- . empresas públicas LLENAS DE . ENCHUFADOS COBRANDO COMO FUNCIONARIOS SIN SERLO!!!!
- Además es amigo de la sobrina de mi mujer...son muy buena gente...nada, nada, tira pa'casa que te estarán esperando. - agrede verbalmente
- Ah ... ajá ... a ver ... ¿dónde está tu documento que dice que eres San Pedro y el título habilitante que dice que eres el único que puede dejar o no entrar a alguien al Cielo? - Ally McBeal, que acabaría haciendo el numerito a ritmo de Barry White
- Ayer, sobre lashoras, Richard recibió una llamada inquietante, su interlocutor decía ser un abogado, pero se negó a dar su nombre y su número de colegiado.
- Bueno, buen hombre, al parecer tú no puedes entrar al Cielo porque estamos llenos de abogados y ya... ya no caben más ...
- caso Marta del Castillo: ¿han juzgado ya al juez de ese caso, y le han absuelto? ¿no? ¿ni siquiera le han juzgado? Entonces no sirve como pretexto. Cuando juzguen a otro juez por lo mismo que ha hecho Garzón, y a ese otro juez le absuelvan, entonces diré que estamos ante una cacicada; mientras tanto, estaremos ante un juez que ordenó escuchas fuera de casos de terrorismo, cuando el Tribunal Constitucional ha dicho reiteradamente que sólo se permiten esas escuchas en casos de terrorismo
- El abogado de O.J. Simpson, que se salvaría incluso en caso de que le hubiera pegadoveces con el zapato y lo hubiera matado. - Emitirlo - En el mismo tribunal que consideró ilegales esas escuchas hubo un voto particular de un juez (/) que las consideraba lícitas.
- Erin Brockovich, que conquistaría al jurado con el canalillo..
- escuchas avaladas por la Fiscalía: el aval de la Fiscalía debería ser llevado ante los tribunales porque, en documento público, la Fiscalía falseó sentencias del Tribunal Supremo y, sobre todo, del Tribunal Constitucional (lo de ésta es más flagrante porque es que dice lo contrario de lo que dice la Fiscalía) para apoyar las escuchas
domingo, 30 de junio de 2013
sábado, 22 de junio de 2013
Fundamento de las escuchas
- Espere un momentito, por favor ... - dice San Pedro y se va corriendo a buscar a Jesús.
- Esta vulneración habitualmente no se castiga, ya se sabe, corporativismo y demás. Además en cuestiones como la restricción de libertades en el País Vasco por parte del Estado español, todos los jueces siempre delinquen unidos.
- Grabarlo - Hay al menos otro juez que interpretó que esas escuchas concretas eran legales y estaban fundamentadas, y de hecho las prorrogó.
- Hay muchos jueces que han interpretado que se puede hacer escuchas a abogados cuando se tienen indicios de que se está cometiendo un delito o de que éstos participan en ese delito, fuera de los casos de terrorismo. Y que han conseguido que las escuchas fueran avaladas.
- Hijo mío ... déjalo entrar ... no vaya a ser que me pida el acta de matrimonio y ... ahí sí que nos caga la vida ... - Hijo, dile que es urgente y que le vamos a poner una querella, ya verás cómo se acojona. - Intentan que su hermano sea el culpable por ser menor
- Lejos de amedrentarse, Richard le recriminó que le llamase a esas horas y encima se negase a identificarse, ante lo cual y a pesar de que el supuesto abogado le amenazaba con emprender acciones legales con el, Richard le deseo buenas noches y colgó el teléfono.
- Llamaba en representación del departamento jurídico de la Operadora "Operation" y le reclamaba la eliminación de una noticia que ellos consideraban calumniosa. - Los jueces vulneran el estado de derecho y cuestiones como el derecho a defensa, y Garzón lo tiene como algo habitual
- No hay clases de medicina salvo en la carrera de medicina y formación afín, como enfermería, formación especializada en cualquier caso. - No paga al abogado.
- No, no !!! Tú no puedes entrar acá !!!
- Esta vulneración habitualmente no se castiga, ya se sabe, corporativismo y demás. Además en cuestiones como la restricción de libertades en el País Vasco por parte del Estado español, todos los jueces siempre delinquen unidos.
- Grabarlo - Hay al menos otro juez que interpretó que esas escuchas concretas eran legales y estaban fundamentadas, y de hecho las prorrogó.
- Hay muchos jueces que han interpretado que se puede hacer escuchas a abogados cuando se tienen indicios de que se está cometiendo un delito o de que éstos participan en ese delito, fuera de los casos de terrorismo. Y que han conseguido que las escuchas fueran avaladas.
- Hijo mío ... déjalo entrar ... no vaya a ser que me pida el acta de matrimonio y ... ahí sí que nos caga la vida ... - Hijo, dile que es urgente y que le vamos a poner una querella, ya verás cómo se acojona. - Intentan que su hermano sea el culpable por ser menor
- Lejos de amedrentarse, Richard le recriminó que le llamase a esas horas y encima se negase a identificarse, ante lo cual y a pesar de que el supuesto abogado le amenazaba con emprender acciones legales con el, Richard le deseo buenas noches y colgó el teléfono.
- Llamaba en representación del departamento jurídico de la Operadora "Operation" y le reclamaba la eliminación de una noticia que ellos consideraban calumniosa. - Los jueces vulneran el estado de derecho y cuestiones como el derecho a defensa, y Garzón lo tiene como algo habitual
- No hay clases de medicina salvo en la carrera de medicina y formación afín, como enfermería, formación especializada en cualquier caso. - No paga al abogado.
- No, no !!! Tú no puedes entrar acá !!!
domingo, 16 de junio de 2013
Modificar cabeceras del correo
Ya que es posible que la misma se dé por rechazada, produciendo, por tanto, efectos, sin que el destinatario haya tenido conocimiento de la misma. Son teléfonos móviles que disponen de un hardware y un sistema operativo propio, de manera que, además de permitir realizar y recibir llamadas y mensajes telefónico s, también tienen la capacidad de llevar a cabo funciones semejantes a las realizadas por los ordenadores. El reto que se nos brinda, pues, como docentes es ingente y de indudable responsabilidad, dado que nuestras decisiones y consiguientes acciones probablemente contribuyan a delimitar el devenir de las generaciones futuras. Alguna otra cuestión que se prevé en la LPA tiene incidencia en la Administración electrónica, valga de ejemplo, la publicación de las normas en el artículo 131, no obstante, cabe remitirse en este caso al desarrollo que de cada una de esas materias se hace en otros artículos de este monográfico. El problema suele ser que se trata de mecanismos en ocasiones complejos y que, por tanto, requieren una inversión de tiempo y de dinero que la víctima considera que no siempre estará justificada. No obstante, los datos que se deben conservar son los «generados o tratados como consecuencia de una comunicación o de un servicio de comunicación y no los datos que constituyen el contenido de la información comunicada. Los delitos de injurias y calumnias prescriben al año, por lo que se aconseja tomar medias cuanto antes, ya que transcurrido este plazo, no será posible proceder contra ellas.
El tema viene dado debido a que un correo electrónico a fecha de hoy es fácilmente manipulable. Además se otorga la oportunidad de que esas direcciones que se van a incluir no sean visibles por el resto de personas que las reciben. El creciente número de sentencias judiciales condenando conductas delictivas es, como hemos visto, cada vez más importante y, además, los Juzgados adoptan también de manera progresiva las medidas pertinentes para esclarecer los hechos. El Primer Fundamento de Derecho de la nueva sentencia deja claro la ilegalidad de la prueba practicada cuando señala: “Tal como se ha argumentado en la sentencia precedente no se ha practicado prueba lícita, válidamente aportada al proceso, que sea suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de.” En primer lugar, las declaraciones prestadas en sede policial (confesión extrajudicial) por y fueron manifestaciones espontáneas y libres que nunca se documentaron, ni se prestaron con presencia de letrado, ni hubo lectura de derechos. Como decíamos, la apariencia de impunidad que generalmente concede Internet no se corresponde con la realidad. Entrada en vigor. Así, en Italia está en estos momentos en discusión parlamentaria un Proyecto de Ley sobre difamación2 con una serie de enmiendas que, si se aprobaran, podría permitiría a cualquier persona que considere que una entrada en Wikipedia es ofensiva a su imagen, la posibilidad de ordenar la corrección o la eliminación de dicho contenido. De acuerdo a la doctrina el discurso de odio tiene lugar únicamente cuando se da forma masiva, existe una incitación pública a cometer un delito hacía una minoría e incluso algunos autores manifiestan que debe materializarse una consecuencia.
Así, en Irlanda, el Comisionado para la Protección de Datos inició una investigación sobre «Facebook» en la que concluyeron que la posibilidad de establecer etiquetas de nombre en las imágenes, sin consentimiento de las personas interesadas no era admisible. Como dijo el apóstol San Mateo en este pasaje bíblico famoso “Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No obstante, si alguien aprecia vulneración en su “honor legal” es importante que recabe toda prueba al efecto, así como interponga querella en correcto tiempo y forma, asesorándose profesionalmente. Los delitos más habituales en la red, son los delitos de amenazas y de injurias, por eso aquí hablaremos de uno de ellos, el delito de injurias en la red; delitos, para los que la ley establece el requisito de querella criminal para poder ser iniciado el procedimiento judicial, por lo que será preceptivo el uso de abogado y procurador. ¿Qué se considera delito de calumnia? Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. El artículo 205 del Código Penal (C.P., en adelante) lo determina como la imputación de un delito a alguien, partiendo de la conciencia de su falsedad o mostrando una indiferencia hacia la verdad.
En todo caso, la APC «Association for Progressive Communications», que desde 1995 es organismo consultivo de la ONU, y que agrupa a más de cincuenta redes de miembros y socios en todo mundo, en el año 2006 elaboró una carta sobre Derechos en Internet cuyo primer apartado se refiere al «impacto del acceso sobre el desarrollo y la justicia social» indicando que «Un acceso asequible, rápido y fácil a internet puede ayudar a generar sociedades más igualitarias». La norma parece partir de la infalibilidad de la Administración electrónica y esta es una asunción dogmática y como tal desmedida y desmentida además por la realidad. En nuestro ordenamiento jurídico, y a los efectos de su aportación a un juicio, los documentos se clasifican en dos grupos, con efectos bien distintos: – Documentos públicos, que son los autorizados por notario, las resoluciones judiciales, las certificaciones de los registradores, y los expedidos por los funcionarios en el ámbito de sus funciones, y con arreglo a las leyes. como despacho orientado a la Red y a quienes operan con estos elementos, ofrece a sus clientes un asesoramiento integral en todas las especialidades jurídicas afectadas con el objeto de asegurar el cumplimiento de la legalidad vigente y el establecimiento de garantías apropiadas en las relaciones con terceros.
De este modo tendremos prueba, pese al borrado de la publicación en la red social. Es imprescindible la firma electrónica para firmar solicitudes, declaraciones responsables o comunicaciones, para presentar recursos, para desistir o renunciar. Así al menos lo considera Naciones Unidas, que ha defendido que el acceso a la red sea un derecho fundamental. Vale, lo sé: aun así, sigue siendo posible su modificación. Así, en palabras del Tribunal Constitucional, se trata del poder de impedir la obtención, reproducción o publicación de la propia imagen por parte de un tercero no autorizado. Todo lo cual a buen seguro supone un reto técnico de suma relevancia. Contratación on line, comercio electrónico, firma digital, protección de datos, Propieda intelectual y gestión de contenidos, condiciones generales de contratación, protección de contenidos Web, así como la problemática jurídica de los nombres de dominio y sus relaciones con el resto de signos distintivos, son nuevos ámbitos del Derecho Civil, Mercantil y Administrativo donde presta asesoramiento a la medida de la nueva sociedad digital.
Es evidente que cuando su titular navega por Internet, participa en foros de conversación o redes sociales, descarga archivos o documentos, realiza operaciones de comercio electrónico, forma parte de grupos de noticias, entre otras posibilidades, está revelando datos acerca de su personalidad, que pueden afectar al núcleo más profundo de su intimidad por referirse a ideologías, creencias religiosas, aficiones personales, información sobre la salud, orientaciones sexuales, etc. En este apartado, deberíamos destacar también los enormes desequilibrios que existen en la actualidad a la hora de poder acceder a la Red. Siempre se habla de la obligación (legal) de implantar el procedimiento electrónico, pero no debemos olvidar que dicha obligación deriva de un catálogo de derechos de las personas que en la presente realidad política, social y tecnológica van a ejercer (véase Derechos de las personas en el Estado Social y Tecnológico de Derecho). En tercer lugar, el Tribunal considera prueba ilícita las solicitudes formuladas directamente por la Policía a las compañías Microsoft (de acceso y extracción de datos de los correo electrónicos intercambiados entre, e, y de datos relativos a las conexiones IP de Gonzalo) y Telefónica (de informe sobre los datos relativos a las conexiones IP respecto a la cuenta de correo electrónico atribuida ya que dichas solicitudes las habría cursado motu proprio sin obtener la autorización judicial correspondiente (no obra documentada en la causa ninguna autorización judicial previa).
A su juicio, la hiperconectividad de los trabajadores "puede influir negativamente en la productividad de las empresas". Fue un asunto bastante interesante, no ya por la novedad, que también, sino por la solución final que encontramos para dar validez a los correos, y que la otra parte no nos lo pudiera impugnar por esa facilidad de manipulación de la que hablamos. Por último, la ONU señala que Internet, como un medio para ejercer el derecho a la libertad de expresión, sólo puede servir a estos propósitos si los estados asumen su compromiso por desarrollar políticas efectivas para lograr el acceso universal". Añadiremos que en esos hogares con “luz tecnológica” no todos los residentes se conectan a internet y usan correo electrónico pues la regla inversa de adaptación se cumple: a mayor edad, menor adaptación a las tecnologías de la información.
Esta definición de dato personal se realiza en términos tan amplios que permite incluir sin ningún problema, como dato personal, todo aquel que permite vincular una información personal a una persona, condición que sin muchas complejidades, puede predicarse de las direcciones IP y en cumplimiento de ello han existido algunas resoluciones de la Agencia de Protección de Datos. propone, por tanto, reforzar el derecho al olvido en los términos que ha definido el Supremo, por ejemplo incluyendo en el artículo 20 que el ejercicio de los derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa ni tampoco posterior. Subir fotos a las redes sociales en un perfil público y accesible, abierto y sin restricciones, para después echarse las manos a la cabeza por la difusión de las mismas es, a mi juicio, un comportamiento cuando menos rebatible. Algunas recomendaciones que escuchamos en la jornada fueron: Actuar con rapidez y no dejar que pase el tiempo porque el problema no desaparece, incluso puede empeorar. Una vez determinada la antijuricidad del hecho, nos corresponde analizar las circunstancias que lo rodean, siendo en este caso haber sido vertidas en la red. Se trata ahora de conocer en la práctica cuáles son los principios básicos que rigen en nuestro Derecho, y en nuestra jurisprudencia, en relación con el valor probatorio de las comunicaciones electrónicas, entendidas en el sentido amplio referido anteriormente, dentro del proceso judicial. Ahora bien, la Administración Pública se encuentra aquí, ciertamente, ante un reto formidable, como es alcanzar un nivel generalizado de uso de los medios electrónicos para el desempeño de las funciones que constitucionalmente le corresponden.
En previsión de esta circunstancia la Diputación de Málaga ha puesto en marcha un servicio de Administración electrónica para los ayuntamientos de la provincia con menos de 40.000 habitantes. ¿Qué norma resulta aplicable? ¿Qué tribunal es competente para dirimir los conflictos? La respuesta a esta pregunta, por ejemplo en caso de vulneración del derecho a la protección de datos por el uso de redes sociales, pone de manifiesto la necesidad de una armonización normativa de los diferentes países y una reconstrucción del Derecho internacional privado, donde los conceptos de soberanía y territorialidad no tienen cabida. El padre de Internet considera que el teléfono nos acercó a la noción de "servicio universal" (en el que también está la electricidad y, por qué no, una conexión a Internet de banda ancha), pero que no debemos confundir servicio universal con derecho humano.
LA TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO La tramitación simplificada del procedimiento administrativo es otra de las novedades más reseñables de la LPAC. Con el nuevo máster en IT+IP de ESADE, tú puedes transformarte en uno de ellos. Al mismo tiempo que crecía la oferta de redes y el número de usuarios se ha producido el desembarco en las redes de medios de comunicación, empresas e incluso administraciones públicas. No obstante, se exceptúan de la obligación de archivo electrónico los documentos de procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada en vigor de la LPAC. A pesar de la imposibilidad de elaborar un concepto incontrovertible y permanente sobre el derecho al honor, ello no ha impedido, acudiendo al Diccionario de la Real Academia Española, asociar el concepto de honor a la buena reputación (concepto utilizado por el Convenio de Roma), “la cual -como la fama y aun la honra- consisten en la opinión que las gentes tienen de una persona, buena o positiva si no van acompañadas de adjetivo alguno. Así, en el curso del procedimiento ordinario 725/2010 que se sigue a su instancia contra la Agencia Española de Protección de Datos, se ha dictado un Auto de fecha 27 de febrero de 2012 en el que la Sala de lo Contencioso Administrativo Por otro lado, no supone, por sí misma, una clara prueba de la autoría de los hechos, claro está, pero sí un indicio que deberá ponerse en relación con el resto de pruebas practicadas en la causa. El derecho al anonimato.
Frente a este panorama normativo surge el reto de adoptar un concepto uniforme y válido de prueba electrónica. El potencial de estas herramientas en manos de los docentes y gestores académicos es una evidencia que ya ha sido puesta de manifiesto en reiteradas ocasiones y la importancia creciente de lo que se conoce como learning analytics es una muestra palpable de su extraordinaria capacidad. Durante la presentación de este informe sobre el impacto de las redes sociales en el trabajo y sus implicaciones jurídicas, el presidente de, Salvador, ha recordado la necesidad de que se llegue a una política de desconexión que respete el derecho de los trabajadores a descansar en su tiempo libre. En relación con las previsiones exactas del artículo 28 en cuanto a la presentación de documentos y, como ha advertido algún autor, resulta un tanto incoherente en algún aspecto. Otra posible solución sería promulgar una nueva ley que regulase la materia, reconociendo la influencia de la prensa digital, de internet, de los foros, etc., en la circulación de la información, y en los ataques, muchas veces intencionados, contra el honor, la intimidad y la propia imagen de otras personas… Cualquier cosa antes de seguir en manos de unos jueces que se han estudiado la legislación de memoria, pero son incapaces de hacer un esfuerzo intelectual para dar cumplimiento al citado Título Preliminar: “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas”.
Tras escribir amablemente a los citados medios, todos, excepto dos, se avinieron a retirar o rectificar debidamente las citadas informaciones. También se prevé, que el tipo delictivo que hablamos será referido de forma verbal, como así proscribe el artículo 808 de la LECrim. Los execrables comentarios vertidos en las redes sociales con motivo de la muerte del torero han coincidido con la sentencia del Tribunal Supremo que condena a varias personas por un delito de enaltecimiento del terrorismo, por comentarios vertidos en las redes sociales en el año 2012, es decir, hace ahora cuatro años. Al igual que en el delito de injurias, si el acusado puede demostrar que es verdad aquello que expresó, quedará liberado de toda culpa. Completa recopilación de la casuística de la implantación práctica de la administración electrónica que además consigue aunar los campos jurídico y tecnológico y, también, la visión de la parte pública y privada. En otras palabras, el primer presupuesto de la aceptación de un mensaje de WhatsApp como prueba en un procedimiento, es que en su obtención no se hayan vulnerado ni el derecho a la intimidad ni el secreto de las comunicaciones.
Y más posteriormente se ha planteado en el debate social y doctrinal la necesidad de ir incorporando a las Constituciones nuevos derechos constitucionales como el derecho a un medio ambiente adecuado, a la protección del patrimonio, a la salud o el acceso a la cultura. El valor de cotización en los mercados de algunas de estas empresas, cuyos negocios se apoyan en la explotación de datos personales, demuestran de forma empírica esta afirmación. El acceso a Internet también es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres». Dado que es imprescindible valorar las circunstancias de cada solicitud y que se debe tener en cuenta sistemáticamente el interés de los usuarios en acceder a una información, aquellas que resulten de interés para el público por su naturaleza o por afectar a una figura pública no serán aceptadas. Y para su consecución, la implantación de un sistema de funcionamiento electrónico cobra un singular protagonismo.
Se trata de la aplicación al procedimiento administrativo común de lo previsto hasta ahora para los procedimientos de responsabilidad patrimonial cuando eran claros los elementos de la responsabilidad o para los procedimientos sancionadores cuando se trataba de infracciones leves, ambos supuestos regulados ahora, respectivamente, en los apartados cuarto y quinto del artículo 96 de la LPAC. Cabe destacar dos aspectos: para la persecución, tanto de la injuria como de la calumnia, es necesaria la presentación de querella por parte del agraviado, algo que se olvida demasiado a menudo. Recordemos que el artículo 14 de la Ley 39/2015 dispone: “Artículo 14. Esta generalización reporta un beneficio, una mejor prestación de los servicios públicos pero, principalmente, una prestación más eficiente. Con carácter previo a la interposición del contencioso, el interesado debe reclamar a la Administración el cumplimiento de su obligación legal. Aunque para un uso general puede ser bastante extrema, es interesante para ciertos escenarios. En consecuencia, podemos deducir que el delito de injurias viene más determinado por el significado de lo que se dice, la forma y el momento, que por la intención de su autor. Estonia también ha legislado de modo similar. Aunque aún es pronto para ver cuál puede ser la redacción definitiva de este Reglamento, lo cierto es que se siguen observando muchas similitudes con el derecho de cancelación ya conocido y estudiado. La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
De cualquier forma, el que suscribe no se arredró, y rápidamente envió la rectificación correspondiente…, que por supuesto no fue atendida. "Scales of Justice" Key on KeyboardO sea, sustancialmente podemos afirmar en primera y rápida lectura que a partir del próximo 2 de Octubre de 2016 (y aunque la vieja Ley 11/2007 fue la primera que “espoleó” a ciudadanos y administraciones para la implantación de lo electrónico), las personas físicas no tendrían obligación todavía de relacionarse electrónicamente con la administración (sólo derecho a hacerlo), pero sí los funcionarios que estarían obligados para sus cuestiones profesionales y además, las sociedades mercantiles, entre otros. Desde entonces fui escrupuloso a la hora de presentar emails como prueba, aportando a tal efecto el código fuente de los mismos, y dejando constancia de los servidores, si es que aun estaban en ellos, o en el disco duro en caso contrario (o ambos, para mayor adveración). La crítica está amparada por la libertad de expresión y no será delito.
Es destacable asimismo el reconocimiento normativo expreso del criterio para el cómputo de plazos por meses o años fijado por la jurisprudencia. Dicho esto, debo mencionar que la teoría del árbol envenenado no se aplica en tres casos: cuando existe una vía de investigación diferente que permite obtener las pruebas por un cauce distinto del empleado para recabar los elementos de prueba considerados ilegales (teoría de la fuente independiente); cuando las circunstancias hubieran llevado inevitablemente al mismo resultado, no existiendo vinculación de causalidad entre la obtención de la segunda prueba y la obtención de la primera (teoría del descubrimiento inevitable); y cuando el enlace jurídico entre una prueba y otra no sea evidente, no exista una indisoluble conexión fáctica entre ambas pruebas, y se requiera realizar un juicio de valor para encontrar rastros de dicha conexión (teoría de la conexión de antijuricidad o prohibición de valoración). Parece que considera que todo procedimiento electrónico se inicia a solicitud del interesado, que no intervienen terceros y que concluye sin más trámites que con la resolución en formato electrónico, debiendo ésta ser notificada en papel o mediante la sede electrónica o dirección electrónica habilitada, según los casos. CONCLUSIONES PRIMER A L a aparición y el desarrollo de las Nuevas Tecnologías han supuesto importantes cambios en la vida cotidiana de la mayoría de la población y en la mayoría de los ámbitos de la sociedad.
Eso sí, sin embargo, la persona ofendida debe interponer la querella correspondiente porque no son delitos que se puedan perseguir de oficio. Desde su nacimiento han venido acompañadas de polémicas sobre privacidad por incidentes con perfiles abiertos por defecto, protección de los menores o análisis de datos. Las Administraciones territoriales deben adoptar las medidas necesarias para posibilitar la interconexión de las redes con el fin de crear una red de comunicaciones que interconecte los sistemas de información de las Administraciones Públicas y permita el intercambio de información y servicios entre ellas. Con o sin voluntad de ofender, es muy común que se difame a una persona vulnerando su derecho al honor en internet. Por tanto y en la línea de la STC 170/1994, el sujeto que injuria tiene que tener la intención de promover en la sociedad el rechazo social mediante el uso del desprecio o vejación, pretendiendo causar un daño en el honor del ofendido a través de la imputación. Por lo que se refiere a la utilización de páginas web propiedad de entidades privadas, es obvio que debe primar en todo caso el consentimiento de los interesados. Nos dice “…usted concede a Twitter una licencia mundial, no-exclusiva y gratuita (así como el derecho de sub-licenciar) sobre el uso, copia, reproducción, procesamiento, adaptación, modificación, publicación, transmisión, exposición y distribución de tal Contenido a través de cualquier medio o método de distribución presente o futuro.” Google+, no podía ser una excepción en todo este asunto. Nuestra sociedad se desarrolla en gran parte en el mundo virtual. Si bien, lo cierto es que, dado que no todos los ciudadanos están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración, no puede consumarse estrictamente esa desaparición, si no que en cierta medida los tradicionales registros presenciales vienen a ser sustituidos por las oficinas de asistencia en materia de registros, donde se digitalizan los documentos para incorporarlos al expediente electrónico. Ya se ha indicado que es conveniente aportar en todo caso un número de teléfono móvil o una dirección de correo electrónico, con el fin de que la Administración avise de la puesta a disposición de una notificación.
Y el delito de calumnia es la imputación de un delito con conocimiento de su falsedad. Cuando el tratamiento de datos personales esté limitado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4, el responsable del tratamiento informará al interesado antes de levantar la limitación al tratamiento. La prueba judicial en España En España el Código Deontológico de la Abogacía Española establece que el abogado asesorará y defenderá a su cliente con diligencia y dedicación asumiendo personalmente la responsabilidad del trabajo encargado; y que mientras esté asumiendo la defensa deberá llevarla a término en su integridad gozando de plena libertad para utilizar los medios de defensa que estime pertinentes, siempre que sean legítimos y hayan sido obtenidos lícitamente, y no tiendan como fin exclusivo a dilatar injustificadamente los pleitos.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 13 de mayo de 2014 declara expresamente en este sentido que el ejercicio de los derechos de cancelación y oposición realizado frente a los buscadores sólo afecta a los resultados obtenidos en las búsquedas hechas mediante el nombre de la persona y no implica que la página deba ser suprimida de los índices del buscador ni de la fuente original. El año pasado, una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona obligó a un operador a cortar la conexión a internet de uno de sus clientes por compartir archivos. El Registro electrónico permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las 24 horas, si bien la presentación de escritos en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente. Segundo.- La libertad de expresión nos lleva a pensar que todo vale. Es decir, la licencia, para modificar, re-pìn, crear obras derivadas…se amplía a las personas que hacen uso de la red social. Es sujeto activo de este delito quien directamente efectúa la vejación.
Es importante señalar, que el Código Penal, no incluyendo un apartado específico para los delitos cometidos por vía telemática, sí que incluye un artículo específico a la hora de tratar cada delito que puede ser cometido en la red. y el hecho de que el College obtuviese esos datos legítimamente, «en forma de facturas telefónicas», no es impedimento para «constatar una injerencia en los derechos garantizados por el artículo 8 (ibidem)» Y, lo que resulta más relevante, «el almacenamiento de datos personales relativos a la vida privada de una persona se halla también en el ámbito de aplicación del artículo 8.1 (Sentencia Amann [TEDH 2000, 8, previamente citada, ap. Sin embargo, el que realice esta acción contra funcionarios públicos (en el ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de faltas penales o de infracciones administrativas) podrá quedar absuelto del delito si demuestra y prueba la verdad de dicha imputaciones. Las ganancias obtenidas por banners o pups-ups obligan al cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la información y de comercio electrónico que nuestros abogados supervisarán.
Otro de los retos —quizá de menos importancia— que las redes sociales ponen hoy sobre la mesa es el de la publicación de imágenes de terceros sin su consentimiento. Internet fomenta la libertad de expresión y permite a cualquiera que sus afirmaciones alcancen mayor repercusión y notoriedad, empoderando a la ciudadanía; pero la libertad de expresión no es absoluta. Trasladando la doctrina de esta teoría a nuestra realidad jurisdiccional se diría que, cualquier medio de prueba que no haya sido obtenido respetando los derechos y las libertades fundamentales consagradas en la CE y los Tratados Internacionales ratificados por España, está contaminado de ilegalidad y, por lo tanto, no podrá ser utilizado en los tribunales de justicia como medio de prueba válido y eficaz. En la ley española que aplica esta directiva, la Ley 25/2007 se establece una regulación prácticamente idéntica a la recogida en la Directiva comunitaria, estableciendo concretamente que la duración de la conservación de los datos sea de doce meses. A lo sumo, tales obligaciones se limitan o se matizan en la medida en que no se hayan habilitado por las Administraciones Públicas correspondientes los trámites y procedimientos electrónicos específicos. Aunque si eso es lo que parece deducirse del artículo 12.2, no debe olvidarse que el artículo 13 de la misma norma en cuanto a los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, enumera, entre otros, el de ser asistido en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas (letra b), así como el de la obtención y utilización de medios de identificación y firma electrónica contemplados en la ley.
