limitación en función del objetivo, la proporcionalidad, la legitimidad del tratamiento de datos, los límites del período de almacenamiento, la seguridad y la confidencialidad, así como el respeto a los derechos individuales, el control por unas autoridades de supervisión nacionales independientes y el acceso a recurso judicial efectivo deben quedar garantizados, y debe establecerse un sistema general de protección». un derecho al secreto, a ser desconocido, a que los demás no sepan qué somos o lo que hacemos, vedando que terceros, sean particulares o poderes públicos, decidan cuáles sean los lindes de nuestra vida privada, pudiendo cada persona reservarse un espacio resguardado de la curiosidad ajena, sea cual sea lo contenido en ese espacio». Dada la necesaria brevedad de este artículo no es posible profundizar en el estudio de todas estas cuestiones que, no obstante, no dejan de ser por ello también interesantes y que a buen seguro suscitarán dudas e incertidumbres, como muchas otras cuestiones, que en la práctica diaria habrá que ir solventando. Pero el derecho importante en ese caso era el derecho a ganarse la vida, no el derecho a un caballo. Prestación de servicios en la sociedad de la información, contratación de bienes y servicios informáticos.
Conforme al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, “vejación” es la “acción y efecto de vejar”, y “vejar ” es “maltratar, molestar, perseguir a alguien, perjudicarle o hacerle padecer”. El testimonio de la retractación del acusado se le entrega al ofendido por orden del Juez o Tribunal, y si éste lo solicita, podrá ordenarse que se publique dicho testimonio por el mismo medio que difundió la calumnia o la injuria. Tan sencillo como esto. Así, por sólo citar los datos que se refieren a las comunicaciones electrónicas, los operadores deben conservar los «Datos necesarios para rastrear e identificar el origen de una comunicación: ...Con respecto al acceso a Internet, correo electrónico por Internet y telefonía por Internet: i) La identificación de usuario asignada. (SAP de Málaga, 197/2014, de Málaga, 234/2014, de 9 de octubre; de 14 de abril; de Zamora, 11/2015, de 6 de febrero; entre otras) Para enjuiciar los tipo delictivo de injurias , se parte desde la base de la comunicación entre las personas.
La aplicación de la garantía podría ser más discutible en el presente caso, pues no se trata de comunicaciones, ni de archivos personales, sino de los denominados archivos temporales, que son copias que se guardan automáticamente en el disco duro de los lugares visitados a través de Internet. La CALUMNIA es la FALSA IMPUTACION de un DELITO que de lugar a ACCION PUBLICA. La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». La cuestión es otra. Por lo tanto, cuando se produzcan conflictos de este tipo será necesario llevar a cabo un juicio de ponderación entre las dos perspectivas existentes, la que enjuicia la conducta del sujeto en relación al honor y la que la valora en relación a la libertad de expresión (STC 15/1993,
En éste tipo de delitos se pondera el derecho al honor y a la intimidad (personal, familiar y profesional) de la persona “ofendida” y la libertad de expresión de la que hable o escribe sobre otra. He omitido ex profeso referirme a dichos casos ya que mi intención en este artículo ha sido resaltar cuando sí se aplica la teoría. Es decir, hay casos en los que no se aplicará. Pero lo único que probaría el acta notarial sería la existencia de unos correos en una bandeja de entrada o en una determinada carpeta electrónica y, a lo sumo, podría dejar constancia de la fecha en que –según se viera en el ordenador- podrían haber sido enviados o recibidos. No cabe duda de que las redes sociales han supuesto una auténtica revolución en la manera en que nos relacionamos, sin embargo, estos mismos canales de comunicación se han convertido también en un medio propicio para dejarse llevar y caer en el insulto, la amenaza y la calumnia. El problema es que estos datos no suelen estar encriptados y pueden ser consultados bien por estas webs o incluso por programas maliciosos (troyanos, virus, etc). En todo caso hay que aclarar que las exigencias de tiempo y lugar del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores no tienen por objeto preservar la intimidad del trabajador registrado; su función es otra: limitar una facultad empresarial excepcional y reducirla al ámbito de la empresa y del tiempo de trabajo.
Según la AEPD, el «derecho al olvido hace referencia al derecho que tiene un ciudadano a impedir la difusión de información personal a través de internet cuando su publicación no cumple los requisitos de adecuación y pertinencia previstos en la normativa». En un momento en que criticamos, cada vez más, la labor del legislador en los últimos tiempos, es importante poner en valor la gran calidad del texto de nuestra Carta Magna que llegó a ser verdaderamente profético. Por tanto, cualquier documento con firma electrónica resulta perfectamente admisible como prueba en los procedimientos judiciales, acreditando inicialmente la identidad del firmante e integridad del mensaje electrónico por él firmado, sin perjuicio de que otros medios de prueba puedan desvirtuar su validez. Sin embargo el problema no es tanto de quien no los usa como de quien no permite usarlos El viejo razonamiento de que las obligaciones derivan de los derechos, y que se corresponden exactamente con éstos, no por obvio y consolidado debe dejar de ser tenido en cuenta.
El principal problema en estos casos es hacer frente al anonimato. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el Notario no acredita la autenticidad, veracidad o autoría del documento o soporte exhibido o protocolizado. Reflexiones finales: Límites del Derecho procesal digital ¿Qué puedo decir como cierre de este artículo? Planteo las siguientes reflexiones: El derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en la Constitución y en los Tratados Internacionales (concretado especialmente en el derecho a un debido proceso con todas las garantías, incluido el derecho de defensa y el derecho a no confesarse culpable, y el derecho de prueba o de aportación de los medios de prueba que justifiquen mi inocencia o avalen mi pretensión) no es un formalismo jurídico vacío de contenido. Precisamente la elección del medio para relacionarse con la Administración es otra cuestión que, a mi juicio, no es suficientemente garantista. Si bien, en parte, esta regulación ya estaba recogida en la Ley 11/2007, se aprecia un importante cambio normativo en los principios inspiradores de ambas normas y una notable reducción de las garantías de los Administrados, toda vez que se han eliminado varias referencias que trataban de equilibrar la carga probatoria en las notificaciones electrónicas.
En similar sentido se pronuncian ante la impugnación de correos electrónicos las sentencias de la Audiencia Provincial de La Rioja, sec. -Los correos electrónicos aportados policialmente estuvieron fuera del control judicial y no hubo contradicción de las partes afectadas. II En que consiste el ánimo de injuriar en el delito de injurias Es necesario un "animus iuriandi" (ánimo de injuriar o difamar), que según el contexto podría ser desplazado por otras intenciones como el "animus iocandi" (bromear) o "animus criticandi" (hacer una crítica sin ánimo de ofender) ,"animus coriigendi (corregir) o"animus narrandi" (contar unos hechos o informar). Esto no quiere decir que no se haya tenido en cuenta las injurias o calumnias realizadas en las redes sociales, sino que éstas se encuadran dentro de las que se realicen de forma escrita, aunque sea en formato digital. Estos derecho, juegan en el ámbito jurídico como límites a los derechos de “libertad de expresión” y la “libertad de información”. En cuanto a las personas jurídicas (Sentencias del Tribunal Constitucional 183/1995 o 139/199 hay discrepancias doctrinales que señalan a favor y en contra de la titularidad del derecho al honor por parte de las mismas, al afirmarse que las personas jurídicas carecen de dignidad y por tanto de honor.
Por otra parte, existen elementos comunes de privacidad en los documentos del Consejo de Europa, de la Unión Europea (UE), de la OCDE y de la Organización Asia Pacífico (APEC) que deberían servir de guía. En el ámbito laboral, con menor rigor que en el penal, está garantizado a priori el secreto de las comunicaciones que consagra el artículo 18,3 de la Constitución, así como la interceptación de las mismas, lo que supone en sentido amplio la imposibilidad de apertura de correspondencia o correo electrónico y cualquier otro medio de mensajería. Por tanto, la clave está en descifrar qué se entiende por “identidad fidedigna” del destinatario. Tanto la denuncia por insultos (injuria) como la de calumnias, la persona que la realiza pretende que le sea restituido su honor (de hecho en el Código Penal son considerados como delitos contra el honor) por lo que viene a proteger el honor, la fama o la estima de otra persona. Por lo que «los Estados partes deberían tomar todas las medidas necesarias para fomentar la independencia de esos nuevos medios y asegurar el acceso a los mismos de los particulares». Concretamente, en relación con los datos publicados por el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.), la Agencia, en una significativa Resolución, la dictada el 28 de agosto de 2012 en el que se analiza una reclamación de un ciudadano contra la publicación en el B.O.E.
En otras palabras, el primer presupuesto de la aceptación de un mensaje de WhatsApp como prueba en un procedimiento, es que en su obtención no se hayan vulnerado ni el derecho a la intimidad ni el secreto de las comunicaciones. Y, dentro del conjunto definido de servicios, el artículo 28 recoge: «Establecer comunicaciones de datos a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet, con arreglo a las recomendaciones pertinentes de la serie V de la UIT-T, sin perjuicio de que se puedan utilizar otros interfaces, previa autorización del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en casos concretos y debidamente justificados. Por tanto, no le es exigible a la libertad de expresión “una prueba de la verdad o diligencia de averiguación”. Esto es de especial interés en los plazos señalados en días hábiles (los sábados no se cuentan) y si un plazo señalado en meses termina en sábado (vencerá el lunes siguiente). Fue una sentencia pionera, que refleja el alcance cada vez mayor de los delitos contra el honor en internet. La comisión de este tipo de hechos, han venido a proliferar.
Esto último fue lo que ocurrió en el caso recogido en la sentencia del Tribunal Constitucional, Sala 1ª, de 7 de octubre de 2013 donde el TC apreció la inexistencia de intromisión ilegítima debido a que en el convenio colectivo aplicable se consideraba como falta grave el uso del correo electrónico para fines diferentes a los laborales, por lo que el trabajador debía tener la expectativa razonable de que sus correos electrónicos podían ser fiscalizados legítimamente por la empresa en cualquier momento, como efectivamente ocurrió. Invocando la STC 173/2011, 7 de noviembre, se dice lo siguiente: “En aquella ocasión el Tribunal Constitucional ya advirtió del significado de los derechos que convergen en la utilización de un ordenador, como instrumento para la navegación por Internet y como medio para hacer realidad las comunicaciones telemáticas: "... Ni siquiera es preciso que los insultos se viertan con la publicidad que permiten las redes sociales: en un caso en que se emitieron en una conversación privada entre dos usuarios de Facebook respecto a terceras personas, la SAP Madrid 279/2010, de 21 de septiembre, entendió lesionado el honor de estas últimas.
Las redes sociales serán más un canal de asesoría que de ventas con una vocación más de atención al cliente y esto en el sector legal puede ser determinante porque requerirá una mayor especialización del community manager legal y la apertura a nuevos canales de comunicación. Para ello, y teniendo en cuenta los derechos involucrados, la Comisión proponía la intervención pública en el desarrollo de la banda ancha, sobre todo para garantizar la conexión prioritaria de «centros escolares, administraciones públicas y centros sanitarios». Experimentando ambas cambios radicales. Fue un asunto bastante interesante, no ya por la novedad, que también, sino por la solución final que encontramos para dar validez a los correos, y que la otra parte no nos lo pudiera impugnar por esa facilidad de manipulación de la que hablamos. Regulación sobre como relacionarse los ciudadanos con la administración Si ya la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos posibilitaba a éstos la tramitación de expedientes electrónicos, con la vigente Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, aporta entre sus novedades la regulación electrónica de la Administración y el uso obligatorio para algunos sujetos; pero que nadie se alarme, para la inmensa mayoría de las personas físicas es optativa la comunicación con las Administración Públicas mediante medios electrónicos.
Los internautas han incrementado el tiempo que pasan conectados a la red por medio de ordenadores y dispositivos móviles, y cada vez hacen un uso más sofisticado de esta herramienta. Y es que, en efecto, podemos coincidir con la Agencia en la necesidad de que, en la medida de lo posible, seamos nosotros mismos los que procuremos proteger nuestra privacidad. Pero el camino para la incorporación a los textos constitucionales de estos nuevos derechos nunca es fácil ni rápido. Ante esta situación, lo recomendable es que los obligados intenten hacer la presentación electrónicamente, y, sólo si no pueden, lo hagan en papel haciendo constar esta circunstancia y adjuntando cualquier elemento de prueba que pueda obtenerse (por ejemplo, cuando sea posible, un “pantallazo” donde se aprecie el rechazo o la imposibilidad de presentación), sobre todo por lo que más adelante se indica sobre la subsanación. Contra esos dos medios acudi a la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD, a virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 16, “Derecho de rectificación y cancelación”, el Instructor de la citada Agencia requirió a uno de los medios para que rectificase o cancelase los datos citados, con la advertencia expresa de la apertura de un expediente sancionador, ante lo cual optaron prudentemente por atender mi queja. Las antiguas normas se adaptan o se rehacen.
Será necesario estudiar si el ordenador desde el que se ha enviado es de uso privado o pueden acceder terceros, si estaba en casa o en la oficina o en un cibercafé, si tiene claves de acceso o no las tiene, si se ha enviado desde un ordenador o desde un dispositivo móvil… y cualquier otro elemento que pueda tener relevancia a la hora de considerar que una determinada persona ha sido, ciertamente, emisora o receptora de un determinado mensaje. V. Más garantías Compañías como Evicertia, Lleida.net o la European Agency of Digital Trust llevan varios años ofreciendo estos servicios. La ciudadanía digital poco a poco va entendiendo la importancia nuclear de ejercer un control real sobre su información. Para delimitar tal gravedad a la que hace referencia el Código, la jurisprudencia ha tenido en cuenta criterios tales como la cultura del autor, circunstancias sociotemporales y de lugar, relación con la víctima, sensibilidad de la misma, y en definitiva el contexto en el que éstas se producen. Dicha generalización se concreta en los siguientes tres aspectos: (i) La comunicación por vía electrónica entre los interesados y las Administraciones se configura como un derecho y, en algunos casos, como una obligación; (ii) se articula la utilización de medios electrónicos por las Administraciones en la tramitación de los procedimientos; y (iii) se establece un nuevo régimen de notificaciones electrónicas.
Las plataformas de certificación de comunicaciones electrónicas también ofrecen este tipo de servicos con los mensajes SMS, burofaxes electrónicos y la contratación de servicios a través de Internet. Esto es, cabe el control de abusividad de una cláusula relativa al precio y a la contraprestación si no es transparente. ¿De qué se compone un correo electrónico? Un correo electrónico tiene los siguientes elementos básicos: El destinatario. Su tecnología vehículo a vehículo (v2v) aprovecha comunicaciones m2m para compartir de manera anónima información hiper-local sobre condiciones de tráfico y de meteorología entre vehículos. LA TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO La tramitación simplificada del procedimiento administrativo es otra de las novedades más reseñables de la LPAC. La previsión de recursos y la habilitación del tiempo suficiente para posibilitar que la comunidad académica no quede al margen en este tránsito también describe una objetivo exigible a los gestores universitarios.
Realizar una aproximación al concepto de reputación y los modos concretos de su gestión. Internet y las redes sociales ofrecen enormes oportunidades, pero también grandes retos y amenazas: cualquier persona o medio puede atacar la imagen y el honor de un tercero. Dicho deber de diligencia del que habla el Tribunal Constitucional en su doctrina constitucional, exige un alto nivel de diligencia. Existen herramientas como eGarante que permiten capturar y conservar dichas informaciones para ser puesta a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat han estado particularmente interesados en este proceso de cambio y sintiéndose partícipes activos del mismo llevan organizando desde hace algunos años la Jornada de Docencia del Derecho y las tecnologías de la información y la comunicación, alcanzando en 2015 su sexta edición. Asimismo, los «Datos necesarios para identificar el destino de una comunicación:... “En el caso del uso por el trabajador de los medios informáticos facilitados por la empresa pueden producirse conflictos que afectan a la intimidad de los trabajadores, tanto en el correo electrónico, en el que la implicación se extiende también, como ya se ha dicho, al secreto de las comunicaciones, como en la denominada "navegación" por Internet y en el acceso a determinados archivos personales del ordenador.
Si la parte impugna los correos aportados como documento electrónico, la LEC (artículo326. remite a lo dispuesto en la LFE, pero esta última sólo contiene disposiciones sobre la impugnación de documentos firmados electronicamente y en lo que respecta a la firma, por lo que sobre el contenido quedarán a las pruebas perciales que puedan efectuarse sobre su integridad, pero al menos podrá disponerse de un medio de refuerzo de la prueba. La intervención del notario no afecta a la intimidad de los comunicantes, pues como dice el Tribunal Supremo, el contenido de esa acta queda protegido, desde un punto de vista subjetivo por el secreto profesional del notario, y desde un punto de vista objetivo por el secreto de protocolo. Hay que conocer que lo que se afirma es falso. La UE también se ha comprometido a proporcionar acceso universal a la banda ancha. El informe de la compañía Telefónica sobre los datos relativos a las conexiones IP respecto a la cuenta de correo electrónico atribuida a (prueba electrónica . En amarillo donde hay algún tipo de control. Calumnia gratuita. Salvo, como ya dijimos, en el caso de injurias contra funcionarios públicos. Sabemos que están ahí, posiblemente por no decir seguro, incluso le hemos dado al botón de “aceptar” pero no les dedicamos ni un segundo de nuestro tiempo. .
De ahí que entendamos que resulta preferible utilizar los dictámenes periciales como auxiliares en relación con el resto de evidencias probatorias aportadas al proceso, entre las que también adquieren relevancia las testificales que puedan trasladar también al juzgador la convicción de la realidad del mensaje o la comunicación. Esta sentencia casó y anuló la sentencia de la Audiencia Nacional siguiente: Resumen de la sentencia de la Audiencia Nacional (información extraída de la propia sentencia del Tribunal Supremo): La Audiencia Nacional (Sala de lo Penal, Sección Tercera) condenó a, funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, como autor penalmente responsable de un delito de cohecho.
Y es que la mejor medida para evitar cualquier tipo de proceso o problemas con los clientes, es contar con unas condiciones legales adaptadas a la legislación desde el inicio de la actividad. Queremos que este post sirva como introducción al Internet de las Cosas para abogados con un perfil tecnológico (o un interés en sistemas de información) y para que nuestros lectores más habituales conozcan en qué temas debe variar la legislación en vigor para adaptarse al IoT. Comenzando por que la propia norma, dentro del Título Preliminar dedica el Capítulo Cuarto al funcionamiento electrónico del sector público, dentro del cual regula cuestiones tan importantes para el tema como la sede electrónica, el portal de internet, el sistema de identificación de las Administraciones y, en particular, el sello electrónico, la actuación administrativa automatizada –que viene a ser el acto o actuación íntegramente electrónica sin intervención directa de empleado público-, los sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada, la firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones, el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, el aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica o el archivo electrónico de documentos.
