miércoles, 27 de julio de 2011

Administracion electronica

Por ello, la Agencia considera que “si bien el ciudadano no puede oponerse al mantenimiento en el Boletín Oficial de sus datos de carácter personal, al resultar éste perfectamente legítimo por encontrarse amparado en la Ley que ordena la publicación de los Reales Decretos de indulto, sí puede sin embargo el ciudadano oponerse -en los casos en que exista un motivo legítimo y fundado en el sentido previsto en el artículo 6.4 de la LOPD- a que sus datos personales sean objeto de tratamiento previniendo su posible captación por los buscadores de Internet o dicho de otra forma, obstaculizando una cesión para el tratamiento por los mismos por los responsables de dichos motores de búsqueda” Ambos dan suficiente información sobre el Internet de las Cosas para entender que lejos de ser una moda pasajera, IoT es una revolución tecnológica que está invadiendo todos los aspectos de nuestra vida diaria y que nos encaminamos inexorablemente hacia un mañana dónde todo estará conectado.

Al final la LEC, artículo 326.2, reserva al juez la potestad de valorar conforme a las reglas de la sana crítica, pero esta previsión parace hacerse al margen del documento electrónico pero no parece razonable quitar al juez esta posibilidad. Pongamos por ejemplo, que alguien dice en una red social que otra persona le ha sido infiel a su mujer. Estos incidentes de privacidad o seguridad y las sucesivas reacciones corporativas nos obligan a reflexionar. En estos casos cuantas más se tengan mejor", ha concluido Santa Cecilia. Debemos recopilar pruebas de la existencia y contenido de los mensajes, bien sea a través de una captura de pantalla, imágenes o cualquier otro medio equivalente, siendo lo más recomendable, no obstante, levantar Acta Notarial de los mismos. Gral. Debido a la facilidad de manipulación de la prueba electrónica, la dificultad de la visualización o escucha de material intangible, y la dificultad para distinguir entre el original y la copia; la intervención de un perito informáticopara elaborar el correspondiente dictamen pericial puede ser muchas veces necesario y hasta determinante (artículo 335 LEC).

Resoluciones AEPD Los ciudadanos recurren a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para que tutele su derecho cuando, tras haberse dirigido al buscador, este no ha contestado o no lo ha hecho de la forma que el ciudadano considera adecuada. Y que «la negación del derecho de acceso a Internet, a modo de sanción, constituye una medida extrema que solo podría estar justificada cuando no existan otras medidas menos restrictivas y siempre que haya sido ordenada por la justicia, teniendo en cuenta su impacto para el ejercicio de los derechos humanos». Frente a un problema como éste, los e-mails certificados por este tipo de empresas especializadas pueden convertirse en la herramienta perfecta para realizar estas comunicaciones. "De esta manera, no existe ningún tipo de indefensión, como ha ocurrido con las preferentes", A mi juicio estas comunicaciones todavía no funcionan porque la prueba final que importa es muy débil. Sin embargo no pueden entenderse comprendidas las frases y expresiones ultrajantes y ofensivas, sin relación con las ideas y opiniones que se exponen y por tanto innecesarias. La adaptación de la segunda tampoco está exenta de dificultades, pues, pese a desarrollarse en un entorno “no hostil”, los cambios son tan acelerados y profundos que también están exigiendo el replanteamiento de algunos métodos y procesos preconcebidos.

En este sentido, las notificaciones se practicarán, con carácter preferente, mediante la vía electrónica, y se realizarán en la sede electrónica de la Administración correspondiente. En él se integraría, sin perder su genuina sustantividad como manifestación de derechos constitucionales de nomen iuris propio, toda la información en formato electrónico que, a través del uso de las nuevas tecnologías, ya sea de forma consciente o inconsciente, con voluntariedad o sin ella, va generando el usuario, hasta el punto de dejar un rastro susceptible de seguimiento por los poderes públicos. También el artículo 53.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña recoge que «Los poderes públicos deben facilitar el conocimiento de la sociedad de la información y deben impulsar el acceso a la comunicación y a las tecnologías de la información, en condiciones de igualdad, en todos los ámbitos de la vida social, incluido el laboral; deben fomentar que estas tecnologías se pongan al servicio de las personas y no afecten negativamente a sus derechos, y deben garantizar la prestación de servicios mediante dichas tecnologías, de acuerdo con los principios de universalidad, continuidad y actualización» o, entre otros, el artículo 7.6 del Estatuto de Autonomía de Extremadura que indica que los poderes públicos “Estimularán la investigación científica y técnica, la incorporación de procesos innovadores por los actores económicos, el acceso a las nuevas tecnologías por parte de empresas y ciudadanos y los mecanismos legales y técnicos que faciliten el libre acceso de todos al conocimiento y la cultura” y el artículo 19.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad  indica que «Queda garantizado el derecho de acceso de los valencianos a las nuevas tecnologías y a que La Generalitat desarrolle políticas activas que impulsen la formación, las infraestructuras y su utilización».