El concepto se utiliza principalmente para denominar al sistema que brinda este servicio vía Internet mediante el protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), pero también permite nombrar a otros sistemas similares que utilicen distintas tecnologías. ¿Qué es el 'derecho al olvido'? El denominado 'derecho al olvido' es la manifestación de los tradicionales derechos de y cancelación y oposición aplicados a los buscadores de internet. La privacidad depende de nosotros, pero no solo de nosotros, también de la configuración de privacidad que tengan nuestros contactos en sus redes sociales. Por último, hay que tener en cuenta que los emails deben presentarse junto con la demanda y junto al resto de documentación desde el primer momento, ya que después se limitan las posibilidades de que se acepte como prueba.
Sobre esta base doctrinal, no cabe olvidar que en la sentencia recurrida, según se ha apuntado ya, se declara, al valorar la prueba pericial practicada a instancias de la parte actora, que quedó acreditado que la operativa del sistema es bloquear el acceso de las cuentas que realicen envíos masivos con incumplimiento de las normas de funcionamiento, sin que se alce el bloqueo hasta que el infractor se comprometa a respetar las normas de acceso (tercer fundamento de derecho), dándose por probado previamente (hecho cuarto) que la empresa tiene elaborado un documento denominado "política de uso de correo electrónico corporativo" en cuyo apartado 3.2.4 y en relación con el número de destinatarios de mensaje, se indica que será limitado por la organización con objeto de amoldarlo a la capacidad de los servidores y líneas de comunicación, disponiéndose, en fin, en el 3.2.5 que aunque se prevé la posibilidad de realizar envíos masivos de correos electrónicos a un número de destinatarios superior al permitido, ello será cuando se soliciten a través de la unidad de soporte DSI o por correo a una determinada lista y que una vez validado se podrá proceder al envío, reservándose la empresa el derecho de atender o denegar esas peticiones, con cuanto de más se precisa en dicho ordinal fáctico. Entre nosotros, la Agencia Española de Protección de Datos, principalmente desde el año 2007, ha realizado una importante labor en defensa de los derechos de los ciudadanos a que sus datos no circulen por internet sin su consentimiento, aunque ha centrado su objetivo en impedir no tanto que los datos no estén contemplados en la páginas de internet, sino en que los buscadores, en especial «Google» no indexara en sus búsquedas esos datos.
A continuación les presento el código MIME de un mail de prueba guardado en un archivo .eml junto con su visualización en un gestor de correos electrónicos Ya está creada la falsificación de correo electrónico. Le impuso las penas de cuatro años de prisión, multa de 45.000 Euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de nueve años y seis meses, así como al pago de las costas generadas. Otra de las cuestiones a tratar y que supone una de las principales novedades de la LPA es el tema de la identificación y firma de los interesados, que se distinguen por primera vez en una norma interna, en la línea del Reglamento europeo 910/2014, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE. Respecto a las injurias vertidas en foros públicos de internet, se entienden realizadas con publicidad a tenor de lo recogido en el artículo 211 CP. En un único volumen se aborda la implantación práctica de la llamada administración electrónica en las Administración Públicas, imprescindible tanto para las Entidades Locales, como para las Administraciones de las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado, así como para cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las anteriores, que también se encuentran sujetos a esta obligación legal. Aún así, el Tribunal Constitucional poco tendría que hacer: no podría cuestionar en la práctica la normativa europea. Muchas de las medidas contenidas en la LRJSP ya se encontraban en vigor antes de su aprobación.
El resultado de que se den todos estos elementos, es la lesión de unos derechos y garantías constitucionales, amparados en el artículo 18 de nuestra Carta Magna, esto son el derecho al honor, intimidad y propia imagen. Dado que recientemente se ha reformado la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios (LGDCU), introduciéndose algunos cambios importantes para los prestadores de servicios (especialmente los que se refieren a la forma y plazos de la devolución de productos), éste puede ser un buen momento para actualizar la información y los textos legales ya existentes y completamente personalizados para su negocio en concreto. En tercer lugar, sin perjuicio de que se aporte una copia en papel para facilitar la tarea del juez, debe aportarse al juzgado la prueba original, por lo que debe ser entregada en formato electrónico, haciendo una extracción de todo el contenido del email; esto es: El mensaje y su código fuente Los documentos adjuntos Las cabeceras técnicas, que aportan información sobre los servidores por los que ha pasado el correo electrónico.
Sobre los sábados como días inhábiles, ver Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas Lejos de los artículos doctrinales que han abordado con sus comentarios las críticas sobre los defectos y virtudes del paradigma actual en el acervo normativo administrativo español sobre las relaciones electrónicas entre la administración y los administrados, vamos a tratar el tema de una forma sencilla y simple. En el ejercicio de esa potestad jurisdiccional la prueba constituye uno de los problemas fundamentales dentro del proceso judicial (independientemente que estemos en el orden civil, penal, contencioso-administrativo o social) puesto que la respuesta final que da el juez sobre la cuestión suscitada en la demanda o sobre los delitos imputados en la denuncia (la sentencia) tiene que apoyarse, necesariamente, en los hechos debidamente probados. La aplicación de las nuevas tecnologías a las relaciones administrativas no constituye, por tanto, en modo alguno, una novedad, puesto que el ordenamiento administrativo ya contaba con un marco normativo dirigido a hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración por medios electrónicos.
En concreto dos derechos que se configuran como garantías constitucionales del artículo 20 de la Constitución, siendo la libertad de expresión y la libertad de información. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (la “LRJSP”) pretende salvar esta grave carencia, convirtiendo la Administración Pública en una «Administración Electrónica», a través de la generalización del uso de los medios electrónicos en el quehacer diario de la Administración. [Símbolo de correo electrónico] La cuestión hoy en día es de vital importancia, pues el uso del email está completamente extendido, no solo para uso privado. Este delito consta de una serie de elementos y características necesarias para que se dé el tipo delictivo. Es el juez quien decide si la calumnia o injuria es grave o si por el contrario no es mas que una desafortunada opinión, que si bien puede perjudicar o molestar de algún modo a la persona a la que se refiere, no es constitutiva de delito alguno. II. Más allá de estas eventuales incidencias, la normalización del empleo de medios electrónicos es un elemento indispensable para la satisfacción de los intereses generales.
El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. Pues aquéllos que asumen el liderazgo y la colaboración en esta labor de implantación de la administración electrónica son los que se encontrarán directamente con las mayores dificultades en la tarea, sin que por ello deban "penar" con mayores culpas, sino tan sólo con la posibilidad de utilizar los mecanismos y recursos que la regulación del procedimiento, ya sólo en formato electrónico, le ofrece, en este caso, el cumplimiento normativo sobre la base legal expuesta. Claro que en caso de que se implementen ese tipo de leyes es necesario que sean redactados de un modo que tampoco afecten la libertad de expresión, pues después de todo cualquiera tiene derecho a manifestar su oposición a ciertas prácticas sin ser sancionado al respecto. Pero el número cada vez mayor de resoluciones judiciales relativas a casos de este tipo nos demuestra de que, si se persigue con suficiente tenacidad y la conducta realizada es realmente ilícita, se puede obtener una condena al infractor y, según proceda, un resarcimiento para la víctima.
Por lo tanto las reglas sobre aportación de los correos electrónicos serán las mismas ya estemos en la jurisdicción penal, contencioso administrativa o laboral. Por último y no por ello menos importante, señalar que es fundamental utilizar el sentido común en el uso de las redes sociales y recordar que el ejercicio de nuestros derechos tiene como límite los derechos de los demás. En primer lugar, que no se trata de una tarea fácil, ya que se debe asegurar no sólo la conservación, la autenticidad y el acceso futuro, con ciertas condiciones, sino también el tema referente a la firma. En ocasiones, las redes sociales se utilizan para cometer otros delitos como el de difusión de imágenes (artículo 197.3 del Código Penal), con finalidades vejatorias o de venganza personal. La práctica de la notificación electrónica tiene lugar con la comparecencia del interesado en la sede electrónica de la Administración y, en todo caso, se entiende que existe comparecencia en el momento en que el interesado accede al contenido de la notificación. Por lo que respecta a intentos de regulación en otros países, en la mayoría de las ocasiones lo que ocultan son intentos más o menos elaborados de control de lo que se publica en internet o, incluso, de censura.
Desafortunadamente tanto injurias como calumnias o amenazas difundidas publicamente por médios digitales y redes sociales forman parte de los delitos mas numerosos. Si el acusado de un delito de calumnia logra acreditar que los hechos que se le atribuyen a la persona supuestamente calumniada son ciertos, quedará exento de toda responsabilidad penal. El mismo exige que la acción que perpetre esta injuria se dirija con la intención o ánimo de producir una lesión en el honor y la dignidad de una persona. No tener unos términos legales adaptados a los servicios y productos que se ofrecen, así como lo referente a la operativa del sitio web y de la empresa, pone al negocio online en un serio riesgo. *Contratación electrónica, Firma electrónica y certificación digital. Celebración del Día de Internet en Ciudad de México el año pasado Celebración del Día de Internet en Ciudad de México el año pasado "En ocasiones se introducen derechos en algunos países de América Latina con la voluntad de ver si algún día lo podemos cumplir", detalla , catedrático del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga y coordinador de la Red de Derecho TICs, restando importancia a esos cambios.
En dicho apartado, de gran amplitud, es donde se escribe el mensaje que desea enviar. Por ejemplo, si concurre el agravante de publicidad, el castigo se eleva a multa de entre seis y catorce meses. La calumnia por lo tanto tiene una estructura base, consistentes en la imputación de un delito, establecida desde dos posibles de actitudes por el autor delictivo, ya sea la conciencia de su falsedad o la indiferencia por casar realidad y acusación: Sin márgenes Este ilícito está perseguido con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a doce meses, salvo que mediase publicidad por lo que ascendería de doce a veinticuatro meses. Garantizarlo va a ser en breve algo más que una exigencia jurídica, la credibilidad, respetabilidad y confianza en el proveedor dependerá de ello El Máster en Derecho de las TIC, Redes Sociales y Propiedad Intelectual forma a especialistas innovadores, creativos y capaces de entender los nuevos modelos de negocio que han surgido a través de la incursión de las tecnologías de la información en el mundo empresarial. Estos documentos sirven como medio de prueba plena en un juicio sobre el hecho de que tratan, su fecha y la identidad de las personas que intervienen. Lo que no le dio tiempo de precisar al entrevistado fue que existen ciertas exigencias legales que condicionan la actuación de esos sujetos en el proceso y que limitan la validez y la eficacia probatoria de los medios de prueba aportados.
La Agencia se ocupó de ello y, en una Resolución de fecha 23 de noviembre de 2011 indicó que “La AEPD entiende que, en el actual estado de la tecnología -al margen de las mejoras técnicas que quepa introducir sobrevenidamente (sic.)- la adopción del protocolo de la industria denominado “robots.txt” es un método válido para atender las solicitudes de los ciudadanos que, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo IV del Título III del Reglamento de desarrollo de la LOPD han ejercitado su derecho de cancelación o de oposición ante un boletín o diario oficial, al considerar que existen motivos que justifican la cesación del tratamiento consistente en permitir la indexación de sus datos publicados en una determinada edición” Respeto del derecho a la intimidad en la obtención de la prueba Con respecto al derecho constitucional a la intimidad, la propuesta en un proceso de contenidos de mensajes de Whatsapp como medio de prueba, no podrá vulnerar el artículo 7 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que regula las intromisiones en la intimidad, ni el artículo 197 del Código Penal, dedicado a los delitos contra la intimidad.
De algún modo empresa, marca y producto se acercan a la vía pública y conversan Conviértete en un abogado experto en los nuevos retos jurídicos de la era de la información El objetivo del Máster en Derecho de las TIC, Redes Sociales y Propiedad Intelectual es que avances en tu carrera y te conviertas en un jurista especialista, innovador y creativo, capaz de entender y acompañar a las empresas en su expansión a través de Internet, las Redes Sociales y las nuevas tecnologías. Este concepto de delito grave ha sido analizada por la AP de Madrid, Secc 4ª en la resolución entiende que: “En esa obligada interpretación y en atención a la jurisprudencial constitucional, de la que ya hemos hecho cita anteriormente, entendemos que los “delitos graves” a que se refiere la Ley 25/2007 no son exclusivamente los delitos castigados con pena superior a cinco años, sino que también han de incluirse en tal expresión aquellos otros delitos castigados con pena inferior y que, por tanto, tienen la calificación legal de “delitos menos graves”, pero que merezcan la consideración de graves en atención a otros parámetros, tales como la importancia del bien jurídico protegido, la trascendencia social de los efectos que el delito genera o la inexistencia de medios alternativos, menos gravosos, que permitan su investigación y esclarecimiento.
En todo caso, «No publique en los perfiles de las redes sociales excesiva información personal». Además, para 2015 el gobierno prevé que todos los finlandeses dispondrán de una conexión de 100 Mb. Recurriendo al lenguaje un tanto rocambolesco que solemos utilizar los juristas, podríamos decir algo así: un correo electrónico prueba que un determinado mensaje se ha enviado desde una determinada cuenta emisora a una determinada cuenta receptora. El estudio del Derecho, como no podría ser de otro modo, también está inmerso en este proceso. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. En ocasiones, los delitos de injurias y calumnias suelen se confundidos sin embargo, tal y como veremos a continuación, se trata de actos delictivos bien diferenciados. Pero con ellos no se recogen todos los posibles problemas que puede plantear internet: dejamos de lado todo lo referente a la protección de datos personales, a la protección de copyright, a la censura o, entre otras, a la neutralidad de la red].
Es por ello que me parece muy acertada la idea de acudir a esas empresas de Certificación de Mails que generan “Actas de Comunicación” (como las Actas Notariales), que demuestran la transmisión, el contenido íntegro y el acuse de recibo de todos los correos electrónicos que se hayan validado. Este servicio se presta en modalidad SaaS (Software as a Service), es decir, en la nube, de manera que los ayuntamientos no tengan que asumir coste alguno de instalación o dotación de infraestructura hardware o software derivada del uso del servicio. La determinación de las obligaciones de los sujetos que proveen servicios de redes sociales y de los que interactúan en ellos, las condiciones de uso y acceso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la garantía de la vida privada o de la propiedad intelectual, o la salvaguarda de los derechos de los menores siguen ocupando y preocupando a los operadores jurídicos. -STS, Sección 1ª, de fecha 24 de marzo de 2.015. Manifestaciones de este tipo pueden afectar gravemente a la reputación on line de una persona, dado el efecto viral de la información en Internet y en las redes sociales. Inicie acciones legales.
Por su parte, la injuria consiste en proferir expresiones o realizar actos que lesionen la dignidad ajena, menoscabando la fama de la persona o atentando contra su propia estimación. A esta cuestión en cierta medida, aunque sin tanta dedicación, se refiere ya la LAECSP, en particular, cuando regula la posibilidad de identificación de los ciudadanos mediante funcionario público. En segundo lugar, nos tenemos que referir de manera destacada a la firma electrónica y su eficacia probatoria. Reglas procesales sobre los medios de prueba Estas reglas regulan las normas sobre los medios probatorios, es decir, la tipología de medios de prueba admisibles, la definición de los medios de prueba, en qué circunstancias se pueden excluir o inadmitir los medios de prueba, y la obligatoriedad de practicar determinados medios de prueba en algunos procesos específicos. Es por ello que este ánimo debe deducirse de la actitud del sujeto, por lo que hay que tomar en consideración las palabras expresadas, para ver si son deshonrosas. En el caso de que, bien por nuestra propia voluntad, o bien por voluntad ajena, deseemos borrar nuestros datos de la red, los problemas son también importantes. Para denunciar en Facebook es necesario hacer click en Acciones (en la parte superior derecha), y después en Denunciar spam o abuso.
En general, resulta preferente la transcripción escrita de las palabras contenidas en este tipo de instrumentos, cuando sea posible, así como la aportación de los dictámenes y medios de prueba instrumentales que considere convenientes (la parte). En amarillo donde hay algún tipo de control. Las instancias o solicitudes que se presenten deben indicar el medio electrónico en que se desea que se practiquen las notificaciones del procedimiento (por ejemplo, la dirección electrónica habilitada). Para el Gobierno inglés, «el seguimiento no consistió pues en nada más que un análisis de la información generada automáticamente para determinar si las instalaciones del College se habían usado con fines personales». T anto los derechos fundamentales a la intimidad, el honor y la propia imagen , como el derecho a la privacidad personal están siendo objeto de graves intrusiones como consecuencia de l a expansión de Int ernet , de la aparición de nuevos servicios o nline y de la utilización de las redes sociales. Dirigido a Este curso está orientado a personas que estén cursando la licenciatura o el grado en Derecho o que hayan finalizado y quieran especializarse en esta disciplina, así como a abogados en ejercicio y a personas en general que estén interesadas en tener una visión global de la legislación en esta materia.
Ahora bien, la Administración Pública se encuentra aquí, ciertamente, ante un reto formidable, como es alcanzar un nivel generalizado de uso de los medios electrónicos para el desempeño de las funciones que constitucionalmente le corresponden. Es decir, no basta con un simple insulto, sino que debe lesionar la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentar contra su propia estimación. La Injuria puede ser calificada como falta, o como delito. Si responsable del delito recibió o le prometieron alguna recompensa, además del castigo señalado, le será impuesta la pena de inhabilitación por un tiempo de 6 meses a 2 años.
A quién va dirigido A profesionales del derecho o la informática, abogados, juristas, expertos en leyes, comunicadores, técnicos de marketing y responsables de departamento y, en general, a cualquier persona interesada en formarse en derecho tecnológico. En este caso, estará cometiendo un delito de injurias. La jurisprudencia de esta sala es coherente con la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el máximo nivel de eficacia justificadora del ejercicio de las libertades de expresión e información frente al derecho al honor cuando los titulares de este son personas públicas, ejercen funciones públicas o resultan implicados en asuntos de relevancia pública (SSTC 107/1988, de 8 de junio,110/2000, de 5 de mayo, y216/2013, de 19 de diciembre).
El tema viene dado debido a que un correo electrónico a fecha de hoy es fácilmente manipulable. Además se otorga la oportunidad de que esas direcciones que se van a incluir no sean visibles por el resto de personas que las reciben. El creciente número de sentencias judiciales condenando conductas delictivas es, como hemos visto, cada vez más importante y, además, los Juzgados adoptan también de manera progresiva las medidas pertinentes para esclarecer los hechos. El Primer Fundamento de Derecho de la nueva sentencia deja claro la ilegalidad de la prueba practicada cuando señala: “Tal como se ha argumentado en la sentencia precedente no se ha practicado prueba lícita, válidamente aportada al proceso, que sea suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de.” En primer lugar, las declaraciones prestadas en sede policial (confesión extrajudicial) por y fueron manifestaciones espontáneas y libres que nunca se documentaron, ni se prestaron con presencia de letrado, ni hubo lectura de derechos. Como decíamos, la apariencia de impunidad que generalmente concede Internet no se corresponde con la realidad. Entrada en vigor. Así, en Italia está en estos momentos en discusión parlamentaria un Proyecto de Ley sobre difamación2 con una serie de enmiendas que, si se aprobaran, podría permitiría a cualquier persona que considere que una entrada en Wikipedia es ofensiva a su imagen, la posibilidad de ordenar la corrección o la eliminación de dicho contenido. De acuerdo a la doctrina el discurso de odio tiene lugar únicamente cuando se da forma masiva, existe una incitación pública a cometer un delito hacía una minoría e incluso algunos autores manifiestan que debe materializarse una consecuencia.
Así, en Irlanda, el Comisionado para la Protección de Datos inició una investigación sobre «Facebook» en la que concluyeron que la posibilidad de establecer etiquetas de nombre en las imágenes, sin consentimiento de las personas interesadas no era admisible. Como dijo el apóstol San Mateo en este pasaje bíblico famoso “Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No obstante, si alguien aprecia vulneración en su “honor legal” es importante que recabe toda prueba al efecto, así como interponga querella en correcto tiempo y forma, asesorándose profesionalmente. Los delitos más habituales en la red, son los delitos de amenazas y de injurias, por eso aquí hablaremos de uno de ellos, el delito de injurias en la red; delitos, para los que la ley establece el requisito de querella criminal para poder ser iniciado el procedimiento judicial, por lo que será preceptivo el uso de abogado y procurador. ¿Qué se considera delito de calumnia? Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. El artículo 205 del Código Penal (C.P., en adelante) lo determina como la imputación de un delito a alguien, partiendo de la conciencia de su falsedad o mostrando una indiferencia hacia la verdad.
En todo caso, la APC «Association for Progressive Communications», que desde 1995 es organismo consultivo de la ONU, y que agrupa a más de cincuenta redes de miembros y socios en todo mundo, en el año 2006 elaboró una carta sobre Derechos en Internet cuyo primer apartado se refiere al «impacto del acceso sobre el desarrollo y la justicia social» indicando que «Un acceso asequible, rápido y fácil a internet puede ayudar a generar sociedades más igualitarias». La norma parece partir de la infalibilidad de la Administración electrónica y esta es una asunción dogmática y como tal desmedida y desmentida además por la realidad. En nuestro ordenamiento jurídico, y a los efectos de su aportación a un juicio, los documentos se clasifican en dos grupos, con efectos bien distintos: – Documentos públicos, que son los autorizados por notario, las resoluciones judiciales, las certificaciones de los registradores, y los expedidos por los funcionarios en el ámbito de sus funciones, y con arreglo a las leyes. como despacho orientado a la Red y a quienes operan con estos elementos, ofrece a sus clientes un asesoramiento integral en todas las especialidades jurídicas afectadas con el objeto de asegurar el cumplimiento de la legalidad vigente y el establecimiento de garantías apropiadas en las relaciones con terceros.
De este modo tendremos prueba, pese al borrado de la publicación en la red social. Es imprescindible la firma electrónica para firmar solicitudes, declaraciones responsables o comunicaciones, para presentar recursos, para desistir o renunciar. Así al menos lo considera Naciones Unidas, que ha defendido que el acceso a la red sea un derecho fundamental. Vale, lo sé: aun así, sigue siendo posible su modificación. Así, en palabras del Tribunal Constitucional, se trata del poder de impedir la obtención, reproducción o publicación de la propia imagen por parte de un tercero no autorizado. Todo lo cual a buen seguro supone un reto técnico de suma relevancia. Contratación on line, comercio electrónico, firma digital, protección de datos, Propieda intelectual y gestión de contenidos, condiciones generales de contratación, protección de contenidos Web, así como la problemática jurídica de los nombres de dominio y sus relaciones con el resto de signos distintivos, son nuevos ámbitos del Derecho Civil, Mercantil y Administrativo donde presta asesoramiento a la medida de la nueva sociedad digital.
Es evidente que cuando su titular navega por Internet, participa en foros de conversación o redes sociales, descarga archivos o documentos, realiza operaciones de comercio electrónico, forma parte de grupos de noticias, entre otras posibilidades, está revelando datos acerca de su personalidad, que pueden afectar al núcleo más profundo de su intimidad por referirse a ideologías, creencias religiosas, aficiones personales, información sobre la salud, orientaciones sexuales, etc. En este apartado, deberíamos destacar también los enormes desequilibrios que existen en la actualidad a la hora de poder acceder a la Red. Siempre se habla de la obligación (legal) de implantar el procedimiento electrónico, pero no debemos olvidar que dicha obligación deriva de un catálogo de derechos de las personas que en la presente realidad política, social y tecnológica van a ejercer (véase Derechos de las personas en el Estado Social y Tecnológico de Derecho). En tercer lugar, el Tribunal considera prueba ilícita las solicitudes formuladas directamente por la Policía a las compañías Microsoft (de acceso y extracción de datos de los correo electrónicos intercambiados entre, e, y de datos relativos a las conexiones IP de Gonzalo) y Telefónica (de informe sobre los datos relativos a las conexiones IP respecto a la cuenta de correo electrónico atribuida ya que dichas solicitudes las habría cursado motu proprio sin obtener la autorización judicial correspondiente (no obra documentada en la causa ninguna autorización judicial previa).
A su juicio, la hiperconectividad de los trabajadores "puede influir negativamente en la productividad de las empresas". Fue un asunto bastante interesante, no ya por la novedad, que también, sino por la solución final que encontramos para dar validez a los correos, y que la otra parte no nos lo pudiera impugnar por esa facilidad de manipulación de la que hablamos. Por último, la ONU señala que Internet, como un medio para ejercer el derecho a la libertad de expresión, sólo puede servir a estos propósitos si los estados asumen su compromiso por desarrollar políticas efectivas para lograr el acceso universal". Añadiremos que en esos hogares con “luz tecnológica” no todos los residentes se conectan a internet y usan correo electrónico pues la regla inversa de adaptación se cumple: a mayor edad, menor adaptación a las tecnologías de la información.
Esta definición de dato personal se realiza en términos tan amplios que permite incluir sin ningún problema, como dato personal, todo aquel que permite vincular una información personal a una persona, condición que sin muchas complejidades, puede predicarse de las direcciones IP y en cumplimiento de ello han existido algunas resoluciones de la Agencia de Protección de Datos. propone, por tanto, reforzar el derecho al olvido en los términos que ha definido el Supremo, por ejemplo incluyendo en el artículo 20 que el ejercicio de los derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa ni tampoco posterior. Subir fotos a las redes sociales en un perfil público y accesible, abierto y sin restricciones, para después echarse las manos a la cabeza por la difusión de las mismas es, a mi juicio, un comportamiento cuando menos rebatible. Algunas recomendaciones que escuchamos en la jornada fueron: Actuar con rapidez y no dejar que pase el tiempo porque el problema no desaparece, incluso puede empeorar. Una vez determinada la antijuricidad del hecho, nos corresponde analizar las circunstancias que lo rodean, siendo en este caso haber sido vertidas en la red. Se trata ahora de conocer en la práctica cuáles son los principios básicos que rigen en nuestro Derecho, y en nuestra jurisprudencia, en relación con el valor probatorio de las comunicaciones electrónicas, entendidas en el sentido amplio referido anteriormente, dentro del proceso judicial. Ahora bien, la Administración Pública se encuentra aquí, ciertamente, ante un reto formidable, como es alcanzar un nivel generalizado de uso de los medios electrónicos para el desempeño de las funciones que constitucionalmente le corresponden.
En previsión de esta circunstancia la Diputación de Málaga ha puesto en marcha un servicio de Administración electrónica para los ayuntamientos de la provincia con menos de 40.000 habitantes. ¿Qué norma resulta aplicable? ¿Qué tribunal es competente para dirimir los conflictos? La respuesta a esta pregunta, por ejemplo en caso de vulneración del derecho a la protección de datos por el uso de redes sociales, pone de manifiesto la necesidad de una armonización normativa de los diferentes países y una reconstrucción del Derecho internacional privado, donde los conceptos de soberanía y territorialidad no tienen cabida. El padre de Internet considera que el teléfono nos acercó a la noción de "servicio universal" (en el que también está la electricidad y, por qué no, una conexión a Internet de banda ancha), pero que no debemos confundir servicio universal con derecho humano.
LA TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO La tramitación simplificada del procedimiento administrativo es otra de las novedades más reseñables de la LPAC. Con el nuevo máster en IT+IP de ESADE, tú puedes transformarte en uno de ellos. Al mismo tiempo que crecía la oferta de redes y el número de usuarios se ha producido el desembarco en las redes de medios de comunicación, empresas e incluso administraciones públicas. No obstante, se exceptúan de la obligación de archivo electrónico los documentos de procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada en vigor de la LPAC. A pesar de la imposibilidad de elaborar un concepto incontrovertible y permanente sobre el derecho al honor, ello no ha impedido, acudiendo al Diccionario de la Real Academia Española, asociar el concepto de honor a la buena reputación (concepto utilizado por el Convenio de Roma), “la cual -como la fama y aun la honra- consisten en la opinión que las gentes tienen de una persona, buena o positiva si no van acompañadas de adjetivo alguno. Así, en el curso del procedimiento ordinario 725/2010 que se sigue a su instancia contra la Agencia Española de Protección de Datos, se ha dictado un Auto de fecha 27 de febrero de 2012 en el que la Sala de lo Contencioso Administrativo Por otro lado, no supone, por sí misma, una clara prueba de la autoría de los hechos, claro está, pero sí un indicio que deberá ponerse en relación con el resto de pruebas practicadas en la causa. El derecho al anonimato.
Frente a este panorama normativo surge el reto de adoptar un concepto uniforme y válido de prueba electrónica. El potencial de estas herramientas en manos de los docentes y gestores académicos es una evidencia que ya ha sido puesta de manifiesto en reiteradas ocasiones y la importancia creciente de lo que se conoce como learning analytics es una muestra palpable de su extraordinaria capacidad. Durante la presentación de este informe sobre el impacto de las redes sociales en el trabajo y sus implicaciones jurídicas, el presidente de, Salvador, ha recordado la necesidad de que se llegue a una política de desconexión que respete el derecho de los trabajadores a descansar en su tiempo libre. En relación con las previsiones exactas del artículo 28 en cuanto a la presentación de documentos y, como ha advertido algún autor, resulta un tanto incoherente en algún aspecto. Otra posible solución sería promulgar una nueva ley que regulase la materia, reconociendo la influencia de la prensa digital, de internet, de los foros, etc., en la circulación de la información, y en los ataques, muchas veces intencionados, contra el honor, la intimidad y la propia imagen de otras personas… Cualquier cosa antes de seguir en manos de unos jueces que se han estudiado la legislación de memoria, pero son incapaces de hacer un esfuerzo intelectual para dar cumplimiento al citado Título Preliminar: “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas”.