Al ser más una prueba electrónica que documental, deberemos de tratarla con cuidado. Yo puedo presentar al juez un resguardo donde está la firma, nombre y apellidos y dni de la persona que ha recogido el burofax. Si es el interesado el que solicita la tramitación simplificada y el órgano administrativo aprecia que no concurre alguna de las razones que legitima su uso, puede desestimar la solicitud del interesado en el plazo de 5 días desde su presentación. Si la expresión proferida o la acción suponen deshonra , descrédito o menosprecio hacia su persona nos encontramos ante un delito de injurias que vienen a socavar la dignidad de la persona.
En este mismo sentido el Tribunal Supremo en sentencia de 25 de febrero de 2009, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, ha manifestado que la libertad de expresión que reconoce el artículo 20.1 de la Constitución Española no es sólo la manifestación de pensamientos e ideas, sino que comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar a aquel contra quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática. El objetivo de formación de este curso es realizar un análisis general e introductorio, desde una perspectiva jurídica, sobre las principales materias afectadas por el uso de internet y la posición que ocupan los ciudadanos, empresas, prestadores y demás sujetos, con especial referencia a las redes sociales. Aunque se mantienen muchas de las reglas ya contenidas en la LAECSP, lo cierto es que también hay novedades, principalmente, que se parte de que la regla general ha de ser, como en toda la ley, los registros electrónicos. Llegados a este punto, es natural preguntarse si la consideración de los sábados como días inhábiles es aplicable a todos los procedimientos o únicamente a los iniciados con posterioridad al 3 de octubre del año pasado por el juego de la primera de las reglas contenida en la Disposición Transitoria Tercera de la LPAC, en cuya virtud a los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior.
"La única y cambiante naturaleza de Internet no sólo permite a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión, sino que también forma parte de sus derechos humanos y promueve el progreso de la sociedad en su conjunto", indicó el Relator Especial de la ONU, los gobiernos "deben esforzarse" para hacer Internet "ampliamente disponible, accesible y costeable para todos". Y, quizás, lo más significativo es que estos movimientos están impactando directamente, y de un modo irreversible, en el rol paradigmático que han venido jugando el docente y el alumnado. Asimismo, que, en ambientes corporativos, cientos de usuarios podías estar conectados a una única dirección IP de salida, que una dirección IP por si sola no puede asociarse a un individuo ni lo identifica, sino que sólo identifica a un equipo informático conectado a una red (de hecho, una variedad de equipos como impresoras, fax, scanners pueden poseer direcciones IP) o que, en fin, las direcciones IP pueden ser falsificadas o disfrazadas.
Por lo que se perfila con suficiencia un listado de condiciones para valorar la calumnia como figura delictiva, que se concretan en: Imputación de un delito a una persona, como expresión con suficiente potencia ofensiva para lesionar la dignidad de la persona, menoscabar su fama o atentar contra su estimación. De la misma forma que se ha explicado antes, en el caso de que alguien esté imputado por calumnia, si demuestra que lo que ha dicho es verdad, quedará exento y con una Sentencia a su favor. Se trata en definitiva de lo que todos conocemos como insultos, expresiones vejatorias que tienen como finalidad ridiculizar, humillar y menospreciar a otra persona. Así como, también será positivo la reparación del daño o el retractarse de forma pública y eficaz de las palabras equivocadas que dijimos.
El responsable del tratamiento procederá a la supresión sin demora, salvo en la medida en que la conservación de los datos personales sea necesaria: para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80; por motivos de interés público en el ámbito de la salud pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81; con fines de investigación histórica, estadística y científica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83; para el cumplimiento de una obligación legal de conservar los datos personales impuesta por el Derecho de la Unión o por la legislación de un Estado miembro a la que esté sujeto el responsable del tratamiento; las legislaciones de los Estados miembros deberán perseguir un objetivo de interés público, respetar la esencia del derecho a la protección de datos personales y ser proporcionales a la finalidad legítima perseguida; en los casos contemplados en el apartado 2º.- Requerir a la red social o plataforma on-line para que retiren ese contenido.
Ello obliga a reflexionar profundamente sobre hasta qué punto el Derecho que ordena nuestras sociedades va a ser eficaz en el mundo de las Redes Sociales ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para reformar la ley orgánica de protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Si en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado, los interesados pueden deducir recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración. Sin embargo, en otros preceptos de esta norma, sin estar dedicados exclusivamente a ello, se encuentran previsiones relacionadas con la Administración electrónica, valga de ejemplo, la regulación de los órganos colegiados, no exenta, por otra parte, de cierta polémica, o la referente al Esquema Nacional de Seguridad, tan importante en la materia y que, no obstante, la LRJSP olvida precisar quién y cómo lo aprueba. Por ello, merece la pena detenernos un momento para reflexionar brevemente sobre las reglas procesales de la prueba judicial.
Postura que aquí no se comparte, no sólo porque suponga dar la espalda a la realidad y provocar que a partir del 2 de octubre del presente año la mayoría de procedimientos fueran nulos, sino porque además de esa cuestión práctica no se entiende en qué vicio de nulidad de pleno derecho se incurre, pues no parece encajar en los enumerados en el antiguo artículo 62 de la Ley 30/1992 y artículo 47 de la LPA.
El contenido. Reglas procesales sobre la actividad probatoria Las reglas procesales que versan sobre la actividad probatoria incluyen fundamentalmente aquellas que establecen el inicio y el final de la fase probatoria en el proceso judicial, el modo y la forma cómo deben practicarse las pruebas y la iniciativa de la actividad probatoria (proposición y aportación de la prueba). La primera vez que presentamos el mail como prueba, nadie usaba la firma electrónica. Navegador con opción de “navegación privada”: Esta cracterística muy útil implementada por algunos navegadores como (firefox, chrome), nos permite navegar sin registrar cookies, cache o el historial de navegación. Si lo ejerzo frente a un buscador, ¿la información desaparecerá de internet? No. Uno de ellos ha sido el “Caso Noos” que cuestiona los emails como prueba y los impugna en base a considerarlos “simples fotocopias de correos electrónicos”.
La policía identificó la dirección “IP (Internet Protocol)” desde la cual se conectaba a Internet para enviar los correos electrónicos a las dos personas antes mencionadas (un cibercafé ubicado en Málaga) a través de una cuenta de email de nombre ficticio (Hugo). Este es un servicio que nos permite añadir una extensión al navegador para conocer la “reputación” de los sitios a los que nos vamos a conectar, para sí estar alertados. Por ejemplo, la salvaguardia de un cierto anonimato en la navegación por internet puede suponer una importante protección de la libertad de la persona. Abogados injurias por internet Abogados especialistas en delitos de injurias cometido por medios informáticos o por internet. Por ej decir públicamente que alguien engaña a su esposa con otra mujer…
La injuria es la expresión que lesiona la dignidad de una persona perjudicando su reputación o atentando contra su propia estima. No puede, por ejemplo, considerarse una novedad significativa la regulación de la Administración electrónica que es, en esencia y con algunos matices que como veremos no son del todo positivos, la contenida en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Las características técnicas de la Red exigen que, para poder acceder a la misma, se den unas condiciones técnicas previas. Sin embargo, si alguien ha compartido ese contenido…ya es tarde, a menos que todos los usuarios lo eliminen también. En ella, los individuos interactúan siguiendo en muchas ocasiones normas y pautas de conducta perfectamente homologables con las que se producen en el mundo físico.
Como cabe apreciar, este derecho puede en ocasiones colisionar con la libertad de expresión. En esencia, una facilitación de las relaciones entre Administración y administrados en todos los aspectos posibles. La trascendencia social de los efectos del delito. Y es que, aunque se produzca una rectificación o desmentido, el impacto del mismo no tiene la misma repercusión que el provocado por la información en un primer momento, y como se suele decir, el daño ya está hecho. En el primer caso, tras un registro, los agentes del Gobierno entraron con allanamiento en las oficinas de la empresa Silverthorne Lumber y detuvieron a su principales directivos (a Frederick W. Sin perder de vista adicionalmente diversos dictámenes del Grupo del Artículo 29, así y las últimas novedades en el desarrollo del protocolo Do Not Track en el seno del W3C. La injuria, por su parte, consiste en el comentario ofensivo dirigido contra otra persona, de manera que su consideración ante los demás podría verse seriamente perjudicada. En ese sentido, los delitos de calumnia e injuria constituyen las formas penales dirigidas a la protección de dicho derecho.
Conviene destacar que una interpretación de la Ley 25/2007 como la que se propugna en la resolución cuestionada impediría la investigación tecnológica del delito de posesión, producción, venta o difusión de material pornográfico en que se hayan utilizado menores de edad, previsto en el artículo 189.1.b) del Código Penal , al estar castigado con pena menos grave, o de cualquier delito de amenazas, así como del delito de favorecimiento de la prostitución de menores de edad previsto en el artículo 187.1. Por otro lado, es preciso hacer referencia a otra cuestión, que aunque no es novedosa, porque ya estaba en la LAECSP, resulta significativa. Exige la presentación de un certificado en el que se asegure haber intentado, al menos, la conciliación. De este modo, junto al apoderamiento apud acta o la efectuada por comparecencia personal se incorpora la relativa a la comparecencia electrónica en la sede electrónica o través de la acreditación de su inscripción en el registro de apoderamientos de la Administración competente, tal y como prevé el artículo 5 de la nueva LPA. Prueba electrónica 2 IP significa “Internet Protocol” y es un número que identifica un dispositivo en una red (un ordenador, una impresora, un router, etc.).
Pues debe recordarse que su validez es temporal y que lo que debe garantizarse en un futuro es que pueda comprobarse que en ese momento era válida, lo que parece que inicialmente ocasionaba problemas ya hoy solventados. El derecho a la propia imagen hace referencia a la facultad que todos tenemos de reproducirla y, al mismo tiempo, de negarnos a que esa representación física sea utilizada por terceras personas sin nuestro consentimiento. En 2007 no nos cabía duda de que de la LAESP surgían obligaciones activas directas para la Administración, y que desde 1998 éstas se pueden exigir vía jurisdiccional, en los términos previstos en los artículos 25.2, 29.1, 32.1, 46.2 y 71.1.c de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LRJCA).
Aunque el debate sobre la necesidad de incorporar al orden jurídico nuevos derechos fundamentales no es nuevo en la teoría jurídica, es cierto que en la actualidad estamos asistiendo a unos cambios tecnológicos tan acelerados que muchas de las categorías jurídicas que se han utilizado hasta ahora están dejando de ser útiles o muestran graves carencias a la hora de resolver los problemas generados por las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. De hecho, para la influencia ejercida por la jurisprudencia en este ámbito es «particularmente importante», especialmente «la de los tribunales cuyo fin principal consiste en comprobar la conformidad de la legislación ordinaria con la Constitución e interpretarla».
Dice además que adicionalmente podrán indicar la dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de la Administración pueda realizar el aviso del envío o puesta a disposición de la notificación. El pasado año la Policía registró 11.000 amenazas, que se han disparado con la aparición de las redes sociales, “tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, Facebook, no existía en 2004. Interesante reflexión la que se planteó sobre si debía ser la misma persona quien gestionara las redes sociales y midiera el impacto ya que puede producirse cierto conflicto de intereses. ¿Cómo saber si prima la libertad de expresión e información o el derecho al honor? El Tribunal Supremo se refiere en su Sentencia 69/2016 a la “regla de ponderación”, con 3 criterios: “Para que pueda considerarse justificada una intromisión en el derecho al honor es preciso que la información o la expresión se refiera a asuntos de relevancia pública o interés general, ya sea por la propia materia a la que aluda la noticia o el juicio de valor, ya sea por razón de las personas, esto es, porque se proyecte sobre personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública. Los datos generados o tratados, cuando se presten servicios de comunicaciones electrónicas, se refieren a los datos accesibles».
Las dificultades que la puesta en marcha de la Administración electrónica comporta han determinado, sin embargo, que algunas cuestiones incorporadas a la Ley no produzcan efectos hasta el 2 de octubre de 2018, dos años después de su entrada en vigor, en particular, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo electrónico único (Disposición Final Séptima). Un ejemplo real: Sujeto publica mensaje en una conocida página de anuncios clasificados gratuitos. ¿Qué hacer si somos víctima de injurias o calumnia en redes sociales? Las redes sociales más habituales para la comisión de estos delitos son Facebook y Twitter, lo que permite que sus autores puedan verter manifestaciones injuriosas y/o calumniosas, procediendo a su posterior borrado, buscando así la impunidad. La respuesta sería que en principio no debería haber problemas como documento probatorio, pero se deberá de aportar o poner a disposición del juzgado el “Código Fuente” a los efectos de que queden bien dibujados y perfilados la acreditación de la dirección del correo del emisor, la identidad del equipo, la identidad del servidor del correo saliente, la identidad del servidor del correo entrante, la fecha, hora de envío y recepción. La otra cara de la moneda para proteger la libertad de los ciudadanos, una vez que nuestra identidad ya haya aparecido claramente incorporada a la red, la protagoniza el «derecho al olvido».
Cuestión bien diferente es que se puedan considerar resueltas satisfactoriamente las muchas cuestiones que dicha figura planteaba y plantea. Por lo tanto, se consideran medios de prueba no solamente documentos en sentido estricto, ya sean éstos públicos o privados, sino también “los medios de reproducción y propios instrumentos que permitan reproducir, archivar o conocer palabras, datos y números u operaciones matemáticas”; es decir, cómo o mediante qué soporte se ponen de manifiesto palabras, datos o cifras. En Francia, en la Decisión del Consejo Constitucional Francés sobre la Ley por la que se favorece la Difusión y la Protección de la Creación en Internet, se considera como un derecho básico el derecho de acceso a internet, bien que deduciéndolo directamente del artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, entendiendo que «en el estado actual de los medios de comunicación y con respecto al desarrollo generalizado de los servicios de comunicación pública en línea» este acceso es importante para «la participación en la vida democrática y la expresión de ideas y opiniones». de sus datos a propósito de la concesión de un indulto. Sin embargo, email o sms certificado, no me dan esta prueba: para ellos un entregado es que el email o sms ha llegado al destinatario, vamos lo mismo que si el cartero me dice que está entregado porque lo ha metido por debajo de la puerta del destinatario o en su buzón.
La pena El delito de calumnia se castiga con multa de 4 a 10 meses. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 13 de mayo de 2014 declara expresamente en este sentido que el ejercicio de los derechos de cancelación y oposición realizado frente a los buscadores sólo afecta a los resultados obtenidos en las búsquedas hechas mediante el nombre de la persona y no implica que la página deba ser suprimida de los índices del buscador ni de la fuente original. Si no se aporta en ese momento es muy complicado aportarlo después. En Finlandia, el 1 de julio de 2010 entró en vigor una ley por la que se obligaba a todas las compañías de telecomunicaciones a proporcionar una conexión mínima de 1 Mb a todos los usuarios, pero curiosamente quedan fuera de esta garantía las segundas residencias (Casas de veraneo «kesäasuntoja»). La libertad de expresión sobre la que se presupone actúan quienes vierten injurias por Internet deja de ser de recibo cuando se vulnera el derecho al honor de un tercero. Puede que no siempre sea fácil obtener la protección o el resarcimiento deseables, pero siempre hay caminos para ello.
La Injuria puede ser calificada como falta, o como delito. Si finalmente la Sentencia es estimatoria el órgano jurisdiccional condenará a la Administración al cumplimiento de sus obligaciones en los concretos términos en que estén establecidas. Va a depender de quién lo diga y a quien. En todo caso, la APC «Association for Progressive Communications», que desde 1995 es organismo consultivo de la ONU, y que agrupa a más de cincuenta redes de miembros y socios en todo mundo, en el año 2006 elaboró una carta sobre Derechos en Internet cuyo primer apartado se refiere al «impacto del acceso sobre el desarrollo y la justicia social» indicando que «Un acceso asequible, rápido y fácil a internet puede ayudar a generar sociedades más igualitarias». Se refiere a las condiciones para la validez de las intervenciones telefónicas por medio de “whatsapp” y siguiendo la doctrina constitucional, considera que no se vulnera el secreto de las comunicaciones si el acceso a las aplicaciones del teléfono móvil, se hace previa autorización judicial mediante auto debidamente fundado y referido al encendido del teléfono y con el fin de comprobar y reseñar datos sobre las comunicaciones existentes vía SMS, MMS, Whatsapp, datos de contacto de la agenda, etc.
Las últimas tendencias en este sector apuntan a que: Las redes sociales ya no serán sólo un medio de distribuir información sobre nuestra marca. Asímismo debe conocer las obligaciones legales que se desprenden de tener dispositivos de almacenamiento como “cookies”, y respetar los procesos de contratación en la venta de sus bienes o servicios. Dentro de este ámbito hay que referirse también a cuestiones internas de la Administración o de las relaciones con otras Administraciones, por lo que es preciso acudir a alguna previsión contenida en la LRJSP. De hecho, dice el Tribunal Constitucional que el derecho al secreto de las comunicaciones alcanza al proceso mismo de la comunicación (para evitar el pinchazo de teléfonos u ordenadores), pero una vez finalizada la comunicación en sí, lo transmitido debe protegerse por otros medios, como el derecho a la intimidad o a la propia imagen. Por último, aportar un dictamen pericial, supone introducir en el proceso un medio de prueba De hecho, esta evolución la podemos observar en relación con el derecho de acceso a internet y la generalización del servicio universal. La experiencia de Abogados en estos supuestos hace que se trabaje escrupulosamente en presentar cada una de las pruebas referidas acreditando el mantenimiento de la cadena de custodia y haciendo constar la ausencia de manipulación y cumplimiento de los requisitos para impedir cualquier impugnación de las mismas.
Una vez recabada tal carga probatoria, bastará acreditar la condición subjetiva de la víctima por la que se encuentra legitimado para querellarse ante tal desagravio. Por todo ello, los recurrentes consideran que las medidas acordadas «tienen un sumo potencial para la trasgresión de los derechos fundamentales», por cuanto la facultad discrecional otorgada a las Procuradurías General de la República y locales, en concreto: «a) carece de limitación temporal; no es clara respecto de las personas que pueden o no se ser sujetas a la vigilancia y, no contempla la participación de la autoridad judicial en la autorización, supervisión y revocación de la misma». Por ello, la importancia de la regulación de la Administración electrónica introducida por la LPAC radica en el hecho de que supone una herramienta que, por primera vez, ha sentado las bases para que las Administraciones Públicas lleven a cabo su actuación mediante un procedimiento exclusivamente electrónico, que pretende ser más ágil, transparente y con menor carga burocrática.