Tras escribir amablemente a los citados medios, todos, excepto dos, se avinieron a retirar o rectificar debidamente las citadas informaciones. También se prevé, que el tipo delictivo que hablamos será referido de forma verbal, como así proscribe el artículo 808 de la LECrim. Los execrables comentarios vertidos en las redes sociales con motivo de la muerte del torero han coincidido con la sentencia del Tribunal Supremo que condena a varias personas por un delito de enaltecimiento del terrorismo, por comentarios vertidos en las redes sociales en el año 2012, es decir, hace ahora cuatro años. Al igual que en el delito de injurias, si el acusado puede demostrar que es verdad aquello que expresó, quedará liberado de toda culpa. Completa recopilación de la casuística de la implantación práctica de la administración electrónica que además consigue aunar los campos jurídico y tecnológico y, también, la visión de la parte pública y privada. En otras palabras, el primer presupuesto de la aceptación de un mensaje de WhatsApp como prueba en un procedimiento, es que en su obtención no se hayan vulnerado ni el derecho a la intimidad ni el secreto de las comunicaciones.
Y más posteriormente se ha planteado en el debate social y doctrinal la necesidad de ir incorporando a las Constituciones nuevos derechos constitucionales como el derecho a un medio ambiente adecuado, a la protección del patrimonio, a la salud o el acceso a la cultura. El valor de cotización en los mercados de algunas de estas empresas, cuyos negocios se apoyan en la explotación de datos personales, demuestran de forma empírica esta afirmación. El acceso a Internet también es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres». Dado que es imprescindible valorar las circunstancias de cada solicitud y que se debe tener en cuenta sistemáticamente el interés de los usuarios en acceder a una información, aquellas que resulten de interés para el público por su naturaleza o por afectar a una figura pública no serán aceptadas. Y para su consecución, la implantación de un sistema de funcionamiento electrónico cobra un singular protagonismo.
Se trata de la aplicación al procedimiento administrativo común de lo previsto hasta ahora para los procedimientos de responsabilidad patrimonial cuando eran claros los elementos de la responsabilidad o para los procedimientos sancionadores cuando se trataba de infracciones leves, ambos supuestos regulados ahora, respectivamente, en los apartados cuarto y quinto del artículo 96 de la LPAC. Cabe destacar dos aspectos: para la persecución, tanto de la injuria como de la calumnia, es necesaria la presentación de querella por parte del agraviado, algo que se olvida demasiado a menudo. Recordemos que el artículo 14 de la Ley 39/2015 dispone: “Artículo 14. Esta generalización reporta un beneficio, una mejor prestación de los servicios públicos pero, principalmente, una prestación más eficiente. Con carácter previo a la interposición del contencioso, el interesado debe reclamar a la Administración el cumplimiento de su obligación legal. Aunque para un uso general puede ser bastante extrema, es interesante para ciertos escenarios. En consecuencia, podemos deducir que el delito de injurias viene más determinado por el significado de lo que se dice, la forma y el momento, que por la intención de su autor. Estonia también ha legislado de modo similar. Aunque aún es pronto para ver cuál puede ser la redacción definitiva de este Reglamento, lo cierto es que se siguen observando muchas similitudes con el derecho de cancelación ya conocido y estudiado. La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
De cualquier forma, el que suscribe no se arredró, y rápidamente envió la rectificación correspondiente…, que por supuesto no fue atendida. "Scales of Justice" Key on KeyboardO sea, sustancialmente podemos afirmar en primera y rápida lectura que a partir del próximo 2 de Octubre de 2016 (y aunque la vieja Ley 11/2007 fue la primera que “espoleó” a ciudadanos y administraciones para la implantación de lo electrónico), las personas físicas no tendrían obligación todavía de relacionarse electrónicamente con la administración (sólo derecho a hacerlo), pero sí los funcionarios que estarían obligados para sus cuestiones profesionales y además, las sociedades mercantiles, entre otros. Desde entonces fui escrupuloso a la hora de presentar emails como prueba, aportando a tal efecto el código fuente de los mismos, y dejando constancia de los servidores, si es que aun estaban en ellos, o en el disco duro en caso contrario (o ambos, para mayor adveración). La crítica está amparada por la libertad de expresión y no será delito.
Es destacable asimismo el reconocimiento normativo expreso del criterio para el cómputo de plazos por meses o años fijado por la jurisprudencia. Dicho esto, debo mencionar que la teoría del árbol envenenado no se aplica en tres casos: cuando existe una vía de investigación diferente que permite obtener las pruebas por un cauce distinto del empleado para recabar los elementos de prueba considerados ilegales (teoría de la fuente independiente); cuando las circunstancias hubieran llevado inevitablemente al mismo resultado, no existiendo vinculación de causalidad entre la obtención de la segunda prueba y la obtención de la primera (teoría del descubrimiento inevitable); y cuando el enlace jurídico entre una prueba y otra no sea evidente, no exista una indisoluble conexión fáctica entre ambas pruebas, y se requiera realizar un juicio de valor para encontrar rastros de dicha conexión (teoría de la conexión de antijuricidad o prohibición de valoración). Parece que considera que todo procedimiento electrónico se inicia a solicitud del interesado, que no intervienen terceros y que concluye sin más trámites que con la resolución en formato electrónico, debiendo ésta ser notificada en papel o mediante la sede electrónica o dirección electrónica habilitada, según los casos. CONCLUSIONES PRIMER A L a aparición y el desarrollo de las Nuevas Tecnologías han supuesto importantes cambios en la vida cotidiana de la mayoría de la población y en la mayoría de los ámbitos de la sociedad.
Eso sí, sin embargo, la persona ofendida debe interponer la querella correspondiente porque no son delitos que se puedan perseguir de oficio. Desde su nacimiento han venido acompañadas de polémicas sobre privacidad por incidentes con perfiles abiertos por defecto, protección de los menores o análisis de datos. Las Administraciones territoriales deben adoptar las medidas necesarias para posibilitar la interconexión de las redes con el fin de crear una red de comunicaciones que interconecte los sistemas de información de las Administraciones Públicas y permita el intercambio de información y servicios entre ellas. Con o sin voluntad de ofender, es muy común que se difame a una persona vulnerando su derecho al honor en internet. Por tanto y en la línea de la STC 170/1994, el sujeto que injuria tiene que tener la intención de promover en la sociedad el rechazo social mediante el uso del desprecio o vejación, pretendiendo causar un daño en el honor del ofendido a través de la imputación. Por lo que se refiere a la utilización de páginas web propiedad de entidades privadas, es obvio que debe primar en todo caso el consentimiento de los interesados. Nos dice “…usted concede a Twitter una licencia mundial, no-exclusiva y gratuita (así como el derecho de sub-licenciar) sobre el uso, copia, reproducción, procesamiento, adaptación, modificación, publicación, transmisión, exposición y distribución de tal Contenido a través de cualquier medio o método de distribución presente o futuro.” Google+, no podía ser una excepción en todo este asunto. Nuestra sociedad se desarrolla en gran parte en el mundo virtual. Si bien, lo cierto es que, dado que no todos los ciudadanos están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración, no puede consumarse estrictamente esa desaparición, si no que en cierta medida los tradicionales registros presenciales vienen a ser sustituidos por las oficinas de asistencia en materia de registros, donde se digitalizan los documentos para incorporarlos al expediente electrónico. Ya se ha indicado que es conveniente aportar en todo caso un número de teléfono móvil o una dirección de correo electrónico, con el fin de que la Administración avise de la puesta a disposición de una notificación.
Y el delito de calumnia es la imputación de un delito con conocimiento de su falsedad. Cuando el tratamiento de datos personales esté limitado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4, el responsable del tratamiento informará al interesado antes de levantar la limitación al tratamiento. La prueba judicial en España En España el Código Deontológico de la Abogacía Española establece que el abogado asesorará y defenderá a su cliente con diligencia y dedicación asumiendo personalmente la responsabilidad del trabajo encargado; y que mientras esté asumiendo la defensa deberá llevarla a término en su integridad gozando de plena libertad para utilizar los medios de defensa que estime pertinentes, siempre que sean legítimos y hayan sido obtenidos lícitamente, y no tiendan como fin exclusivo a dilatar injustificadamente los pleitos.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 13 de mayo de 2014 declara expresamente en este sentido que el ejercicio de los derechos de cancelación y oposición realizado frente a los buscadores sólo afecta a los resultados obtenidos en las búsquedas hechas mediante el nombre de la persona y no implica que la página deba ser suprimida de los índices del buscador ni de la fuente original. El año pasado, una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona obligó a un operador a cortar la conexión a internet de uno de sus clientes por compartir archivos. El Registro electrónico permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las 24 horas, si bien la presentación de escritos en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente. Segundo.- La libertad de expresión nos lleva a pensar que todo vale. Es decir, la licencia, para modificar, re-pìn, crear obras derivadas…se amplía a las personas que hacen uso de la red social. Es sujeto activo de este delito quien directamente efectúa la vejación.
Es importante señalar, que el Código Penal, no incluyendo un apartado específico para los delitos cometidos por vía telemática, sí que incluye un artículo específico a la hora de tratar cada delito que puede ser cometido en la red. y el hecho de que el College obtuviese esos datos legítimamente, «en forma de facturas telefónicas», no es impedimento para «constatar una injerencia en los derechos garantizados por el artículo 8 (ibidem)» Y, lo que resulta más relevante, «el almacenamiento de datos personales relativos a la vida privada de una persona se halla también en el ámbito de aplicación del artículo 8.1 (Sentencia Amann [TEDH 2000, 8, previamente citada, ap. Sin embargo, el que realice esta acción contra funcionarios públicos (en el ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de faltas penales o de infracciones administrativas) podrá quedar absuelto del delito si demuestra y prueba la verdad de dicha imputaciones. Las ganancias obtenidas por banners o pups-ups obligan al cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la información y de comercio electrónico que nuestros abogados supervisarán.
Otro de los retos —quizá de menos importancia— que las redes sociales ponen hoy sobre la mesa es el de la publicación de imágenes de terceros sin su consentimiento. Internet fomenta la libertad de expresión y permite a cualquiera que sus afirmaciones alcancen mayor repercusión y notoriedad, empoderando a la ciudadanía; pero la libertad de expresión no es absoluta. Trasladando la doctrina de esta teoría a nuestra realidad jurisdiccional se diría que, cualquier medio de prueba que no haya sido obtenido respetando los derechos y las libertades fundamentales consagradas en la CE y los Tratados Internacionales ratificados por España, está contaminado de ilegalidad y, por lo tanto, no podrá ser utilizado en los tribunales de justicia como medio de prueba válido y eficaz. En la ley española que aplica esta directiva, la Ley 25/2007 se establece una regulación prácticamente idéntica a la recogida en la Directiva comunitaria, estableciendo concretamente que la duración de la conservación de los datos sea de doce meses. A lo sumo, tales obligaciones se limitan o se matizan en la medida en que no se hayan habilitado por las Administraciones Públicas correspondientes los trámites y procedimientos electrónicos específicos. Aunque si eso es lo que parece deducirse del artículo 12.2, no debe olvidarse que el artículo 13 de la misma norma en cuanto a los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, enumera, entre otros, el de ser asistido en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas (letra b), así como el de la obtención y utilización de medios de identificación y firma electrónica contemplados en la ley.
El concepto se utiliza principalmente para denominar al sistema que brinda este servicio vía Internet mediante el protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), pero también permite nombrar a otros sistemas similares que utilicen distintas tecnologías. ¿Qué es el 'derecho al olvido'? El denominado 'derecho al olvido' es la manifestación de los tradicionales derechos de y cancelación y oposición aplicados a los buscadores de internet. La privacidad depende de nosotros, pero no solo de nosotros, también de la configuración de privacidad que tengan nuestros contactos en sus redes sociales. Por último, hay que tener en cuenta que los emails deben presentarse junto con la demanda y junto al resto de documentación desde el primer momento, ya que después se limitan las posibilidades de que se acepte como prueba.
Sobre esta base doctrinal, no cabe olvidar que en la sentencia recurrida, según se ha apuntado ya, se declara, al valorar la prueba pericial practicada a instancias de la parte actora, que quedó acreditado que la operativa del sistema es bloquear el acceso de las cuentas que realicen envíos masivos con incumplimiento de las normas de funcionamiento, sin que se alce el bloqueo hasta que el infractor se comprometa a respetar las normas de acceso (tercer fundamento de derecho), dándose por probado previamente (hecho cuarto) que la empresa tiene elaborado un documento denominado "política de uso de correo electrónico corporativo" en cuyo apartado 3.2.4 y en relación con el número de destinatarios de mensaje, se indica que será limitado por la organización con objeto de amoldarlo a la capacidad de los servidores y líneas de comunicación, disponiéndose, en fin, en el 3.2.5 que aunque se prevé la posibilidad de realizar envíos masivos de correos electrónicos a un número de destinatarios superior al permitido, ello será cuando se soliciten a través de la unidad de soporte DSI o por correo a una determinada lista y que una vez validado se podrá proceder al envío, reservándose la empresa el derecho de atender o denegar esas peticiones, con cuanto de más se precisa en dicho ordinal fáctico. Entre nosotros, la Agencia Española de Protección de Datos, principalmente desde el año 2007, ha realizado una importante labor en defensa de los derechos de los ciudadanos a que sus datos no circulen por internet sin su consentimiento, aunque ha centrado su objetivo en impedir no tanto que los datos no estén contemplados en la páginas de internet, sino en que los buscadores, en especial «Google» no indexara en sus búsquedas esos datos.
A continuación les presento el código MIME de un mail de prueba guardado en un archivo .eml junto con su visualización en un gestor de correos electrónicos Ya está creada la falsificación de correo electrónico. Le impuso las penas de cuatro años de prisión, multa de 45.000 Euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de nueve años y seis meses, así como al pago de las costas generadas. Otra de las cuestiones a tratar y que supone una de las principales novedades de la LPA es el tema de la identificación y firma de los interesados, que se distinguen por primera vez en una norma interna, en la línea del Reglamento europeo 910/2014, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE. Respecto a las injurias vertidas en foros públicos de internet, se entienden realizadas con publicidad a tenor de lo recogido en el artículo 211 CP. En un único volumen se aborda la implantación práctica de la llamada administración electrónica en las Administración Públicas, imprescindible tanto para las Entidades Locales, como para las Administraciones de las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado, así como para cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las anteriores, que también se encuentran sujetos a esta obligación legal. Aún así, el Tribunal Constitucional poco tendría que hacer: no podría cuestionar en la práctica la normativa europea. Muchas de las medidas contenidas en la LRJSP ya se encontraban en vigor antes de su aprobación.
El resultado de que se den todos estos elementos, es la lesión de unos derechos y garantías constitucionales, amparados en el artículo 18 de nuestra Carta Magna, esto son el derecho al honor, intimidad y propia imagen. Dado que recientemente se ha reformado la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios (LGDCU), introduciéndose algunos cambios importantes para los prestadores de servicios (especialmente los que se refieren a la forma y plazos de la devolución de productos), éste puede ser un buen momento para actualizar la información y los textos legales ya existentes y completamente personalizados para su negocio en concreto. En tercer lugar, sin perjuicio de que se aporte una copia en papel para facilitar la tarea del juez, debe aportarse al juzgado la prueba original, por lo que debe ser entregada en formato electrónico, haciendo una extracción de todo el contenido del email; esto es: El mensaje y su código fuente Los documentos adjuntos Las cabeceras técnicas, que aportan información sobre los servidores por los que ha pasado el correo electrónico.
Sobre los sábados como días inhábiles, ver Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas Lejos de los artículos doctrinales que han abordado con sus comentarios las críticas sobre los defectos y virtudes del paradigma actual en el acervo normativo administrativo español sobre las relaciones electrónicas entre la administración y los administrados, vamos a tratar el tema de una forma sencilla y simple. En el ejercicio de esa potestad jurisdiccional la prueba constituye uno de los problemas fundamentales dentro del proceso judicial (independientemente que estemos en el orden civil, penal, contencioso-administrativo o social) puesto que la respuesta final que da el juez sobre la cuestión suscitada en la demanda o sobre los delitos imputados en la denuncia (la sentencia) tiene que apoyarse, necesariamente, en los hechos debidamente probados. La aplicación de las nuevas tecnologías a las relaciones administrativas no constituye, por tanto, en modo alguno, una novedad, puesto que el ordenamiento administrativo ya contaba con un marco normativo dirigido a hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración por medios electrónicos.
En concreto dos derechos que se configuran como garantías constitucionales del artículo 20 de la Constitución, siendo la libertad de expresión y la libertad de información. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (la “LRJSP”) pretende salvar esta grave carencia, convirtiendo la Administración Pública en una «Administración Electrónica», a través de la generalización del uso de los medios electrónicos en el quehacer diario de la Administración. [Símbolo de correo electrónico] La cuestión hoy en día es de vital importancia, pues el uso del email está completamente extendido, no solo para uso privado. Este delito consta de una serie de elementos y características necesarias para que se dé el tipo delictivo. Es el juez quien decide si la calumnia o injuria es grave o si por el contrario no es mas que una desafortunada opinión, que si bien puede perjudicar o molestar de algún modo a la persona a la que se refiere, no es constitutiva de delito alguno. II. Más allá de estas eventuales incidencias, la normalización del empleo de medios electrónicos es un elemento indispensable para la satisfacción de los intereses generales.
El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. Pues aquéllos que asumen el liderazgo y la colaboración en esta labor de implantación de la administración electrónica son los que se encontrarán directamente con las mayores dificultades en la tarea, sin que por ello deban "penar" con mayores culpas, sino tan sólo con la posibilidad de utilizar los mecanismos y recursos que la regulación del procedimiento, ya sólo en formato electrónico, le ofrece, en este caso, el cumplimiento normativo sobre la base legal expuesta. Claro que en caso de que se implementen ese tipo de leyes es necesario que sean redactados de un modo que tampoco afecten la libertad de expresión, pues después de todo cualquiera tiene derecho a manifestar su oposición a ciertas prácticas sin ser sancionado al respecto. Pero el número cada vez mayor de resoluciones judiciales relativas a casos de este tipo nos demuestra de que, si se persigue con suficiente tenacidad y la conducta realizada es realmente ilícita, se puede obtener una condena al infractor y, según proceda, un resarcimiento para la víctima.
Por lo tanto las reglas sobre aportación de los correos electrónicos serán las mismas ya estemos en la jurisdicción penal, contencioso administrativa o laboral. Por último y no por ello menos importante, señalar que es fundamental utilizar el sentido común en el uso de las redes sociales y recordar que el ejercicio de nuestros derechos tiene como límite los derechos de los demás. En primer lugar, que no se trata de una tarea fácil, ya que se debe asegurar no sólo la conservación, la autenticidad y el acceso futuro, con ciertas condiciones, sino también el tema referente a la firma. En ocasiones, las redes sociales se utilizan para cometer otros delitos como el de difusión de imágenes (artículo 197.3 del Código Penal), con finalidades vejatorias o de venganza personal. La práctica de la notificación electrónica tiene lugar con la comparecencia del interesado en la sede electrónica de la Administración y, en todo caso, se entiende que existe comparecencia en el momento en que el interesado accede al contenido de la notificación. Por lo que respecta a intentos de regulación en otros países, en la mayoría de las ocasiones lo que ocultan son intentos más o menos elaborados de control de lo que se publica en internet o, incluso, de censura.
Desafortunadamente tanto injurias como calumnias o amenazas difundidas publicamente por médios digitales y redes sociales forman parte de los delitos mas numerosos. Si el acusado de un delito de calumnia logra acreditar que los hechos que se le atribuyen a la persona supuestamente calumniada son ciertos, quedará exento de toda responsabilidad penal. El mismo exige que la acción que perpetre esta injuria se dirija con la intención o ánimo de producir una lesión en el honor y la dignidad de una persona. No tener unos términos legales adaptados a los servicios y productos que se ofrecen, así como lo referente a la operativa del sitio web y de la empresa, pone al negocio online en un serio riesgo. *Contratación electrónica, Firma electrónica y certificación digital. Celebración del Día de Internet en Ciudad de México el año pasado Celebración del Día de Internet en Ciudad de México el año pasado "En ocasiones se introducen derechos en algunos países de América Latina con la voluntad de ver si algún día lo podemos cumplir", detalla , catedrático del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga y coordinador de la Red de Derecho TICs, restando importancia a esos cambios.
En dicho apartado, de gran amplitud, es donde se escribe el mensaje que desea enviar. Por ejemplo, si concurre el agravante de publicidad, el castigo se eleva a multa de entre seis y catorce meses. La calumnia por lo tanto tiene una estructura base, consistentes en la imputación de un delito, establecida desde dos posibles de actitudes por el autor delictivo, ya sea la conciencia de su falsedad o la indiferencia por casar realidad y acusación: Sin márgenes Este ilícito está perseguido con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a doce meses, salvo que mediase publicidad por lo que ascendería de doce a veinticuatro meses. Garantizarlo va a ser en breve algo más que una exigencia jurídica, la credibilidad, respetabilidad y confianza en el proveedor dependerá de ello El Máster en Derecho de las TIC, Redes Sociales y Propiedad Intelectual forma a especialistas innovadores, creativos y capaces de entender los nuevos modelos de negocio que han surgido a través de la incursión de las tecnologías de la información en el mundo empresarial. Estos documentos sirven como medio de prueba plena en un juicio sobre el hecho de que tratan, su fecha y la identidad de las personas que intervienen. Lo que no le dio tiempo de precisar al entrevistado fue que existen ciertas exigencias legales que condicionan la actuación de esos sujetos en el proceso y que limitan la validez y la eficacia probatoria de los medios de prueba aportados.
La Agencia se ocupó de ello y, en una Resolución de fecha 23 de noviembre de 2011 indicó que “La AEPD entiende que, en el actual estado de la tecnología -al margen de las mejoras técnicas que quepa introducir sobrevenidamente (sic.)- la adopción del protocolo de la industria denominado “robots.txt” es un método válido para atender las solicitudes de los ciudadanos que, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo IV del Título III del Reglamento de desarrollo de la LOPD han ejercitado su derecho de cancelación o de oposición ante un boletín o diario oficial, al considerar que existen motivos que justifican la cesación del tratamiento consistente en permitir la indexación de sus datos publicados en una determinada edición” Respeto del derecho a la intimidad en la obtención de la prueba Con respecto al derecho constitucional a la intimidad, la propuesta en un proceso de contenidos de mensajes de Whatsapp como medio de prueba, no podrá vulnerar el artículo 7 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que regula las intromisiones en la intimidad, ni el artículo 197 del Código Penal, dedicado a los delitos contra la intimidad.
De algún modo empresa, marca y producto se acercan a la vía pública y conversan Conviértete en un abogado experto en los nuevos retos jurídicos de la era de la información El objetivo del Máster en Derecho de las TIC, Redes Sociales y Propiedad Intelectual es que avances en tu carrera y te conviertas en un jurista especialista, innovador y creativo, capaz de entender y acompañar a las empresas en su expansión a través de Internet, las Redes Sociales y las nuevas tecnologías. Este concepto de delito grave ha sido analizada por la AP de Madrid, Secc 4ª en la resolución entiende que: “En esa obligada interpretación y en atención a la jurisprudencial constitucional, de la que ya hemos hecho cita anteriormente, entendemos que los “delitos graves” a que se refiere la Ley 25/2007 no son exclusivamente los delitos castigados con pena superior a cinco años, sino que también han de incluirse en tal expresión aquellos otros delitos castigados con pena inferior y que, por tanto, tienen la calificación legal de “delitos menos graves”, pero que merezcan la consideración de graves en atención a otros parámetros, tales como la importancia del bien jurídico protegido, la trascendencia social de los efectos que el delito genera o la inexistencia de medios alternativos, menos gravosos, que permitan su investigación y esclarecimiento.
En todo caso, «No publique en los perfiles de las redes sociales excesiva información personal». Además, para 2015 el gobierno prevé que todos los finlandeses dispondrán de una conexión de 100 Mb. Recurriendo al lenguaje un tanto rocambolesco que solemos utilizar los juristas, podríamos decir algo así: un correo electrónico prueba que un determinado mensaje se ha enviado desde una determinada cuenta emisora a una determinada cuenta receptora. El estudio del Derecho, como no podría ser de otro modo, también está inmerso en este proceso. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. En ocasiones, los delitos de injurias y calumnias suelen se confundidos sin embargo, tal y como veremos a continuación, se trata de actos delictivos bien diferenciados. Pero con ellos no se recogen todos los posibles problemas que puede plantear internet: dejamos de lado todo lo referente a la protección de datos personales, a la protección de copyright, a la censura o, entre otras, a la neutralidad de la red].
Es por ello que me parece muy acertada la idea de acudir a esas empresas de Certificación de Mails que generan “Actas de Comunicación” (como las Actas Notariales), que demuestran la transmisión, el contenido íntegro y el acuse de recibo de todos los correos electrónicos que se hayan validado. Este servicio se presta en modalidad SaaS (Software as a Service), es decir, en la nube, de manera que los ayuntamientos no tengan que asumir coste alguno de instalación o dotación de infraestructura hardware o software derivada del uso del servicio. La determinación de las obligaciones de los sujetos que proveen servicios de redes sociales y de los que interactúan en ellos, las condiciones de uso y acceso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la garantía de la vida privada o de la propiedad intelectual, o la salvaguarda de los derechos de los menores siguen ocupando y preocupando a los operadores jurídicos. -STS, Sección 1ª, de fecha 24 de marzo de 2.015. Manifestaciones de este tipo pueden afectar gravemente a la reputación on line de una persona, dado el efecto viral de la información en Internet y en las redes sociales. Inicie acciones legales.
Por su parte, la injuria consiste en proferir expresiones o realizar actos que lesionen la dignidad ajena, menoscabando la fama de la persona o atentando contra su propia estimación. A esta cuestión en cierta medida, aunque sin tanta dedicación, se refiere ya la LAECSP, en particular, cuando regula la posibilidad de identificación de los ciudadanos mediante funcionario público. En segundo lugar, nos tenemos que referir de manera destacada a la firma electrónica y su eficacia probatoria. Reglas procesales sobre los medios de prueba Estas reglas regulan las normas sobre los medios probatorios, es decir, la tipología de medios de prueba admisibles, la definición de los medios de prueba, en qué circunstancias se pueden excluir o inadmitir los medios de prueba, y la obligatoriedad de practicar determinados medios de prueba en algunos procesos específicos. Es por ello que este ánimo debe deducirse de la actitud del sujeto, por lo que hay que tomar en consideración las palabras expresadas, para ver si son deshonrosas. En el caso de que, bien por nuestra propia voluntad, o bien por voluntad ajena, deseemos borrar nuestros datos de la red, los problemas son también importantes. Para denunciar en Facebook es necesario hacer click en Acciones (en la parte superior derecha), y después en Denunciar spam o abuso.
En general, resulta preferente la transcripción escrita de las palabras contenidas en este tipo de instrumentos, cuando sea posible, así como la aportación de los dictámenes y medios de prueba instrumentales que considere convenientes (la parte). En amarillo donde hay algún tipo de control. Las instancias o solicitudes que se presenten deben indicar el medio electrónico en que se desea que se practiquen las notificaciones del procedimiento (por ejemplo, la dirección electrónica habilitada). Para el Gobierno inglés, «el seguimiento no consistió pues en nada más que un análisis de la información generada automáticamente para determinar si las instalaciones del College se habían usado con fines personales». T anto los derechos fundamentales a la intimidad, el honor y la propia imagen , como el derecho a la privacidad personal están siendo objeto de graves intrusiones como consecuencia de l a expansión de Int ernet , de la aparición de nuevos servicios o nline y de la utilización de las redes sociales. Dirigido a Este curso está orientado a personas que estén cursando la licenciatura o el grado en Derecho o que hayan finalizado y quieran especializarse en esta disciplina, así como a abogados en ejercicio y a personas en general que estén interesadas en tener una visión global de la legislación en esta materia.
Ahora bien, la Administración Pública se encuentra aquí, ciertamente, ante un reto formidable, como es alcanzar un nivel generalizado de uso de los medios electrónicos para el desempeño de las funciones que constitucionalmente le corresponden. Es decir, no basta con un simple insulto, sino que debe lesionar la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentar contra su propia estimación. La Injuria puede ser calificada como falta, o como delito. Si responsable del delito recibió o le prometieron alguna recompensa, además del castigo señalado, le será impuesta la pena de inhabilitación por un tiempo de 6 meses a 2 años.
A quién va dirigido A profesionales del derecho o la informática, abogados, juristas, expertos en leyes, comunicadores, técnicos de marketing y responsables de departamento y, en general, a cualquier persona interesada en formarse en derecho tecnológico. En este caso, estará cometiendo un delito de injurias. La jurisprudencia de esta sala es coherente con la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el máximo nivel de eficacia justificadora del ejercicio de las libertades de expresión e información frente al derecho al honor cuando los titulares de este son personas públicas, ejercen funciones públicas o resultan implicados en asuntos de relevancia pública (SSTC 107/1988, de 8 de junio,110/2000, de 5 de mayo, y216/2013, de 19 de diciembre).
lunes, 10 de junio de 2013
Investigacion judicial motivada
- Si es una clase de educación sexual se deben enseñar las enfermedades sexuales. - Si se enseñara cualquier tipo de enfermedad sería una clase de medicina. - Si sí, me encantaría saber cuál es. Si no, entonces las clases de educación sexual habrán de ser para universitarios. - Sin carnet
- Sólo ha sido cuando Garzón ha tocado las narices a quien no debía -investigación del franquismo y trama Gürtel- cuando se ha hecho algo al respecto. Visto que es habitual saltarse las condiciones procesales básicas para los detenidos en España, han conseguido encausar a Garzón no por una sino por tres cuestiones.
- Tom Cruise, gracias a Algunos hombres buenos,lo haría bién, pero no está preparado para soportar la verdad.. - Uyy pues si es ese chico tan majo que metía goles con la mano (y penaltis con la polla). - y denigra - Y un abrazo pa'los niños.
- Yo soy abogado y ... bueno ... me mandaron al Cielo. - Yo soy Jesús, el hijo de Dios y te digo que ya no puedes entrar al Cielo. ----- ÉSTA ESTRUCTURA AUTONÓMICA SIN FRENOS PRODUCE PARO HAMBRE Y MISERIA----- -----UN PAIS QUE TIENE UNA ESTRUCTURA MULTIPLICADA PORVECES----- -¿Es verdad que usted en ocasiones decia jarl?
-. millones de euros del PSOE a las televisiones privadas..TELE, CUATRO, SEXTA, TVE, ANT... (para ser aborregados con noticias Irrelevantes) -+ Parlamentos Autonómicos....despilfarros Oscenos propios de Tiranias.... -.. de funcionaros + . liberados sindicales..(que pagamos como funcionarios) -. COCHES OFICIALES!!! (Somos el país con + coches oficiales del mundo)
-Ahora que está juzgado y condenado podemos decir que Garzón es un delincuente, un terrible peligro para la sociedad, sin miedo a que nos pase nada, porque un juzgado lo ha dicho libre y claramente (ver punto ). -Al Kassar un presunto traficante sirio estuvo más de un año en prisión preventiva tras una espectacular detención, para luego ser liberado, era .
- Sólo ha sido cuando Garzón ha tocado las narices a quien no debía -investigación del franquismo y trama Gürtel- cuando se ha hecho algo al respecto. Visto que es habitual saltarse las condiciones procesales básicas para los detenidos en España, han conseguido encausar a Garzón no por una sino por tres cuestiones.
- Tom Cruise, gracias a Algunos hombres buenos,lo haría bién, pero no está preparado para soportar la verdad.. - Uyy pues si es ese chico tan majo que metía goles con la mano (y penaltis con la polla). - y denigra - Y un abrazo pa'los niños.
- Yo soy abogado y ... bueno ... me mandaron al Cielo. - Yo soy Jesús, el hijo de Dios y te digo que ya no puedes entrar al Cielo. ----- ÉSTA ESTRUCTURA AUTONÓMICA SIN FRENOS PRODUCE PARO HAMBRE Y MISERIA----- -----UN PAIS QUE TIENE UNA ESTRUCTURA MULTIPLICADA PORVECES----- -¿Es verdad que usted en ocasiones decia jarl?
-. millones de euros del PSOE a las televisiones privadas..TELE, CUATRO, SEXTA, TVE, ANT... (para ser aborregados con noticias Irrelevantes) -+ Parlamentos Autonómicos....despilfarros Oscenos propios de Tiranias.... -.. de funcionaros + . liberados sindicales..(que pagamos como funcionarios) -. COCHES OFICIALES!!! (Somos el país con + coches oficiales del mundo)
-Ahora que está juzgado y condenado podemos decir que Garzón es un delincuente, un terrible peligro para la sociedad, sin miedo a que nos pase nada, porque un juzgado lo ha dicho libre y claramente (ver punto ). -Al Kassar un presunto traficante sirio estuvo más de un año en prisión preventiva tras una espectacular detención, para luego ser liberado, era .
martes, 4 de junio de 2013
Litigios en contratos de alquiler
El arbitraje El arbitraje es un procedimiento por el cual se somete una controversia, por acuerdo de las partes, a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dicta una decisión que es obligatoria para las partes. Costas e intereses en el Proceso Monitorio ¿En un juicio monitorio quien paga las costas? La presentación de un monitorio, frente a un declarativo, es una opción del acreedor, de tal forma, que, en caso de oposición , que derive en un declarativo (verbal o juicio ordinario), en caso de pronunciamiento de costas en el declarativo, no podrá incluir partida alguna devengada del monitorio al ser dos procedimientos distintos .Téngase en cuanta que el monitorio, después de la oposición de los deudorres hay pronunciamiento de condena.Se archiva el monitorio y se remite al juicio declarativo que por cuantía corresponda. ¿Qué les parece la nueva Ley de Fomento del Alquiler a quienes bregan en el día a día con inquilinos y propietarios? Su objetivo, dice el texto, es dar mayor flexibilidad y la libertad entre las partes.
Las partes podrán pactar cualquier tipo de garantía del cumplimiento por el arrendatario de sus obligaciones arrendaticias adicional a la fianza en metálico. Dado que las partes han pactado un convenio arbitral, en el caso de que una de las partes inicie el procedimiento arbitral contra la otra, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 5 de la Ley 60/2003 de Arbitraje, aceptan que cualquier notificación o comunicación se considerará recibida tanto si ha sido entregada al destinatario como si ha sido intentada su entrega en el domicilio designado en el contrato. Si la vivienda cambia de propietario a causa de una compraventa, mantener el contrato de alquiler. ¿Cuánto cobra un abogado por un monitorio? La intervención del abogado está regida por las correspondientes normas orientadoras del colegio de Abogados correspondiente. El arrendatario que soporte las obras tendrá derecho a una reducción de la renta en proporción a la parte de la vivienda de la que se vea privado por causa de aquéllas, así como a la indemnización de los gastos que las obras le obliguen a efectuar.
Si tiene prestado un aval el dueño lo tiene claro ejecuta el aval en cuanto deje de pagar. Si no llega a un acuerdo o bien deja de pagar y se queda usando el local seis meses, con lo que le condenarán a pagar los seis meses (el aval) y los honorarios del abogado y procurador de la parte contraria, o bien se mete en un juicio para intentar que el juez decida que el motivo de la resolución está justificado y no tiene que pagar la renta, lo cual será complicado con el problema añadido de tener que pagar su abogado y procurador y los de la parte contraria. En estos casos bastará la publicidad del edicto en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial. A la hora de alquilar un piso también se puede consultar con un especialista o acudir a alguna agencia especializada para asesorarse en este trámite y asegurarse un contrato de alquiler seguro con todos los aspectos en regla.
Derechos del propietario: Recuperación de la propiedad Según establece el Código Civil, la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.
El impago de los gastos de comunidad y del IBI fundamentaría la resolución de un contrato de arrendamiento celebrado con posterioridad a la entrada en vigor de la LAU porque en su artículo artículo.27.2 de la LAU se especifica como causa resolutoria la falta de pago de la renta o, en su caso, de cualquiera de las cantidades cuyo pago haya asumido o corresponda al arrendatario. El Consejo Arbitral para el Alquiler de la provincia de Málaga resuelve los conflictos entre arrendatarios e inquilinos en aproximadamente 40 días, frente a los 6 meses de media que suelen durar los procesos judiciales ordinarios. La comunidad de propietarios debe cumplir lo establecido en el artículo 21 de la LPH para la reclamación de gastos necesarios para el sostenimiento del inmueble, así como sus servicios. Para que pueda entenderse mejor, vamos a poner un EJEMPLO claro: presenta petición inicial de monitorio por importe de 3.500 euros.
Dicha petición inicial puede ir sin firma de abogado ni Procurador. "la ley es confusa y difusa. Recuperar la vivienda en caso de extrema necesidad, por ejemplo, si quiere utilizar la vivienda para sí mismo, para familiares de primer grado o para su cónyuge en casos de separación, divorcio o nulidad. El Desahucio express la Ley 19/2009, de 23 de noviembre que, introduce un procedimiento rápido para llevar a cabo los desalojos de viviendas judicialmente, son los denominados DESAHUCIOS EXPRESS en relación con los procesos arrendaticios aquí comentados. En los juicios verbales en que se pida el desahucio de finca urbana, la sentencia se dictará en los cinco días siguientes, convocándose en el acto de la vista a las partes a la sede del tribunal para recibir la notificación si no estuvieran representadas por procurador o no debiera realizarse por medios telemáticos, que tendrá lugar el día más próximo posible dentro de los cinco siguientes al de la sentencia. Es lo que se llama popularmente como “allanamiento al monitorio“, aunque en realidad, allanamiento como tal no hay:o se paga, o se opone.
Procedimiento del Juicio Monitorio Fases del Procedimiento. Con independencia de cuanto se ha indicado en el encabezamiento del presente contrato y a estos efectos, las partes fijan como domicilio para oír notificaciones: Por ello, será válida la notificación, citación o comunicación realizada, por cualquiera de los medios indicados, todo ello de conformidad al artículo 5 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje. (Redactado según Ley 19/2009 de 23 de noviembre (BOE 24 noviembre) El desahucio: La falta de Pago El dueño de una vivienda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos podrá interponer una demanda de desahucio para rescindir el contrato y exigir el desalojo de la vivienda en alquiler. Para aclarar las dudas sobre la legitimidad de las cláusulas sospechosas de abuso más frecuentes, abogado experto en materia de arrendamientos, explica las claves de estos contratos y determina la legitimidad de la presencia de estos polémicos puntos.
En los casos de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, para evitar demoras en la práctica del lanzamiento, previa autorización del secretario judicial, bastará con la presencia de un único funcionario con categoría de Gestor, que podrá solicitar el auxilio, en su caso, de la fuerza pública. Si en los 20 días el deudor no comparece ante el Juzgado, el Secretario Judicial dictará Decreto y se despachará ejecución contra él.A partir de ahí se iniciaría la vía ejecutiva.No es necesario esperar el plazo de 20 días del 548 LEC. encontrar información detallada acerca de las características y casuística de este tipo de contratos. Demasiadas libertades Hay muchos caseros con años de experiencia que se aprovechan del desconocimiento o inexperiencia de los inquilinos y de los vericuetos legales para tomarse demasiadas libertades, como por ejemplo, meter a más personas en la casa de las que su espacio admite.
Eso es lo que dicen los jueces, pero la realidad es que les molesta un huevo que vengan extraños a cazar en su coto. (Verbal o Juicio Ordinario). Asimismo, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) ya incluye la cláusula del Consejo Arbitral en algunos de sus contratos de arrendamientos. Las partes, en caso de incumplimiento, para cualquier controversia, discrepancia, aplicación o interpretación del presente contrato, se someten al arbitraje de la Asociación Europea de Arbitraje (AEADE), de acuerdo al convenio adjunto nº ………….. Percibir la fianza depositada una vez finalizado el contrato. El pacto a que se refiere la Ley arrendaticia no exonerará al propietario de hacer frente a sus obligaciones fiscales, aunque pueda derivar la obligación económica de pago al arrendatario. Por buscarle alguna virtud, ¿no sería una manera de que los alquileres en negro desaparezcan? "Hacienda lo tiene fácil puesto que el inquilino se desgrava y en la declaración de la renta tiene que poner la referencia catastral, lo que permite localizar al propietario que no declare el alquiler".
¿En qué casos funciona mejor la mediación? Los mediadores ya han detectado que las situaciones o tipos de conflictos donde la mediación funciona mejor son: Retraso de pagos. Si la demanda de desahucio va acompañada de la petición de desalojo, el Juez lo acordará en la Sentencia. Para ello, el cliente sólo tiene que incluir la Clausula de Arbitraje en su contrato de alquiler, que supone un coste de 98 euros para toda la vigencia del contrato. Abonar los gastos de escrituración del contrato salvo pacto en contrario (artículo 1555-3º C.C.). Rescindir el contrato cuando lo necesite, a partir de los 6 meses, siempre y cuando avise al arrendador con una antelación mínima de 30 días. Prestar la fianza (artículo 36 LAU). La enervación llevará consigo la condena en costas al arrendatario. La mediación busca generalmente que el inquilino abandone la vivienda si no puede pagar las rentas, o que continúe en el mismo inmueble poniéndose al día de los pagos, algo que se logra en la mayoría de las ocasiones.
Aunque la mayor parte de los conflictos se soluciona en dos sesiones, el 61 %. Otra de las novedades —según buena parte de los expertos consultados, debe darse por no puesta— es la posibilidad de pactar con el dueño pagar las obras de mejora y resarcirse suspendiendo el pago de la renta. "No tiene validez", asevera. No será necesaria la publicación de edictos en el «Boletín Oficial» de la Comunidad Autónoma o en el «Boletín Oficial del Estado» en los procesos de desahucio en los que se acumule la acción de reclamación de las rentas y cantidades debidas. Es decir, lo que se reclama en el procedimiento monitorio es dinero, moneda nacional o extranjera de curso legal;cuyo plazo para pagar haya transcurrido, sin estar sujeta a condición y que sea determinada o concreta en una suma u operación aritmética. Igualmente, en la resolución que se dicte teniendo por opuesto al demandado se fijará día y hora para que tenga lugar, en su caso, el lanzamiento, que deberá verificarse antes de treinta días desde la fecha señalada para la vista, advirtiendo al demandado que, si la sentencia fuese condenatoria y no se recurriera, se procederá al lanzamiento en la fecha fijada, sin necesidad de notificación posterior.
Si el propietario no repara la calefacción o la cocina de vitrocerámica, el inquilino no debe caer en el chantaje de no pagar la renta, porque se puede meter en un proceso de desahucio. Desde el 1 de junio de 2013, en todo contrato debe aparecer la copia del certificado energético de la vivienda o local arrendado y, lógicamente, debe aportarlo el arrendador. Cualquiera que sea la pretensión ejercitada en esta clase de juicio, la competencia territorial se determina siempre de forma imperativa con arreglo a los fueros legalmente establecidos para cada caso: en primer lugar, el fuero especial que corresponda conforme a las previsiones del artículo 52 LEC ; y, en su defecto, los fueros generales relativos al domicilio o residencia del demandado ( artículo 50 LEC para las personas físicas y artículo 51 para las personas jurídicas y entes sin personalidad).
Subarriendo Si tienes la idea de admitir a otra persona que te ayude a pagar el alquiler debes incorporar al contrato la autorización expresa del casero para un subarriendo parcial. Como siempre, nuestra recomendación, consultar con un especialista antes de formalizar el contrato de arrendamiento o en caso de cualquier incidente. Si finalmente el arrendatario ni paga ni devuelve la posesión de la vivienda arrendada, el arrendador se verá obligado a iniciar el procedimiento de desahucio por falta de pago de las rentas del alquiler. Soportar las obras de mejora no diferibles a la expiración del contrato (artículo 22 LAU). Pero el hecho de que este alquiler haya sido declarado o no por parte del propietario, el inquilino sigue amparado por la ley. Una vez presentada la petición inicial, y en caso que se presente oposición por el deudor, si la cuantía de lo reclamando es superior a 6.000 euros se remitirá al Juicio Ordinario.
En este caso SÍ SERÁ PRECEPTIVA LA INTERVENCIÓN DE ABOGADO Y PROCURADOR. Cuente con nosotros, los abogados especialistas Otro subtipo de contrato de arrendamiento es el conocido como Contrato de Obra. En realidad el procedimiento para implicar a un avalista en el cumplimiento de un contrato de arrendamiento es tan sencillo como añadir una simple cláusula con sus datos y consentimiento. El saldo de la fianza en metálico que deba ser restituido al arrendatario al final del arriendo, devengará el interés legal, transcurrido un mes desde la entrega de llaves por el mismo sin que se hubiere hecho efectiva dicha restitución. y, a sensu contrario, 27-2f LAU y devolverla al término del contrato (artículo 1561 C.C.). Realizar las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda y las que le sean imputables por un mal uso o por ser el causante del daño. Si no figura esa cláusula, el arrendador puede demandar al arrendatario por incumplimiento de contrato, con probable condena a seguir pagando o hasta alquilar nuevamente la vivienda o hasta cumplir el año, además de condenarle en costas.
Devolución de fianza por el propietario, cuando el inquilino abandona la vivienda en perfecto estado. Corte de Arbitraje de los Api en España, un sistema para resolver los conflictos inmobiliarios con las mismas competencias que un juzgado, pero que permitirá solucionar los casos de impagos y posterior desahucio en tan sólo dos meses, reduciendo así el tiempo medio de un año si el caso termina en un contencioso judicial, según apuntó colectivo de agentes inmobiliarios de la provincia. La ley da seis meses para regular este asunto y habla de modificación de aranceles notariales y registrales. Para la resolución de cualquier litigio que pudiera derivarse de la interpretación o aplicación del presente contrato, las partes se someten, de mutuo acuerdo, al sistema arbitral de solución extrajudicial de conflictos articulado por el Consejo Arbitral para el Alquiler de la provincia de Málaga, en sus Normas de Funcionamiento, de acuerdo con las funciones que le corresponden en virtud de lo establecido en el artículo 4.b) de la Orden 61/2008, de 4 de marzo, por la que se crea dicho Consejo.
Establece los mecanismos de devolución de la fianza, en caso de que pudiera corresponder. Se refieren a la creación del registro de sentencias firmes de impago donde consultar el nombre del futuro inquilino que, por el contrario, Pueden ser de tres tipos, de cosas, de obras y de servicios. Quebraderos de cabeza, años de litigios y, en muchos casos, epílogos plagados de situaciones en las que el dueño del piso lo recupera "en pésimas condiciones o destrozado", según apuntaron ayer fuentes del colectivo. Requerimiento y notificación al propietario moroso, siendo suficiente un Burofax con acuse de recibo o un telegrama, con inclusión de los detalles de la liquidación de la deuda. Otros arrendamientos de cosas muy comunes, son los de vehículos sin conductor, conocidos como “rent a car” los cuales, a su vez, pueden ser de corta o larga temporada.
Casos de inmigrantes que viajan a su país por un tiempo y no pagan la renta durante dicho periodo o personas que se quedan sin empleo. ¿Es necesaria la intervención de Abogado y Procurador en el Juicio Monitorio? Para la petición inicial de Juicio Monitorio no es necesaria la intervención de abogado y procurador.Otra peculiaridad del juicio monitorio es que, cualquiera que sea la cuantía, no se exige la intervención de abogado ni procurador para presentar la demanda del procimiento monitorio en el Juzgado que sea competente.(artículo 31 LEC) Ahora bien, en el supuesto que se oponga el deudor, de forma que se reconduzca a Juicio Verbal o juicio Ordinario , es obligatoria la intervención del Abogado y Procurador cuando la cuantía de lo reclamado sean 2.000 euros. Si por ser de cuantía superior a 6.000 euros , se sigue un procedimiento ordinario, el que reclama la deuda deberá pagar nuevamente las tasas judiciales, descontando el importe satisfecho por las pagadas en el proceso monitorio.
El resto del post serán vuestras propias aportaciones con ideas frescas para mejorar la estrategia anti-morosidad que tanto daño hace al alquiler de viviendas en este país. Los procesos de mediación se realizan por un experto que se pone en contacto personal con las partes. En definitiva, el juicio monitorio es un instrumento efectivo para el cobro de impagos de morosos, que pone a a disposición del justiciable, una herramienta sencilla y efectiva para la reclamación del pago de cantidades adeudadas por la persona a la que se demanda. “Este incremento -ha señalado Rollán- es un buen indicador de que las políticas de fomento del alquiler en la región están dando sus frutos, alcanzando mayor confianza entre arrendadores y arrendatarios”. abogado y experto en arrendamientos, viene defendiendo a una sola de las partes en los alquileres, como asesor jurídico de la Cámara Oficial de Inquilinos de Málaga. Hay muchos propietarios que tienen una actitud amenazante y hacen uso de su situación de poder para presionar al inquilino.
Si hay negativa del arrendatario, aunque conste un pacto en el documento firmado, la ley contempla la inviolabilidad del domicilio, por lo que la entrada sólo podría autorizarla un juez. A partir de la firma del acuerdo de terminación, ya no existe la obligación de pagar renta. Los inquilinos necesitan, a su juicio, "asesoramiento especializado como el que damos desde la Cámara". Entrar en la casa alquilada está prohibido. La devolución del dinero que se había pagado de más al banco, es decir, la conocida como retroactividad que los tribunales están limitando en este caso a mayo de 2013, también puede plantear algún quebradero de cabeza.
Desde el inquilino ideal que cumple con la renta y cuida la casa como si fuera suya, hasta con auténticos profesionales que se conocen la legislación y a los que prácticamente resulta imposible notificar una citación", La Corte de Arbitraje se constituye como un instrumento de resolución de conflictos en los contratos de arrendamiento de viviendas y locales comerciales a fin, de que tanto los propietarios como los inquilinos puedan resolver sus diferencias en un plazo breve, y se presenta ahora mismo como una la alternativa mucho más rápida y económica que acudir los Tribunales de Justicia, según los Api. El subarriendo, incluso un ‘invitado permanente’ sin autorización escrita del casero, puede ser causa de desahucio. En todos los casos de desahucio, también se apercibirá al demandado en el requerimiento que se le realice que, de no comparecer a la vista, se declarará el desahucio sin más trámites y que queda citado para recibir la notificación de la sentencia que se dicte el sexto día siguiente al señalado para la vista. ¿Desventajas? La mayor desventaja, que los árbitros carecen de la “potestas” de la que están revestidos los tribunales. Por ejemplo, en caso de retención de la fianza, habrá que esperar a la cuantificación de las obligaciones pendientes para hacer la liquidación definitiva, lo que puede dar lugar a incumplimientos futuros y litigios.
Es GRATIS y está a disposición de los ciudadanos en todos los Juzgados, para la petición inicial de los procedimientos monitorios, según el artículo 31 de la LEC. A veces litigar con relación a estos asuntos es inevitable. Vuelve la pelota a rebotar en contra del inquilino, según algunos expertos. "Que a los tres años se tenga que renegociar un nuevo contrato supone enfrentar a los inquilinos a posibles subidas en la renta que no podrán afrontar". Se advertirá al demandado que, de no comparecer a la vista, se declarará el desahucio sin más trámites, quedando citado al sexto día para recibir la sentencia. Gastos de comunidad, IBI y basuras Los gastos de Comunidad y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) corresponde pagarlos al casero pero puede acordarse en el contrato que los pague el inquilino, en tal caso para que puedas ser obligado a pagar las cuotas de Comunidad, debe constar en el contrato el importe anual de las mismas. Exigir que se le devuelva la vivienda tal y como se alquiló.
En el supuesto de que no se encontraren los arrendatarios en el domicilio arrendado, podrá efectuarse la entrega a cualquier familiar mayor de 14 años que se encuentre en ese lugar, o al conserje, advirtiendo a éste que está obligado a entregar la copia de la resolución o la cédula al destinatario de ésta, o a darle aviso si sabe su paradero. Cuando un arbitraje se ajusta a la legalidad, sustituye completamente a la jurisdicción ordinaria, que deberá abstenerse de conocer el litigio. Ejemplo: Este contrato tendrá una duración de diez años, contados a partir de 1 de octubre de 2015. Lo mismo sucederá en el caso en el que ya hubiera enervado la acción una vez anterior. La buena voluntad y las ganas de resolver los problemas que surgen durante la duración de los contratos de arrendamiento son generalizadas, tanto entre los propietarios, como en los inquilinos. Es decir, cuando se trate de deudas derivadas de una tarjeta de crédito, el acreedor(normalmente una entidad financiera) deberá oponerse y aportar a la petición inicial: Certificado de saldo deudor de la tarjeta.
Para ello, se habilitan en los Juzgados Decanos de cada partido judicial, impresos o formularios para iniciar dicho procedimiento.Igualmente en la web del Consejo General del Poder Judicial puede encontrarse formularios del proceso monitorio y más información. Precisamente, el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga pide una mayor clarificación y denuncia indeterminaciones al respecto. Pactar una fecha de fin del alquiler Como consecuencia de lo anterior es evidente que ha de pactarse un plazo determinado de duración de ese contrato, que será improrrogable y coincidirá con los parámetros anteriores, curso escolar, trabajo a realizar, tratamiento médico a sufrir, etc. Desahuciar al inquilino en caso de impago. El saneamiento de la cosa arrendada (artículo 1553 C.C.). Respecto a los suministros, se aconseja que los mismos los de de alta el inquilino ya que será quien pague el consumo. "Serán de cuenta del inquilino todos aquellos gastos ocasionados como consecuencia de las reparaciones que se haya de efectuar en el inmueble arrendado, incluso las que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda", reza una cláusula claramente abusiva.
Es decir, sólo las PERSONAS JURÍDICAS, serán las obligadas al pago. Por eso, "el inquilino puede pedir la rescisión del contrato y la indemnización de daños y perjuicios, o sólo esto último, tal y como se recoge en el artículo 1556 CC", explica Carmen Martín. Así, hay dos modelos principales para finalizar el arrendamiento: un “acuerdo de terminación con liquidación” y un “acuerdo de terminación con retención de la fianza”. Pero también con un propietario por problemas de averías o desperfectos en la vivienda. Todo ello tiene su base en el articulo 16.2 letra o) de la Ley 16/2011 de 24 de junio de contatos de crédito al consumo. Si la demanda se dirigiese a una persona jurídica, podrá igualmente señalarse el domicilio de cualquiera que aparezca como administrador, gerente o apoderado de la empresa mercantil, o presidente, miembro o gestor de la Junta de cualquier asociación que apareciese en un Registro oficial.
Frente a los seis meses que dura de media un proceso judicial, el Consejo Arbitral acorta los plazos y resuelve los casos en 40 días. y, a sensu contrario, artículo 27-3b LAU) y no variar su forma (artículo 1557). Y, en Hacienda, favoreciendo aún más fiscalmente el arrendamiento. Si llega a un acuerdo, incluso pagando alguna mensualidad de indemnización, perfecto. aclara que los particulares podrán seguir alquilando de forma temporal sus viviendas como hasta ahora. Recoge por escrito todas las obligaciones pendientes de cumplimiento por el Arrendatario (recibos pendientes, pago de suministros, pago de indemnizaciones, etc.), y señala cómo debe actuarse para su cumplimiento, evitando así problemas a la terminación del contrato de alquiler. De hecho también puede documentarse en lenguas oficiales propias de Comunidades Autónomas. Factura El mediador actúa en un máximo de tres sesiones. Igualmente, podrá interesarse en la demanda que se tenga por solicitada la ejecución del lanzamiento en la fecha y hora que se fije por él.
Si en el futuro tenemos un problema con el arrendamiento en el que hayamos incluido la cláusula de resolución de conflictos debemos acudir al Consejo Arbitral en la calle Maudes nº17 (tf: 915 804 347/914 208 990), donde te adjudican una de las siete cortes arbitrales que trabajan con la provincia de Málaga. Igualmente, podrá interesarse en la demanda que se tenga por solicitada la ejecución del lanzamiento en la fecha y hora que se fije por el Juzgado a los efectos señalados en el apartado 3 del artículo 549. Devolución de la vivienda o local arrendado Cuando hubiese comenzado la ejecución de un contrato de arrendamiento verbal y faltare la prueba del precio convenido, el arrendatario devolverá al arrendador la cosa arrendada, abonándole, por el tiempo que la haya disfrutado, el precio que se regule. Llevar a cabo las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda (artículo 21-4 LAU). Situaciones en las que el inquilino hace ruido continuo, con la molestia para el vecindario o tiene negocios ilegales.
Si el deudor comparece en el plazo conferido y paga la cantidad reclamada, se archivarán las actuaciones. Estos son los motivos por los que se puede interponer una demanda de desahucio: Falta de pago de la rentas u otras cantidades de cargo del arrendatario. Detectados por el inquilino, incluso, al recibir la llaves el primer mes. La nueva campaña incluye también algunas novedades ligadas con los miembros de la unidad familiar. «Las Comunidades Autónomas podrán establecer la obligación de que los arrendadores de fincas urbanas sujetos a la presente Ley, depositen el importe de la fianza regulada en el artículo 36.1 de esta Ley, sin devengo de interés, a disposición de la Administración Autonómica o del ente público que se designe hasta la extinción del correspondiente contrato. destaca que en este terreno la nueva ley modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil. El casero o arrendador: Derechos: Fijar la renta y las condiciones del contrato, siempre que estén dentro de la legalidad.
El desahucio por necesidad de la vivienda El propietario de una vivienda, tienen derecho a la rescisión del contrato de arrendamiento de la misma, cuando por estado de necesidad propio, necesite la vivienda para sí, no obstante este derecho, debe prevenirse en el contrato de arrendamiento, después de la Ley de Arrendamientos urbanos de 1994, debiendo para llevar a cabo la resolución del contrato, comunicar al arrendatario de forma fehaciente la necesidad de la ocupación, y dándole un plazo suficiente para el desalojo de la misma. Demanda conjunta contra varios propietarios morosos por la Comunidad de Propietarios. Es el llamado desahucio exprés. No obstante, si el propietario se niega a reparar, ésta será una causa justificada para finalizar el contrato. Naturalmente, el avalista deberá firmar todas las hojas del contrato de arrendamiento, al igual que el arrendador y el arrendatario. Y es que la redacción de contratos de alquiler de fincas urbanas en inglés o alemán no llaman la atención, son usuales.