De tal modo que «la falta de acceso a las conexiones de banda ancha constituye un aspecto del problema más general que suele denominarse «brecha digital», a saber, la distancia que separa a personas, empresas y territorios en cuanto a oportunidades de acceder a las TIC y utilizarlas». De tal modo, que el acto desplegará efectos, siendo posible que el interesado no haya tenido conocimiento alguno ni de la resolución ni de que se ha practicado la notificación, a salvo de que acceda sistemáticamente y cada menos de diez días a la sede a comprobar si tiene la notificación. Esta dificultad está reconocida en la LPAC implícitamente, al retrasar al 2 de octubre de 2018 la entrada en vigor de la mayoría de los instrumentos que hacen posible el funcionamiento de la Administración por vía electrónica, como hemos señalado. El problema que presenta el delito de injurias por Internet suele residir en la dificultad de entender quien es la persona física que se encuentra detrás de un nick o alias que publica la injuria en medio digital.
Y así «Principios básicos como la limitación en función del objetivo, la proporcionalidad, la legitimidad del tratamiento de datos, los límites del período de almacenamiento, la seguridad y la confidencialidad, así como el respeto a los derechos individuales, el control por unas autoridades de supervisión nacionales independientes y el acceso a recurso judicial efectivo deben quedar garantizados, y debe establecerse un sistema general de protección». un derecho al secreto, a ser desconocido, a que los demás no sepan qué somos o lo que hacemos, vedando que terceros, sean particulares o poderes públicos, decidan cuáles sean los lindes de nuestra vida privada, pudiendo cada persona reservarse un espacio resguardado de la curiosidad ajena, sea cual sea lo contenido en ese espacio». Dada la necesaria brevedad de este artículo no es posible profundizar en el estudio de todas estas cuestiones que, no obstante, no dejan de ser por ello también interesantes y que a buen seguro suscitarán dudas e incertidumbres, como muchas otras cuestiones, que en la práctica diaria habrá que ir solventando. Pero el derecho importante en ese caso era el derecho a ganarse la vida, no el derecho a un caballo. Prestación de servicios en la sociedad de la información, contratación de bienes y servicios informáticos.
Conforme al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, “vejación” es la “acción y efecto de vejar”, y “vejar ” es “maltratar, molestar, perseguir a alguien, perjudicarle o hacerle padecer”. El testimonio de la retractación del acusado se le entrega al ofendido por orden del Juez o Tribunal, y si éste lo solicita, podrá ordenarse que se publique dicho testimonio por el mismo medio que difundió la calumnia o la injuria. Tan sencillo como esto. Así, por sólo citar los datos que se refieren a las comunicaciones electrónicas, los operadores deben conservar los «Datos necesarios para rastrear e identificar el origen de una comunicación: ...Con respecto al acceso a Internet, correo electrónico por Internet y telefonía por Internet: i) La identificación de usuario asignada. (SAP de Málaga, 197/2014, de Málaga, 234/2014, de 9 de octubre; de 14 de abril; de Zamora, 11/2015, de 6 de febrero; entre otras) Para enjuiciar los tipo delictivo de injurias , se parte desde la base de la comunicación entre las personas.
La aplicación de la garantía podría ser más discutible en el presente caso, pues no se trata de comunicaciones, ni de archivos personales, sino de los denominados archivos temporales, que son copias que se guardan automáticamente en el disco duro de los lugares visitados a través de Internet. La CALUMNIA es la FALSA IMPUTACION de un DELITO que de lugar a ACCION PUBLICA. La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». La cuestión es otra. Por lo tanto, cuando se produzcan conflictos de este tipo será necesario llevar a cabo un juicio de ponderación entre las dos perspectivas existentes, la que enjuicia la conducta del sujeto en relación al honor y la que la valora en relación a la libertad de expresión (STC 15/1993,
En éste tipo de delitos se pondera el derecho al honor y a la intimidad (personal, familiar y profesional) de la persona “ofendida” y la libertad de expresión de la que hable o escribe sobre otra. He omitido ex profeso referirme a dichos casos ya que mi intención en este artículo ha sido resaltar cuando sí se aplica la teoría. Es decir, hay casos en los que no se aplicará. Pero lo único que probaría el acta notarial sería la existencia de unos correos en una bandeja de entrada o en una determinada carpeta electrónica y, a lo sumo, podría dejar constancia de la fecha en que –según se viera en el ordenador- podrían haber sido enviados o recibidos. No cabe duda de que las redes sociales han supuesto una auténtica revolución en la manera en que nos relacionamos, sin embargo, estos mismos canales de comunicación se han convertido también en un medio propicio para dejarse llevar y caer en el insulto, la amenaza y la calumnia. El problema es que estos datos no suelen estar encriptados y pueden ser consultados bien por estas webs o incluso por programas maliciosos (troyanos, virus, etc). En todo caso hay que aclarar que las exigencias de tiempo y lugar del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores no tienen por objeto preservar la intimidad del trabajador registrado; su función es otra: limitar una facultad empresarial excepcional y reducirla al ámbito de la empresa y del tiempo de trabajo.
Según la AEPD, el «derecho al olvido hace referencia al derecho que tiene un ciudadano a impedir la difusión de información personal a través de internet cuando su publicación no cumple los requisitos de adecuación y pertinencia previstos en la normativa». En un momento en que criticamos, cada vez más, la labor del legislador en los últimos tiempos, es importante poner en valor la gran calidad del texto de nuestra Carta Magna que llegó a ser verdaderamente profético. Por tanto, cualquier documento con firma electrónica resulta perfectamente admisible como prueba en los procedimientos judiciales, acreditando inicialmente la identidad del firmante e integridad del mensaje electrónico por él firmado, sin perjuicio de que otros medios de prueba puedan desvirtuar su validez. Sin embargo el problema no es tanto de quien no los usa como de quien no permite usarlos El viejo razonamiento de que las obligaciones derivan de los derechos, y que se corresponden exactamente con éstos, no por obvio y consolidado debe dejar de ser tenido en cuenta.
El principal problema en estos casos es hacer frente al anonimato. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el Notario no acredita la autenticidad, veracidad o autoría del documento o soporte exhibido o protocolizado. Reflexiones finales: Límites del Derecho procesal digital ¿Qué puedo decir como cierre de este artículo? Planteo las siguientes reflexiones: El derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en la Constitución y en los Tratados Internacionales (concretado especialmente en el derecho a un debido proceso con todas las garantías, incluido el derecho de defensa y el derecho a no confesarse culpable, y el derecho de prueba o de aportación de los medios de prueba que justifiquen mi inocencia o avalen mi pretensión) no es un formalismo jurídico vacío de contenido. Precisamente la elección del medio para relacionarse con la Administración es otra cuestión que, a mi juicio, no es suficientemente garantista. Si bien, en parte, esta regulación ya estaba recogida en la Ley 11/2007, se aprecia un importante cambio normativo en los principios inspiradores de ambas normas y una notable reducción de las garantías de los Administrados, toda vez que se han eliminado varias referencias que trataban de equilibrar la carga probatoria en las notificaciones electrónicas.
En similar sentido se pronuncian ante la impugnación de correos electrónicos las sentencias de la Audiencia Provincial de La Rioja, sec. -Los correos electrónicos aportados policialmente estuvieron fuera del control judicial y no hubo contradicción de las partes afectadas. II En que consiste el ánimo de injuriar en el delito de injurias Es necesario un "animus iuriandi" (ánimo de injuriar o difamar), que según el contexto podría ser desplazado por otras intenciones como el "animus iocandi" (bromear) o "animus criticandi" (hacer una crítica sin ánimo de ofender) ,"animus coriigendi (corregir) o"animus narrandi" (contar unos hechos o informar). Esto no quiere decir que no se haya tenido en cuenta las injurias o calumnias realizadas en las redes sociales, sino que éstas se encuadran dentro de las que se realicen de forma escrita, aunque sea en formato digital. Estos derecho, juegan en el ámbito jurídico como límites a los derechos de “libertad de expresión” y la “libertad de información”. En cuanto a las personas jurídicas (Sentencias del Tribunal Constitucional 183/1995 o 139/199 hay discrepancias doctrinales que señalan a favor y en contra de la titularidad del derecho al honor por parte de las mismas, al afirmarse que las personas jurídicas carecen de dignidad y por tanto de honor.
Por otra parte, existen elementos comunes de privacidad en los documentos del Consejo de Europa, de la Unión Europea (UE), de la OCDE y de la Organización Asia Pacífico (APEC) que deberían servir de guía. En el ámbito laboral, con menor rigor que en el penal, está garantizado a priori el secreto de las comunicaciones que consagra el artículo 18,3 de la Constitución, así como la interceptación de las mismas, lo que supone en sentido amplio la imposibilidad de apertura de correspondencia o correo electrónico y cualquier otro medio de mensajería. Por tanto, la clave está en descifrar qué se entiende por “identidad fidedigna” del destinatario. Tanto la denuncia por insultos (injuria) como la de calumnias, la persona que la realiza pretende que le sea restituido su honor (de hecho en el Código Penal son considerados como delitos contra el honor) por lo que viene a proteger el honor, la fama o la estima de otra persona. Por lo que «los Estados partes deberían tomar todas las medidas necesarias para fomentar la independencia de esos nuevos medios y asegurar el acceso a los mismos de los particulares». Concretamente, en relación con los datos publicados por el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.), la Agencia, en una significativa Resolución, la dictada el 28 de agosto de 2012 en el que se analiza una reclamación de un ciudadano contra la publicación en el B.O.E.
En otras palabras, el primer presupuesto de la aceptación de un mensaje de WhatsApp como prueba en un procedimiento, es que en su obtención no se hayan vulnerado ni el derecho a la intimidad ni el secreto de las comunicaciones. Y, dentro del conjunto definido de servicios, el artículo 28 recoge: «Establecer comunicaciones de datos a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet, con arreglo a las recomendaciones pertinentes de la serie V de la UIT-T, sin perjuicio de que se puedan utilizar otros interfaces, previa autorización del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en casos concretos y debidamente justificados. Por tanto, no le es exigible a la libertad de expresión “una prueba de la verdad o diligencia de averiguación”. Esto es de especial interés en los plazos señalados en días hábiles (los sábados no se cuentan) y si un plazo señalado en meses termina en sábado (vencerá el lunes siguiente). Fue una sentencia pionera, que refleja el alcance cada vez mayor de los delitos contra el honor en internet. La comisión de este tipo de hechos, han venido a proliferar.
Esto último fue lo que ocurrió en el caso recogido en la sentencia del Tribunal Constitucional, Sala 1ª, de 7 de octubre de 2013 donde el TC apreció la inexistencia de intromisión ilegítima debido a que en el convenio colectivo aplicable se consideraba como falta grave el uso del correo electrónico para fines diferentes a los laborales, por lo que el trabajador debía tener la expectativa razonable de que sus correos electrónicos podían ser fiscalizados legítimamente por la empresa en cualquier momento, como efectivamente ocurrió. Invocando la STC 173/2011, 7 de noviembre, se dice lo siguiente: “En aquella ocasión el Tribunal Constitucional ya advirtió del significado de los derechos que convergen en la utilización de un ordenador, como instrumento para la navegación por Internet y como medio para hacer realidad las comunicaciones telemáticas: "... Ni siquiera es preciso que los insultos se viertan con la publicidad que permiten las redes sociales: en un caso en que se emitieron en una conversación privada entre dos usuarios de Facebook respecto a terceras personas, la SAP Madrid 279/2010, de 21 de septiembre, entendió lesionado el honor de estas últimas.
Las redes sociales serán más un canal de asesoría que de ventas con una vocación más de atención al cliente y esto en el sector legal puede ser determinante porque requerirá una mayor especialización del community manager legal y la apertura a nuevos canales de comunicación. Para ello, y teniendo en cuenta los derechos involucrados, la Comisión proponía la intervención pública en el desarrollo de la banda ancha, sobre todo para garantizar la conexión prioritaria de «centros escolares, administraciones públicas y centros sanitarios». Experimentando ambas cambios radicales. Fue un asunto bastante interesante, no ya por la novedad, que también, sino por la solución final que encontramos para dar validez a los correos, y que la otra parte no nos lo pudiera impugnar por esa facilidad de manipulación de la que hablamos. Regulación sobre como relacionarse los ciudadanos con la administración Si ya la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos posibilitaba a éstos la tramitación de expedientes electrónicos, con la vigente Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, aporta entre sus novedades la regulación electrónica de la Administración y el uso obligatorio para algunos sujetos; pero que nadie se alarme, para la inmensa mayoría de las personas físicas es optativa la comunicación con las Administración Públicas mediante medios electrónicos.
Los internautas han incrementado el tiempo que pasan conectados a la red por medio de ordenadores y dispositivos móviles, y cada vez hacen un uso más sofisticado de esta herramienta. Y es que, en efecto, podemos coincidir con la Agencia en la necesidad de que, en la medida de lo posible, seamos nosotros mismos los que procuremos proteger nuestra privacidad. Pero el camino para la incorporación a los textos constitucionales de estos nuevos derechos nunca es fácil ni rápido. Ante esta situación, lo recomendable es que los obligados intenten hacer la presentación electrónicamente, y, sólo si no pueden, lo hagan en papel haciendo constar esta circunstancia y adjuntando cualquier elemento de prueba que pueda obtenerse (por ejemplo, cuando sea posible, un “pantallazo” donde se aprecie el rechazo o la imposibilidad de presentación), sobre todo por lo que más adelante se indica sobre la subsanación. Contra esos dos medios acudi a la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD, a virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 16, “Derecho de rectificación y cancelación”, el Instructor de la citada Agencia requirió a uno de los medios para que rectificase o cancelase los datos citados, con la advertencia expresa de la apertura de un expediente sancionador, ante lo cual optaron prudentemente por atender mi queja. Las antiguas normas se adaptan o se rehacen.
Será necesario estudiar si el ordenador desde el que se ha enviado es de uso privado o pueden acceder terceros, si estaba en casa o en la oficina o en un cibercafé, si tiene claves de acceso o no las tiene, si se ha enviado desde un ordenador o desde un dispositivo móvil… y cualquier otro elemento que pueda tener relevancia a la hora de considerar que una determinada persona ha sido, ciertamente, emisora o receptora de un determinado mensaje. V. Más garantías Compañías como Evicertia, Lleida.net o la European Agency of Digital Trust llevan varios años ofreciendo estos servicios. La ciudadanía digital poco a poco va entendiendo la importancia nuclear de ejercer un control real sobre su información. Para delimitar tal gravedad a la que hace referencia el Código, la jurisprudencia ha tenido en cuenta criterios tales como la cultura del autor, circunstancias sociotemporales y de lugar, relación con la víctima, sensibilidad de la misma, y en definitiva el contexto en el que éstas se producen. Dicha generalización se concreta en los siguientes tres aspectos: (i) La comunicación por vía electrónica entre los interesados y las Administraciones se configura como un derecho y, en algunos casos, como una obligación; (ii) se articula la utilización de medios electrónicos por las Administraciones en la tramitación de los procedimientos; y (iii) se establece un nuevo régimen de notificaciones electrónicas.
Las plataformas de certificación de comunicaciones electrónicas también ofrecen este tipo de servicos con los mensajes SMS, burofaxes electrónicos y la contratación de servicios a través de Internet. Esto es, cabe el control de abusividad de una cláusula relativa al precio y a la contraprestación si no es transparente. ¿De qué se compone un correo electrónico? Un correo electrónico tiene los siguientes elementos básicos: El destinatario. Su tecnología vehículo a vehículo (v2v) aprovecha comunicaciones m2m para compartir de manera anónima información hiper-local sobre condiciones de tráfico y de meteorología entre vehículos. LA TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO La tramitación simplificada del procedimiento administrativo es otra de las novedades más reseñables de la LPAC. La previsión de recursos y la habilitación del tiempo suficiente para posibilitar que la comunidad académica no quede al margen en este tránsito también describe una objetivo exigible a los gestores universitarios.
Realizar una aproximación al concepto de reputación y los modos concretos de su gestión. Internet y las redes sociales ofrecen enormes oportunidades, pero también grandes retos y amenazas: cualquier persona o medio puede atacar la imagen y el honor de un tercero. Dicho deber de diligencia del que habla el Tribunal Constitucional en su doctrina constitucional, exige un alto nivel de diligencia. Existen herramientas como eGarante que permiten capturar y conservar dichas informaciones para ser puesta a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat han estado particularmente interesados en este proceso de cambio y sintiéndose partícipes activos del mismo llevan organizando desde hace algunos años la Jornada de Docencia del Derecho y las tecnologías de la información y la comunicación, alcanzando en 2015 su sexta edición. Asimismo, los «Datos necesarios para identificar el destino de una comunicación:... “En el caso del uso por el trabajador de los medios informáticos facilitados por la empresa pueden producirse conflictos que afectan a la intimidad de los trabajadores, tanto en el correo electrónico, en el que la implicación se extiende también, como ya se ha dicho, al secreto de las comunicaciones, como en la denominada "navegación" por Internet y en el acceso a determinados archivos personales del ordenador.
Si la parte impugna los correos aportados como documento electrónico, la LEC (artículo326. remite a lo dispuesto en la LFE, pero esta última sólo contiene disposiciones sobre la impugnación de documentos firmados electronicamente y en lo que respecta a la firma, por lo que sobre el contenido quedarán a las pruebas perciales que puedan efectuarse sobre su integridad, pero al menos podrá disponerse de un medio de refuerzo de la prueba. La intervención del notario no afecta a la intimidad de los comunicantes, pues como dice el Tribunal Supremo, el contenido de esa acta queda protegido, desde un punto de vista subjetivo por el secreto profesional del notario, y desde un punto de vista objetivo por el secreto de protocolo. Hay que conocer que lo que se afirma es falso. La UE también se ha comprometido a proporcionar acceso universal a la banda ancha. El informe de la compañía Telefónica sobre los datos relativos a las conexiones IP respecto a la cuenta de correo electrónico atribuida a (prueba electrónica . En amarillo donde hay algún tipo de control. Calumnia gratuita. Salvo, como ya dijimos, en el caso de injurias contra funcionarios públicos. Sabemos que están ahí, posiblemente por no decir seguro, incluso le hemos dado al botón de “aceptar” pero no les dedicamos ni un segundo de nuestro tiempo. .
De ahí que entendamos que resulta preferible utilizar los dictámenes periciales como auxiliares en relación con el resto de evidencias probatorias aportadas al proceso, entre las que también adquieren relevancia las testificales que puedan trasladar también al juzgador la convicción de la realidad del mensaje o la comunicación. Esta sentencia casó y anuló la sentencia de la Audiencia Nacional siguiente: Resumen de la sentencia de la Audiencia Nacional (información extraída de la propia sentencia del Tribunal Supremo): La Audiencia Nacional (Sala de lo Penal, Sección Tercera) condenó a, funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, como autor penalmente responsable de un delito de cohecho.
Y es que la mejor medida para evitar cualquier tipo de proceso o problemas con los clientes, es contar con unas condiciones legales adaptadas a la legislación desde el inicio de la actividad. Queremos que este post sirva como introducción al Internet de las Cosas para abogados con un perfil tecnológico (o un interés en sistemas de información) y para que nuestros lectores más habituales conozcan en qué temas debe variar la legislación en vigor para adaptarse al IoT. Comenzando por que la propia norma, dentro del Título Preliminar dedica el Capítulo Cuarto al funcionamiento electrónico del sector público, dentro del cual regula cuestiones tan importantes para el tema como la sede electrónica, el portal de internet, el sistema de identificación de las Administraciones y, en particular, el sello electrónico, la actuación administrativa automatizada –que viene a ser el acto o actuación íntegramente electrónica sin intervención directa de empleado público-, los sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada, la firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones, el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, el aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica o el archivo electrónico de documentos.
Al ser más una prueba electrónica que documental, deberemos de tratarla con cuidado. Yo puedo presentar al juez un resguardo donde está la firma, nombre y apellidos y dni de la persona que ha recogido el burofax. Si es el interesado el que solicita la tramitación simplificada y el órgano administrativo aprecia que no concurre alguna de las razones que legitima su uso, puede desestimar la solicitud del interesado en el plazo de 5 días desde su presentación. Si la expresión proferida o la acción suponen deshonra , descrédito o menosprecio hacia su persona nos encontramos ante un delito de injurias que vienen a socavar la dignidad de la persona.
En este mismo sentido el Tribunal Supremo en sentencia de 25 de febrero de 2009, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, ha manifestado que la libertad de expresión que reconoce el artículo 20.1 de la Constitución Española no es sólo la manifestación de pensamientos e ideas, sino que comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar a aquel contra quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática. El objetivo de formación de este curso es realizar un análisis general e introductorio, desde una perspectiva jurídica, sobre las principales materias afectadas por el uso de internet y la posición que ocupan los ciudadanos, empresas, prestadores y demás sujetos, con especial referencia a las redes sociales. Aunque se mantienen muchas de las reglas ya contenidas en la LAECSP, lo cierto es que también hay novedades, principalmente, que se parte de que la regla general ha de ser, como en toda la ley, los registros electrónicos. Llegados a este punto, es natural preguntarse si la consideración de los sábados como días inhábiles es aplicable a todos los procedimientos o únicamente a los iniciados con posterioridad al 3 de octubre del año pasado por el juego de la primera de las reglas contenida en la Disposición Transitoria Tercera de la LPAC, en cuya virtud a los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior.
"La única y cambiante naturaleza de Internet no sólo permite a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión, sino que también forma parte de sus derechos humanos y promueve el progreso de la sociedad en su conjunto", indicó el Relator Especial de la ONU, los gobiernos "deben esforzarse" para hacer Internet "ampliamente disponible, accesible y costeable para todos". Y, quizás, lo más significativo es que estos movimientos están impactando directamente, y de un modo irreversible, en el rol paradigmático que han venido jugando el docente y el alumnado. Asimismo, que, en ambientes corporativos, cientos de usuarios podías estar conectados a una única dirección IP de salida, que una dirección IP por si sola no puede asociarse a un individuo ni lo identifica, sino que sólo identifica a un equipo informático conectado a una red (de hecho, una variedad de equipos como impresoras, fax, scanners pueden poseer direcciones IP) o que, en fin, las direcciones IP pueden ser falsificadas o disfrazadas.
Por lo que se perfila con suficiencia un listado de condiciones para valorar la calumnia como figura delictiva, que se concretan en: Imputación de un delito a una persona, como expresión con suficiente potencia ofensiva para lesionar la dignidad de la persona, menoscabar su fama o atentar contra su estimación. De la misma forma que se ha explicado antes, en el caso de que alguien esté imputado por calumnia, si demuestra que lo que ha dicho es verdad, quedará exento y con una Sentencia a su favor. Se trata en definitiva de lo que todos conocemos como insultos, expresiones vejatorias que tienen como finalidad ridiculizar, humillar y menospreciar a otra persona. Así como, también será positivo la reparación del daño o el retractarse de forma pública y eficaz de las palabras equivocadas que dijimos.
El responsable del tratamiento procederá a la supresión sin demora, salvo en la medida en que la conservación de los datos personales sea necesaria: para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80; por motivos de interés público en el ámbito de la salud pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81; con fines de investigación histórica, estadística y científica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83; para el cumplimiento de una obligación legal de conservar los datos personales impuesta por el Derecho de la Unión o por la legislación de un Estado miembro a la que esté sujeto el responsable del tratamiento; las legislaciones de los Estados miembros deberán perseguir un objetivo de interés público, respetar la esencia del derecho a la protección de datos personales y ser proporcionales a la finalidad legítima perseguida; en los casos contemplados en el apartado 2º.- Requerir a la red social o plataforma on-line para que retiren ese contenido.
Ello obliga a reflexionar profundamente sobre hasta qué punto el Derecho que ordena nuestras sociedades va a ser eficaz en el mundo de las Redes Sociales ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para reformar la ley orgánica de protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Si en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado, los interesados pueden deducir recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración. Sin embargo, en otros preceptos de esta norma, sin estar dedicados exclusivamente a ello, se encuentran previsiones relacionadas con la Administración electrónica, valga de ejemplo, la regulación de los órganos colegiados, no exenta, por otra parte, de cierta polémica, o la referente al Esquema Nacional de Seguridad, tan importante en la materia y que, no obstante, la LRJSP olvida precisar quién y cómo lo aprueba. Por ello, merece la pena detenernos un momento para reflexionar brevemente sobre las reglas procesales de la prueba judicial.
Postura que aquí no se comparte, no sólo porque suponga dar la espalda a la realidad y provocar que a partir del 2 de octubre del presente año la mayoría de procedimientos fueran nulos, sino porque además de esa cuestión práctica no se entiende en qué vicio de nulidad de pleno derecho se incurre, pues no parece encajar en los enumerados en el antiguo artículo 62 de la Ley 30/1992 y artículo 47 de la LPA.
El contenido. Reglas procesales sobre la actividad probatoria Las reglas procesales que versan sobre la actividad probatoria incluyen fundamentalmente aquellas que establecen el inicio y el final de la fase probatoria en el proceso judicial, el modo y la forma cómo deben practicarse las pruebas y la iniciativa de la actividad probatoria (proposición y aportación de la prueba). La primera vez que presentamos el mail como prueba, nadie usaba la firma electrónica. Navegador con opción de “navegación privada”: Esta cracterística muy útil implementada por algunos navegadores como (firefox, chrome), nos permite navegar sin registrar cookies, cache o el historial de navegación. Si lo ejerzo frente a un buscador, ¿la información desaparecerá de internet? No. Uno de ellos ha sido el “Caso Noos” que cuestiona los emails como prueba y los impugna en base a considerarlos “simples fotocopias de correos electrónicos”.
martes, 10 de julio de 2012
Las interpretaciones discutibles
Es por un caso que llevó hace tiempo y que se le ha quedado grabado. Se trata de un derecho constitucional cuyos destinatarios son quienes carecen de recursos económicos y pretenden hacer valer sus derechos e intereses ante los tribunales de justicia (Const art.24, 25 y 119; LOPJ art.20.2). El asunto AKZO, la Comisión Europea llevó a cabo una inspección en febrero del 2003 con el objetivo de recabar pruebas relacionadas con supuestas prácticas contrarias al Derecho de la Competencia. En dicha visita cara a cara, la presentación de la firma, con su brochure y/o dossier corporativo de servicios debe rezumar calidad, se mire por donde se mire, y la redacción de contenidos, orientados totalmente al cliente, debe ser impecable.
Gracias a lo anterior, puede ocurrir que los dueños de las empresas tengan como uno de sus planes principales buscar la asesoría legal para empresas de un abogado experimentado para concretar un acuerdo de confidencialidad y evitar inconvenientes con información que quieren mantener en secreto. Por ejemplo, el banco me vende un producto, preferentes o subordinadas a mí, y me dice que es igual que un depósito o fondo con una fecha de vencimiento, y oculta la verdadera información del producto, como por ejemplo que es una deuda perpetua [como es el caso de las preferentes del banco malo] y como obtengo unos jugosos beneficios, decido vender y disfruto de mis beneficios. Su rol es múltiple porque cultiva, investiga, difunde y aplica los conocimientos de la ciencia del derecho para alcanzar la justicia defendiendo los derechos de las personas si estos se ven afectados por terceros y/o orientándolos en sus derechos; es decir, cumple una verdadera actividad judicial, teniendo en cuenta que hace estudios de la realidad social, interpreta las leyes, y las aplica con un solo objetivo de hacer justicia.
En este dilema (si podemos estimar lo futurible como cierto o no, es decir, si es un daño material –objetivo- o moral -subjetivo-) se debate la jurisprudencia, aunque hay algunas cuestiones que se tienen como ciertas. no pudo seguir pagando las cuotas de su colegio profesional. le asiste durante la declaración que presta ante la Benemérita y en la que niega los hechos. Previsibilidad: Es muy importante que dichas cuantías, tanto la provisión por honorarios como por gastos, sean acordes con las previsiones realizadas al comienzo de la relación o a través de pactos posteriores, y siempre al amparo de la necesaria previsibilidad que debe presidir la relación entre cliente-abogado. Por la preparación del recurso de casación por quebrantamiento de forma ? 450€. Cuando utilizar un convenio de confidencialidad o un convenio de no divulgación Los convenios de confidencialidad y no divulgación pueden ser utilizados en muchas situaciones de negocios. Otro de los procesados que defiende esta jornada ha sido condenado a una multa, pero, debido al escaso sueldo que obtiene en su trabajo en el campo de Lorca, necesitará que ésta se pueda pagar en varios plazos.
Quedando excluidas las acciones que no nazcan del engaño. Son la llave que abre los tribunales a los más necesitados. Más abajo, el primer dato: el nombre del cliente. Pese a su rapidez, esta vez le tocará esperar. Violación de reserva industrial o comercial. El Abogado que se presente ante una jurisdicción de un Estado miembro o que actúe en un procedimiento ante dicha jurisdicción, deberá observar las normas deontológicas aplicables a las actuaciones ante la misma. ¿Qué debo hacer? Derechos del Empleado Cuando Termina un Trabajo ¿Quién está Protegido de la Discriminación en el Empleo? ¿Soy elegible para recibir beneficios por desempleo? Beneficios a los Empleados Establecidos por la Ley Soplando el Silbato Beneficios del Desempleo Como Negociar un Paquete Exitoso en Caso de Separación ¿Separado del Trabajo? Cosas que Hay que Cuidar Inmediatamente Cómo tratar las quejas de los empleados Contratando Trabajadores Extranjeros ¿Cuánta privacidad debe darme mi empleador en el trabajo? Uso del ordenador en el trabajo: Sus derechos como empleado.
ANTECEDENTES DE HECHO Primero. La información debe hacer referencia a todos los extremos exigidos por la norma, de forma detallada y siempre en relación con el caso concreto que justifica la petición de la información. No. Para ello indicaron y la existencia de determinadas dificultades económicas de la primera -que pasaban, fundamentalmente, por la existencia de una serie de trabas sobre bienes inmuebles de y de su esposo, Jose Francisco, y de la existencia de determinados procedimientos en los que se iban a ejecutar con más o menos rapidez tal patrimonio -y la imperiosa necesidad de una ayuda- que fue solicitada por - de tipo económico para poder hacerles frente.
Es por ello que la jornada sobre Turno de Oficio en Málaga contará con la participación con uno de los abogados que estuvieron inmersos en el proceso, Endika Zulueta, quien intervendrá para comentar el sumario espacial de este macrojuicio y el trabajo que los abogados de oficio desempeñaron en este proceso. CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LOS ABOGADOS DE LA UNIÓN EUROPEA (Aprobado en sesión plenaria en Estrasburgo el 28 de octubre de 1988, por el Consejo de Abogados de la Comunidad) Preámbulo Principios Generales Relaciones con los Clientes Relaciones con los Magistrados Relaciones entre Abogados En la práctica, la diferencia no será demasiada, según estas mismas fuentes. Instruidas las partes del recurso interpuesto, el Procurador.
Así sucede, por ejemplo, en cuestiones como el secreto profesional, un ámbito en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha venido mostrando una postura polémica. LA HOJA DE ENCARGO COMO GARANTÍA PARA EL ABOGADO Y PARA EL CLIENTE.- Cuando un ciudadano formula una queja contra un Abogado, a éste le resulta fácil acreditar quien era su abogado, pues consta en los Autos, o en el expediente administrativo. En 2012, los datos apuntaban que el 39% de los abogados del turno de oficio tenía más de 45 años y sólo el 35% era menor de 35 años. Los dos detenidos son originarios de Costa de Márfil y precisan un traductor de bambara. Porque nos corresponde, pero sin olvidar que a las Administraciones públicas les compete garantizar que ese servicio se desarrolle con la calidad, los medios, las contraprestaciones y las condiciones que marca la Constitución para hacer efectivo, real y pleno la el acceso a la justicia". «Quiero solucionarlo yo sola» «A finales del pasado año un chico me ofreció comprarle 20 o 30 diamantes, pero eran como 200.000 euros y no podía», relata preocupada. Fideliza a tus clientes. Intereses del cliente. Éste se limitó a encomendar al acusado el ejercicio de las reclamaciones pertinentes activando las acciones que el derecho otorgaba exclusivamente al titular del crédito.
El ejercicio de responder a preguntas tan sencillas como estas que os pongo a continuación, puede ser complicado al referirnos a nuestra empresa: ¿A que nos dedicamos? ¿Porqué nos dedicamos a esto? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué objetivos perseguimos para el próximo año? ¿En qué nos diferenciamos de la competencia? ¿Cuáles son los valores de nuestra firma? El primer paso antes de decidir que hay que aumentar la cartera de clientes, es realizar un ejercicio de posicionamiento de nuestra empresa para saber hacia donde nos dirigimos, una vez tengamos clara la meta, podremos empezar a trazar el camino para alcanzarla. Habrá juicio. Además se puede producir un fraude procesal en el cual no halla ánimo de lucro y sí un perjuicio a un tercero, por ejemplo, yo tengo un contador de luz el cual no da vueltas, o, lo manipulo hacia atrás y alguien llama a la compañía para delatarme y me sancionan (muy frecuente), hay un perjuicio para la compañía, pero yo no me lucro directamente pues no gano dinero simplemente hay un no-desembolso (un ahorro).
Aunque el cliente sea un empresario creso, un rudo trabajador, un quejoso funcionario o un ciudadano rebelde, todo cliente necesita en su fuero interno que su abogado crea en él, que valore lo que el valora, y que humanice los vericuetos procesales para explicárselos. Solamente, después de la subasta o dación en pago, se obtendría una cantidad de dinero efectiva o un cobro de la deuda por vía alternativa al pago. El motivo no puede prosperar. Resoluciones que prefieren tirar por elevación, aún a sabiendas de que bastantes de los delitos invocados caerán a lo largo de la instrucción por falta de acreditación unos y otros porque no pueden dar lugar a un concurso de delitos, sino de normas. Con mayor razón deben excluirse del ámbito del secreto profesional aquellos antecedentes que dicen relación con hechos o situaciones ilícitas en que el abogado tiene una participación activa como autor, cómplice o encubridor, pues en estos casos regirán las normas generales relativas a los inculpados.
Dos noches al mes, desde hace 10 años, Eugenio se despierta con mensajes como éste. Otro de los procesados que defiende esta jornada ha sido condenado a una multa, pero, debido al escaso sueldo que obtiene en su trabajo en el campo de Lorca, necesitará que ésta se pueda pagar en varios plazos. Malo será que erremos y defendamos como moral lo que no es; pero si nos hemos equivocado de buena fe, podemos estar tranquilos. La sentencia del caso Akzo, dictada por el tribunal europeo en septiembre de 2010, establece que para los abogados de empresa no existe secreto profesional, algo que, en la práctica, se traduce en que deben declarar sobre los hechos que conozcan y pierden protección en caso de inspecciones llevadas a cabo por la Comisión Europea, simplemente bajo el argumento de estar sujetos a una relación laboral que impediría su independencia. Una de las acciones, en mi opinión, más efectivas para gestionar el talento del despacho, pasa por fortalecer la marca y la capacidad de influencia del misma.
Lo que se denominaría Estafa Procesal impropia. El abogado tipo “House” no es un modelo a imitar. El texto es una herramienta práctica y útil elaborada por y para los letrados que integran los diferentes turnos y servicios de orientación jurídica, en la que pueden encontrarse soluciones a los problemas jurídicos que éstos pueden encontrar durante la prestación del servicio, así como interpretación de las normas que regulan esta materia. Si los socios son los que se llevan la mayor parte de los ingresos de un despacho de abogados, suprimamos a los socios y contémoslo a los clientes de manera que les damos la oportunidad de contratar directamente a los que hacen el trabajo y pagarle, también, directamente, a éstos sin tener que darle “su parte”, que no es pequeña, a los socios. Los despachos son lugares jurídicamente sensibles porque en ellos se custodia un material dotado, por lo menos en teoría, de una intensa protección constitucional. Una copia de las seis últimas nóminas de los miembros de la unidad familiar.