Un porcentaje pequeño, del 16 %, se resuelve en una sesión y el 23 % restante exige un tercer acercamiento. ¡Ni siquiera incluía televisor o microondas! El día de la rescisión del contrato los dueños revisaron todo el piso: cubertería, vajilla, lámparas, estado de los muebles... consulta con un abogado tu problema sobre desahucio por falta de pago del alquiler ¿Cómo es el procedimiento de desahucio? Los sucesivos cambios introducidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil han ido encaminados a facilitar que los arrendadores puedan recuperar su vivienda de modo rápido y sencillo en caso de incumplimientos graves del pago del alquiler, sin que esto menoscabe los derechos de los inquilinos. Averías. La provincia de Málaga insta a los ciudadanos inmersos en este tipo de conflictos, entre arrendatarios e inquilinos, a que escojan la vía del Consejo Arbitral, ya que ofrece una alternativa rápida, eficaz y económica frente a la vía judicial, siempre más costosa y lenta.
"Suponiendo que en los años anteriores se haya aplicado la deducción por inversión en vivienda habitual, se deberá regularizar los ejercicios a los que correspondan las cantidades devueltas mediante declaraciones complementarias de los mismos", advierte. Si excede de la cuantía del verbal lo reclamado, el Secretario Judicial dará traslado al actor para que presente demanda en el plazo de 1 mes desde la oposición del deudor.Transcurrido ese plazo sin interponer la demanda, se dará por terminado con imposición de costas al actor. Sin embargo, pese al prestigio del procedimiento monitorio entre los justiciables, encierra, en algunos supuestos, algunas trampas procesales para el acreedor que hacen dudar de su utilidad practica frente a otro tipo de procedimientos como el juicio ordinario y de lo que se pretende con este procedimiento, por supuesto es cobrar las deudas. Notificación del desahucio Una de las novedades de la reforma, que afecta tanto a la interposición de una demanda por los cauces del juicio ordinario, como a las interpuestas por los cauces del juicio verbal para el desahucio es la relativa al domicilio.
Entonces, ¿no deberían redactarse los contratos en castellano? Sigamos: Existe libertad de forma para contratar. También critican el denominado decreto Boyer. En los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago de rentas o cantidades debidas o por expiración legal o contractual del plazo y en los procesos de reclamación de estas rentas o cantidades debidas, cuando no pudiere hallársele ni efectuarle la comunicación al arrendatario en los domicilios designados en el segundo párrafo del número 3 del artículo 155, ni hubiese comunicado de forma fehaciente con posterioridad al contrato un nuevo domicilio al arrendador al que éste no se hubiese opuesto, se procederá, sin más tramites, a fijar la cédula de citación en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial. No se intentará localizarle por otros medios como ocurría anteriormente. ¿Es esta la oportunidad de homologarnos al resto de los países desarrollados?
¿Y también la oportunidad de que salgan al mercado las viviendas vacías y se profesionalice el sector? La mayoría de los consultados la critican abiertamente y alaban las bondades de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994 que viene a modificar. Esta mantiene que a los 10 días de que el inquilino haya dejado de pagar la renta, el secretario del juzgado puede dictar el lanzamiento, si el moroso no comparece para alegar alguna razón o para pagar. Beneficios del Juicio Monitorio El principal problema viene en las ejecuciones de sentencias y cuando se trata de morosos profesionales, a la hora de hacer valer los derechos de cobro, en cuanto este tipo de morosos profesionales no suelen tener a su nombre absolutamente bienes a su nombre, nada y casi ningún bien que sea susceptible de embargo.El tiempo, a su vez , juega a su favor, y aún más, en los casos de oposición de la empresa deudora, que contará con un tiempo extra para hacer frente al pago, si finalmente lo realiza.
El primer consejo que dan los expertos es no dejar de abonar el pago de la renta, aunque el casero se niegue a arreglar los desperfectos. En un supuesto caso ganado por una cláusula suelo, Sin perjuicio de lo anterior, si las acciones acumuladas fueran la de desahucio por falta de pago o por expiración legal o contractual del plazo, y la de reclamación de rentas o cantidades debidas, la cuantía de la demanda vendrá determinada por la acción de mayor valor. No ceder el contrato ni subarrendar sin el consentimiento escrito del arrendador. En dichos artículos se establece que no será obligatoria la intervención de dichos profesionales en el juicio monitorio, de forma que cualquier persona o empresa puede iniciar dicho tipo de procedimiento. "Alquilé un piso amueblado por unos 1.200 euros al mes con otros dos compañeros cerca de El Barrio de las Letras de Málaga con lo más básico.
De otra parte, la reclamación judicial interrumpe la prescripción de la obligación de pago. o de un Organismo o empresa similar en alguno de los domicilios designados en el contrato, que en el caso del arrendatario será el domicilio arrendado y los domicilios que a continuación se designan (ejemplo, domicilio de un familiar). Modelo Procedimiento Monitorio Comunidad de Propietarios. Es la clase de contrato que se usa cuando queremos construir una vivienda o cuando por ejemplo encargamos un cuadro u cualquier otra obra de arte. Pagar los impuestos correspondientes (IBI, tasa de basura, seguro de hogar, entre otros). Reclamar una compensación por finalizar antes de tiempo el contrato, siempre que en contrato se indique. ¿Puede el propietario entrar en la casa si el inquilino no paga la renta? El hecho de que el inquilino no abone la renta no faculta al arrendador a entrar en el inmueble y tomar posesión del mismo sin previamente haber resuelto el contrato de arrendamiento.
De la correcta redacción y configuración de las mismas, estableciendo garantías precisas muy especialmente para el arrendador, depende el que en caso de conflicto de este con su arrendatario pueda tener expectativas de cobrar sus rentas y de poder recuperar la posesión de su propiedad de la manera menos traumática y más rápida posible. El arrendatario debe devolver la finca, al concluir el arrendamiento, tal como la recibió, salvo lo que hubiese perecido o se hubiera menoscabado por el tiempo o por causa inevitable. Gastos judiciales Es habitual que algunos documentos otorguen la obligación legal de afrontar el desembolso de las costas judiciales al arrendatario, pero este apartado carece de validez. Así mismo, podrá descontar de la fianza los daños ocasionados en el inmueble. Recordamos que las tasas judiciales es un impuesto que debe abonarse cuando se acude a la vía judicial para interponer una demanda o recurso contencioso-administrativo. Este asunto suele ser muy controvertido ya que al finalizar los contratos de arrendamiento, suelen generarse problemas relativos al estado de conservación de los muebles ya que esto puede tener repercusión en la devolución de la fianza.
Véase la Sentencia de la AP (Sección 6ª) de 21 julio de 2014 y la Sentencia de la AP (Sección 6ª) de 23 febrero de 2013. CONCLUSION: Las conclusiones que podemos extraer de las distintas resoluciones del Tribunal Supremo es la siguiente: En aquellos procedimientos donde se ejercite la acción de desahucio por falta de pago, acumulando la reclamación de las rentas debidas, el Juzgado competente territorialmente será aquel donde radique la finca arrendada. Inquilino: Establece el momento en el que cesan las obligaciones del arrendatario derivadas del contrato de arrendamiento. Cuando se trate de sentencia condenatoria de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, y el demandado citado en forma no hubiera comparecido en la fecha o en el plazo señalado en la citación, la notificación se hará por medio de edictos fijando copia de la sentencia en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial. Por ejemplo, con un inquilino que no paga la renta, para explicar la situación y los perjuicios que conlleva.
Comienza su explicación recordando que "en el mercado existe una oferta amplia de viviendas en alquiler, por lo que el arrendatario tiene mucho donde elegir y debe descartar aquellos contratos sospechosos de incluir términos abusivos". Las partes, de mutuo acuerdo, deciden nombrar a un tercero independiente, denominado árbitro, que será el encargado de resolver el conflicto. La recomendación en estos casos es negociar con el arrendador qué indemnización aceptaría a cambio de resolver el contrato de mutuo acuerdo, evitando así pleitos, caros, largos y desagradables. En este supuesto, se entenderá intentada la entrega cuando, al menos, consten dos avisos deCláusula de Notificaciones postales entrega de la empresa estatal Correos y Telégrafos S.A. ¿Cuándo se abonan las tasas judiciales? El pago de las tasas debe abonarse antes de su interposición y acompañar el justificante junto con la demanda.No obstante, de no presentarse en dicho momento, el Juzgado nos requerirá, normalmente por 10 días, para subsanar ese defecto.
Plazo mínimo duración contrato arrendamiento (artículo9 LAU) La duración del arrendamiento será libremente pactada por las partes. Para poder demostrar el estado de conservación de los mismos, es conveniente realizar fotografías que pueden/deben adjuntarse como anexo al contrato de arrendamiento. Además, el cumplimento del laudo sigue siendo mayoritariamente voluntario, llegando a ejecución judicial una cantidad muy reducida de demandas. Recoge el estado de devolución del inmueble, señalando los desperfectos cuya reparación podrá reclamarse al arrendatario. ¿Y si esto es así por qué está tan mal visto el arbitraje fuera de Málaga como medida para resolver materias arrendaticias? Porque algunos Jueces y Tribunales se niegan a ejecutar y hacer cumplir los laudos a los inquilinos por considerar que la materia arrendaticia comporta derechos indisponibles para las partes que pueden resultar vulnerados en los casos de resolución del conflicto mediante el arbitraje de equidad. El arbitraje es libertad, agilidad, rapidez, cercanía entre demandante y demandado, y de estos con el árbitro, etc.
La existencia de este juzgado impulsa la agilización en la ejecución de los laudos arbitrales, que ya no tendrán que ser ejecutados en el juzgado que les toque por turno, sino en uno especializado. Si se opone el deudor, la petición debe ir firmada por abogado y Procurador (al superar los 2000 euros). "Existe la obligación por ambas partes de cumplir con el contrato, pudiéndose actuar dentro del marco jurídico establecido por la LAU contra cualquier práctica ilegal o que configure incumplimiento del contrato", asegura Martín. En este caso la causa de pedir idéntica es la falta de contribución a los gastos de la comunidad, conforme a su coeficiente de participación en la propiedad. Dietas en el extranjero. A quien le produce inseguridad, en este caso, es al propietario que puede depender de esa renta; algo habitual en estos tiempos en que el propietario puede depender de esta para sobrevivir o afrontar el pago de la hipoteca.
Cosa distinta es que tal agilización se enfrente a la mayor o menor saturación de los juzgados. Cuando en la demanda se ejercite una acción de aquellas a las que se refiere el número 1.º del apartado 1 del artículo 250, se entenderá que si las partes no han acordado señalar en el contrato de arrendamiento un domicilio en el que se llevarán a cabo los actos de comunicación, éste será, a todos los efectos, el de la vivienda o local arrendado. Si las buenas maneras y un primer diálogo amistoso no funcionan, hay que recurrir a medidas legales. Entre los derechos del propietario un bien, tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla. No procederá la prórroga obligatoria del contrato cuando, al tiempo de su celebración, se haga constar en el mismo, de forma expresa, la necesidad para el arrendador de ocupar la vivienda arrendada antes del transcurso de tres años para destinarla a vivienda permanente para sí. En definitiva el mejor consejo es llegar a una solución transaccional por aquello de "Más vale un mal arreglo que un buen pleito" o la maldición gitana: "Pleitos tengas y los ganes".
Mantener al arrendatario en el uso pacífico de la cosa arrendada durante el tiempo pactado (artículos 1554-3 C.C. Si el deudor en el plazo de 20 días presenta escrito de oposición a la demanda de juicio monitorio, el procedimiento se convertirá en el proceso declarativo que, por razón de la cuantía, le corresponda. Abstenerse de variar la forma de la cosa arrendada (artículo 23 LAU). Una de las novedades más llamativas es la de que pasados los primeros seis meses del contrato el inquilino pueda dejar la vivienda, avisando con 30 días de antelación, sin indemnización alguna —a menos que se haya pactado—. Pero si el inquilino se marcha y entrega las llaves, la reclamación de las rentas impagadas tendrá un coste de aproximadamente 450 euros de provisión de fondos para abrir el expediente en trámite y otros mil y pico en concepto de abogado y procurador, que se pagan al final.
Rechaza el contenido y el espíritu de la nueva ley. Además, no solo debe depositarse la fianza, cuando el arrendador exija garantías del cumplimiento del contrato de alquiler, estas garantías como avales u otras sumas de dinero, deben ser también depositadas en concepto de fianza. Archivo Aquí puedes descargarte gratis este modelo de contrato Desde el despacho de abogados aseguran que este modelo deja la puerta abierta a futuros incumplimientos, controversias entre las partes y potenciales litigios. La forma del contrato no es un elemento constitutivo del mismo. Por tanto , no puede hablarse de desconexión entre la oposición del juicio monitorio y el posterior juicio verbal u ordinario, pues de ser así, supondría fraude de ley. En caso de impago, será a él a quien le corten el suministro. Hasta ahora, los dueños de un piso sólo contaban para resolver conflictos con morosos con el Juzgado, o con los seguros de dos años contra los impagos, desperfectos en las viviendas y costas judiciales que ofrece la Agencia de Alquiler -institución pública- durante los dos primeros años de vigencia del alquiler de los pisos que reciben.
Asimismo se expresará que en caso de solicitar asistencia jurídica gratuita el demandado, deberá hacerlo en los tres días siguientes a la práctica del requerimiento, así como que la falta de oposición al requerimiento supondrá la prestación de su consentimiento a la resolución del contrato de arrendamiento que le vincula con el arrendador. Derechos y obligaciones en un contrato de arrendamiento Son múltiples las dudas que se nos plantean a la hora de firmar un contrato de arrendamiento, y en numerosas ocasiones no son tan sencillas de responder. Ante este panorama, para evitar éste y otros conflictos, es recomendable ceder a empresas especializadas la gestión del alquiler. "Además", matiza, "conseguir este permiso no es fácil, pues hay que probar verdadera necesidad". Para la fijación del valor no se tomarán en cuenta los frutos, intereses o rentas por correr, sino sólo los vencidos. Si el inquilino decide cancelar el contrato anticipadamente y en él figuraba una cláusula de indemnización, se paga la indemnización y se resuelve el contrato.
Asociación del Arbitraje y otra cosa, también en este caso habrá que eliminar la típica cláusula de sometimiento a los juzgados de Málaga y sustituirla por la siguiente cláusula: Toda controversia derivada de este contrato o convenio o que guarde relación con él -incluida cualquier cuestión relativa a su existencia, validez, terminación, interpretación o ejecución- será resuelta definitivamente mediante arbitraje de Derecho, administrado por la Asociación Europea de Arbitraje, de conformidad con su Reglamento de Arbitraje vigente a la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje. El Colegio, como entidad de derecho público que es, decidió crear este órgano acogiéndose a la regulación de la Ley de Arbitraje de 2003, a fin de abrir una nueva línea de trabajo para los asociados y, por otro lado, trata de incentivar el mercado del alquiler en una provincia en la que, como en casi todas las de España, los propietarios de viviendas recelan antes de sacarlas al mercado del alquiler por los problemas estructurales, amparados en la mayoría de las ocasiones por la propia Ley de Arrendamientos Urbanos, con los que se encuentran cuando el inquilino decide no pagar la renta.
A él están adheridas instituciones arbitrales como el Colegio Oficial de Notarios, registradores, abogados o procuradores. No deje por lo tanto en manos de cualquiera su asesoramiento y defensa en este ámbito. Para finalizar, sirva la siguiente sugerencia: si fuera posible, en el caso de la redacción de un contrato en idioma o lengua que no sea el castellano es aconsejable adjuntar su traducción, con la introducción en dicho contrato de un pacto expreso que aluda a la prevalencia de la versión castellana en caso de duda interpretativa. La adecuada negociación y cierre de las cláusulas de un contrato de arrendamiento es cuestión muy seria y delicada. La sede del arbitraje será Málaga.
Si el deudor propietario, no atiende al requerimiento en 20 días, deberá pagar igualmente la cantidad reclamada y las costas causadas por abogado y procurador. El propietario tiene la obligación de mantener al inquilino en un "goce pacífico del alquiler" durante todo el tiempo del contrato, según el artículo 1554 CC. Hacienda establece que todo contribuyente que obtiene una sentencia a su favor con compensación de costas debe tributar por esas cantidades como si se tratara de un rendimiento más. En las sentencias de condena por allanamiento, en previsión de que no se verifique por el arrendatario el desalojo voluntario en el plazo señalado, se fijará con carácter subsidiario día y hora en que tendrá lugar, en su caso, el lanzamiento directo del demandado, que se llevará a término sin necesidad de ulteriores trámites en un plazo no superior a 15 días desde la finalización de dicho periodo voluntario. Poner en conocimiento del arrendador en el plazo más breve posible la realización de las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido.
Para dicho trámite no será preceptiva la intervención de abogado ni de procurador. Las partes, en sus respectivos escritos de oposición y de impugnación de ésta, podrán solicitar la celebración de vista, siguiendo los trámites previstos en los artículos 438 y siguientes. Certificación del acuerdo de la Junta con el visto bueno del Presidente, para el caso que no haya pagado dentro del plazo concedido. Es importante subrayar que si formalmente se cumplen los anteriores requisitos, pero la realidad es que se trata de la vivienda habitual del inquilino es más que probable que en un pleito el Juez le dé la razón y condene en costas al casero que ha hecho la simulación. Comunicar al arrendador las usurpaciones o novedades dañosas que un tercero haya realizado o abiertamente prepare en la cosa arrendada (artículo 1559 C.C.). Por tanto, la competencia territorial será la del Juzgado donde estuviese la finca alquilada cuando sólo se reclamen rentas o suministros derivados de aquel contrato de arrendamiento.
El procedimiento es el juicio verbal. En resumen, la oposición al proceso monitorio, exige a las parte litigantes, la obligación de no ocultar los fundamentos en que basa su pretensión, de forma que las exponga de forma razonada y motivada en el escrito de oposición. Parece que la dinamización del alquiler no reside tanto en regular los arrendamientos como en que el Ministerio Justicia dote de más medio a los juzgados o se busque una vía alternativa para dar seguridad a los propietarios ante la morosidad. Tanto unos como otros pueden juzgar el Derecho ante el caso concreto.
Costas de un Juicio Monitorio en el caso de una Comunidad de Propietarios ¿Tiene obligación de pago de las costas causadas el propietario de una Comunidad que paga la deuda reclamada antes de ser requerido de pago por el Juzgado? La condena en costas en un proceso monitorio, se encuentra regulado en el artículo 21.6 de la LPH artículo 21.6 de la Ley de Propiedad Horizontal: Cuando en la solicitud inicial del proceso monitorio se utilizaren los servicios profesionales de abogado y procurador para reclamar las cantidades debidas a la Comunidad, el deudor deberá pagar, con sujeción en todo caso a los límites establecidos en el apartado tercero del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los honorarios y derechos que devenguen ambos por su intervención, tanto si aquél atendiere el requerimiento de pago como si no compareciere ante el tribunal. Probablemente si le explica pacientemente las opciones al dueño le atenderá. Dicha clausula incluye, además de la mediación profesional inicial, los gastos de arbitraje, abogados y procurador para desahucio. El Consejo Arbitral de la Comunidad supone una garantía y una excelente alternativa a la vía judicial. Archivo Aquí puedes descargarte gratis este modelo de contrato Acuerdo de terminación con retención de la fianza: es el equivalente a un “punto y seguido” porque se cierran determinadas obligaciones pero no todas, bien porque no ha habido acuerdo, bien porque no han podido ser cuantificadas.
Ya no digamos hoy día, cuando consecuencias de la globalización muchas veces exigen la remisión de contratos por medio de internet a confines impensables hace pocos años. Poniendo de nuevo un ejemplo: Una comunidad de propietarios, reclama por gastos comunes (lo que se suele llamar “gastos de la comunidad”) a uno de los propietarios.Tiene varias opciones: El deudor es requerido por el juzgado.Si abona la deuda también está obligado al pago de los honorarios de abogado y procurador, es decir al pago de las costas procesales del monitorio.Sentencia de la AP Valencia (Sección 7ª) de 21 julio de 2011. Una vez pasado ese mes, el pago del inquilino ya no tendrá efecto liberatorio, de manera que, incluso aunque pague, el procedimiento continuará hasta el efectivo desalojo del arrendatario. Parece que liberaliza todo, pero los inquilinos se quedan totalmente desprotegidos". Resuelve la competencia del juicio monitorio en relación a una reclamación para el que uno de los Juzgados en conflicto de competencia, alega la aplicación del domicilio del demandante, en aplicación del artículo 52.2 LEC.
¿Cuáles son estos recursos legales? Problemas con la fianza Ante el miedo de los impagos en el alquiler, muchos propietarios piden garantías excesivas. Venta del piso Para el caso de que durante la vigencia del contrato el casero necesite o decida vender el piso debería pactarse: Si el inquilino renuncia o no a su derecho de preferente adquisición. Eso sí, Sanmartín alerta de que "en la declaración debe incluirse como domicilio habitual". Denunciar al propietario de la vivienda si entra en ella sin su permiso. Dichos problemas se están resolviendo, además, en un tiempo récord, menos de once días. REGLA ESPECIAL SOBRE LA COMPETENCIA EN CASO DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS: la comunidad puede elegir entre el domicilio del deudor o el de lugar en que se encuentre el inmueble.Por ejemplo, si se trata de impago de cuotas de un piso de vacaciones la comunidad de propietarios puede elegir entre el Juzgado al que corresponda uno u otro.
En este tipo de contratos, el profesional que recibe un encargo no compromete un determinado resultado, este puede o no alcanzarse, sino el desplegar todos sus conocimientos, esfuerzo, dedicación y experiencia de cara al logro del mismo, es lo que se conoce como la “Lex Artis” y cada grupo profesional tiene la suya. Por tanto, para aquellos contratos de arrendamiento de vivienda celebrados inmediatamente después a la entrada en vigor de la Ley, se acerca el momento de su extinción si se pactaron con una duración inferior a los tres años y estuvieran sujetos a prorroga forzosa por voluntad del arrendatario. Gastos por uso ordinario La obligación de pagar el gasto derivado de las reparaciones que requiera el inmueble también suele ser objeto de confrontación entre arrendadores y arrendatarios. De haberlo sabido podría haber acudido al juicio con los justificantes de entrega, por ejemplo.En este caso, para evitar la indefensión , el Juzgado debería rechazar el motivo por el que se opuso.
Se modifica el apartado 1 del artículo 816, que queda redactado del siguiente modo: Si el deudor no atendiere el requerimiento de pago o no compareciere, el secretario judicial dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y dará traslado al acreedor para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en el artículo 548 de esta Ley.» Setenta y ocho. Y si no hay comunicación por parte de arrendador y arrendatario con al menos 30 días se prorroga automáticamente por un año más, no por tres como sucedía hasta ahora en la LAU, hasta ahora vigente. Dependiendo de lo atascados que estén los juzgados de primera instancia de cada localidad interesará una cobertura u otra. "Esto va a generar encarecimiento, más problemas y más contenciosos", alerta. En cuanto a la competencia, igualmente se dice que no valdrán los pactos en que haya sumisión expresa a algún Juzgado de alguna ciudad.
Otra novedad, tras la LAU que reconoció los derechos de la pareja de hecho o cónyuge a subrogarse, es la de que tras una separación o divorcio el que se queda en la vivienda continúa con el mismo contrato, sin ampliación de plazo. Si presentare la demanda, en el decreto poniendo fin al proceso monitorio acordará dar traslado de ella al demandado conforme a lo previsto en los artículos 404 y siguientes, salvo que no proceda su admisión, en cuyo caso acordará dar cuenta al juez para que resuelva lo que corresponda.» Modelos de Demanda de Juicios Monitorios A continuación se relacionan, con carácter orientativo, listado de formularios de demanda para ejercita el procedimiento monitorio. ¿Ventajas del arbitraje? Pese a las últimas reformas, los juzgados continúan tardando de seis a doce meses en dictar sentencia judicial y el laudo, desde la solicitud hasta el dictamen, solo demora 40 días. Los laudos (figura con el valor de una sentencia) que dicte la Corte tendrán un valor equivalente a las decisiones judiciales y también gozarán de carácter ejecutivo.
En todo caso lo cierto es que existen multitud de contratos de arrendamiento de fincas urbanas sitas en España redactados en idioma extranjero. El depósito de la fianza siempre fue obligatorio, si bien, desde hace algunos años, el incumplimiento de esta obligación está siendo sancionado por la Administración. Tampoco se tomará en cuenta la petición de condena en costas. Dentro de este tipo de arrendamientos se hallan los arrendamientos de inmuebles, tanto urbanos, (viviendas, locales comerciales, industrias), como rústicos, (ganaderías, huertas, campos de labor). Obligaciones: Realizar el pago de la fianza convenida al inicio de la relación contractual. Es aconsejable revisar el inmueble con el arrendador y detallar los desperfectos detectados para alcanzar un acuerdo y evitar futuras discusiones. Si por ser la cuantía inferior a 6.000, se remite al Juicio Verbal, SÓLO SERÁ PRECEPTIVA LA INTERVENCIÓN DE ABOGADO Y PROCURADOR CUANDO LA CUANTÍA DE LA DEUDA RECLAMADA SUPERE LOS 2.000 EUROS.
Realizar y pagar las reparaciones de conservación de la vivienda para asegurar la habitabilidad de la misma, a excepción de las pequeñas reparaciones o de las que sean imputables al inquilino. Mi error fue no reclamar la fianza en mano el día de la devolución de las llaves", se lamenta Sara. En aquellos casos donde solo se ejercite la acción de reclamación de rentas debidas, que puede ser el caso mas controvertido, el Alto Tribunal resuelve sobre el tema de la competencia territorial para reclamar rentas del alquiler en el sentido de declarar que la competencia corresponde al Juzgado de Primera Instancia del lugar donde radique la finca arrendada de la que se ha derivado el impago de las rentas, al ejercitarse en la demanda una acción de condena dineraria en reclamación de rentas y gastos de suministros derivados del contrato de arrendamiento sobre una vivienda sita en esa localidad. Requisitos de la demanda de desahucio y auto judicial (artículo440.3 LEC) Se hará constar en la demanda La posibilidad de enervación.
¿Quién de los dos es el competente territorialmente para conocer de la demanda de reclamación de rentas y gastos de suministros? AUTO del Tribunal Supremo de 22.04.2014: Para la resolución del presente conflicto negativo de competencia debemos partir de las siguientes consideraciones: En el juicio verbal no es válida la sumisión expresa ni tampoco la tácita, según resulta de lo dispuesto en el artículo 54.1 LEC . Si ésta fuera inferior a tres años, llegado el día del vencimiento del contrato, éste se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de tres años, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador con treinta días de antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de las prórrogas, su voluntad de no renovarlo. Del mismo modo, en las sentencias de condena por incomparecencia del demandado, se procederá al lanzamiento en la fecha fijada sin más trámite.
Si en la demanda se solicitase el desahucio de finca urbana por falta de pago de las rentas o cantidades debidas al arrendador, el demandante podrá anunciar en ella que asume el compromiso de condonar al arrendatario todo o parte de la deuda y de las costas, con expresión de la cantidad concreta, condicionándolo al desalojo voluntario de la finca dentro del plazo que se indique por el arrendador, que no podrá ser inferior al plazo de quince días desde que se notifique la demanda. Ya que el Gobierno acaba de crear un Registro de Inquilinos Morosos para recuperar la confianza de los propietarios en el alquiler desde FACUA-Consumidores en Acción también exigen crear un registro de caseros incumplidores o acosadores. Por otra parte, también critican la Ley 4/2013 en Alquiler Seguro. Transaccional viene de transigir, es decir ceder cada parte un poco. Es aconsejable revisar el inmueble junto con el arrendatario y detallar los desperfectos detectados para alcanzar un acuerdo y evitar futuras discusiones. "La rebaja a tres años introduce inestabilidad para el inquilino.
En el transcurso del año pasado los tribunales resolvieron más de 1.024 litigios de esta naturaleza. Si ya tienes claro el piso que quieres alquilar y el precio, ahora toca negociar con el casero el resto de condiciones para ponerlas por escrito en el contrato de alquiler. Para solicitar justicia gratuita debe reunir los requisitos que exige la Ley. El requerimiento legal que establece la LAU es entregar un mes de renta, aunque hay muchos caseros que exigen dos o tres meses. La provincia de Málaga ampliará su mediación en los conflictos de alquiler a todo tipo de contratos, no solo los del Plan Alquila, dentro de una serie de medidas de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio con las que se pretende matar dos pájaros de un tiro: fomentar el alquiler ofreciendo mayores garantías a inquilinos y propietarios y descongestionar el sistema judicial. En este despacho de abogados Aún siguen quedando muchas dudas en torno a los desahucios en alquileres por falta de pago que vamos a tratar de resolver a través de este artículo.
Por esto, es frecuente que se aporten fotografías como anexo al contrato, donde las partes firman el estado de la vivienda en el momento de formalizarse el arrendamiento y que en el mismo estado debe entregarla el inquilino cuando termine. Los partidarios de la acumulación se basan en que lo permite el artículo 72 de la LEC, es decir, para el caso que la Comunidad (demandante) reclame contra varios propietarios cuando el título o la causa de pedir sea identico para todos los demandado. En caso de oposición del deudor, por rentas reclamadas por una Comunidad de Propietarios, la comunidad podrá solicitar el embargo preventivo de bienes suficientes para hacer frente a la cantidad reclamada, intereses y costas, que se acordará en todo caso, según el artículo 21.5 de la L.P.H., conforme a la nueva redacción de la Disposición Final 1ª.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin necesidad de prestar caución, aunque podrá enervarse prestando aval bancario por la cuantía por la que hubiese sido decretado el embargo.
Corresponderá al arrendatario la prueba de la fecha de la puesta a disposición. En la resolución o decreto judicial de admisión y citación para la vista. En los arrendamientos de cosas una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto. El contrato por escrito siempre deberá estar firmado por todas y cada una de las partes, esto es, por el arrendador, el arrendatario y los avalistas si los hubiere. La opción Málaga para asegurar el alquiler La sociedad para el fomento del alquiler, Málaga ofrece dos servicios diferenciados: Seguro de impago de alquiler con 5 compañías de seguros diferentes (entre otras DAS) Arbitraje con la Asociación Europea de Arbitraje (AEADE) La opción Málaga para asegurar el alquiler Seguro de impago del alquiler Se pueden asegurar 6, 9 o 12 meses de cobertura, de manera que si el inquilino deja de pagar, el seguro se haría cargo de esas mensualidades además de los gastos jurídicos de echarle a la calle.
"En estos momentos hablar en el BOE de desahucio exprés puede ser complicado, pero sobre todo no es creíble", dice Hernández. En los casos de demandas en las que se ejercite la pretensión de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, el secretario judicial, tras la admisión, y previamente a la vista que se señale, requerirá al demandado para que, en el plazo de diez días, desaloje el inmueble, pague al actor o, en caso de pretender la enervación, pague la totalidad de lo que deba o ponga a disposición de aquel en el tribunal o notarialmente el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio; o en otro caso comparezca ante éste y alegue sucintamente, formulando oposición, las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada o las circunstancias relativas a la procedencia de la enervación. “Yo tenía una casera que muchas veces entraba en nuestro apartamento a ordenarnos el cuarto y dejarnos hecha la comida.
Pero si el importe de cualquiera de las acciones no fuera cierto y líquido, sólo se tomará en cuenta el valor de las acciones cuyo importe sí lo fuera. La actualización de la fianza durante el periodo de tiempo en que el plazo pactado para el arrendamiento exceda de cinco años, se regirá por lo estipulado al efecto por las partes. El arrendatario es responsable del deterioro causado por las personas y animales de su casa. Gastos Generales de la vivienda en el contrato de alquiler El artículo.20.1 de la LAU autoriza a las partes a pactar que los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda arrendada o a sus accesorios, sean a cargo del arrendatario. Si el arrendatario está casado o vive en pareja, es recomendable que se hagan constar los datos del cónyuge o de la pareja a los efectos de que el contrato pueda continuar produciendo efectos pese a que se produzca una ruptura.
Usar la cosa arrendada con la debida diligencia destinándola a satisfacer su necesidad primaria permanente de vivienda o la de su cónyuge o hijos dependientes (artículos 1555-2 C.C. Casi cualquier objeto, siempre y cuando no sea uno de aquellos que se consume con su mero uso, como por ejemplo una barra de pan, es susceptible de ser arrendado. La perturbación de hecho o de derecho que realice el arrendador en la utilización de la vivienda. Por tanto, el propietario no tendrá que esperar 20 días para pedir la ejecución como ocurría hasta la entrada en vigor de la Ley. El propietario de una vivienda o de un local tiene acción contra el inquilino o arrendatario, como poseedores, que han incumplido el contrato, para requerir el cumplimiento o exigir el desalojo de la vivienda o local y la entrega de los inmuebles en las mismas condiciones en que los arrendó o alquiló. está lejos de defender la nueva Ley 4/2013 de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas, que hoy entra en vigor.
De admitirse la acumulación, va a permitir a la Comunidad el beneficio que no se dispersen los pleitos, y un ahorro de costes del procedimiento. #¿Puedo reclamar las rentas de Alquiler mediante el Monitorio? Cuestión que en principio pareció confusa, ante el cauce procedimental del artículo 249.1.6º de la LEC, pero que clarificó la reforma del 2009 de la LEC, al introducir un nuevo párrafo en el artículo 818 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en un intento de establecer una rápida forma de conseguir el titulo judicial: ” Cuando se reclamen rentas o cantidades debidas por el arrendatario de finca urbana y este formulare oposición, el asunto se resolverá definitivamente por los trámites del juicio verbal, cualquiera que se cuantía”. Y pide "menos ley y más ventajas fiscales sin límite de edad, además de alquiler social. Un constructor nos habrá de entregar exactamente la casa que nuestro arquitecto nos diseño, con igual diseño y calidades, el cirujano al que le encargamos el arreglo de nuestra nariz, deberá conseguirnos exactamente la misma nariz a la que se comprometió, etc, etc…
El Contrato de Obra se entiende muy bien por contraposición a otro tipo de contrato de arrendamiento, el arrendamiento de servicios, este es el tipo de contrato que Vd. Sin embargo, sí que será necesario acudir a la misma (a través de la acción ejecutiva) cuando sea necesaria la intervención de las autoridades para hacer cumplir el laudo arbitral. La picaresca que siempre ha acompañado a los alquileres en España, para evitar los plazos obligatorios, inmediatamente creó una solución absurda e ineficaz, pero que aún perdura, pactar una duración de once meses, haciendo constar que se trata de un alquiler de temporada, es decir, distinto de vivienda. Obligaciones del arrendatario Abonar la renta estipulada, sus actualizaciones, sus elevaciones asi como los gastos asimilados o cualquier otro que se hubiera convenido (artículos 1555-1 C.C. El formulario o escrito que se presentara, accediendo al pago, debería indicar, más o menos, Que el deudor no comparezca.
Durante los cinco primeros años de duración del contrato, la fianza no estará sujeta a actualización. Una vez acordada la cantidad, también surgen conflictos con la devolución de la misma. Oídas éstas, resolverá lo procedente mediante auto dentro de los cinco días siguientes. Esta tasa podrá ser compensada por el deudor en el juicio posterior a celebrar, en el supuesto que se oponga a la demanda, Actualización:En cuanto a las tasas, el REAL DECRETO-LEY 1/2015 suprime el pago de las tasas judiciales para las personas físicas que quedan exentas a partir del 28 de febrero de 2015. Si el contrato es anterior a esa fecha, la deducción sigue como antes. El arrendador que se proponga realizar una de tales obras deberá notificar por escrito al arrendatario, al menos con tres meses de antelación, su naturaleza, comienzo, duración y coste previsible. El plazo comenzará a contarse desde la fecha del contrato o desde la puesta del inmueble a disposición del arrendatario si ésta fuere posterior.
El inquilino debe revisar que el estado de la vivienda es el adecuado, pues casi siempre se firma que se entrega en perfectas condiciones y no suele ser así. Al escoger el arbitraje, las partes optan por un procedimiento privado de solución de controversias en lugar de acudir ante los tribunales. Finalmente, si llegada la fecha de vencimiento del contrato, o de cualquiera de sus prórrogas, una vez transcurridos como mínimo los tres años de duración de aquel, ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, con al menos con treinta días de antelación a aquella fecha, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará necesariamente durante un año más. Si una vez agotada la vía amistosa el inquilino continúa sin pagar, y sin abandonar la vivienda, el arrendador se verá obligado a iniciar la vía judicial presentando la pertinente demanda de desahucio para la que ya sí se necesitará la asistencia de abogado y de procurador. Además, debe venir acreditada por cualquiera de los documentos que determina el artículo 812 de la LEC, constituyendo un principio de prueba para iniciar el proceso monitorio.
El 91% de las sentencias emitidas por los tribunales en 2012 por conflictos relacionados con contratos de alquiler fueron denuncias por impago formuladas contra los inquilinos, según la estadística de arrendamientos urbanos publicada por el ine En nueve de cada diez casos los jueces estimaron en su totalidad la demanda planteada. Si va a permitir las visitas de posibles compradores La indemnización que percibirá por facilitar la venta y en su caso por desalojar la vivienda. "Del mismo modo, incrementar el interés legal del dinero en 10 puntos porcentuales al cobrar intereses por el retraso en el pago de la renta es un abuso por parte del casero y será invalidado por los tribunales", añade. Si paga antes, la resolución que declare enervada la acción de desahucio condenará al arrendatario al pago de las costas devengadas, salvo que las rentas y cantidades debidas no se hubiesen cobrado por causas imputables al arrendador. Para que prospere la oposición, el contrato de concesión de crédito NO debe recoger recoger el importe del seguro de amortización del préstamo como gasto.
Sólo en casos excepcionales podrá pedirse la revisión del requerimiento de pago, alegando infracción del derecho a defenderse, por falta de requerimiento personal. Para el caso de sentencias que vengan de atrás, como una del año 2014, el experto fiscal asegura que "estos rendimientos se imputan cuando sea firme", por lo que también deberá de realizarse una declaración complementaria. Descendientes. En el caso de que el arrendatario no cumpliese con lo pactado, el arrendador podrá pedir la rescisión del contrato y la indemnización de daños y perjuicios, o sólo esto último, dejando el contrato subsistente. Ahora bien, si no se opone el deudor al requerimiento, se dictará Decreto y constituirá titulo ejecutivo para su posterior ejecución, y si paga la deuda de forma inmediata, se archiva el monitorio y se evita la ejecución de sus bienes.
Con el proceso monitorio, se reclama una deuda dineraria, liquida, vencida y exigible. Entonces si el arrendamiento es de 1.000 euros deberás pagar 9.500 por marcharte en abril de 2016. Aconsejamos que el pago de la renta pactada se haga siempre a través de domiciliación en una cuenta bancaria del arrendador, con esto garantizamos como inquilinos la acreditación del pago. Ambos tipos de arrendamiento, por su gran relevancia y casuística, cuentan con sus propias leyes específicas. Sea o no cierta la falta de convocatoria o citación a la Junta, la mayoría de los Juzgados suele rechazarla como causa de oposición en base a que el cauce adecuado para alegar esta infracción , que daría lugar a la nulidad del acuerdo, es la acción de impugnación Judicial del acuerdo conforme al artículo 18 de la LPH.(Sentencia de la AP Málaga (Sección 13ª) de 14 de octubre de 2014, Sentencia de la AP Alicante (Sección 5ª) de 21 de julio de 2005, Sentencia de la AP Sevilla (Sección 6ª) de 5 noviembre de 2010).
Por consiguiente, ya tenemos una primera conclusión: los alquileres de inmuebles urbanos españoles se rigen por la normativa española y la vía judicial es la española. Otras fuentes de controversia fueron el subarriendo de la vivienda o la cesión de la misma por parte del inquilino de forma no consentida por el propietario, que dio lugar a 45 resoluciones Cuando llega el fin del contrato de alquiler es importante suscribir un acuerdo entre inquilino y propietario de terminación de dicho contrato. En la sentencia condenatoria de desahucio por falta de pago de las rentas o cantidades debidas, o en los decretos que pongan fin al referido desahucio si no hubiera oposición al requerimiento, la solicitud de su ejecución en la demanda de desahucio será suficiente para la ejecución directa de dichas resoluciones, sin necesidad de ningún otro trámite para proceder al lanzamiento en el día y hora señalados en la propia sentencia o en la fecha que se hubiera fijado al ordenar la realización del requerimiento al demandado.
Y para agilizar el procedimiento, transfiere parte de las competencias del juez al secretario del juzgado lo que, a su juicio, aporta una nota positiva: el secretario fija directamente la fecha de lanzamiento, sin que el arrendador tenga que solicitarla una vez terminado el juicio. Es decir, se obliga al Juez a resolver en un plazo de 6 días y cuando se cite a las partes a juicio, ya se les emplazará también a que recojan la sentencia en esa fecha. Documentos a presentar por La Comunidad contra el Vecino moroso. De hecho, no se admite que la oposición sea tan genérica que después pueda ser admitida en la contestación cualquier motivo, de forma que no puede introducirse en la contestación hechos nuevos no alegados en la oposición. El TS ha establecido el criterio de que en el juicio monitorio no es aplicable el artículo 52.2 de la LEC, estableciéndose con carácter imperativo la aplicación en los procedimientos monitorios del artículo 813 LEC a favor del juzgado del domicilio del demandado.
Es decir el deudor puede oponerse, alegando causas expresas y determinadas. El juicio monitorio está regulado en los artículos 812 a 818 de La Ley de Enjuiciamiento Civil de 8 de enero de 2000. Entonces se celebra una vista en al corte arbitral y en un máximo de 40 días se debe dictar el laudo (o sentencia) y si el condenado no lo cumple, entonces hay que iniciar una ejecución judicial en el juzgado nº101 (especializado en ejecutorias de arbitrajes) presentándonos con abogado y procurador que paga el demandante. Es decir, el inquilino quedará formalmente citado. Pero tampoco hay que olvidarse de la otra cara de la moneda. Y regular los precios, como se hace en algunos países de la UE, de forma que salgan al mercado y los inmuebles, por ejemplo los que están en manos de la Sareb, no se deterioren". No procede la enervación si ha existido otra anterior, salvo que hubiese sido por culpa del arrendador. En este caso, el Secretario Judicial, para el caso que no se localice al deudor en su domicilio(ver más arriba Juzgado competente), acordará la averiguación del domicilio.
Esta cláusula tal como está te permitirá dar por terminado el contrato a partir de abril de 2016 o continuar en la vivienda hasta octubre de 2025. Competencia territorial para reclamar rentas del alquiler Cuando el foco de la discusión se centra en determinar si la acción ejercitada deriva de un contrato de arrendamiento (lo que exigiría la aplicación del fuero imperativo del artículo 52.1.7º LEC ), o si, por el contrario, estamos ante una acción de condena pecuniaria desligada del contrato (lo que determinaría la aplicación del fuero general contemplados en los artículos 50 y 51 LEC ), es doctrina reiterada de esta Sala que las posibles dudas acerca de la propia acción ejercitada, si es independiente o no del contrato de arrendamiento, deben resolverse a favor de la aplicación de la norma imperativa, tanto más ante la posibilidad de tener que interpretar o estudiar el contrato de arrendamiento para poder decidir acerca de la procedencia de la reclamación.
Ejecutar las obras necesarias para la conservación de la vivienda (artículos 1554-2 C.C. Son leyes coyunturales no meditadas, que se aplican y se gestan a toda velocidad para satisfacer necesidades del momento", se queja. Se modifica el apartado 2 del artículo 818, que queda redactado del siguiente modo: Cuando la cuantía de la pretensión no excediera de la propia del juicio verbal, el secretario judicial dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y acordando seguir la tramitación conforme a lo previsto para este tipo de juicio, dando traslado de la oposición al actor, quien podrá impugnarla por escrito en el plazo de diez días. Llegado a este punto hay que hacer otro importante recordatorio, la última reforma de la LAU excluyó de su ámbito los alquileres turísticos, es decir, la cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial.
De estimar el carácter abusivo de alguna de las cláusulas contractuales, el auto que se dicte determinará las consecuencias de tal consideración acordando, bien la improcedencia de la pretensión, bien la continuación del procedimiento sin aplicación de las consideradas abusivas.Si el tribunal no estimase la existencia de cláusulas abusivas, lo declarará así y el secretario judicial procederá a requerir al deudor en los términos previstos en el apartado 1. Al otro lado, los propietarios que hayan alquilado su piso "únicamente tendrán derecho a aplicar una reducción del 60% del rendimiento del capital inmobiliario obtenido", señala el experto. En los nuevos contratos de alquiler, la prórroga del contrato o renovación obligatoria pasa de cinco a tres años. Es decir, que echar al inquilino moroso es gratis, pero forzar la maquinaria judicial para recuperar las rentas perdidas, eso tiene un cierto coste. Cumplir con el pago mensual de la renta del alquiler.
Los procesos de desahucio por falta de pago de las rentas o cantidades debidas por el arrendatario terminarán mediante decreto dictado al efecto por el secretario judicial si, requerido aquél, paga al actor o pone a su disposición en el Tribunal o notarialmente, dentro del plazo conferido en el requerimiento, el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio. El servicio está a disposición de los Api colegiados y de cualquier persona, mediante la inclusión de una cláusula anexa a un contrato de arrendamiento, incluso los que ya están en vigor. Es decir, antes de iniciar el desahucio por falta de pago, el arrendador deberá requerir al arrendatario por escrito a fin de agotar la vía amistosa o extrajudicial. Si el demandado no atendiere el requerimiento de pago o no compareciere para oponerse o allanarse, el secretario judicial dictará decreto dando por terminado el juicio de desahucio y se procederá el lanzamiento en la fecha fijada.
Este convenio lo tendrán que rellenar y firmar ambas partes, arrendador y arrendatario. Suministros Aunque es sabido que por ley corresponde pagar al inquilino los suministros de agua, gas, electricidad etc., en el momento de contratar conviene dejar claros los conceptos, puesto que el alta de estos suministros suele ser cara y origen de litigios entre casero e inquilino. ¿Cuántos meses impagados son necesarios para presentar la demanda de desahucio por falta de pago? ¿Qué es la enervación? El arrendador puede iniciar el procedimiento de desahucio por falta de pago en el momento en que haya un impago de renta del alquiler pero es conveniente, a fin de evitar que el arrendatario pagando enerve la acción (evite el desahucio mediante el pago de lo adeudado), enviarle previamente un requerimiento fehaciente (burofax normalmente) y que entre el burofax y la presentación de la demanda medie un plazo de un mes. Desde su creación en el año 2009 se han atendido, tramitado y asistido 560 demandas.
Las partes podrán pactar cualquier tipo de garantía del cumplimiento por el arrendatario de sus obligaciones arrendaticias adicional a la fianza en metálico. Dado que las partes han pactado un convenio arbitral, en el caso de que una de las partes inicie el procedimiento arbitral contra la otra, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 5 de la Ley 60/2003 de Arbitraje, aceptan que cualquier notificación o comunicación se considerará recibida tanto si ha sido entregada al destinatario como si ha sido intentada su entrega en el domicilio designado en el contrato. Si la vivienda cambia de propietario a causa de una compraventa, mantener el contrato de alquiler. ¿Cuánto cobra un abogado por un monitorio? La intervención del abogado está regida por las correspondientes normas orientadoras del colegio de Abogados correspondiente. El arrendatario que soporte las obras tendrá derecho a una reducción de la renta en proporción a la parte de la vivienda de la que se vea privado por causa de aquéllas, así como a la indemnización de los gastos que las obras le obliguen a efectuar.
Si tiene prestado un aval el dueño lo tiene claro ejecuta el aval en cuanto deje de pagar. Si no llega a un acuerdo o bien deja de pagar y se queda usando el local seis meses, con lo que le condenarán a pagar los seis meses (el aval) y los honorarios del abogado y procurador de la parte contraria, o bien se mete en un juicio para intentar que el juez decida que el motivo de la resolución está justificado y no tiene que pagar la renta, lo cual será complicado con el problema añadido de tener que pagar su abogado y procurador y los de la parte contraria. En estos casos bastará la publicidad del edicto en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial. A la hora de alquilar un piso también se puede consultar con un especialista o acudir a alguna agencia especializada para asesorarse en este trámite y asegurarse un contrato de alquiler seguro con todos los aspectos en regla.
Derechos del propietario: Recuperación de la propiedad Según establece el Código Civil, la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.
El impago de los gastos de comunidad y del IBI fundamentaría la resolución de un contrato de arrendamiento celebrado con posterioridad a la entrada en vigor de la LAU porque en su artículo artículo.27.2 de la LAU se especifica como causa resolutoria la falta de pago de la renta o, en su caso, de cualquiera de las cantidades cuyo pago haya asumido o corresponda al arrendatario. El Consejo Arbitral para el Alquiler de la provincia de Málaga resuelve los conflictos entre arrendatarios e inquilinos en aproximadamente 40 días, frente a los 6 meses de media que suelen durar los procesos judiciales ordinarios. La comunidad de propietarios debe cumplir lo establecido en el artículo 21 de la LPH para la reclamación de gastos necesarios para el sostenimiento del inmueble, así como sus servicios. Para que pueda entenderse mejor, vamos a poner un EJEMPLO claro: presenta petición inicial de monitorio por importe de 3.500 euros.
Dicha petición inicial puede ir sin firma de abogado ni Procurador. "la ley es confusa y difusa. Recuperar la vivienda en caso de extrema necesidad, por ejemplo, si quiere utilizar la vivienda para sí mismo, para familiares de primer grado o para su cónyuge en casos de separación, divorcio o nulidad. El Desahucio express la Ley 19/2009, de 23 de noviembre que, introduce un procedimiento rápido para llevar a cabo los desalojos de viviendas judicialmente, son los denominados DESAHUCIOS EXPRESS en relación con los procesos arrendaticios aquí comentados. En los juicios verbales en que se pida el desahucio de finca urbana, la sentencia se dictará en los cinco días siguientes, convocándose en el acto de la vista a las partes a la sede del tribunal para recibir la notificación si no estuvieran representadas por procurador o no debiera realizarse por medios telemáticos, que tendrá lugar el día más próximo posible dentro de los cinco siguientes al de la sentencia. Es lo que se llama popularmente como “allanamiento al monitorio“, aunque en realidad, allanamiento como tal no hay:o se paga, o se opone.
Procedimiento del Juicio Monitorio Fases del Procedimiento. Con independencia de cuanto se ha indicado en el encabezamiento del presente contrato y a estos efectos, las partes fijan como domicilio para oír notificaciones: Por ello, será válida la notificación, citación o comunicación realizada, por cualquiera de los medios indicados, todo ello de conformidad al artículo 5 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje. (Redactado según Ley 19/2009 de 23 de noviembre (BOE 24 noviembre) El desahucio: La falta de Pago El dueño de una vivienda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos podrá interponer una demanda de desahucio para rescindir el contrato y exigir el desalojo de la vivienda en alquiler. Para aclarar las dudas sobre la legitimidad de las cláusulas sospechosas de abuso más frecuentes, abogado experto en materia de arrendamientos, explica las claves de estos contratos y determina la legitimidad de la presencia de estos polémicos puntos.
En los casos de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, para evitar demoras en la práctica del lanzamiento, previa autorización del secretario judicial, bastará con la presencia de un único funcionario con categoría de Gestor, que podrá solicitar el auxilio, en su caso, de la fuerza pública. Si en los 20 días el deudor no comparece ante el Juzgado, el Secretario Judicial dictará Decreto y se despachará ejecución contra él.A partir de ahí se iniciaría la vía ejecutiva.No es necesario esperar el plazo de 20 días del 548 LEC. encontrar información detallada acerca de las características y casuística de este tipo de contratos. Demasiadas libertades Hay muchos caseros con años de experiencia que se aprovechan del desconocimiento o inexperiencia de los inquilinos y de los vericuetos legales para tomarse demasiadas libertades, como por ejemplo, meter a más personas en la casa de las que su espacio admite.
Eso es lo que dicen los jueces, pero la realidad es que les molesta un huevo que vengan extraños a cazar en su coto. (Verbal o Juicio Ordinario). Asimismo, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) ya incluye la cláusula del Consejo Arbitral en algunos de sus contratos de arrendamientos. Las partes, en caso de incumplimiento, para cualquier controversia, discrepancia, aplicación o interpretación del presente contrato, se someten al arbitraje de la Asociación Europea de Arbitraje (AEADE), de acuerdo al convenio adjunto nº ………….. Percibir la fianza depositada una vez finalizado el contrato. El pacto a que se refiere la Ley arrendaticia no exonerará al propietario de hacer frente a sus obligaciones fiscales, aunque pueda derivar la obligación económica de pago al arrendatario. Por buscarle alguna virtud, ¿no sería una manera de que los alquileres en negro desaparezcan? "Hacienda lo tiene fácil puesto que el inquilino se desgrava y en la declaración de la renta tiene que poner la referencia catastral, lo que permite localizar al propietario que no declare el alquiler".
¿En qué casos funciona mejor la mediación? Los mediadores ya han detectado que las situaciones o tipos de conflictos donde la mediación funciona mejor son: Retraso de pagos. Si la demanda de desahucio va acompañada de la petición de desalojo, el Juez lo acordará en la Sentencia. Para ello, el cliente sólo tiene que incluir la Clausula de Arbitraje en su contrato de alquiler, que supone un coste de 98 euros para toda la vigencia del contrato. Abonar los gastos de escrituración del contrato salvo pacto en contrario (artículo 1555-3º C.C.). Rescindir el contrato cuando lo necesite, a partir de los 6 meses, siempre y cuando avise al arrendador con una antelación mínima de 30 días. Prestar la fianza (artículo 36 LAU). La enervación llevará consigo la condena en costas al arrendatario. La mediación busca generalmente que el inquilino abandone la vivienda si no puede pagar las rentas, o que continúe en el mismo inmueble poniéndose al día de los pagos, algo que se logra en la mayoría de las ocasiones.
Aunque la mayor parte de los conflictos se soluciona en dos sesiones, el 61 %. Otra de las novedades —según buena parte de los expertos consultados, debe darse por no puesta— es la posibilidad de pactar con el dueño pagar las obras de mejora y resarcirse suspendiendo el pago de la renta. "No tiene validez", asevera. No será necesaria la publicación de edictos en el «Boletín Oficial» de la Comunidad Autónoma o en el «Boletín Oficial del Estado» en los procesos de desahucio en los que se acumule la acción de reclamación de las rentas y cantidades debidas. Es decir, lo que se reclama en el procedimiento monitorio es dinero, moneda nacional o extranjera de curso legal;cuyo plazo para pagar haya transcurrido, sin estar sujeta a condición y que sea determinada o concreta en una suma u operación aritmética. Igualmente, en la resolución que se dicte teniendo por opuesto al demandado se fijará día y hora para que tenga lugar, en su caso, el lanzamiento, que deberá verificarse antes de treinta días desde la fecha señalada para la vista, advirtiendo al demandado que, si la sentencia fuese condenatoria y no se recurriera, se procederá al lanzamiento en la fecha fijada, sin necesidad de notificación posterior.
Si el propietario no repara la calefacción o la cocina de vitrocerámica, el inquilino no debe caer en el chantaje de no pagar la renta, porque se puede meter en un proceso de desahucio. Desde el 1 de junio de 2013, en todo contrato debe aparecer la copia del certificado energético de la vivienda o local arrendado y, lógicamente, debe aportarlo el arrendador. Cualquiera que sea la pretensión ejercitada en esta clase de juicio, la competencia territorial se determina siempre de forma imperativa con arreglo a los fueros legalmente establecidos para cada caso: en primer lugar, el fuero especial que corresponda conforme a las previsiones del artículo 52 LEC ; y, en su defecto, los fueros generales relativos al domicilio o residencia del demandado ( artículo 50 LEC para las personas físicas y artículo 51 para las personas jurídicas y entes sin personalidad).
Subarriendo Si tienes la idea de admitir a otra persona que te ayude a pagar el alquiler debes incorporar al contrato la autorización expresa del casero para un subarriendo parcial. Como siempre, nuestra recomendación, consultar con un especialista antes de formalizar el contrato de arrendamiento o en caso de cualquier incidente. Si finalmente el arrendatario ni paga ni devuelve la posesión de la vivienda arrendada, el arrendador se verá obligado a iniciar el procedimiento de desahucio por falta de pago de las rentas del alquiler. Soportar las obras de mejora no diferibles a la expiración del contrato (artículo 22 LAU). Pero el hecho de que este alquiler haya sido declarado o no por parte del propietario, el inquilino sigue amparado por la ley. Una vez presentada la petición inicial, y en caso que se presente oposición por el deudor, si la cuantía de lo reclamando es superior a 6.000 euros se remitirá al Juicio Ordinario.
En este caso SÍ SERÁ PRECEPTIVA LA INTERVENCIÓN DE ABOGADO Y PROCURADOR. Cuente con nosotros, los abogados especialistas Otro subtipo de contrato de arrendamiento es el conocido como Contrato de Obra. En realidad el procedimiento para implicar a un avalista en el cumplimiento de un contrato de arrendamiento es tan sencillo como añadir una simple cláusula con sus datos y consentimiento. El saldo de la fianza en metálico que deba ser restituido al arrendatario al final del arriendo, devengará el interés legal, transcurrido un mes desde la entrega de llaves por el mismo sin que se hubiere hecho efectiva dicha restitución. y, a sensu contrario, 27-2f LAU y devolverla al término del contrato (artículo 1561 C.C.). Realizar las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda y las que le sean imputables por un mal uso o por ser el causante del daño. Si no figura esa cláusula, el arrendador puede demandar al arrendatario por incumplimiento de contrato, con probable condena a seguir pagando o hasta alquilar nuevamente la vivienda o hasta cumplir el año, además de condenarle en costas.
Devolución de fianza por el propietario, cuando el inquilino abandona la vivienda en perfecto estado. Corte de Arbitraje de los Api en España, un sistema para resolver los conflictos inmobiliarios con las mismas competencias que un juzgado, pero que permitirá solucionar los casos de impagos y posterior desahucio en tan sólo dos meses, reduciendo así el tiempo medio de un año si el caso termina en un contencioso judicial, según apuntó colectivo de agentes inmobiliarios de la provincia. La ley da seis meses para regular este asunto y habla de modificación de aranceles notariales y registrales. Para la resolución de cualquier litigio que pudiera derivarse de la interpretación o aplicación del presente contrato, las partes se someten, de mutuo acuerdo, al sistema arbitral de solución extrajudicial de conflictos articulado por el Consejo Arbitral para el Alquiler de la provincia de Málaga, en sus Normas de Funcionamiento, de acuerdo con las funciones que le corresponden en virtud de lo establecido en el artículo 4.b) de la Orden 61/2008, de 4 de marzo, por la que se crea dicho Consejo.