Pero si aunamos todas las formulaciones del mismo en un solo tipo de injusto, el mismo vendría a estar construido con la siguiente redacción: El abogado no podrá divulgar, facilitar al cliente, ni aportar en interés de éste ante los Tribunales, las cartas, notas o cualquier tipo de comunicación realizada en cualquier soporte documental que hubiera recibido del abogado de la otra parte, salvo expresa autorización del mismo o de la Junta de Gobierno del Colegio, mediando en este caso causa grave. Una práctica internacional Estados Unidos, Inglaterra y México son los países en que más se reconoce el desarrollo de la iniciativa de aplicar encuestas de satisfacción a sus clientes. En última instancia, si no estuviera conforme con el abogado o el procurador asignados puede renunciar y elegir a alguien de su confianza, para lo cual sólo tiene que comunicarlo al Colegio de Abogados y a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. En el motivo segundo al amparo del artículo 849-1 L.E.Cr., considera inaplicada la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21-6 C.P. queda mejor.) NÚMERO de referencia Cliente: nombre y apellidos Móvil y mail.
El tipo ideal de abogado independiente está siendo sustituido por la «firma», en la que socios, asociados, colaboradores externos, trabajadores subordinados, trabajadores en prácticas, etc., forman un conjunto organizativo que se ofrece a una clientela abierta, pero en buena parte «fija». A las puertas del juzgado, un joven respira aliviado. No debe de tener ningún miedo pues el trato que recibirá en ambas dependencias será exquisito por parte de los funcionarios. Tampoco explica por qué el abogado externo puede enfrentarse de forma más eficaz a esos conflictos, en especial en los casos no infrecuentes en los que existe una dependencia económica del bufete externo con su principal cliente. explica que desde el año 2009 se envía anualmente una encuesta a todos sus clientes. Cada abogado o despacho deberá evaluar los datos que maneja para determinar el nivel de seguridad que ha de implantar. Nuestro defendido tiene derecho, y así se lo hará ver el Juez cuando le realice la lectura de derechos, a no declarar, a responder sólo a algunas de las preguntas que se le formulen, a responder sólo a la defensa, a no declarar contra sí mismo, etc.
Podemos estar en un bar y encontrarnos inmersos en una pelea por cualquier motivo. Por acto propio, según la Jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencia 41/2002, de 22 de enero) debe entenderse aquel o aquellos que forman parte de la actividad profesional amparado por el título y que por eso mismo exigen una lex artis o específica capacitación. El motivo tercero ha quedado desprovisto de contenido ya que la alegación de la existencia de la vulneración del principio non bis in idem por haber sido condenado por apropiación indebida y estafa, ya no existe. Por la preparación del recurso de casación por ambos motivos ? 590€. Por ahora, sólo ha estudiado crear una enseña para asuntos de menor calado, aunque su director general de organización,, matiza que «no es cierto que se vaya a crear una segunda marca low cost. Pero independientemente de ello la incapacidad de probar lo que se pretende proviene del propio alcance de la manifestación, que simplemente otorga ese carácter a la acuasda, lo que no lleva consigo necesariamente que realice actos propios de la profesión de abogado que son los que constituyen la esencia del delito de intrusismo que se le imputa.
Ámbito de aplicación ratione materiae. Puede consultar la lista de países miembros del Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (Child Abduction, sección XXVIII) en el siguiente enlace Para consultar la página web del Ministerio de Justicia, pinche en este enlace Si el país al que se ha trasladado al menor no es parte en el Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, se ruega ponerlo en conocimiento de este Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios. “Vamos a tener éxito trabajando más horas con cada vez menos gente” no es la pieza más sofisticada del pensamiento empresarial que he oído nunca. Al ser descubierto aquel efectuó dos convenios transaccionales para el pago de lo debido en los que asumía solidariamente la deuda reclamada en el procedimiento ejecutivo, deuda que satisfizo.
Por jurisdicciones Dentro del turno de oficio, por jurisdicciones, la penal es la que tradicionalmente ha contado con una mayor inversión, empleando entre el 55% y el 65% de los recursos, seguida de civil, que acapara entre el 20% y el 30% del gasto. De hecho, los usuarios del turno de oficio califican con un 6,5 este servicio y dos de cada tres no encuentran problemas o deficiencias de importancia en su funcionamiento. Una vez analizada la situación, si se acepta prestar el servicio, el Colegio de Abogados designa un abogado de oficio provisional y se pone en contacto con el Colegio de Procuradores para que asigne un procurador si fuera necesario. La Sala 2ª del Tribunal Supremo, en su sentencia de fecha 10 de noviembre de 1990 definió la profesión de Abogado de la manera siguiente: “Abogado, es aquella persona que, en posesión del título de Licenciado en Derecho, previa pasantía, o sin ella, previo curso en Escuela de Práctica Jurídica, o sin él, se incorpora a un Colegio de Abogados y, en despacho propio o compartido, efectúa, los actos propios de esa profesión, tales como consultas, consejos y asesoramiento, arbitrajes de equidad o de Derecho, conciliaciones, acuerdos y transacciones, elaboración de dictámenes, redacción de contratos y otros actos jurídicos en documentos privados, práctica de particiones de bienes, ejercicio de acciones de toda índole ante las diferentes ramas jurisdiccionales, y, en general, defensa de intereses ajenos, judicial o extrajudicialmente…”.
Los internos estarán autorizados para comunicar periódicamente, de forma oral y escrita, en su propia lengua, con sus familiares, amigos y representantes acreditados de Organismos e instituciones de cooperación penitenciaria, salvo en los casos de incomunicación judicial. De todas maneras, al respecto se recuerda que hay muchos casos en los que se acaba por comprobar que el defendido “no tiene derecho a justicia gratuita” por tener patrimonio o ingresos suficientes como para sufragar los gastos de una representación ordinaria. Pero, como hemos dicho, los capitalistas en un despacho de abogados no duran mucho. Respetar a los órganos de Gobierno y a los miembros que los componen, debiendo atender con la máxima diligencia las comunicaciones y citaciones emanadas de tales órganos o de sus miembros, en el ejercicio de sus funciones. Un despacho de abogados líder es un despacho innovador. Ese dato es igualmente imprescindible para iniciar tu gestión de Marketing profesional. «Durante semanas hice de detective y fui a todos los sitios relacionados con el crimen.
Un abogado interno puede y debe advertir a la empresa de la ilegalidad de unas prácticas comerciales que debe criticar, sin que por ello incumpla sus deberes laborales ni pueda ser objeto de medidas y represalias por parte de su empresa. El Abogado tiene la obligación de poner en conocimiento del cliente, incluso por escrito, cuando éste lo solicite del mismo modo: Su opinión sobre las posibilidades de sus pretensiones y resultado previsible del asunto. ante cualquier agresión, maltrato físico, amenaza o coacción, solicite el Habeas Corpus. encuentra que mi negocio ha violado una ley que ejecuta dicha dependencia? ¿Puedo utilizar mi ordenador en el trabajo para uso personal? ¿Puede mi empleador monitorear mi uso de Internet en el trabajo? ¿Tengo que informar a mi empleador acerca de los medicamentos que mi médico me receta? ¿Puede mi empleador utilizar cámaras de video-vigilancia para verme en el trabajo? ¿Puede mi empleador disciplinarme por mis actividades que hayan tenido lugar fuera del horario de trabajo?
¿Mi empleador tiene que conservar la información en forma confidencial cuando así se lo indique? ¿Puede mi empleador disciplinarme por mis comentarios publicados en Facebook, MySpace, o en mi sitio en la red? Siguiendo la secuencia de artículos que hemos publicado sobre las consecuencias de la nueva regulación en materia de legal compliance, y a raíz del profundo debate suscitado en unas jornadas organizada por la Asociación Española de Directivos en Málaga a principios de este mes, en este post vamos a intentar desgranar la diferenciación de trato que sufre un abogado de empresa (in house) frente a un externo en el ámbito del secreto profesional.
En este último caso, podrán acogerse a este derecho cuando el objeto del litigio tenga por objeto la reclamación o indemnización por los daños morales y personales sufrido, la asistencia médica y hospitalaria y los gastos de adecuación de la vivienda como consecuencia de las lesiones. Real Decreto 996/2003 modificado por Real Decreto 1455/2005. Si se trata de una vista oral, nada de verborrea ni chorros argumentales difíciles de seguir; y si se facilita minuta escrita de la exposición vertida oralmente, pues mucho mejor (si la acepta el juez, beneficia, y si la rechaza, nada perjudica). En varias autonomías saben bien lo que ha sido o es el maltrato institucional. La falta de claridad no ampara la pretensión de que en el relato probatorio se recoja lo que interese a la parte. Además, su abogado podrá consultar las diligencias en el juzgado, si éstas no han sido declaradas secretas. En consecuencia, es necesario reconsiderar la imposición de la pena partiendo de los límites que marcan las acusaciones en sus respectivos escritos y de la variación que supone la ruptura del concurso medial que había llevado a imponer dos penas de dos años, es decir, cuatro años en total por cada delito, partiendo del imperativo legal del artículo 77 del Código Penal que ordena acogerse a la formula mas favorable para el reo.
Pero también puede entenderse como de naturaleza pública dado que el “el secreto profesional puede ceder, aún en contra de la voluntad del titular de los bienes jurídicos que ampara, cuando hay otros bienes jurídicos en juego que, desde el punto de vista público, social, se consideran más dignos de protección”. marketing de contenidos abogados Se puede dejar para másnte Hace unos años es posible que la mayoría de los despachos hayan pospuesto la implementación del Marketing en su funcionamiento, pero cada vez son más los que se dan cuenta de que la renovación ha llegado en forma de un poderosísimo Tsunami, y que o tenemos una buena tabla de surf, o nos va a llevar por delante. Cualquier opinión relativa a la validez, alcance de la protección o infracción de una patente europea o de una solicitud de patente europea. Además, te pagas los desplazamientos y todo eso”. Pero a través de las líneas telefónicas, ordinariamente, también circulan datos relacionados con las esferas privadas de las personas, e incluso, relativas a los reductos más íntimos de su privacidad.
La próxima vez harás lo mismo y el caos, vive ya cerca de tus “montones”. Pero eso no será hoy. Abro cada cajón y compruebo uno a uno, la situación en que esta cada expediente, haciéndome una lista de tareas de lo que hay que hacer con cada expediente que tenga alguna actuación pendiente. El Tribunal Europeo ha advertido que los registros a despachos de abogados deben practicarse con “garantías especiales" Pero en los despachos se custodia también, y sobre todo, documentación plenamente amparada por la confidencialidad abogado-cliente y sobre la que tanto los Tribunales como los terceros carecen de cualquier derecho de acceso. En Málaga también llevan varios meses con el sistema de arbitraje para solucionar las preferentes. El juez no tiene ni idea. El Abogado no podrá pagar a nadie unos honorarios, una comisión ni ninguna otra compensación como contrapartida por el hecho de que le hayan presentado a un cliente. En la práctica esta exigencia informativa ofrezca ninguna complicación para el abogado.
Si, en los casos en los que corresponda, la sentencia aprueba a favor del beneficiario de la justicia gratuita alguna cantidad en concepto de “litis expensas“, esto es, para cubrir los gastos del juicio, el letrado y el procurador que hayan intervenido, pueden solicitar el pago de sus honorarios con el límite de la cantidad reconocida en esta Sentencia. ¿Puedo circular con mi carnet de conducir español en cualquier país del mundo? No. Noveno . Porque nos corresponde, pero sin olvidar que a las Administraciones públicas les compete garantizar que ese servicio se desarrolle con la calidad, los medios, las contraprestaciones y las condiciones que marca la Constitución para hacer efectivo, real y pleno la el acceso a la justicia". Artículo 21.- Cobertura de la responsabilidad civil El Abogado deberá tener cubierta, con medios propios o con el recomendable aseguramiento, su responsabilidad profesional, en cuantía adecuada a los riesgos que implique. El secreto profesional está, pues, reconocido como derecho y deber fundamental y primordial del Abogado.
También hay que contar con los de los procuradores, y los administrativos correspondientes. Yo voy a desvanecer aquí tres de ellos: No es cierto que el orden solo se aprenda de pequeño y hasta los siete años. El Tribunal de Justicia y el anterior Tribunal de Primera Instancia (hoy Tribunal General) en relación con la obligación de postulación han sentando una doctrina que refleja un concepto del abogado como colaborador de la justicia que «en interés de la justicia y con plena independencia» presta asistencia legal a sus clientes, entendiendo que la independencia del Abogado y su puesta al servicio de la administración de justicia estaría comprometida si se aceptara que pudiera ser representado ante los tribunales comunitarios por una persona no miembro de un colegio profesional, pertenencia que supone su sometimiento a la disciplina profesional y al respeto de los intereses generales, lo que implicaría también no estar vinculada a la parte con una relación de empleo . Negocios criminalizados.
Únicamente se incluyen en el intrusismo el ejercicio sin título o con título no convalidable. Tanto las normas corporativas como las normas laborales deben ofrecer las garantías suficientes para asegurar la independencia del profesional asalariado, protegiéndole de cualquier represalia de su empresario por el ejercicio con independencia y libertad de su función. Los Colegios de Abogados se solidarizan con los abogados internos (tanto el de Málaga como el de Barcelona han emitido sendos documentos que lo respaldan). Todas aquellas situaciones que aparentemente pudieran afectar a su independencia, como relaciones familiares, de amistad, económicas o financieras con la parte contraria o sus representantes. El concejo tiene la facultad de hacerla pública o hacer exhortaciones privadas y revocar temporal o permanentemente la licencia de la persona para ejercer el derecho en esa jurisdicción. Tú abres la carpeta, pones el nombre del cliente: y en el Asunto: Pederastia.
El autor de la rúbrica simulada era un abogado colegiado en Málaga que ha resultado absuelto en el Juzgado de lo Penal número 4 de un delito de falsedad documental por el que la Fiscalía le pedía una pena de 18 meses de cárcel y una multa. Sólo el 14% de los consultados –300 entrevistas telefónicas, realizadas entre el 7 y el 9 de agosto– tiene mucha o bastante confianza en los abogados, en tanto que el 54% manifestó poca y el 31%, ninguna. No hablamos de regalar trabajo, más bien podríamos decir que es una primera consulta informativa que no es presencial, pero que sí será muy valiosa para ganarte su confianza. Un abogado inexperto con la cuota al día puede hacer más daño (sin querer) que uno experimentado que no pague la cuota. En los cuatro años más afectados por la crisis, la cantidad económica destinada a este fin cayó en más de 40 millones de euros.
El motivo ha de claudicar. de multa, con arresto sustitutorio de sesenta días en caso de impago, a las accesorias de suspensión todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena y al pago de las costas procesales, incluidas las derivadas de la acusación particular. Frente a la alegada independencia El RDLOPD dedicaba un artículo, el 18, a la acreditación del cumplimiento del deber de información, exigiendo que se llevara a cabo por un medio que permitiera acreditar su cumplimiento y que, además, debía conservarse el soporte mientras persistiera el tratamiento de datos del afectado, permitiéndose la conservación no en el soporte original, sino informática o telemática, con especial mención del escaneado. fue expulsado del Colegio de Abogados de Málaga el 26 de noviembre de 2002, adquiriendo firmeza la expulsión el 24 de febrero de 2003, no pudiendo por ello actuar en el ámbito territorial de ningún Colegio de Abogados del Estado español. El Tribunal finalmente aceptó su testimonio, dando al abogado/testigo unas advertencias inseguras y poco claras sobre el ámbito de su declaración. Pero al día de hoy, nuestro marco jurídico debiera conducirnos precisamente a lo contrario.
El doble vínculo.- Pero, además y en segundo lugar, a la vista también de las notas definitorias de la confidencialidad como presupuesto de la infracción estudiada, es claro que quedan excluidas de los documentos objeto de protección aquellas comunicaciones escritas recibidas del abogado contrario que no mantengan el que vengo llamado doble vínculo exigido a lo revelado para constituirse en confidencia sujeta a secreto: De un lado con el confidente y, de otro, con la función modal de la defensa. Consumación del delito de intrusismo El delito de intrusismo, se consuma aunque los intereses particulares no sufran merma alguna, por ejemplo, aunque el cliente resulte beneficiado por los servicios de un intruso que, pese a serlo, es experto; también aunque la profesión se ejerza con la venia del colegio correspondiente, esto es, aunque los intereses colegiales no se vean afectados y, por otra parte, la obtención de un título no garantiza ni la aptitud ni la capacidad, como demuestra el creciente número de procesos contra profesionales de la sanidad por homicidio o lesiones imprudentes.
Certificado de otras Administraciones en caso de recibir alguna ayuda. Para la abogada, el beneficiario de los 78.100 euros que pagó la víctima fue el abogado ya fallecido, que murió durante la instrucción del procedimiento. ¿Qué tipo de información puedo proteger? La lista es amplia; en términos generales, puedes someter a confidencialidad cualquier tema que represente una ventaja competitiva o información “sensible”, por ejemplo: Modelos o planes de negocio (no tanto la idea, sino el desarrollo de la idea). En todos estos asuntos el Tribunal de Estrasburgo no ha hecho referencia a condición alguna en el tipo de relación jurídica cliente/abogado. Examinando el acta del jucio no aparece el planteamiento de tal excepción al principio del juicio, lo que determinaría el rechazo del vicio formal achacado (silencio resolutivo). Está prohibido autorizado el pacto de cuota litis o aquél acuerdo entre Abogado y su cliente por el que éste se compromete a abonar un porcentaje sobre el resultado del asunto, con independencia de que éste consista en una suma de dinero o en el reconocimiento de cualquier otro derecho o beneficio.
En ese caso estaremos obligados a conceder la venia y entregar toda la documentación propiedad del cliente sin más opción que confiar en que el nuevo compañero lleve a cabo las gestiones necesarias conducentes a que nuestros honorarios sean abonados a la mayor brevedad posible. No obstante, los trabajadores debidamente cualificados de sectores como la hostelería, los medios de comunicación, la enseñanza o, incluso, la medicina –dónde es especialmente grave la presencia de, por ejemplo, supuestos cirujanos plásticos que realizan intervenciones sin garantía ni formación alguna- luchan para que los falsos profesionales sean descubiertos y debidamente penalizados. Precio de abogado precio de juicio rapido precio de juicio de faltas precio de asistencia en comisaría El hecho de que un Letrado no acepte someterse al arbitraje de su propio Colegio ya, de por sí, dice bastante poco en favor de su actitud y deontología profesional y, llegado el caso, podría resultarle favorable al cliente, como un indicio a valorar por parte del Juez, ante una posible reclamación judicial por parte del Letrado.