Establece los mecanismos de devolución de la fianza, en caso de que pudiera corresponder. Se refieren a la creación del registro de sentencias firmes de impago donde consultar el nombre del futuro inquilino que, por el contrario, Pueden ser de tres tipos, de cosas, de obras y de servicios. Quebraderos de cabeza, años de litigios y, en muchos casos, epílogos plagados de situaciones en las que el dueño del piso lo recupera "en pésimas condiciones o destrozado", según apuntaron ayer fuentes del colectivo. Requerimiento y notificación al propietario moroso, siendo suficiente un Burofax con acuse de recibo o un telegrama, con inclusión de los detalles de la liquidación de la deuda. Otros arrendamientos de cosas muy comunes, son los de vehículos sin conductor, conocidos como “rent a car” los cuales, a su vez, pueden ser de corta o larga temporada.
Casos de inmigrantes que viajan a su país por un tiempo y no pagan la renta durante dicho periodo o personas que se quedan sin empleo. ¿Es necesaria la intervención de Abogado y Procurador en el Juicio Monitorio? Para la petición inicial de Juicio Monitorio no es necesaria la intervención de abogado y procurador.Otra peculiaridad del juicio monitorio es que, cualquiera que sea la cuantía, no se exige la intervención de abogado ni procurador para presentar la demanda del procimiento monitorio en el Juzgado que sea competente.(artículo 31 LEC) Ahora bien, en el supuesto que se oponga el deudor, de forma que se reconduzca a Juicio Verbal o juicio Ordinario , es obligatoria la intervención del Abogado y Procurador cuando la cuantía de lo reclamado sean 2.000 euros. Si por ser de cuantía superior a 6.000 euros , se sigue un procedimiento ordinario, el que reclama la deuda deberá pagar nuevamente las tasas judiciales, descontando el importe satisfecho por las pagadas en el proceso monitorio.
El resto del post serán vuestras propias aportaciones con ideas frescas para mejorar la estrategia anti-morosidad que tanto daño hace al alquiler de viviendas en este país. Los procesos de mediación se realizan por un experto que se pone en contacto personal con las partes. En definitiva, el juicio monitorio es un instrumento efectivo para el cobro de impagos de morosos, que pone a a disposición del justiciable, una herramienta sencilla y efectiva para la reclamación del pago de cantidades adeudadas por la persona a la que se demanda. “Este incremento -ha señalado Rollán- es un buen indicador de que las políticas de fomento del alquiler en la región están dando sus frutos, alcanzando mayor confianza entre arrendadores y arrendatarios”. abogado y experto en arrendamientos, viene defendiendo a una sola de las partes en los alquileres, como asesor jurídico de la Cámara Oficial de Inquilinos de Málaga. Hay muchos propietarios que tienen una actitud amenazante y hacen uso de su situación de poder para presionar al inquilino.
Si hay negativa del arrendatario, aunque conste un pacto en el documento firmado, la ley contempla la inviolabilidad del domicilio, por lo que la entrada sólo podría autorizarla un juez. A partir de la firma del acuerdo de terminación, ya no existe la obligación de pagar renta. Los inquilinos necesitan, a su juicio, "asesoramiento especializado como el que damos desde la Cámara". Entrar en la casa alquilada está prohibido. La devolución del dinero que se había pagado de más al banco, es decir, la conocida como retroactividad que los tribunales están limitando en este caso a mayo de 2013, también puede plantear algún quebradero de cabeza.
Desde el inquilino ideal que cumple con la renta y cuida la casa como si fuera suya, hasta con auténticos profesionales que se conocen la legislación y a los que prácticamente resulta imposible notificar una citación", La Corte de Arbitraje se constituye como un instrumento de resolución de conflictos en los contratos de arrendamiento de viviendas y locales comerciales a fin, de que tanto los propietarios como los inquilinos puedan resolver sus diferencias en un plazo breve, y se presenta ahora mismo como una la alternativa mucho más rápida y económica que acudir los Tribunales de Justicia, según los Api. El subarriendo, incluso un ‘invitado permanente’ sin autorización escrita del casero, puede ser causa de desahucio. En todos los casos de desahucio, también se apercibirá al demandado en el requerimiento que se le realice que, de no comparecer a la vista, se declarará el desahucio sin más trámites y que queda citado para recibir la notificación de la sentencia que se dicte el sexto día siguiente al señalado para la vista. ¿Desventajas? La mayor desventaja, que los árbitros carecen de la “potestas” de la que están revestidos los tribunales. Por ejemplo, en caso de retención de la fianza, habrá que esperar a la cuantificación de las obligaciones pendientes para hacer la liquidación definitiva, lo que puede dar lugar a incumplimientos futuros y litigios.
Es GRATIS y está a disposición de los ciudadanos en todos los Juzgados, para la petición inicial de los procedimientos monitorios, según el artículo 31 de la LEC. A veces litigar con relación a estos asuntos es inevitable. Vuelve la pelota a rebotar en contra del inquilino, según algunos expertos. "Que a los tres años se tenga que renegociar un nuevo contrato supone enfrentar a los inquilinos a posibles subidas en la renta que no podrán afrontar". Se advertirá al demandado que, de no comparecer a la vista, se declarará el desahucio sin más trámites, quedando citado al sexto día para recibir la sentencia. Gastos de comunidad, IBI y basuras Los gastos de Comunidad y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) corresponde pagarlos al casero pero puede acordarse en el contrato que los pague el inquilino, en tal caso para que puedas ser obligado a pagar las cuotas de Comunidad, debe constar en el contrato el importe anual de las mismas. Exigir que se le devuelva la vivienda tal y como se alquiló.
En el supuesto de que no se encontraren los arrendatarios en el domicilio arrendado, podrá efectuarse la entrega a cualquier familiar mayor de 14 años que se encuentre en ese lugar, o al conserje, advirtiendo a éste que está obligado a entregar la copia de la resolución o la cédula al destinatario de ésta, o a darle aviso si sabe su paradero. Cuando un arbitraje se ajusta a la legalidad, sustituye completamente a la jurisdicción ordinaria, que deberá abstenerse de conocer el litigio. Ejemplo: Este contrato tendrá una duración de diez años, contados a partir de 1 de octubre de 2015. Lo mismo sucederá en el caso en el que ya hubiera enervado la acción una vez anterior. La buena voluntad y las ganas de resolver los problemas que surgen durante la duración de los contratos de arrendamiento son generalizadas, tanto entre los propietarios, como en los inquilinos. Es decir, cuando se trate de deudas derivadas de una tarjeta de crédito, el acreedor(normalmente una entidad financiera) deberá oponerse y aportar a la petición inicial: Certificado de saldo deudor de la tarjeta.
Para ello, se habilitan en los Juzgados Decanos de cada partido judicial, impresos o formularios para iniciar dicho procedimiento.Igualmente en la web del Consejo General del Poder Judicial puede encontrarse formularios del proceso monitorio y más información. Precisamente, el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga pide una mayor clarificación y denuncia indeterminaciones al respecto. Pactar una fecha de fin del alquiler Como consecuencia de lo anterior es evidente que ha de pactarse un plazo determinado de duración de ese contrato, que será improrrogable y coincidirá con los parámetros anteriores, curso escolar, trabajo a realizar, tratamiento médico a sufrir, etc. Desahuciar al inquilino en caso de impago. El saneamiento de la cosa arrendada (artículo 1553 C.C.). Respecto a los suministros, se aconseja que los mismos los de de alta el inquilino ya que será quien pague el consumo. "Serán de cuenta del inquilino todos aquellos gastos ocasionados como consecuencia de las reparaciones que se haya de efectuar en el inmueble arrendado, incluso las que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda", reza una cláusula claramente abusiva.
Es decir, sólo las PERSONAS JURÍDICAS, serán las obligadas al pago. Por eso, "el inquilino puede pedir la rescisión del contrato y la indemnización de daños y perjuicios, o sólo esto último, tal y como se recoge en el artículo 1556 CC", explica Carmen Martín. Así, hay dos modelos principales para finalizar el arrendamiento: un “acuerdo de terminación con liquidación” y un “acuerdo de terminación con retención de la fianza”. Pero también con un propietario por problemas de averías o desperfectos en la vivienda. Todo ello tiene su base en el articulo 16.2 letra o) de la Ley 16/2011 de 24 de junio de contatos de crédito al consumo. Si la demanda se dirigiese a una persona jurídica, podrá igualmente señalarse el domicilio de cualquiera que aparezca como administrador, gerente o apoderado de la empresa mercantil, o presidente, miembro o gestor de la Junta de cualquier asociación que apareciese en un Registro oficial.
Frente a los seis meses que dura de media un proceso judicial, el Consejo Arbitral acorta los plazos y resuelve los casos en 40 días. y, a sensu contrario, artículo 27-3b LAU) y no variar su forma (artículo 1557). Y, en Hacienda, favoreciendo aún más fiscalmente el arrendamiento. Si llega a un acuerdo, incluso pagando alguna mensualidad de indemnización, perfecto. aclara que los particulares podrán seguir alquilando de forma temporal sus viviendas como hasta ahora. Recoge por escrito todas las obligaciones pendientes de cumplimiento por el Arrendatario (recibos pendientes, pago de suministros, pago de indemnizaciones, etc.), y señala cómo debe actuarse para su cumplimiento, evitando así problemas a la terminación del contrato de alquiler. De hecho también puede documentarse en lenguas oficiales propias de Comunidades Autónomas. Factura El mediador actúa en un máximo de tres sesiones. Igualmente, podrá interesarse en la demanda que se tenga por solicitada la ejecución del lanzamiento en la fecha y hora que se fije por él.
Si en el futuro tenemos un problema con el arrendamiento en el que hayamos incluido la cláusula de resolución de conflictos debemos acudir al Consejo Arbitral en la calle Maudes nº17 (tf: 915 804 347/914 208 990), donde te adjudican una de las siete cortes arbitrales que trabajan con la provincia de Málaga. Igualmente, podrá interesarse en la demanda que se tenga por solicitada la ejecución del lanzamiento en la fecha y hora que se fije por el Juzgado a los efectos señalados en el apartado 3 del artículo 549. Devolución de la vivienda o local arrendado Cuando hubiese comenzado la ejecución de un contrato de arrendamiento verbal y faltare la prueba del precio convenido, el arrendatario devolverá al arrendador la cosa arrendada, abonándole, por el tiempo que la haya disfrutado, el precio que se regule. Llevar a cabo las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda (artículo 21-4 LAU). Situaciones en las que el inquilino hace ruido continuo, con la molestia para el vecindario o tiene negocios ilegales.
Si el deudor comparece en el plazo conferido y paga la cantidad reclamada, se archivarán las actuaciones. Estos son los motivos por los que se puede interponer una demanda de desahucio: Falta de pago de la rentas u otras cantidades de cargo del arrendatario. Detectados por el inquilino, incluso, al recibir la llaves el primer mes. La nueva campaña incluye también algunas novedades ligadas con los miembros de la unidad familiar. «Las Comunidades Autónomas podrán establecer la obligación de que los arrendadores de fincas urbanas sujetos a la presente Ley, depositen el importe de la fianza regulada en el artículo 36.1 de esta Ley, sin devengo de interés, a disposición de la Administración Autonómica o del ente público que se designe hasta la extinción del correspondiente contrato. destaca que en este terreno la nueva ley modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil. El casero o arrendador: Derechos: Fijar la renta y las condiciones del contrato, siempre que estén dentro de la legalidad.
El desahucio por necesidad de la vivienda El propietario de una vivienda, tienen derecho a la rescisión del contrato de arrendamiento de la misma, cuando por estado de necesidad propio, necesite la vivienda para sí, no obstante este derecho, debe prevenirse en el contrato de arrendamiento, después de la Ley de Arrendamientos urbanos de 1994, debiendo para llevar a cabo la resolución del contrato, comunicar al arrendatario de forma fehaciente la necesidad de la ocupación, y dándole un plazo suficiente para el desalojo de la misma. Demanda conjunta contra varios propietarios morosos por la Comunidad de Propietarios. Es el llamado desahucio exprés. No obstante, si el propietario se niega a reparar, ésta será una causa justificada para finalizar el contrato. Naturalmente, el avalista deberá firmar todas las hojas del contrato de arrendamiento, al igual que el arrendador y el arrendatario. Y es que la redacción de contratos de alquiler de fincas urbanas en inglés o alemán no llaman la atención, son usuales.
Un porcentaje pequeño, del 16 %, se resuelve en una sesión y el 23 % restante exige un tercer acercamiento. ¡Ni siquiera incluía televisor o microondas! El día de la rescisión del contrato los dueños revisaron todo el piso: cubertería, vajilla, lámparas, estado de los muebles... consulta con un abogado tu problema sobre desahucio por falta de pago del alquiler ¿Cómo es el procedimiento de desahucio? Los sucesivos cambios introducidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil han ido encaminados a facilitar que los arrendadores puedan recuperar su vivienda de modo rápido y sencillo en caso de incumplimientos graves del pago del alquiler, sin que esto menoscabe los derechos de los inquilinos. Averías. La provincia de Málaga insta a los ciudadanos inmersos en este tipo de conflictos, entre arrendatarios e inquilinos, a que escojan la vía del Consejo Arbitral, ya que ofrece una alternativa rápida, eficaz y económica frente a la vía judicial, siempre más costosa y lenta.
"Suponiendo que en los años anteriores se haya aplicado la deducción por inversión en vivienda habitual, se deberá regularizar los ejercicios a los que correspondan las cantidades devueltas mediante declaraciones complementarias de los mismos", advierte. Si excede de la cuantía del verbal lo reclamado, el Secretario Judicial dará traslado al actor para que presente demanda en el plazo de 1 mes desde la oposición del deudor.Transcurrido ese plazo sin interponer la demanda, se dará por terminado con imposición de costas al actor. Sin embargo, pese al prestigio del procedimiento monitorio entre los justiciables, encierra, en algunos supuestos, algunas trampas procesales para el acreedor que hacen dudar de su utilidad practica frente a otro tipo de procedimientos como el juicio ordinario y de lo que se pretende con este procedimiento, por supuesto es cobrar las deudas. Notificación del desahucio Una de las novedades de la reforma, que afecta tanto a la interposición de una demanda por los cauces del juicio ordinario, como a las interpuestas por los cauces del juicio verbal para el desahucio es la relativa al domicilio.
Entonces, ¿no deberían redactarse los contratos en castellano? Sigamos: Existe libertad de forma para contratar. También critican el denominado decreto Boyer. En los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago de rentas o cantidades debidas o por expiración legal o contractual del plazo y en los procesos de reclamación de estas rentas o cantidades debidas, cuando no pudiere hallársele ni efectuarle la comunicación al arrendatario en los domicilios designados en el segundo párrafo del número 3 del artículo 155, ni hubiese comunicado de forma fehaciente con posterioridad al contrato un nuevo domicilio al arrendador al que éste no se hubiese opuesto, se procederá, sin más tramites, a fijar la cédula de citación en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial. No se intentará localizarle por otros medios como ocurría anteriormente. ¿Es esta la oportunidad de homologarnos al resto de los países desarrollados?
¿Y también la oportunidad de que salgan al mercado las viviendas vacías y se profesionalice el sector? La mayoría de los consultados la critican abiertamente y alaban las bondades de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994 que viene a modificar. Esta mantiene que a los 10 días de que el inquilino haya dejado de pagar la renta, el secretario del juzgado puede dictar el lanzamiento, si el moroso no comparece para alegar alguna razón o para pagar. Beneficios del Juicio Monitorio El principal problema viene en las ejecuciones de sentencias y cuando se trata de morosos profesionales, a la hora de hacer valer los derechos de cobro, en cuanto este tipo de morosos profesionales no suelen tener a su nombre absolutamente bienes a su nombre, nada y casi ningún bien que sea susceptible de embargo.El tiempo, a su vez , juega a su favor, y aún más, en los casos de oposición de la empresa deudora, que contará con un tiempo extra para hacer frente al pago, si finalmente lo realiza.
El primer consejo que dan los expertos es no dejar de abonar el pago de la renta, aunque el casero se niegue a arreglar los desperfectos. En un supuesto caso ganado por una cláusula suelo, Sin perjuicio de lo anterior, si las acciones acumuladas fueran la de desahucio por falta de pago o por expiración legal o contractual del plazo, y la de reclamación de rentas o cantidades debidas, la cuantía de la demanda vendrá determinada por la acción de mayor valor. No ceder el contrato ni subarrendar sin el consentimiento escrito del arrendador. En dichos artículos se establece que no será obligatoria la intervención de dichos profesionales en el juicio monitorio, de forma que cualquier persona o empresa puede iniciar dicho tipo de procedimiento. "Alquilé un piso amueblado por unos 1.200 euros al mes con otros dos compañeros cerca de El Barrio de las Letras de Málaga con lo más básico.
De otra parte, la reclamación judicial interrumpe la prescripción de la obligación de pago. o de un Organismo o empresa similar en alguno de los domicilios designados en el contrato, que en el caso del arrendatario será el domicilio arrendado y los domicilios que a continuación se designan (ejemplo, domicilio de un familiar). Modelo Procedimiento Monitorio Comunidad de Propietarios. Es la clase de contrato que se usa cuando queremos construir una vivienda o cuando por ejemplo encargamos un cuadro u cualquier otra obra de arte. Pagar los impuestos correspondientes (IBI, tasa de basura, seguro de hogar, entre otros). Reclamar una compensación por finalizar antes de tiempo el contrato, siempre que en contrato se indique. ¿Puede el propietario entrar en la casa si el inquilino no paga la renta? El hecho de que el inquilino no abone la renta no faculta al arrendador a entrar en el inmueble y tomar posesión del mismo sin previamente haber resuelto el contrato de arrendamiento.
De la correcta redacción y configuración de las mismas, estableciendo garantías precisas muy especialmente para el arrendador, depende el que en caso de conflicto de este con su arrendatario pueda tener expectativas de cobrar sus rentas y de poder recuperar la posesión de su propiedad de la manera menos traumática y más rápida posible. El arrendatario debe devolver la finca, al concluir el arrendamiento, tal como la recibió, salvo lo que hubiese perecido o se hubiera menoscabado por el tiempo o por causa inevitable. Gastos judiciales Es habitual que algunos documentos otorguen la obligación legal de afrontar el desembolso de las costas judiciales al arrendatario, pero este apartado carece de validez. Así mismo, podrá descontar de la fianza los daños ocasionados en el inmueble. Recordamos que las tasas judiciales es un impuesto que debe abonarse cuando se acude a la vía judicial para interponer una demanda o recurso contencioso-administrativo. Este asunto suele ser muy controvertido ya que al finalizar los contratos de arrendamiento, suelen generarse problemas relativos al estado de conservación de los muebles ya que esto puede tener repercusión en la devolución de la fianza.
Véase la Sentencia de la AP (Sección 6ª) de 21 julio de 2014 y la Sentencia de la AP (Sección 6ª) de 23 febrero de 2013. CONCLUSION: Las conclusiones que podemos extraer de las distintas resoluciones del Tribunal Supremo es la siguiente: En aquellos procedimientos donde se ejercite la acción de desahucio por falta de pago, acumulando la reclamación de las rentas debidas, el Juzgado competente territorialmente será aquel donde radique la finca arrendada. Inquilino: Establece el momento en el que cesan las obligaciones del arrendatario derivadas del contrato de arrendamiento. Cuando se trate de sentencia condenatoria de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, y el demandado citado en forma no hubiera comparecido en la fecha o en el plazo señalado en la citación, la notificación se hará por medio de edictos fijando copia de la sentencia en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial. Por ejemplo, con un inquilino que no paga la renta, para explicar la situación y los perjuicios que conlleva.
Comienza su explicación recordando que "en el mercado existe una oferta amplia de viviendas en alquiler, por lo que el arrendatario tiene mucho donde elegir y debe descartar aquellos contratos sospechosos de incluir términos abusivos". Las partes, de mutuo acuerdo, deciden nombrar a un tercero independiente, denominado árbitro, que será el encargado de resolver el conflicto. La recomendación en estos casos es negociar con el arrendador qué indemnización aceptaría a cambio de resolver el contrato de mutuo acuerdo, evitando así pleitos, caros, largos y desagradables. En este supuesto, se entenderá intentada la entrega cuando, al menos, consten dos avisos deCláusula de Notificaciones postales entrega de la empresa estatal Correos y Telégrafos S.A. ¿Cuándo se abonan las tasas judiciales? El pago de las tasas debe abonarse antes de su interposición y acompañar el justificante junto con la demanda.No obstante, de no presentarse en dicho momento, el Juzgado nos requerirá, normalmente por 10 días, para subsanar ese defecto.
Plazo mínimo duración contrato arrendamiento (artículo9 LAU) La duración del arrendamiento será libremente pactada por las partes. Para poder demostrar el estado de conservación de los mismos, es conveniente realizar fotografías que pueden/deben adjuntarse como anexo al contrato de arrendamiento. Además, el cumplimento del laudo sigue siendo mayoritariamente voluntario, llegando a ejecución judicial una cantidad muy reducida de demandas. Recoge el estado de devolución del inmueble, señalando los desperfectos cuya reparación podrá reclamarse al arrendatario. ¿Y si esto es así por qué está tan mal visto el arbitraje fuera de Málaga como medida para resolver materias arrendaticias? Porque algunos Jueces y Tribunales se niegan a ejecutar y hacer cumplir los laudos a los inquilinos por considerar que la materia arrendaticia comporta derechos indisponibles para las partes que pueden resultar vulnerados en los casos de resolución del conflicto mediante el arbitraje de equidad. El arbitraje es libertad, agilidad, rapidez, cercanía entre demandante y demandado, y de estos con el árbitro, etc.
La existencia de este juzgado impulsa la agilización en la ejecución de los laudos arbitrales, que ya no tendrán que ser ejecutados en el juzgado que les toque por turno, sino en uno especializado. Si se opone el deudor, la petición debe ir firmada por abogado y Procurador (al superar los 2000 euros). "Existe la obligación por ambas partes de cumplir con el contrato, pudiéndose actuar dentro del marco jurídico establecido por la LAU contra cualquier práctica ilegal o que configure incumplimiento del contrato", asegura Martín. En este caso la causa de pedir idéntica es la falta de contribución a los gastos de la comunidad, conforme a su coeficiente de participación en la propiedad. Dietas en el extranjero. A quien le produce inseguridad, en este caso, es al propietario que puede depender de esa renta; algo habitual en estos tiempos en que el propietario puede depender de esta para sobrevivir o afrontar el pago de la hipoteca.
Cosa distinta es que tal agilización se enfrente a la mayor o menor saturación de los juzgados. Cuando en la demanda se ejercite una acción de aquellas a las que se refiere el número 1.º del apartado 1 del artículo 250, se entenderá que si las partes no han acordado señalar en el contrato de arrendamiento un domicilio en el que se llevarán a cabo los actos de comunicación, éste será, a todos los efectos, el de la vivienda o local arrendado. Si las buenas maneras y un primer diálogo amistoso no funcionan, hay que recurrir a medidas legales. Entre los derechos del propietario un bien, tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla. No procederá la prórroga obligatoria del contrato cuando, al tiempo de su celebración, se haga constar en el mismo, de forma expresa, la necesidad para el arrendador de ocupar la vivienda arrendada antes del transcurso de tres años para destinarla a vivienda permanente para sí. En definitiva el mejor consejo es llegar a una solución transaccional por aquello de "Más vale un mal arreglo que un buen pleito" o la maldición gitana: "Pleitos tengas y los ganes".
Mantener al arrendatario en el uso pacífico de la cosa arrendada durante el tiempo pactado (artículos 1554-3 C.C. Si el deudor en el plazo de 20 días presenta escrito de oposición a la demanda de juicio monitorio, el procedimiento se convertirá en el proceso declarativo que, por razón de la cuantía, le corresponda. Abstenerse de variar la forma de la cosa arrendada (artículo 23 LAU). Una de las novedades más llamativas es la de que pasados los primeros seis meses del contrato el inquilino pueda dejar la vivienda, avisando con 30 días de antelación, sin indemnización alguna —a menos que se haya pactado—. Pero si el inquilino se marcha y entrega las llaves, la reclamación de las rentas impagadas tendrá un coste de aproximadamente 450 euros de provisión de fondos para abrir el expediente en trámite y otros mil y pico en concepto de abogado y procurador, que se pagan al final.
Rechaza el contenido y el espíritu de la nueva ley. Además, no solo debe depositarse la fianza, cuando el arrendador exija garantías del cumplimiento del contrato de alquiler, estas garantías como avales u otras sumas de dinero, deben ser también depositadas en concepto de fianza. Archivo Aquí puedes descargarte gratis este modelo de contrato Desde el despacho de abogados aseguran que este modelo deja la puerta abierta a futuros incumplimientos, controversias entre las partes y potenciales litigios. La forma del contrato no es un elemento constitutivo del mismo. Por tanto , no puede hablarse de desconexión entre la oposición del juicio monitorio y el posterior juicio verbal u ordinario, pues de ser así, supondría fraude de ley. En caso de impago, será a él a quien le corten el suministro. Hasta ahora, los dueños de un piso sólo contaban para resolver conflictos con morosos con el Juzgado, o con los seguros de dos años contra los impagos, desperfectos en las viviendas y costas judiciales que ofrece la Agencia de Alquiler -institución pública- durante los dos primeros años de vigencia del alquiler de los pisos que reciben.
Asimismo se expresará que en caso de solicitar asistencia jurídica gratuita el demandado, deberá hacerlo en los tres días siguientes a la práctica del requerimiento, así como que la falta de oposición al requerimiento supondrá la prestación de su consentimiento a la resolución del contrato de arrendamiento que le vincula con el arrendador. Derechos y obligaciones en un contrato de arrendamiento Son múltiples las dudas que se nos plantean a la hora de firmar un contrato de arrendamiento, y en numerosas ocasiones no son tan sencillas de responder. Ante este panorama, para evitar éste y otros conflictos, es recomendable ceder a empresas especializadas la gestión del alquiler. "Además", matiza, "conseguir este permiso no es fácil, pues hay que probar verdadera necesidad". Para la fijación del valor no se tomarán en cuenta los frutos, intereses o rentas por correr, sino sólo los vencidos. Si el inquilino decide cancelar el contrato anticipadamente y en él figuraba una cláusula de indemnización, se paga la indemnización y se resuelve el contrato.
Asociación del Arbitraje y otra cosa, también en este caso habrá que eliminar la típica cláusula de sometimiento a los juzgados de Málaga y sustituirla por la siguiente cláusula: Toda controversia derivada de este contrato o convenio o que guarde relación con él -incluida cualquier cuestión relativa a su existencia, validez, terminación, interpretación o ejecución- será resuelta definitivamente mediante arbitraje de Derecho, administrado por la Asociación Europea de Arbitraje, de conformidad con su Reglamento de Arbitraje vigente a la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje. El Colegio, como entidad de derecho público que es, decidió crear este órgano acogiéndose a la regulación de la Ley de Arbitraje de 2003, a fin de abrir una nueva línea de trabajo para los asociados y, por otro lado, trata de incentivar el mercado del alquiler en una provincia en la que, como en casi todas las de España, los propietarios de viviendas recelan antes de sacarlas al mercado del alquiler por los problemas estructurales, amparados en la mayoría de las ocasiones por la propia Ley de Arrendamientos Urbanos, con los que se encuentran cuando el inquilino decide no pagar la renta.
A él están adheridas instituciones arbitrales como el Colegio Oficial de Notarios, registradores, abogados o procuradores. No deje por lo tanto en manos de cualquiera su asesoramiento y defensa en este ámbito. Para finalizar, sirva la siguiente sugerencia: si fuera posible, en el caso de la redacción de un contrato en idioma o lengua que no sea el castellano es aconsejable adjuntar su traducción, con la introducción en dicho contrato de un pacto expreso que aluda a la prevalencia de la versión castellana en caso de duda interpretativa. La adecuada negociación y cierre de las cláusulas de un contrato de arrendamiento es cuestión muy seria y delicada. La sede del arbitraje será Málaga.
Si el deudor propietario, no atiende al requerimiento en 20 días, deberá pagar igualmente la cantidad reclamada y las costas causadas por abogado y procurador. El propietario tiene la obligación de mantener al inquilino en un "goce pacífico del alquiler" durante todo el tiempo del contrato, según el artículo 1554 CC. Hacienda establece que todo contribuyente que obtiene una sentencia a su favor con compensación de costas debe tributar por esas cantidades como si se tratara de un rendimiento más. En las sentencias de condena por allanamiento, en previsión de que no se verifique por el arrendatario el desalojo voluntario en el plazo señalado, se fijará con carácter subsidiario día y hora en que tendrá lugar, en su caso, el lanzamiento directo del demandado, que se llevará a término sin necesidad de ulteriores trámites en un plazo no superior a 15 días desde la finalización de dicho periodo voluntario. Poner en conocimiento del arrendador en el plazo más breve posible la realización de las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido.
Para dicho trámite no será preceptiva la intervención de abogado ni de procurador. Las partes, en sus respectivos escritos de oposición y de impugnación de ésta, podrán solicitar la celebración de vista, siguiendo los trámites previstos en los artículos 438 y siguientes. Certificación del acuerdo de la Junta con el visto bueno del Presidente, para el caso que no haya pagado dentro del plazo concedido. Es importante subrayar que si formalmente se cumplen los anteriores requisitos, pero la realidad es que se trata de la vivienda habitual del inquilino es más que probable que en un pleito el Juez le dé la razón y condene en costas al casero que ha hecho la simulación. Comunicar al arrendador las usurpaciones o novedades dañosas que un tercero haya realizado o abiertamente prepare en la cosa arrendada (artículo 1559 C.C.). Por tanto, la competencia territorial será la del Juzgado donde estuviese la finca alquilada cuando sólo se reclamen rentas o suministros derivados de aquel contrato de arrendamiento.
El procedimiento es el juicio verbal. En resumen, la oposición al proceso monitorio, exige a las parte litigantes, la obligación de no ocultar los fundamentos en que basa su pretensión, de forma que las exponga de forma razonada y motivada en el escrito de oposición. Parece que la dinamización del alquiler no reside tanto en regular los arrendamientos como en que el Ministerio Justicia dote de más medio a los juzgados o se busque una vía alternativa para dar seguridad a los propietarios ante la morosidad. Tanto unos como otros pueden juzgar el Derecho ante el caso concreto.
Costas de un Juicio Monitorio en el caso de una Comunidad de Propietarios ¿Tiene obligación de pago de las costas causadas el propietario de una Comunidad que paga la deuda reclamada antes de ser requerido de pago por el Juzgado? La condena en costas en un proceso monitorio, se encuentra regulado en el artículo 21.6 de la LPH artículo 21.6 de la Ley de Propiedad Horizontal: Cuando en la solicitud inicial del proceso monitorio se utilizaren los servicios profesionales de abogado y procurador para reclamar las cantidades debidas a la Comunidad, el deudor deberá pagar, con sujeción en todo caso a los límites establecidos en el apartado tercero del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los honorarios y derechos que devenguen ambos por su intervención, tanto si aquél atendiere el requerimiento de pago como si no compareciere ante el tribunal. Probablemente si le explica pacientemente las opciones al dueño le atenderá. Dicha clausula incluye, además de la mediación profesional inicial, los gastos de arbitraje, abogados y procurador para desahucio. El Consejo Arbitral de la Comunidad supone una garantía y una excelente alternativa a la vía judicial. Archivo Aquí puedes descargarte gratis este modelo de contrato Acuerdo de terminación con retención de la fianza: es el equivalente a un “punto y seguido” porque se cierran determinadas obligaciones pero no todas, bien porque no ha habido acuerdo, bien porque no han podido ser cuantificadas.
Ya no digamos hoy día, cuando consecuencias de la globalización muchas veces exigen la remisión de contratos por medio de internet a confines impensables hace pocos años. Poniendo de nuevo un ejemplo: Una comunidad de propietarios, reclama por gastos comunes (lo que se suele llamar “gastos de la comunidad”) a uno de los propietarios.Tiene varias opciones: El deudor es requerido por el juzgado.Si abona la deuda también está obligado al pago de los honorarios de abogado y procurador, es decir al pago de las costas procesales del monitorio.Sentencia de la AP Valencia (Sección 7ª) de 21 julio de 2011. Una vez pasado ese mes, el pago del inquilino ya no tendrá efecto liberatorio, de manera que, incluso aunque pague, el procedimiento continuará hasta el efectivo desalojo del arrendatario. Parece que liberaliza todo, pero los inquilinos se quedan totalmente desprotegidos". Resuelve la competencia del juicio monitorio en relación a una reclamación para el que uno de los Juzgados en conflicto de competencia, alega la aplicación del domicilio del demandante, en aplicación del artículo 52.2 LEC.
¿Cuáles son estos recursos legales? Problemas con la fianza Ante el miedo de los impagos en el alquiler, muchos propietarios piden garantías excesivas. Venta del piso Para el caso de que durante la vigencia del contrato el casero necesite o decida vender el piso debería pactarse: Si el inquilino renuncia o no a su derecho de preferente adquisición. Eso sí, Sanmartín alerta de que "en la declaración debe incluirse como domicilio habitual". Denunciar al propietario de la vivienda si entra en ella sin su permiso. Dichos problemas se están resolviendo, además, en un tiempo récord, menos de once días. REGLA ESPECIAL SOBRE LA COMPETENCIA EN CASO DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS: la comunidad puede elegir entre el domicilio del deudor o el de lugar en que se encuentre el inmueble.Por ejemplo, si se trata de impago de cuotas de un piso de vacaciones la comunidad de propietarios puede elegir entre el Juzgado al que corresponda uno u otro.
En este tipo de contratos, el profesional que recibe un encargo no compromete un determinado resultado, este puede o no alcanzarse, sino el desplegar todos sus conocimientos, esfuerzo, dedicación y experiencia de cara al logro del mismo, es lo que se conoce como la “Lex Artis” y cada grupo profesional tiene la suya. Por tanto, para aquellos contratos de arrendamiento de vivienda celebrados inmediatamente después a la entrada en vigor de la Ley, se acerca el momento de su extinción si se pactaron con una duración inferior a los tres años y estuvieran sujetos a prorroga forzosa por voluntad del arrendatario. Gastos por uso ordinario La obligación de pagar el gasto derivado de las reparaciones que requiera el inmueble también suele ser objeto de confrontación entre arrendadores y arrendatarios. De haberlo sabido podría haber acudido al juicio con los justificantes de entrega, por ejemplo.En este caso, para evitar la indefensión , el Juzgado debería rechazar el motivo por el que se opuso.
Se modifica el apartado 1 del artículo 816, que queda redactado del siguiente modo: Si el deudor no atendiere el requerimiento de pago o no compareciere, el secretario judicial dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y dará traslado al acreedor para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en el artículo 548 de esta Ley.» Setenta y ocho. Y si no hay comunicación por parte de arrendador y arrendatario con al menos 30 días se prorroga automáticamente por un año más, no por tres como sucedía hasta ahora en la LAU, hasta ahora vigente. Dependiendo de lo atascados que estén los juzgados de primera instancia de cada localidad interesará una cobertura u otra. "Esto va a generar encarecimiento, más problemas y más contenciosos", alerta. En cuanto a la competencia, igualmente se dice que no valdrán los pactos en que haya sumisión expresa a algún Juzgado de alguna ciudad.
Otra novedad, tras la LAU que reconoció los derechos de la pareja de hecho o cónyuge a subrogarse, es la de que tras una separación o divorcio el que se queda en la vivienda continúa con el mismo contrato, sin ampliación de plazo. Si presentare la demanda, en el decreto poniendo fin al proceso monitorio acordará dar traslado de ella al demandado conforme a lo previsto en los artículos 404 y siguientes, salvo que no proceda su admisión, en cuyo caso acordará dar cuenta al juez para que resuelva lo que corresponda.» Modelos de Demanda de Juicios Monitorios A continuación se relacionan, con carácter orientativo, listado de formularios de demanda para ejercita el procedimiento monitorio. ¿Ventajas del arbitraje? Pese a las últimas reformas, los juzgados continúan tardando de seis a doce meses en dictar sentencia judicial y el laudo, desde la solicitud hasta el dictamen, solo demora 40 días. Los laudos (figura con el valor de una sentencia) que dicte la Corte tendrán un valor equivalente a las decisiones judiciales y también gozarán de carácter ejecutivo.
En todo caso lo cierto es que existen multitud de contratos de arrendamiento de fincas urbanas sitas en España redactados en idioma extranjero. El depósito de la fianza siempre fue obligatorio, si bien, desde hace algunos años, el incumplimiento de esta obligación está siendo sancionado por la Administración. Tampoco se tomará en cuenta la petición de condena en costas. Dentro de este tipo de arrendamientos se hallan los arrendamientos de inmuebles, tanto urbanos, (viviendas, locales comerciales, industrias), como rústicos, (ganaderías, huertas, campos de labor). Obligaciones: Realizar el pago de la fianza convenida al inicio de la relación contractual. Es aconsejable revisar el inmueble con el arrendador y detallar los desperfectos detectados para alcanzar un acuerdo y evitar futuras discusiones. Si por ser la cuantía inferior a 6.000, se remite al Juicio Verbal, SÓLO SERÁ PRECEPTIVA LA INTERVENCIÓN DE ABOGADO Y PROCURADOR CUANDO LA CUANTÍA DE LA DEUDA RECLAMADA SUPERE LOS 2.000 EUROS.
Realizar y pagar las reparaciones de conservación de la vivienda para asegurar la habitabilidad de la misma, a excepción de las pequeñas reparaciones o de las que sean imputables al inquilino. Mi error fue no reclamar la fianza en mano el día de la devolución de las llaves", se lamenta Sara. En aquellos casos donde solo se ejercite la acción de reclamación de rentas debidas, que puede ser el caso mas controvertido, el Alto Tribunal resuelve sobre el tema de la competencia territorial para reclamar rentas del alquiler en el sentido de declarar que la competencia corresponde al Juzgado de Primera Instancia del lugar donde radique la finca arrendada de la que se ha derivado el impago de las rentas, al ejercitarse en la demanda una acción de condena dineraria en reclamación de rentas y gastos de suministros derivados del contrato de arrendamiento sobre una vivienda sita en esa localidad. Requisitos de la demanda de desahucio y auto judicial (artículo440.3 LEC) Se hará constar en la demanda La posibilidad de enervación.
¿Quién de los dos es el competente territorialmente para conocer de la demanda de reclamación de rentas y gastos de suministros? AUTO del Tribunal Supremo de 22.04.2014: Para la resolución del presente conflicto negativo de competencia debemos partir de las siguientes consideraciones: En el juicio verbal no es válida la sumisión expresa ni tampoco la tácita, según resulta de lo dispuesto en el artículo 54.1 LEC . Si ésta fuera inferior a tres años, llegado el día del vencimiento del contrato, éste se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de tres años, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador con treinta días de antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de las prórrogas, su voluntad de no renovarlo. Del mismo modo, en las sentencias de condena por incomparecencia del demandado, se procederá al lanzamiento en la fecha fijada sin más trámite.
Si en la demanda se solicitase el desahucio de finca urbana por falta de pago de las rentas o cantidades debidas al arrendador, el demandante podrá anunciar en ella que asume el compromiso de condonar al arrendatario todo o parte de la deuda y de las costas, con expresión de la cantidad concreta, condicionándolo al desalojo voluntario de la finca dentro del plazo que se indique por el arrendador, que no podrá ser inferior al plazo de quince días desde que se notifique la demanda. Ya que el Gobierno acaba de crear un Registro de Inquilinos Morosos para recuperar la confianza de los propietarios en el alquiler desde FACUA-Consumidores en Acción también exigen crear un registro de caseros incumplidores o acosadores. Por otra parte, también critican la Ley 4/2013 en Alquiler Seguro. Transaccional viene de transigir, es decir ceder cada parte un poco. Es aconsejable revisar el inmueble junto con el arrendatario y detallar los desperfectos detectados para alcanzar un acuerdo y evitar futuras discusiones. "La rebaja a tres años introduce inestabilidad para el inquilino.
En el transcurso del año pasado los tribunales resolvieron más de 1.024 litigios de esta naturaleza. Si ya tienes claro el piso que quieres alquilar y el precio, ahora toca negociar con el casero el resto de condiciones para ponerlas por escrito en el contrato de alquiler. Para solicitar justicia gratuita debe reunir los requisitos que exige la Ley. El requerimiento legal que establece la LAU es entregar un mes de renta, aunque hay muchos caseros que exigen dos o tres meses. La provincia de Málaga ampliará su mediación en los conflictos de alquiler a todo tipo de contratos, no solo los del Plan Alquila, dentro de una serie de medidas de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio con las que se pretende matar dos pájaros de un tiro: fomentar el alquiler ofreciendo mayores garantías a inquilinos y propietarios y descongestionar el sistema judicial. En este despacho de abogados Aún siguen quedando muchas dudas en torno a los desahucios en alquileres por falta de pago que vamos a tratar de resolver a través de este artículo.
Por esto, es frecuente que se aporten fotografías como anexo al contrato, donde las partes firman el estado de la vivienda en el momento de formalizarse el arrendamiento y que en el mismo estado debe entregarla el inquilino cuando termine. Los partidarios de la acumulación se basan en que lo permite el artículo 72 de la LEC, es decir, para el caso que la Comunidad (demandante) reclame contra varios propietarios cuando el título o la causa de pedir sea identico para todos los demandado. En caso de oposición del deudor, por rentas reclamadas por una Comunidad de Propietarios, la comunidad podrá solicitar el embargo preventivo de bienes suficientes para hacer frente a la cantidad reclamada, intereses y costas, que se acordará en todo caso, según el artículo 21.5 de la L.P.H., conforme a la nueva redacción de la Disposición Final 1ª.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin necesidad de prestar caución, aunque podrá enervarse prestando aval bancario por la cuantía por la que hubiese sido decretado el embargo.
Corresponderá al arrendatario la prueba de la fecha de la puesta a disposición. En la resolución o decreto judicial de admisión y citación para la vista. En los arrendamientos de cosas una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto. El contrato por escrito siempre deberá estar firmado por todas y cada una de las partes, esto es, por el arrendador, el arrendatario y los avalistas si los hubiere. La opción Málaga para asegurar el alquiler La sociedad para el fomento del alquiler, Málaga ofrece dos servicios diferenciados: Seguro de impago de alquiler con 5 compañías de seguros diferentes (entre otras DAS) Arbitraje con la Asociación Europea de Arbitraje (AEADE) La opción Málaga para asegurar el alquiler Seguro de impago del alquiler Se pueden asegurar 6, 9 o 12 meses de cobertura, de manera que si el inquilino deja de pagar, el seguro se haría cargo de esas mensualidades además de los gastos jurídicos de echarle a la calle.
"En estos momentos hablar en el BOE de desahucio exprés puede ser complicado, pero sobre todo no es creíble", dice Hernández. En los casos de demandas en las que se ejercite la pretensión de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, el secretario judicial, tras la admisión, y previamente a la vista que se señale, requerirá al demandado para que, en el plazo de diez días, desaloje el inmueble, pague al actor o, en caso de pretender la enervación, pague la totalidad de lo que deba o ponga a disposición de aquel en el tribunal o notarialmente el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio; o en otro caso comparezca ante éste y alegue sucintamente, formulando oposición, las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada o las circunstancias relativas a la procedencia de la enervación. “Yo tenía una casera que muchas veces entraba en nuestro apartamento a ordenarnos el cuarto y dejarnos hecha la comida.
Pero si el importe de cualquiera de las acciones no fuera cierto y líquido, sólo se tomará en cuenta el valor de las acciones cuyo importe sí lo fuera. La actualización de la fianza durante el periodo de tiempo en que el plazo pactado para el arrendamiento exceda de cinco años, se regirá por lo estipulado al efecto por las partes. El arrendatario es responsable del deterioro causado por las personas y animales de su casa. Gastos Generales de la vivienda en el contrato de alquiler El artículo.20.1 de la LAU autoriza a las partes a pactar que los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda arrendada o a sus accesorios, sean a cargo del arrendatario. Si el arrendatario está casado o vive en pareja, es recomendable que se hagan constar los datos del cónyuge o de la pareja a los efectos de que el contrato pueda continuar produciendo efectos pese a que se produzca una ruptura.
Usar la cosa arrendada con la debida diligencia destinándola a satisfacer su necesidad primaria permanente de vivienda o la de su cónyuge o hijos dependientes (artículos 1555-2 C.C. Casi cualquier objeto, siempre y cuando no sea uno de aquellos que se consume con su mero uso, como por ejemplo una barra de pan, es susceptible de ser arrendado. La perturbación de hecho o de derecho que realice el arrendador en la utilización de la vivienda. Por tanto, el propietario no tendrá que esperar 20 días para pedir la ejecución como ocurría hasta la entrada en vigor de la Ley. El propietario de una vivienda o de un local tiene acción contra el inquilino o arrendatario, como poseedores, que han incumplido el contrato, para requerir el cumplimiento o exigir el desalojo de la vivienda o local y la entrega de los inmuebles en las mismas condiciones en que los arrendó o alquiló. está lejos de defender la nueva Ley 4/2013 de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas, que hoy entra en vigor.
De admitirse la acumulación, va a permitir a la Comunidad el beneficio que no se dispersen los pleitos, y un ahorro de costes del procedimiento. #¿Puedo reclamar las rentas de Alquiler mediante el Monitorio? Cuestión que en principio pareció confusa, ante el cauce procedimental del artículo 249.1.6º de la LEC, pero que clarificó la reforma del 2009 de la LEC, al introducir un nuevo párrafo en el artículo 818 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en un intento de establecer una rápida forma de conseguir el titulo judicial: ” Cuando se reclamen rentas o cantidades debidas por el arrendatario de finca urbana y este formulare oposición, el asunto se resolverá definitivamente por los trámites del juicio verbal, cualquiera que se cuantía”. Y pide "menos ley y más ventajas fiscales sin límite de edad, además de alquiler social. Un constructor nos habrá de entregar exactamente la casa que nuestro arquitecto nos diseño, con igual diseño y calidades, el cirujano al que le encargamos el arreglo de nuestra nariz, deberá conseguirnos exactamente la misma nariz a la que se comprometió, etc, etc…
El Contrato de Obra se entiende muy bien por contraposición a otro tipo de contrato de arrendamiento, el arrendamiento de servicios, este es el tipo de contrato que Vd. Sin embargo, sí que será necesario acudir a la misma (a través de la acción ejecutiva) cuando sea necesaria la intervención de las autoridades para hacer cumplir el laudo arbitral. La picaresca que siempre ha acompañado a los alquileres en España, para evitar los plazos obligatorios, inmediatamente creó una solución absurda e ineficaz, pero que aún perdura, pactar una duración de once meses, haciendo constar que se trata de un alquiler de temporada, es decir, distinto de vivienda. Obligaciones del arrendatario Abonar la renta estipulada, sus actualizaciones, sus elevaciones asi como los gastos asimilados o cualquier otro que se hubiera convenido (artículos 1555-1 C.C. El formulario o escrito que se presentara, accediendo al pago, debería indicar, más o menos, Que el deudor no comparezca.
Durante los cinco primeros años de duración del contrato, la fianza no estará sujeta a actualización. Una vez acordada la cantidad, también surgen conflictos con la devolución de la misma. Oídas éstas, resolverá lo procedente mediante auto dentro de los cinco días siguientes. Esta tasa podrá ser compensada por el deudor en el juicio posterior a celebrar, en el supuesto que se oponga a la demanda, Actualización:En cuanto a las tasas, el REAL DECRETO-LEY 1/2015 suprime el pago de las tasas judiciales para las personas físicas que quedan exentas a partir del 28 de febrero de 2015. Si el contrato es anterior a esa fecha, la deducción sigue como antes. El arrendador que se proponga realizar una de tales obras deberá notificar por escrito al arrendatario, al menos con tres meses de antelación, su naturaleza, comienzo, duración y coste previsible. El plazo comenzará a contarse desde la fecha del contrato o desde la puesta del inmueble a disposición del arrendatario si ésta fuere posterior.
El inquilino debe revisar que el estado de la vivienda es el adecuado, pues casi siempre se firma que se entrega en perfectas condiciones y no suele ser así. Al escoger el arbitraje, las partes optan por un procedimiento privado de solución de controversias en lugar de acudir ante los tribunales. Finalmente, si llegada la fecha de vencimiento del contrato, o de cualquiera de sus prórrogas, una vez transcurridos como mínimo los tres años de duración de aquel, ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, con al menos con treinta días de antelación a aquella fecha, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará necesariamente durante un año más. Si una vez agotada la vía amistosa el inquilino continúa sin pagar, y sin abandonar la vivienda, el arrendador se verá obligado a iniciar la vía judicial presentando la pertinente demanda de desahucio para la que ya sí se necesitará la asistencia de abogado y de procurador. Además, debe venir acreditada por cualquiera de los documentos que determina el artículo 812 de la LEC, constituyendo un principio de prueba para iniciar el proceso monitorio.
El 91% de las sentencias emitidas por los tribunales en 2012 por conflictos relacionados con contratos de alquiler fueron denuncias por impago formuladas contra los inquilinos, según la estadística de arrendamientos urbanos publicada por el ine En nueve de cada diez casos los jueces estimaron en su totalidad la demanda planteada. Si va a permitir las visitas de posibles compradores La indemnización que percibirá por facilitar la venta y en su caso por desalojar la vivienda. "Del mismo modo, incrementar el interés legal del dinero en 10 puntos porcentuales al cobrar intereses por el retraso en el pago de la renta es un abuso por parte del casero y será invalidado por los tribunales", añade. Si paga antes, la resolución que declare enervada la acción de desahucio condenará al arrendatario al pago de las costas devengadas, salvo que las rentas y cantidades debidas no se hubiesen cobrado por causas imputables al arrendador. Para que prospere la oposición, el contrato de concesión de crédito NO debe recoger recoger el importe del seguro de amortización del préstamo como gasto.
Sólo en casos excepcionales podrá pedirse la revisión del requerimiento de pago, alegando infracción del derecho a defenderse, por falta de requerimiento personal. Para el caso de sentencias que vengan de atrás, como una del año 2014, el experto fiscal asegura que "estos rendimientos se imputan cuando sea firme", por lo que también deberá de realizarse una declaración complementaria. Descendientes. En el caso de que el arrendatario no cumpliese con lo pactado, el arrendador podrá pedir la rescisión del contrato y la indemnización de daños y perjuicios, o sólo esto último, dejando el contrato subsistente. Ahora bien, si no se opone el deudor al requerimiento, se dictará Decreto y constituirá titulo ejecutivo para su posterior ejecución, y si paga la deuda de forma inmediata, se archiva el monitorio y se evita la ejecución de sus bienes.
Con el proceso monitorio, se reclama una deuda dineraria, liquida, vencida y exigible. Entonces si el arrendamiento es de 1.000 euros deberás pagar 9.500 por marcharte en abril de 2016. Aconsejamos que el pago de la renta pactada se haga siempre a través de domiciliación en una cuenta bancaria del arrendador, con esto garantizamos como inquilinos la acreditación del pago. Ambos tipos de arrendamiento, por su gran relevancia y casuística, cuentan con sus propias leyes específicas. Sea o no cierta la falta de convocatoria o citación a la Junta, la mayoría de los Juzgados suele rechazarla como causa de oposición en base a que el cauce adecuado para alegar esta infracción , que daría lugar a la nulidad del acuerdo, es la acción de impugnación Judicial del acuerdo conforme al artículo 18 de la LPH.(Sentencia de la AP Málaga (Sección 13ª) de 14 de octubre de 2014, Sentencia de la AP Alicante (Sección 5ª) de 21 de julio de 2005, Sentencia de la AP Sevilla (Sección 6ª) de 5 noviembre de 2010).
Por consiguiente, ya tenemos una primera conclusión: los alquileres de inmuebles urbanos españoles se rigen por la normativa española y la vía judicial es la española. Otras fuentes de controversia fueron el subarriendo de la vivienda o la cesión de la misma por parte del inquilino de forma no consentida por el propietario, que dio lugar a 45 resoluciones Cuando llega el fin del contrato de alquiler es importante suscribir un acuerdo entre inquilino y propietario de terminación de dicho contrato. En la sentencia condenatoria de desahucio por falta de pago de las rentas o cantidades debidas, o en los decretos que pongan fin al referido desahucio si no hubiera oposición al requerimiento, la solicitud de su ejecución en la demanda de desahucio será suficiente para la ejecución directa de dichas resoluciones, sin necesidad de ningún otro trámite para proceder al lanzamiento en el día y hora señalados en la propia sentencia o en la fecha que se hubiera fijado al ordenar la realización del requerimiento al demandado.
Y para agilizar el procedimiento, transfiere parte de las competencias del juez al secretario del juzgado lo que, a su juicio, aporta una nota positiva: el secretario fija directamente la fecha de lanzamiento, sin que el arrendador tenga que solicitarla una vez terminado el juicio. Es decir, se obliga al Juez a resolver en un plazo de 6 días y cuando se cite a las partes a juicio, ya se les emplazará también a que recojan la sentencia en esa fecha. Documentos a presentar por La Comunidad contra el Vecino moroso. De hecho, no se admite que la oposición sea tan genérica que después pueda ser admitida en la contestación cualquier motivo, de forma que no puede introducirse en la contestación hechos nuevos no alegados en la oposición. El TS ha establecido el criterio de que en el juicio monitorio no es aplicable el artículo 52.2 de la LEC, estableciéndose con carácter imperativo la aplicación en los procedimientos monitorios del artículo 813 LEC a favor del juzgado del domicilio del demandado.
Es decir el deudor puede oponerse, alegando causas expresas y determinadas. El juicio monitorio está regulado en los artículos 812 a 818 de La Ley de Enjuiciamiento Civil de 8 de enero de 2000. Entonces se celebra una vista en al corte arbitral y en un máximo de 40 días se debe dictar el laudo (o sentencia) y si el condenado no lo cumple, entonces hay que iniciar una ejecución judicial en el juzgado nº101 (especializado en ejecutorias de arbitrajes) presentándonos con abogado y procurador que paga el demandante. Es decir, el inquilino quedará formalmente citado. Pero tampoco hay que olvidarse de la otra cara de la moneda. Y regular los precios, como se hace en algunos países de la UE, de forma que salgan al mercado y los inmuebles, por ejemplo los que están en manos de la Sareb, no se deterioren". No procede la enervación si ha existido otra anterior, salvo que hubiese sido por culpa del arrendador. En este caso, el Secretario Judicial, para el caso que no se localice al deudor en su domicilio(ver más arriba Juzgado competente), acordará la averiguación del domicilio.
Esta cláusula tal como está te permitirá dar por terminado el contrato a partir de abril de 2016 o continuar en la vivienda hasta octubre de 2025. Competencia territorial para reclamar rentas del alquiler Cuando el foco de la discusión se centra en determinar si la acción ejercitada deriva de un contrato de arrendamiento (lo que exigiría la aplicación del fuero imperativo del artículo 52.1.7º LEC ), o si, por el contrario, estamos ante una acción de condena pecuniaria desligada del contrato (lo que determinaría la aplicación del fuero general contemplados en los artículos 50 y 51 LEC ), es doctrina reiterada de esta Sala que las posibles dudas acerca de la propia acción ejercitada, si es independiente o no del contrato de arrendamiento, deben resolverse a favor de la aplicación de la norma imperativa, tanto más ante la posibilidad de tener que interpretar o estudiar el contrato de arrendamiento para poder decidir acerca de la procedencia de la reclamación.
Ejecutar las obras necesarias para la conservación de la vivienda (artículos 1554-2 C.C. Son leyes coyunturales no meditadas, que se aplican y se gestan a toda velocidad para satisfacer necesidades del momento", se queja. Se modifica el apartado 2 del artículo 818, que queda redactado del siguiente modo: Cuando la cuantía de la pretensión no excediera de la propia del juicio verbal, el secretario judicial dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y acordando seguir la tramitación conforme a lo previsto para este tipo de juicio, dando traslado de la oposición al actor, quien podrá impugnarla por escrito en el plazo de diez días. Llegado a este punto hay que hacer otro importante recordatorio, la última reforma de la LAU excluyó de su ámbito los alquileres turísticos, es decir, la cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial.
De estimar el carácter abusivo de alguna de las cláusulas contractuales, el auto que se dicte determinará las consecuencias de tal consideración acordando, bien la improcedencia de la pretensión, bien la continuación del procedimiento sin aplicación de las consideradas abusivas.Si el tribunal no estimase la existencia de cláusulas abusivas, lo declarará así y el secretario judicial procederá a requerir al deudor en los términos previstos en el apartado 1. Al otro lado, los propietarios que hayan alquilado su piso "únicamente tendrán derecho a aplicar una reducción del 60% del rendimiento del capital inmobiliario obtenido", señala el experto. En los nuevos contratos de alquiler, la prórroga del contrato o renovación obligatoria pasa de cinco a tres años. Es decir, que echar al inquilino moroso es gratis, pero forzar la maquinaria judicial para recuperar las rentas perdidas, eso tiene un cierto coste. Cumplir con el pago mensual de la renta del alquiler.
Los procesos de desahucio por falta de pago de las rentas o cantidades debidas por el arrendatario terminarán mediante decreto dictado al efecto por el secretario judicial si, requerido aquél, paga al actor o pone a su disposición en el Tribunal o notarialmente, dentro del plazo conferido en el requerimiento, el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio. El servicio está a disposición de los Api colegiados y de cualquier persona, mediante la inclusión de una cláusula anexa a un contrato de arrendamiento, incluso los que ya están en vigor. Es decir, antes de iniciar el desahucio por falta de pago, el arrendador deberá requerir al arrendatario por escrito a fin de agotar la vía amistosa o extrajudicial. Si el demandado no atendiere el requerimiento de pago o no compareciere para oponerse o allanarse, el secretario judicial dictará decreto dando por terminado el juicio de desahucio y se procederá el lanzamiento en la fecha fijada.
Este convenio lo tendrán que rellenar y firmar ambas partes, arrendador y arrendatario. Suministros Aunque es sabido que por ley corresponde pagar al inquilino los suministros de agua, gas, electricidad etc., en el momento de contratar conviene dejar claros los conceptos, puesto que el alta de estos suministros suele ser cara y origen de litigios entre casero e inquilino. ¿Cuántos meses impagados son necesarios para presentar la demanda de desahucio por falta de pago? ¿Qué es la enervación? El arrendador puede iniciar el procedimiento de desahucio por falta de pago en el momento en que haya un impago de renta del alquiler pero es conveniente, a fin de evitar que el arrendatario pagando enerve la acción (evite el desahucio mediante el pago de lo adeudado), enviarle previamente un requerimiento fehaciente (burofax normalmente) y que entre el burofax y la presentación de la demanda medie un plazo de un mes. Desde su creación en el año 2009 se han atendido, tramitado y asistido 560 demandas.
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