Esta fue su respuesta a la queja oficial que había presentado el bufete ante el Gobierno tras tener conocimiento de ello. V. Como la mayoría de los letrados, reparte su tiempo entre el turno de oficio, que redondea el sueldo a muchos, y el despacho privado. Si bien en la LOPD apenas encontramos algún artículo sobre el tema (principalmente el artículo 9), el Reglamento dedica todo un Título, el VIII (artículos 79 a 114), a regular las medidas de seguridad en el tratamiento de los datos. Divididos por especializaciones, estos letrados atendieron el pasado año a 13.206 detenidos y prestaron asistencia a unas 2.000 mujeres que decidieron denunciar malos tratos. Desde una perspectiva profesional, no cabe duda que el uso de los recursos que nos proporcionan las TIC supone un factor esencial para el cambio, desarrollo y crecimiento de los despachos, constituyendo verdaderas herramientas de mejora de la eficacia, eficiencia y productividad, con las ventajas que todo ello conlleva. Por infracción de ley al amparo del De astronautas y tenistas compara la figura profesional de un socio a la de un astronauta.
Los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del tratamiento. Otras veces, (las menos) el abogado renuncia en el mismo contrato al cobro de los honorarios judiciales, por lo general cuando pacta honorarios suficientes con su cliente, ya que éste prefiere tener certeza de lo que paga. Al final lo dejaron en libertad porque logré demostrar que no había ninguna prueba». Elegancia y respeto hacia el juez y los abogados contrarios. “Lamentablemente son muy pocos despachos a nivel latinoamericano que realizan encuestas de satisfacción, aunque poco a poco se ven más.
Es decir, cualquier comunicación entre director general y abogado interno pasa porque lleve el membrete de un despacho de abogados para que quede protegida. De esta forma, la exposición ante riesgos de seguridad es mínima. Por tanto, antes de dicha fecha bastaría ofrece el contenido informativo previsto en el LOPD. También se indicó que el abogado debe prestar servicio en un solo Colegio de Abogados, concretamente en el que esté inscrito como ejerciente y con despacho abierto para fomentar la proximidad entre el abogado y el beneficiario del servicio. El bien jurídico protegido Como viene sosteniéndose en estas páginas el bien jurídico protegido por el secreto profesional no es ni el cliente, ni su interés, ni cualquiera de los terceros ajenos a la relación abogado-cliente a los que se extiende el deber, sino la función de la defensa como instrumento e institución absolutamente imprescindible para el ejercicio del derecho fundamental a la defensa y a la tutela judicial efectiva por parte de los ciudadanos y para que sea posible, en general, la Administración de Justicia toda que, solo de forma indirecta, resulta ser así también parte del bien jurídico objeto de protección pues, protegiendo a aquella se protege a ésta. Por otro lado, el tratamiento de datos por el abogado sí se realiza por medios automatizados, pero no exclusivamente, el tratamiento manual sigue y seguirá vigente por mucho tiempo.
Y más importante que facturar es cobrar, por lo que, si el abogado se ve compelido a demandar a un cliente a fin de intentar cobrar sus honorarios, entiendo yo que, aún superados todos los demás plazos, se podrá conservar la documentación hasta que se cobren efectivamente los honorarios, y eso vía judicial puede ser pero que muy largo. La otra importante razón por la que entiende el tribunal se ha vulnerado el derecho del abogado es la vaguedad de la ley en la que se amparó la fiscalía para solicitar la información. Cuando éste es el caso, se pierde menos tiempo en las negociaciones internas y posturas, las estrategias son implementadas, y los resultados del trabajo en equipo llegan.
Concretamente, en el ámbito de las actividades de la delincuencia organizada en grupos permanentes y estables de carácter armado". La mayoría de los abogados sostienen esa promesa. El conocimiento de este procedimiento le ayudará a tomar las decisiones adecuadas en un momento excepcional de su vida que será el de una detención que, pocas veces más, volverá a producirse. Esta tramitación no se ha adecuado a lo establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, así como tampoco a las previsiones contempladas en el Reglamento de procedimiento disciplinario, vigente desde el 1 de junio de 2009, aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 27 de febrero de 2009. expresados al margen, bajo la Ponencia del Excmo. La lucha contra el delito preocupa y apremia, pero el Estado no puede buscar atajos al precio de quebrantar sus propios principios.
El Procurador le remitió sendas cartas que acompañaban a los talones dirigidas al acusado como Abogado y compañero, y el Procurador tiene declarado que siempre tuvo la convicción de que Por tanto y como dice el AAP de Málaga de 4 de diciembre de 2014, una cosa es el ejercicio indebido de una profesión, que será siempre sancionable desde el punto de vista disciplinario y/o deontológico, y otra cosa es la represión penal, que únicamente procederá cuando se den los requisitos exigidos por el tipo previsto en el 403 del Código Penal. Tengo doble nacionalidad ¿a qué Embajada debo acudir? Si tiene la nacionalidad española, puede acudir a la Embajada de España en caso de que requiera de sus servicios, independientemente de que, además de la española, ostente otra nacionalidad. Teniendo en cuenta, además, que una de las más destacables novedades sería la implantación de la figura del Data Privacy Officer, o Delegado de Protección de Datos, sin que por el momento se hayan fijado, en forma definitiva, los casos en que tal Delegado será necesario.
Afirma que, aunque el reconocimiento específico del papel del abogado de empresa y la protección de las comunicaciones con éste se encuentra más extendido hoy que en 1982, no cabe identificar al respecto «tendencias uniformes —o claramente mayoritarias— en los derechos de los Estados miembros» y además rechaza que el Reglamento 1/2001 haya modificado sustancialmente las facultad de verificaciones de la Comisión en la lucha contra las infracciones de la libertad de competencia aunque se haya podido incrementar «la necesidad de que las empresas examinen su comportamiento y definan sus estrategias jurídicas en relación con el Derecho de la competencia contando con la asistencia de un abogado con amplios conocimientos de la empresa y del mercado de que se trate» . II Edición del Observatorio La jornada sobre el Turno de Oficio en la ciudad de Málaga servirá también para acoger la presentación de la segunda edición del II Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita CGAE-LA LEY.
Además ha protegido de intrusiones el secreto profesional del abogado a través del derecho a la vida privada, a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones del artículo 8 del Convenio . Tenía órdenes de búsqueda e ingreso en prisión emitidas por la Audiencia Provincial de Málaga y un Juzgado también de la capital de España. De esta forma desaparecería la cumplimentación de impresos y una vez la Administración compruebe si el justiciable tiene o no derecho, lo confirmará en un caso o procederá a su cobro directamente al justiciable en el otro, quedando los profesionales al margen de la gestión de cobro y encontrando garantizado el cobro de sus honorarios.
Sin embargo, como ya expuse en mi anterior entrada en este blog sobre la legitimación del abogado para el tratamiento de datos personales de sus clientes, el artículo 9.2.f) del RGPD, interpretado conforme el considerando 52, legitima al abogado para el tratamiento de toda categoría de datos sensibles (categorías especiales en el RGPD) sin necesidad de consentimiento cuando el tratamiento es necesario la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, ya sea por un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo o extrajudicial. Esto es contrario a los estándares de una conducta apropiada”. Sin embargo, algunos dueños de negocios y empresarios dudan debido a que les preocupa lo que hará un tercero con la información.
La idea era que el cliente obtuviera la misma calidad en el servicio prestado que las firmas tradicionales, pero a la mitad del coste. ¿Qué es un acuerdo de confidencialidad?Un acuerdo de confidencialidad es un documento en el cual un abogado asesor compromete al propietario de la empresa con un tercero para que toda la información que manejen entre ellos sea secreta y con la plena confianza de que no será divulgada o difundida. Dicha infracción viene tipificada en el artículo 84 del EGAE, que castiga el intrusismo profesional y su encubrimiento como infracciones muy graves, llevando aparejada la sanción de suspensión en el ejercicio de la Abogacía por plazo superior a a tres meses sin exceder de dos años.
A ese esbozo habrá quien objete que una empresa que está en problemas necesita mucho apoyo legal para la elaboración de EREs, despidos, reclamaciones de cantidad… aunque otros dirán que eso es -pan para hoy y hambre para mañana-. Habilidad para defender los intereses del cliente. Sujeto o comunidad de intereses al que conviene prestar atención porque va a ser decisivo también para otras obligaciones deontológicas, como aquellas que prohíben la defensa de intereses contrapuestos con los que se defienden o se defendieron Expresa que, sólo hay un procedimiento; con respecto al Secreto Profesional: no contárselo a nadie, ni a los compañeros de despacho, salvo lo que sean también del mismo asunto y tengan, por eso, el mismo deber, ni siquiera a la esposa, absolutamente a nadie. Entre las razones que justificarían su escaso uso plantea: conservadurismo propio de la profesión, desconocimiento de los beneficios y, en muchos casos, porque existe cierto temor a estar molestando al cliente con encuestas.
Sin embargo, el estatuto jurídico del abogado asalariado y la protección del secreto ha recibido tratamientos diversos en los países europeos, de acuerdo también a las muy diversas tradiciones nacionales sobre la abogacía . Con ese papel regresó a la DGT. El falso abogado falsificaba documentos para engañar a sus clientes y hacerles creer que estaba llevandonte procesos judiciales. Esto, en los hasta ahora procedimientos por falta era muy frecuente. Para determinar si una injerencia es “necesaria en una sociedad democrática” se debe tener en cuenta el margen de apreciación del Estado [ver también Sentencia Campbell contra Reino Unido de 25 de marzo de 1992].” El TEDH viene a decir que la aplicación de medidas coercitivas en el marco de inspecciones tendentes a asegurar el cumplimiento de fines de interés público debe acompañarse siempre de las garantías adecuadas y efectivas que aseguren el mínimo menoscabo al respeto de su correspondencia. Como otras muchas.
Con todo ello queremos decir que nos hallamos ante una prueba de carácter personal, aunque se halle recogida en un documento notarial y por tanto inhábil para utilizarla en casación en un motivo por error facti. Como, mi amable cuñado y abogado en el Reino Unido, dice: “A mí me pagan por tener una mente desagradable y sospechosa.” Los abogados llevan esta impronta en sus relaciones con sus propios socios. Y, consultora de márketing, insistió en la importancia de la comunicación con otras áreas de la empresa para mostrar cómo desde el departamento legal se puede proporcionar un marco legal seguro, que evite malas prácticas y riesgos innecesarios que puedan tener impacto económico o reputacionales. No todo es la minuta y despachar escritos hacia ese remolino que son los Tribunales. Sin perjuicio de la corrección disciplinaria del Letrado que incumpla las reglas anteriores, la sustitución de un Abogado por otro en un acto procesal, sin previa comunicación al relevado, se considerará falta muy grave, por afectar a la eficacia de la defensa y a la dignidad de la profesión.
Raíces: el derecho a dicha confidencialidad se basa en el derecho que el propio abogado tiene a proteger su intimidad y no declarar contra sí mismo. Es conducta reprobable la impugnación de honorarios realizada de forma maliciosa o fraudulenta así como cualquier otro comentario en el mismo sentido respecto a los honorarios o condiciones económicas de otro compañero. Por su parte, el Gobierno, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, anualmente, fija el salario mínimo interprofesional (SMI), teniendo en cuenta (RDLeg 2/2015 art.27): el índice de precios al consumo; la productividad media nacional alcanzada; el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional; la coyuntura económica general. se ha aducido "error de hecho en la apreciación de la prueba".
QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS al mismo como autor de un elito de estafa procesal a la pena de de tres años y seis meses de prisión. atribuyéndose la cualidad de abogado que incluso ponía en sus tarjetas de visita y lo que así manifestó dos veces en una notaría para extender acta de comparecencia según minuta que él mismo entregó es claro que la profesión de abogado es de aquellas para cuyo ejercicio la ley exige título académico, en su más estricto sentido relativo a la exigencia de unos estudios universitarios de carácter superior que terminan con la expedición de la correspondiente titulación habilitadora para tal profesión. He escrito sobre estos temas extensamente antes y no repetiré los argumentos ni los consejos aquí. Se ha sostenido que la independencia exigible para poder garantizar al abogado el secreto de sus comunicaciones con su empleador/cliente debía interpretarse no en un sentido jurídico formal sino, sobre todo, en un sentido sustancial o material, en la medida en que el abogado interno como colegiado esté sometido a las mismas obligaciones profesionales y deontológicas de cualquier abogado, ya que puede ejercer como profesional libre y en su actividad profesional asalariada puede gozar de la misma independencia de criterio que un abogado externo.
Gracias a lo anterior, puede ocurrir que los dueños de las empresas tengan como uno de sus planes principales buscar la asesoría legal para empresas de un abogado experimentado para concretar un acuerdo de confidencialidad y evitar inconvenientes con información que quieren mantener en secreto. Por ejemplo, el banco me vende un producto, preferentes o subordinadas a mí, y me dice que es igual que un depósito o fondo con una fecha de vencimiento, y oculta la verdadera información del producto, como por ejemplo que es una deuda perpetua [como es el caso de las preferentes del banco malo] y como obtengo unos jugosos beneficios, decido vender y disfruto de mis beneficios. Su rol es múltiple porque cultiva, investiga, difunde y aplica los conocimientos de la ciencia del derecho para alcanzar la justicia defendiendo los derechos de las personas si estos se ven afectados por terceros y/o orientándolos en sus derechos; es decir, cumple una verdadera actividad judicial, teniendo en cuenta que hace estudios de la realidad social, interpreta las leyes, y las aplica con un solo objetivo de hacer justicia.
En este dilema (si podemos estimar lo futurible como cierto o no, es decir, si es un daño material –objetivo- o moral -subjetivo-) se debate la jurisprudencia, aunque hay algunas cuestiones que se tienen como ciertas. no pudo seguir pagando las cuotas de su colegio profesional. le asiste durante la declaración que presta ante la Benemérita y en la que niega los hechos. Previsibilidad: Es muy importante que dichas cuantías, tanto la provisión por honorarios como por gastos, sean acordes con las previsiones realizadas al comienzo de la relación o a través de pactos posteriores, y siempre al amparo de la necesaria previsibilidad que debe presidir la relación entre cliente-abogado. Por la preparación del recurso de casación por quebrantamiento de forma ? 450€. Cuando utilizar un convenio de confidencialidad o un convenio de no divulgación Los convenios de confidencialidad y no divulgación pueden ser utilizados en muchas situaciones de negocios. Otro de los procesados que defiende esta jornada ha sido condenado a una multa, pero, debido al escaso sueldo que obtiene en su trabajo en el campo de Lorca, necesitará que ésta se pueda pagar en varios plazos.
Quedando excluidas las acciones que no nazcan del engaño. Son la llave que abre los tribunales a los más necesitados. Más abajo, el primer dato: el nombre del cliente. Pese a su rapidez, esta vez le tocará esperar. Violación de reserva industrial o comercial. El Abogado que se presente ante una jurisdicción de un Estado miembro o que actúe en un procedimiento ante dicha jurisdicción, deberá observar las normas deontológicas aplicables a las actuaciones ante la misma. ¿Qué debo hacer? Derechos del Empleado Cuando Termina un Trabajo ¿Quién está Protegido de la Discriminación en el Empleo? ¿Soy elegible para recibir beneficios por desempleo? Beneficios a los Empleados Establecidos por la Ley Soplando el Silbato Beneficios del Desempleo Como Negociar un Paquete Exitoso en Caso de Separación ¿Separado del Trabajo? Cosas que Hay que Cuidar Inmediatamente Cómo tratar las quejas de los empleados Contratando Trabajadores Extranjeros ¿Cuánta privacidad debe darme mi empleador en el trabajo? Uso del ordenador en el trabajo: Sus derechos como empleado.
ANTECEDENTES DE HECHO Primero. La información debe hacer referencia a todos los extremos exigidos por la norma, de forma detallada y siempre en relación con el caso concreto que justifica la petición de la información. No. Para ello indicaron y la existencia de determinadas dificultades económicas de la primera -que pasaban, fundamentalmente, por la existencia de una serie de trabas sobre bienes inmuebles de y de su esposo, Jose Francisco, y de la existencia de determinados procedimientos en los que se iban a ejecutar con más o menos rapidez tal patrimonio -y la imperiosa necesidad de una ayuda- que fue solicitada por - de tipo económico para poder hacerles frente.
Es por ello que la jornada sobre Turno de Oficio en Málaga contará con la participación con uno de los abogados que estuvieron inmersos en el proceso, Endika Zulueta, quien intervendrá para comentar el sumario espacial de este macrojuicio y el trabajo que los abogados de oficio desempeñaron en este proceso. CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LOS ABOGADOS DE LA UNIÓN EUROPEA (Aprobado en sesión plenaria en Estrasburgo el 28 de octubre de 1988, por el Consejo de Abogados de la Comunidad) Preámbulo Principios Generales Relaciones con los Clientes Relaciones con los Magistrados Relaciones entre Abogados En la práctica, la diferencia no será demasiada, según estas mismas fuentes. Instruidas las partes del recurso interpuesto, el Procurador.
Así sucede, por ejemplo, en cuestiones como el secreto profesional, un ámbito en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha venido mostrando una postura polémica. LA HOJA DE ENCARGO COMO GARANTÍA PARA EL ABOGADO Y PARA EL CLIENTE.- Cuando un ciudadano formula una queja contra un Abogado, a éste le resulta fácil acreditar quien era su abogado, pues consta en los Autos, o en el expediente administrativo. En 2012, los datos apuntaban que el 39% de los abogados del turno de oficio tenía más de 45 años y sólo el 35% era menor de 35 años. Los dos detenidos son originarios de Costa de Márfil y precisan un traductor de bambara. Porque nos corresponde, pero sin olvidar que a las Administraciones públicas les compete garantizar que ese servicio se desarrolle con la calidad, los medios, las contraprestaciones y las condiciones que marca la Constitución para hacer efectivo, real y pleno la el acceso a la justicia". «Quiero solucionarlo yo sola» «A finales del pasado año un chico me ofreció comprarle 20 o 30 diamantes, pero eran como 200.000 euros y no podía», relata preocupada. Fideliza a tus clientes. Intereses del cliente. Éste se limitó a encomendar al acusado el ejercicio de las reclamaciones pertinentes activando las acciones que el derecho otorgaba exclusivamente al titular del crédito.
El ejercicio de responder a preguntas tan sencillas como estas que os pongo a continuación, puede ser complicado al referirnos a nuestra empresa: ¿A que nos dedicamos? ¿Porqué nos dedicamos a esto? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué objetivos perseguimos para el próximo año? ¿En qué nos diferenciamos de la competencia? ¿Cuáles son los valores de nuestra firma? El primer paso antes de decidir que hay que aumentar la cartera de clientes, es realizar un ejercicio de posicionamiento de nuestra empresa para saber hacia donde nos dirigimos, una vez tengamos clara la meta, podremos empezar a trazar el camino para alcanzarla. Habrá juicio. Además se puede producir un fraude procesal en el cual no halla ánimo de lucro y sí un perjuicio a un tercero, por ejemplo, yo tengo un contador de luz el cual no da vueltas, o, lo manipulo hacia atrás y alguien llama a la compañía para delatarme y me sancionan (muy frecuente), hay un perjuicio para la compañía, pero yo no me lucro directamente pues no gano dinero simplemente hay un no-desembolso (un ahorro).
Aunque el cliente sea un empresario creso, un rudo trabajador, un quejoso funcionario o un ciudadano rebelde, todo cliente necesita en su fuero interno que su abogado crea en él, que valore lo que el valora, y que humanice los vericuetos procesales para explicárselos. Solamente, después de la subasta o dación en pago, se obtendría una cantidad de dinero efectiva o un cobro de la deuda por vía alternativa al pago. El motivo no puede prosperar. Resoluciones que prefieren tirar por elevación, aún a sabiendas de que bastantes de los delitos invocados caerán a lo largo de la instrucción por falta de acreditación unos y otros porque no pueden dar lugar a un concurso de delitos, sino de normas. Con mayor razón deben excluirse del ámbito del secreto profesional aquellos antecedentes que dicen relación con hechos o situaciones ilícitas en que el abogado tiene una participación activa como autor, cómplice o encubridor, pues en estos casos regirán las normas generales relativas a los inculpados.
Dos noches al mes, desde hace 10 años, Eugenio se despierta con mensajes como éste. Otro de los procesados que defiende esta jornada ha sido condenado a una multa, pero, debido al escaso sueldo que obtiene en su trabajo en el campo de Lorca, necesitará que ésta se pueda pagar en varios plazos. Malo será que erremos y defendamos como moral lo que no es; pero si nos hemos equivocado de buena fe, podemos estar tranquilos. La sentencia del caso Akzo, dictada por el tribunal europeo en septiembre de 2010, establece que para los abogados de empresa no existe secreto profesional, algo que, en la práctica, se traduce en que deben declarar sobre los hechos que conozcan y pierden protección en caso de inspecciones llevadas a cabo por la Comisión Europea, simplemente bajo el argumento de estar sujetos a una relación laboral que impediría su independencia. Una de las acciones, en mi opinión, más efectivas para gestionar el talento del despacho, pasa por fortalecer la marca y la capacidad de influencia del misma.
Lo que se denominaría Estafa Procesal impropia. El abogado tipo “House” no es un modelo a imitar. El texto es una herramienta práctica y útil elaborada por y para los letrados que integran los diferentes turnos y servicios de orientación jurídica, en la que pueden encontrarse soluciones a los problemas jurídicos que éstos pueden encontrar durante la prestación del servicio, así como interpretación de las normas que regulan esta materia. Si los socios son los que se llevan la mayor parte de los ingresos de un despacho de abogados, suprimamos a los socios y contémoslo a los clientes de manera que les damos la oportunidad de contratar directamente a los que hacen el trabajo y pagarle, también, directamente, a éstos sin tener que darle “su parte”, que no es pequeña, a los socios. Los despachos son lugares jurídicamente sensibles porque en ellos se custodia un material dotado, por lo menos en teoría, de una intensa protección constitucional. Una copia de las seis últimas nóminas de los miembros de la unidad familiar.
Pero si aunamos todas las formulaciones del mismo en un solo tipo de injusto, el mismo vendría a estar construido con la siguiente redacción: El abogado no podrá divulgar, facilitar al cliente, ni aportar en interés de éste ante los Tribunales, las cartas, notas o cualquier tipo de comunicación realizada en cualquier soporte documental que hubiera recibido del abogado de la otra parte, salvo expresa autorización del mismo o de la Junta de Gobierno del Colegio, mediando en este caso causa grave. Una práctica internacional Estados Unidos, Inglaterra y México son los países en que más se reconoce el desarrollo de la iniciativa de aplicar encuestas de satisfacción a sus clientes. En última instancia, si no estuviera conforme con el abogado o el procurador asignados puede renunciar y elegir a alguien de su confianza, para lo cual sólo tiene que comunicarlo al Colegio de Abogados y a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. En el motivo segundo al amparo del artículo 849-1 L.E.Cr., considera inaplicada la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21-6 C.P. queda mejor.) NÚMERO de referencia Cliente: nombre y apellidos Móvil y mail.
El tipo ideal de abogado independiente está siendo sustituido por la «firma», en la que socios, asociados, colaboradores externos, trabajadores subordinados, trabajadores en prácticas, etc., forman un conjunto organizativo que se ofrece a una clientela abierta, pero en buena parte «fija». A las puertas del juzgado, un joven respira aliviado. No debe de tener ningún miedo pues el trato que recibirá en ambas dependencias será exquisito por parte de los funcionarios. Tampoco explica por qué el abogado externo puede enfrentarse de forma más eficaz a esos conflictos, en especial en los casos no infrecuentes en los que existe una dependencia económica del bufete externo con su principal cliente. explica que desde el año 2009 se envía anualmente una encuesta a todos sus clientes. Cada abogado o despacho deberá evaluar los datos que maneja para determinar el nivel de seguridad que ha de implantar. Nuestro defendido tiene derecho, y así se lo hará ver el Juez cuando le realice la lectura de derechos, a no declarar, a responder sólo a algunas de las preguntas que se le formulen, a responder sólo a la defensa, a no declarar contra sí mismo, etc.
Podemos estar en un bar y encontrarnos inmersos en una pelea por cualquier motivo. Por acto propio, según la Jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencia 41/2002, de 22 de enero) debe entenderse aquel o aquellos que forman parte de la actividad profesional amparado por el título y que por eso mismo exigen una lex artis o específica capacitación. El motivo tercero ha quedado desprovisto de contenido ya que la alegación de la existencia de la vulneración del principio non bis in idem por haber sido condenado por apropiación indebida y estafa, ya no existe. Por la preparación del recurso de casación por ambos motivos ? 590€. Por ahora, sólo ha estudiado crear una enseña para asuntos de menor calado, aunque su director general de organización,, matiza que «no es cierto que se vaya a crear una segunda marca low cost. Pero independientemente de ello la incapacidad de probar lo que se pretende proviene del propio alcance de la manifestación, que simplemente otorga ese carácter a la acuasda, lo que no lleva consigo necesariamente que realice actos propios de la profesión de abogado que son los que constituyen la esencia del delito de intrusismo que se le imputa.
Ámbito de aplicación ratione materiae. Puede consultar la lista de países miembros del Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (Child Abduction, sección XXVIII) en el siguiente enlace Para consultar la página web del Ministerio de Justicia, pinche en este enlace Si el país al que se ha trasladado al menor no es parte en el Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, se ruega ponerlo en conocimiento de este Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios. “Vamos a tener éxito trabajando más horas con cada vez menos gente” no es la pieza más sofisticada del pensamiento empresarial que he oído nunca. Al ser descubierto aquel efectuó dos convenios transaccionales para el pago de lo debido en los que asumía solidariamente la deuda reclamada en el procedimiento ejecutivo, deuda que satisfizo.
Por jurisdicciones Dentro del turno de oficio, por jurisdicciones, la penal es la que tradicionalmente ha contado con una mayor inversión, empleando entre el 55% y el 65% de los recursos, seguida de civil, que acapara entre el 20% y el 30% del gasto. De hecho, los usuarios del turno de oficio califican con un 6,5 este servicio y dos de cada tres no encuentran problemas o deficiencias de importancia en su funcionamiento. Una vez analizada la situación, si se acepta prestar el servicio, el Colegio de Abogados designa un abogado de oficio provisional y se pone en contacto con el Colegio de Procuradores para que asigne un procurador si fuera necesario. La Sala 2ª del Tribunal Supremo, en su sentencia de fecha 10 de noviembre de 1990 definió la profesión de Abogado de la manera siguiente: “Abogado, es aquella persona que, en posesión del título de Licenciado en Derecho, previa pasantía, o sin ella, previo curso en Escuela de Práctica Jurídica, o sin él, se incorpora a un Colegio de Abogados y, en despacho propio o compartido, efectúa, los actos propios de esa profesión, tales como consultas, consejos y asesoramiento, arbitrajes de equidad o de Derecho, conciliaciones, acuerdos y transacciones, elaboración de dictámenes, redacción de contratos y otros actos jurídicos en documentos privados, práctica de particiones de bienes, ejercicio de acciones de toda índole ante las diferentes ramas jurisdiccionales, y, en general, defensa de intereses ajenos, judicial o extrajudicialmente…”.
Los internos estarán autorizados para comunicar periódicamente, de forma oral y escrita, en su propia lengua, con sus familiares, amigos y representantes acreditados de Organismos e instituciones de cooperación penitenciaria, salvo en los casos de incomunicación judicial. De todas maneras, al respecto se recuerda que hay muchos casos en los que se acaba por comprobar que el defendido “no tiene derecho a justicia gratuita” por tener patrimonio o ingresos suficientes como para sufragar los gastos de una representación ordinaria. Pero, como hemos dicho, los capitalistas en un despacho de abogados no duran mucho. Respetar a los órganos de Gobierno y a los miembros que los componen, debiendo atender con la máxima diligencia las comunicaciones y citaciones emanadas de tales órganos o de sus miembros, en el ejercicio de sus funciones. Un despacho de abogados líder es un despacho innovador. Ese dato es igualmente imprescindible para iniciar tu gestión de Marketing profesional. «Durante semanas hice de detective y fui a todos los sitios relacionados con el crimen.
Un abogado interno puede y debe advertir a la empresa de la ilegalidad de unas prácticas comerciales que debe criticar, sin que por ello incumpla sus deberes laborales ni pueda ser objeto de medidas y represalias por parte de su empresa. El Abogado tiene la obligación de poner en conocimiento del cliente, incluso por escrito, cuando éste lo solicite del mismo modo: Su opinión sobre las posibilidades de sus pretensiones y resultado previsible del asunto. ante cualquier agresión, maltrato físico, amenaza o coacción, solicite el Habeas Corpus. encuentra que mi negocio ha violado una ley que ejecuta dicha dependencia? ¿Puedo utilizar mi ordenador en el trabajo para uso personal? ¿Puede mi empleador monitorear mi uso de Internet en el trabajo? ¿Tengo que informar a mi empleador acerca de los medicamentos que mi médico me receta? ¿Puede mi empleador utilizar cámaras de video-vigilancia para verme en el trabajo? ¿Puede mi empleador disciplinarme por mis actividades que hayan tenido lugar fuera del horario de trabajo?
¿Mi empleador tiene que conservar la información en forma confidencial cuando así se lo indique? ¿Puede mi empleador disciplinarme por mis comentarios publicados en Facebook, MySpace, o en mi sitio en la red? Siguiendo la secuencia de artículos que hemos publicado sobre las consecuencias de la nueva regulación en materia de legal compliance, y a raíz del profundo debate suscitado en unas jornadas organizada por la Asociación Española de Directivos en Málaga a principios de este mes, en este post vamos a intentar desgranar la diferenciación de trato que sufre un abogado de empresa (in house) frente a un externo en el ámbito del secreto profesional.
En este último caso, podrán acogerse a este derecho cuando el objeto del litigio tenga por objeto la reclamación o indemnización por los daños morales y personales sufrido, la asistencia médica y hospitalaria y los gastos de adecuación de la vivienda como consecuencia de las lesiones. Real Decreto 996/2003 modificado por Real Decreto 1455/2005. Si se trata de una vista oral, nada de verborrea ni chorros argumentales difíciles de seguir; y si se facilita minuta escrita de la exposición vertida oralmente, pues mucho mejor (si la acepta el juez, beneficia, y si la rechaza, nada perjudica). En varias autonomías saben bien lo que ha sido o es el maltrato institucional. La falta de claridad no ampara la pretensión de que en el relato probatorio se recoja lo que interese a la parte. Además, su abogado podrá consultar las diligencias en el juzgado, si éstas no han sido declaradas secretas. En consecuencia, es necesario reconsiderar la imposición de la pena partiendo de los límites que marcan las acusaciones en sus respectivos escritos y de la variación que supone la ruptura del concurso medial que había llevado a imponer dos penas de dos años, es decir, cuatro años en total por cada delito, partiendo del imperativo legal del artículo 77 del Código Penal que ordena acogerse a la formula mas favorable para el reo.
Pero también puede entenderse como de naturaleza pública dado que el “el secreto profesional puede ceder, aún en contra de la voluntad del titular de los bienes jurídicos que ampara, cuando hay otros bienes jurídicos en juego que, desde el punto de vista público, social, se consideran más dignos de protección”. marketing de contenidos abogados Se puede dejar para másnte Hace unos años es posible que la mayoría de los despachos hayan pospuesto la implementación del Marketing en su funcionamiento, pero cada vez son más los que se dan cuenta de que la renovación ha llegado en forma de un poderosísimo Tsunami, y que o tenemos una buena tabla de surf, o nos va a llevar por delante. Cualquier opinión relativa a la validez, alcance de la protección o infracción de una patente europea o de una solicitud de patente europea. Además, te pagas los desplazamientos y todo eso”. Pero a través de las líneas telefónicas, ordinariamente, también circulan datos relacionados con las esferas privadas de las personas, e incluso, relativas a los reductos más íntimos de su privacidad.
La próxima vez harás lo mismo y el caos, vive ya cerca de tus “montones”. Pero eso no será hoy. Abro cada cajón y compruebo uno a uno, la situación en que esta cada expediente, haciéndome una lista de tareas de lo que hay que hacer con cada expediente que tenga alguna actuación pendiente. El Tribunal Europeo ha advertido que los registros a despachos de abogados deben practicarse con “garantías especiales" Pero en los despachos se custodia también, y sobre todo, documentación plenamente amparada por la confidencialidad abogado-cliente y sobre la que tanto los Tribunales como los terceros carecen de cualquier derecho de acceso. En Málaga también llevan varios meses con el sistema de arbitraje para solucionar las preferentes. El juez no tiene ni idea. El Abogado no podrá pagar a nadie unos honorarios, una comisión ni ninguna otra compensación como contrapartida por el hecho de que le hayan presentado a un cliente. En la práctica esta exigencia informativa ofrezca ninguna complicación para el abogado.
Si, en los casos en los que corresponda, la sentencia aprueba a favor del beneficiario de la justicia gratuita alguna cantidad en concepto de “litis expensas“, esto es, para cubrir los gastos del juicio, el letrado y el procurador que hayan intervenido, pueden solicitar el pago de sus honorarios con el límite de la cantidad reconocida en esta Sentencia. ¿Puedo circular con mi carnet de conducir español en cualquier país del mundo? No. Noveno . Porque nos corresponde, pero sin olvidar que a las Administraciones públicas les compete garantizar que ese servicio se desarrolle con la calidad, los medios, las contraprestaciones y las condiciones que marca la Constitución para hacer efectivo, real y pleno la el acceso a la justicia". Artículo 21.- Cobertura de la responsabilidad civil El Abogado deberá tener cubierta, con medios propios o con el recomendable aseguramiento, su responsabilidad profesional, en cuantía adecuada a los riesgos que implique. El secreto profesional está, pues, reconocido como derecho y deber fundamental y primordial del Abogado.
También hay que contar con los de los procuradores, y los administrativos correspondientes. Yo voy a desvanecer aquí tres de ellos: No es cierto que el orden solo se aprenda de pequeño y hasta los siete años. El Tribunal de Justicia y el anterior Tribunal de Primera Instancia (hoy Tribunal General) en relación con la obligación de postulación han sentando una doctrina que refleja un concepto del abogado como colaborador de la justicia que «en interés de la justicia y con plena independencia» presta asistencia legal a sus clientes, entendiendo que la independencia del Abogado y su puesta al servicio de la administración de justicia estaría comprometida si se aceptara que pudiera ser representado ante los tribunales comunitarios por una persona no miembro de un colegio profesional, pertenencia que supone su sometimiento a la disciplina profesional y al respeto de los intereses generales, lo que implicaría también no estar vinculada a la parte con una relación de empleo . Negocios criminalizados.
Únicamente se incluyen en el intrusismo el ejercicio sin título o con título no convalidable. Tanto las normas corporativas como las normas laborales deben ofrecer las garantías suficientes para asegurar la independencia del profesional asalariado, protegiéndole de cualquier represalia de su empresario por el ejercicio con independencia y libertad de su función. Los Colegios de Abogados se solidarizan con los abogados internos (tanto el de Málaga como el de Barcelona han emitido sendos documentos que lo respaldan). Todas aquellas situaciones que aparentemente pudieran afectar a su independencia, como relaciones familiares, de amistad, económicas o financieras con la parte contraria o sus representantes. El concejo tiene la facultad de hacerla pública o hacer exhortaciones privadas y revocar temporal o permanentemente la licencia de la persona para ejercer el derecho en esa jurisdicción. Tú abres la carpeta, pones el nombre del cliente: y en el Asunto: Pederastia.
El autor de la rúbrica simulada era un abogado colegiado en Málaga que ha resultado absuelto en el Juzgado de lo Penal número 4 de un delito de falsedad documental por el que la Fiscalía le pedía una pena de 18 meses de cárcel y una multa. Sólo el 14% de los consultados –300 entrevistas telefónicas, realizadas entre el 7 y el 9 de agosto– tiene mucha o bastante confianza en los abogados, en tanto que el 54% manifestó poca y el 31%, ninguna. No hablamos de regalar trabajo, más bien podríamos decir que es una primera consulta informativa que no es presencial, pero que sí será muy valiosa para ganarte su confianza. Un abogado inexperto con la cuota al día puede hacer más daño (sin querer) que uno experimentado que no pague la cuota. En los cuatro años más afectados por la crisis, la cantidad económica destinada a este fin cayó en más de 40 millones de euros.
El motivo ha de claudicar. de multa, con arresto sustitutorio de sesenta días en caso de impago, a las accesorias de suspensión todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena y al pago de las costas procesales, incluidas las derivadas de la acusación particular. Frente a la alegada independencia El RDLOPD dedicaba un artículo, el 18, a la acreditación del cumplimiento del deber de información, exigiendo que se llevara a cabo por un medio que permitiera acreditar su cumplimiento y que, además, debía conservarse el soporte mientras persistiera el tratamiento de datos del afectado, permitiéndose la conservación no en el soporte original, sino informática o telemática, con especial mención del escaneado. fue expulsado del Colegio de Abogados de Málaga el 26 de noviembre de 2002, adquiriendo firmeza la expulsión el 24 de febrero de 2003, no pudiendo por ello actuar en el ámbito territorial de ningún Colegio de Abogados del Estado español. El Tribunal finalmente aceptó su testimonio, dando al abogado/testigo unas advertencias inseguras y poco claras sobre el ámbito de su declaración. Pero al día de hoy, nuestro marco jurídico debiera conducirnos precisamente a lo contrario.
El doble vínculo.- Pero, además y en segundo lugar, a la vista también de las notas definitorias de la confidencialidad como presupuesto de la infracción estudiada, es claro que quedan excluidas de los documentos objeto de protección aquellas comunicaciones escritas recibidas del abogado contrario que no mantengan el que vengo llamado doble vínculo exigido a lo revelado para constituirse en confidencia sujeta a secreto: De un lado con el confidente y, de otro, con la función modal de la defensa. Consumación del delito de intrusismo El delito de intrusismo, se consuma aunque los intereses particulares no sufran merma alguna, por ejemplo, aunque el cliente resulte beneficiado por los servicios de un intruso que, pese a serlo, es experto; también aunque la profesión se ejerza con la venia del colegio correspondiente, esto es, aunque los intereses colegiales no se vean afectados y, por otra parte, la obtención de un título no garantiza ni la aptitud ni la capacidad, como demuestra el creciente número de procesos contra profesionales de la sanidad por homicidio o lesiones imprudentes.
Certificado de otras Administraciones en caso de recibir alguna ayuda. Para la abogada, el beneficiario de los 78.100 euros que pagó la víctima fue el abogado ya fallecido, que murió durante la instrucción del procedimiento. ¿Qué tipo de información puedo proteger? La lista es amplia; en términos generales, puedes someter a confidencialidad cualquier tema que represente una ventaja competitiva o información “sensible”, por ejemplo: Modelos o planes de negocio (no tanto la idea, sino el desarrollo de la idea). En todos estos asuntos el Tribunal de Estrasburgo no ha hecho referencia a condición alguna en el tipo de relación jurídica cliente/abogado. Examinando el acta del jucio no aparece el planteamiento de tal excepción al principio del juicio, lo que determinaría el rechazo del vicio formal achacado (silencio resolutivo). Está prohibido autorizado el pacto de cuota litis o aquél acuerdo entre Abogado y su cliente por el que éste se compromete a abonar un porcentaje sobre el resultado del asunto, con independencia de que éste consista en una suma de dinero o en el reconocimiento de cualquier otro derecho o beneficio.
En ese caso estaremos obligados a conceder la venia y entregar toda la documentación propiedad del cliente sin más opción que confiar en que el nuevo compañero lleve a cabo las gestiones necesarias conducentes a que nuestros honorarios sean abonados a la mayor brevedad posible. No obstante, los trabajadores debidamente cualificados de sectores como la hostelería, los medios de comunicación, la enseñanza o, incluso, la medicina –dónde es especialmente grave la presencia de, por ejemplo, supuestos cirujanos plásticos que realizan intervenciones sin garantía ni formación alguna- luchan para que los falsos profesionales sean descubiertos y debidamente penalizados. Precio de abogado precio de juicio rapido precio de juicio de faltas precio de asistencia en comisaría El hecho de que un Letrado no acepte someterse al arbitraje de su propio Colegio ya, de por sí, dice bastante poco en favor de su actitud y deontología profesional y, llegado el caso, podría resultarle favorable al cliente, como un indicio a valorar por parte del Juez, ante una posible reclamación judicial por parte del Letrado.
Esta fue su respuesta a la queja oficial que había presentado el bufete ante el Gobierno tras tener conocimiento de ello. V. Como la mayoría de los letrados, reparte su tiempo entre el turno de oficio, que redondea el sueldo a muchos, y el despacho privado. Si bien en la LOPD apenas encontramos algún artículo sobre el tema (principalmente el artículo 9), el Reglamento dedica todo un Título, el VIII (artículos 79 a 114), a regular las medidas de seguridad en el tratamiento de los datos. Divididos por especializaciones, estos letrados atendieron el pasado año a 13.206 detenidos y prestaron asistencia a unas 2.000 mujeres que decidieron denunciar malos tratos. Desde una perspectiva profesional, no cabe duda que el uso de los recursos que nos proporcionan las TIC supone un factor esencial para el cambio, desarrollo y crecimiento de los despachos, constituyendo verdaderas herramientas de mejora de la eficacia, eficiencia y productividad, con las ventajas que todo ello conlleva. Por infracción de ley al amparo del De astronautas y tenistas compara la figura profesional de un socio a la de un astronauta.
Los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del tratamiento. Otras veces, (las menos) el abogado renuncia en el mismo contrato al cobro de los honorarios judiciales, por lo general cuando pacta honorarios suficientes con su cliente, ya que éste prefiere tener certeza de lo que paga. Al final lo dejaron en libertad porque logré demostrar que no había ninguna prueba». Elegancia y respeto hacia el juez y los abogados contrarios. “Lamentablemente son muy pocos despachos a nivel latinoamericano que realizan encuestas de satisfacción, aunque poco a poco se ven más.
Es decir, cualquier comunicación entre director general y abogado interno pasa porque lleve el membrete de un despacho de abogados para que quede protegida. De esta forma, la exposición ante riesgos de seguridad es mínima. Por tanto, antes de dicha fecha bastaría ofrece el contenido informativo previsto en el LOPD. También se indicó que el abogado debe prestar servicio en un solo Colegio de Abogados, concretamente en el que esté inscrito como ejerciente y con despacho abierto para fomentar la proximidad entre el abogado y el beneficiario del servicio. El bien jurídico protegido Como viene sosteniéndose en estas páginas el bien jurídico protegido por el secreto profesional no es ni el cliente, ni su interés, ni cualquiera de los terceros ajenos a la relación abogado-cliente a los que se extiende el deber, sino la función de la defensa como instrumento e institución absolutamente imprescindible para el ejercicio del derecho fundamental a la defensa y a la tutela judicial efectiva por parte de los ciudadanos y para que sea posible, en general, la Administración de Justicia toda que, solo de forma indirecta, resulta ser así también parte del bien jurídico objeto de protección pues, protegiendo a aquella se protege a ésta. Por otro lado, el tratamiento de datos por el abogado sí se realiza por medios automatizados, pero no exclusivamente, el tratamiento manual sigue y seguirá vigente por mucho tiempo.
Y más importante que facturar es cobrar, por lo que, si el abogado se ve compelido a demandar a un cliente a fin de intentar cobrar sus honorarios, entiendo yo que, aún superados todos los demás plazos, se podrá conservar la documentación hasta que se cobren efectivamente los honorarios, y eso vía judicial puede ser pero que muy largo. La otra importante razón por la que entiende el tribunal se ha vulnerado el derecho del abogado es la vaguedad de la ley en la que se amparó la fiscalía para solicitar la información. Cuando éste es el caso, se pierde menos tiempo en las negociaciones internas y posturas, las estrategias son implementadas, y los resultados del trabajo en equipo llegan.
Concretamente, en el ámbito de las actividades de la delincuencia organizada en grupos permanentes y estables de carácter armado". La mayoría de los abogados sostienen esa promesa. El conocimiento de este procedimiento le ayudará a tomar las decisiones adecuadas en un momento excepcional de su vida que será el de una detención que, pocas veces más, volverá a producirse. Esta tramitación no se ha adecuado a lo establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, así como tampoco a las previsiones contempladas en el Reglamento de procedimiento disciplinario, vigente desde el 1 de junio de 2009, aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 27 de febrero de 2009. expresados al margen, bajo la Ponencia del Excmo. La lucha contra el delito preocupa y apremia, pero el Estado no puede buscar atajos al precio de quebrantar sus propios principios.
El Procurador le remitió sendas cartas que acompañaban a los talones dirigidas al acusado como Abogado y compañero, y el Procurador tiene declarado que siempre tuvo la convicción de que Por tanto y como dice el AAP de Málaga de 4 de diciembre de 2014, una cosa es el ejercicio indebido de una profesión, que será siempre sancionable desde el punto de vista disciplinario y/o deontológico, y otra cosa es la represión penal, que únicamente procederá cuando se den los requisitos exigidos por el tipo previsto en el 403 del Código Penal. Tengo doble nacionalidad ¿a qué Embajada debo acudir? Si tiene la nacionalidad española, puede acudir a la Embajada de España en caso de que requiera de sus servicios, independientemente de que, además de la española, ostente otra nacionalidad. Teniendo en cuenta, además, que una de las más destacables novedades sería la implantación de la figura del Data Privacy Officer, o Delegado de Protección de Datos, sin que por el momento se hayan fijado, en forma definitiva, los casos en que tal Delegado será necesario.
Afirma que, aunque el reconocimiento específico del papel del abogado de empresa y la protección de las comunicaciones con éste se encuentra más extendido hoy que en 1982, no cabe identificar al respecto «tendencias uniformes —o claramente mayoritarias— en los derechos de los Estados miembros» y además rechaza que el Reglamento 1/2001 haya modificado sustancialmente las facultad de verificaciones de la Comisión en la lucha contra las infracciones de la libertad de competencia aunque se haya podido incrementar «la necesidad de que las empresas examinen su comportamiento y definan sus estrategias jurídicas en relación con el Derecho de la competencia contando con la asistencia de un abogado con amplios conocimientos de la empresa y del mercado de que se trate» . II Edición del Observatorio La jornada sobre el Turno de Oficio en la ciudad de Málaga servirá también para acoger la presentación de la segunda edición del II Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita CGAE-LA LEY.
Además ha protegido de intrusiones el secreto profesional del abogado a través del derecho a la vida privada, a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones del artículo 8 del Convenio . Tenía órdenes de búsqueda e ingreso en prisión emitidas por la Audiencia Provincial de Málaga y un Juzgado también de la capital de España. De esta forma desaparecería la cumplimentación de impresos y una vez la Administración compruebe si el justiciable tiene o no derecho, lo confirmará en un caso o procederá a su cobro directamente al justiciable en el otro, quedando los profesionales al margen de la gestión de cobro y encontrando garantizado el cobro de sus honorarios.
Sin embargo, como ya expuse en mi anterior entrada en este blog sobre la legitimación del abogado para el tratamiento de datos personales de sus clientes, el artículo 9.2.f) del RGPD, interpretado conforme el considerando 52, legitima al abogado para el tratamiento de toda categoría de datos sensibles (categorías especiales en el RGPD) sin necesidad de consentimiento cuando el tratamiento es necesario la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, ya sea por un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo o extrajudicial. Esto es contrario a los estándares de una conducta apropiada”. Sin embargo, algunos dueños de negocios y empresarios dudan debido a que les preocupa lo que hará un tercero con la información.
La idea era que el cliente obtuviera la misma calidad en el servicio prestado que las firmas tradicionales, pero a la mitad del coste. ¿Qué es un acuerdo de confidencialidad?Un acuerdo de confidencialidad es un documento en el cual un abogado asesor compromete al propietario de la empresa con un tercero para que toda la información que manejen entre ellos sea secreta y con la plena confianza de que no será divulgada o difundida. Dicha infracción viene tipificada en el artículo 84 del EGAE, que castiga el intrusismo profesional y su encubrimiento como infracciones muy graves, llevando aparejada la sanción de suspensión en el ejercicio de la Abogacía por plazo superior a a tres meses sin exceder de dos años.
A ese esbozo habrá quien objete que una empresa que está en problemas necesita mucho apoyo legal para la elaboración de EREs, despidos, reclamaciones de cantidad… aunque otros dirán que eso es -pan para hoy y hambre para mañana-. Habilidad para defender los intereses del cliente. Sujeto o comunidad de intereses al que conviene prestar atención porque va a ser decisivo también para otras obligaciones deontológicas, como aquellas que prohíben la defensa de intereses contrapuestos con los que se defienden o se defendieron Expresa que, sólo hay un procedimiento; con respecto al Secreto Profesional: no contárselo a nadie, ni a los compañeros de despacho, salvo lo que sean también del mismo asunto y tengan, por eso, el mismo deber, ni siquiera a la esposa, absolutamente a nadie. Entre las razones que justificarían su escaso uso plantea: conservadurismo propio de la profesión, desconocimiento de los beneficios y, en muchos casos, porque existe cierto temor a estar molestando al cliente con encuestas.
Sin embargo, el estatuto jurídico del abogado asalariado y la protección del secreto ha recibido tratamientos diversos en los países europeos, de acuerdo también a las muy diversas tradiciones nacionales sobre la abogacía . Con ese papel regresó a la DGT. El falso abogado falsificaba documentos para engañar a sus clientes y hacerles creer que estaba llevandonte procesos judiciales. Esto, en los hasta ahora procedimientos por falta era muy frecuente. Para determinar si una injerencia es “necesaria en una sociedad democrática” se debe tener en cuenta el margen de apreciación del Estado [ver también Sentencia Campbell contra Reino Unido de 25 de marzo de 1992].” El TEDH viene a decir que la aplicación de medidas coercitivas en el marco de inspecciones tendentes a asegurar el cumplimiento de fines de interés público debe acompañarse siempre de las garantías adecuadas y efectivas que aseguren el mínimo menoscabo al respeto de su correspondencia. Como otras muchas.
Con todo ello queremos decir que nos hallamos ante una prueba de carácter personal, aunque se halle recogida en un documento notarial y por tanto inhábil para utilizarla en casación en un motivo por error facti. Como, mi amable cuñado y abogado en el Reino Unido, dice: “A mí me pagan por tener una mente desagradable y sospechosa.” Los abogados llevan esta impronta en sus relaciones con sus propios socios. Y, consultora de márketing, insistió en la importancia de la comunicación con otras áreas de la empresa para mostrar cómo desde el departamento legal se puede proporcionar un marco legal seguro, que evite malas prácticas y riesgos innecesarios que puedan tener impacto económico o reputacionales. No todo es la minuta y despachar escritos hacia ese remolino que son los Tribunales. Sin perjuicio de la corrección disciplinaria del Letrado que incumpla las reglas anteriores, la sustitución de un Abogado por otro en un acto procesal, sin previa comunicación al relevado, se considerará falta muy grave, por afectar a la eficacia de la defensa y a la dignidad de la profesión.
Raíces: el derecho a dicha confidencialidad se basa en el derecho que el propio abogado tiene a proteger su intimidad y no declarar contra sí mismo. Es conducta reprobable la impugnación de honorarios realizada de forma maliciosa o fraudulenta así como cualquier otro comentario en el mismo sentido respecto a los honorarios o condiciones económicas de otro compañero. Por su parte, el Gobierno, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, anualmente, fija el salario mínimo interprofesional (SMI), teniendo en cuenta (RDLeg 2/2015 art.27): el índice de precios al consumo; la productividad media nacional alcanzada; el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional; la coyuntura económica general. se ha aducido "error de hecho en la apreciación de la prueba".
QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS al mismo como autor de un elito de estafa procesal a la pena de de tres años y seis meses de prisión. atribuyéndose la cualidad de abogado que incluso ponía en sus tarjetas de visita y lo que así manifestó dos veces en una notaría para extender acta de comparecencia según minuta que él mismo entregó es claro que la profesión de abogado es de aquellas para cuyo ejercicio la ley exige título académico, en su más estricto sentido relativo a la exigencia de unos estudios universitarios de carácter superior que terminan con la expedición de la correspondiente titulación habilitadora para tal profesión. He escrito sobre estos temas extensamente antes y no repetiré los argumentos ni los consejos aquí. Se ha sostenido que la independencia exigible para poder garantizar al abogado el secreto de sus comunicaciones con su empleador/cliente debía interpretarse no en un sentido jurídico formal sino, sobre todo, en un sentido sustancial o material, en la medida en que el abogado interno como colegiado esté sometido a las mismas obligaciones profesionales y deontológicas de cualquier abogado, ya que puede ejercer como profesional libre y en su actividad profesional asalariada puede gozar de la misma independencia de criterio que un abogado externo.
viernes, 6 de julio de 2012
La imposicion de sanciones
Mi opinión, ya que me preguntas (y tan experto no soy, sólo opino como los demás): las escuchas en prisión con el abogado no pueden ser válidas, no deben estar permitidas, salvo en terrorismo (lo cual también es discutible pero al menos está claramente incorporado a la LOGP y hay que somertese a ella). Las consecuencias de esas escuchas son las que son, y no pueden ser otras que la invalidez de las pruebas obtenidas con esas escuchas o a raíz de ellas (doctrina de los frutos del árbol envenenado del jurista italiano Piero Calamandrei, , que desde los años hizo suya el Tribunal Supremo). Ya está: vulneración de derechos fundamentales por el instructor implica (únicamente) nulidad de actuaciones; y a lo sumo, responsabilidad disciplinaria al Juez en el seno del Poder Judicial (sanción admva. que puede ser la suspensión, etc.)
gracias, tu opinión es muy valiosa siempre
Ahora no tengo tiempo porque tengo faenita, pero prometo currarme más tarde un buen comentario para contestarte también a la cuestión en la que quieres centrar el debate. Un saludo.
Vamos allá, te voy dando mi opinión sobre los distintos puntos que planteas:
Otra opinión fundamentada.
No le niego la coincidencia...creo que me repito con ello...de los procesos contra Garzón, ni la "conveniencia" de los mismos. Pero me parece que el autor del artículo interpretaba de manera equivocada, al igual que están haciendo ustedes pues también la interpretación normativa tiene sus reglas.
Mírate mis comentarios de y y dinos algo al respecto, aunque sea por otrosí digo...
...y que el recurrente no tiene un derecho a obtener la imposición de sanciones al magistrado, ya que "su eventual castigo no le supondría ni la obtención de una ventaja ni la evitación de un perjuicio".
gracias, tu opinión es muy valiosa siempre
Ahora no tengo tiempo porque tengo faenita, pero prometo currarme más tarde un buen comentario para contestarte también a la cuestión en la que quieres centrar el debate. Un saludo.
Vamos allá, te voy dando mi opinión sobre los distintos puntos que planteas:
Otra opinión fundamentada.
No le niego la coincidencia...creo que me repito con ello...de los procesos contra Garzón, ni la "conveniencia" de los mismos. Pero me parece que el autor del artículo interpretaba de manera equivocada, al igual que están haciendo ustedes pues también la interpretación normativa tiene sus reglas.
Mírate mis comentarios de y y dinos algo al respecto, aunque sea por otrosí digo...
...y que el recurrente no tiene un derecho a obtener la imposición de sanciones al magistrado, ya que "su eventual castigo no le supondría ni la obtención de una ventaja ni la evitación de un perjuicio".
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