También es necesario publicar y actualizar la lista de oficinas de asistencia. La criminalidad real es muy superior a la oficial. Prestación de servicios en la sociedad de la información, contratación de bienes y servicios informáticos. Igualmente relevante es la necesaria publicación en la sede electrónica del listado de procedimientos que se tramitan mediante el mismo, en teoría pasarán a ser todos. No obstante, pocas son las referencias que dentro de ese procedimiento hace la norma al aspecto electrónico, limitándose prácticamente al inicio y a la terminación o, más bien a dos cuestiones concretas de las mismas: las solicitudes y las resoluciones. El nivel de preocupación por la privacidad, en los usuarios de Internet, es bajo ya que en general confía en el ecosistema, el ciudadano normal desconoce quién o quienes tienen acceso a sus datos, cómo se recolectan, para que se usan, para que se podrían usar y desconoce el valor de sus datos personales.

Y es que si bien el registro electrónico puede estar diseñado de tal modo que en principio y, mediante la utilización de modelos establecidos en la sede electrónica, las solicitudes o demás tipos de escritos y documentación, se dirijan automáticamente al órgano competente, en cuyo caso, en efecto, la fecha de presentación será aquella en que efectivamente llega a este órgano, no es menos cierto que el administrado puede confundirse en la elección de dicho modelo normalizado y, en consecuencia, en la calificación de su escrito, como tantas veces sucede en la práctica, debiendo la Administración tramitarlo como lo que realmente es y, por ende, siendo preciso que el órgano receptor del escrito mal dirigido por el ciudadano sea redireccionado al realmente competente, quien lo recibirá muy probablemente en fecha diferente a su presentación telemática, viéndose así mermado el plazo para resolver.

Por otra parte, el que diga que otra persona ha cometido un delito siendo mentira o no habiéndose preocupado de comprobar si es verdad o no, estará cometiendo un delito de calumnias. El Estado, como titular de la competencia exclusiva sobre la Administración de Justicia en España (artículo 149.1.5ª CE), no ha aprobado ninguna ley que le provea de contenido. En nada cambia que se use un pergamino, una tablilla o el teclado de un ordenador: lo escrito, escrito está. El problema pues está en el libre acceso al contenido del teléfono, fácilmente manipulable sin control judicial. Sin embargo, se excepciona esta preferencia en los siguientes casos: (i) cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante; y (ii) cuando, para asegurar la eficacia de la actuación administrativa, resulte necesario practicar la notificación por entrega directa.

Por lo tanto, aunque el Código Penal regule perfectamente estas conductas delictivas, resulta harto complicado dirigir el procedimiento contra ellos. Cómo saber qué derecho está siendo agredido Que un usuario tenga una opinión diferente o realice una simple crítica a otro no debe interpretarse como un insulto, una injuria o una calumnia. Por lo tanto las reglas sobre aportación de los correos electrónicos serán las mismas ya estemos en la jurisdicción penal, contencioso administrativa o laboral. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. QUINTA E n el trabajo nos hemos centrado en las posibilidades que ofrece la normativa española. ¿En qué consiste la injuria? El artículo 208 C.P. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. Esto es un logro que los actuales miembros de la Unión Europea ya consiguieron enarbolar en el superado siglo XX. En definitiva, estamos ante un nuevo contexto en el que las empresas de todo el mundo requieren abogados expertos en los nuevos escenarios, riesgos y contingencias a los que se enfrentan cada día. Además, es necesario que el autor actúe con ánimo de infamar o agraviar al destinatario de la imputación.

Se necesita, por tanto, replicar, en este aspecto, el funcionamiento de cualquier otra organización. Existe una diferencia fundamental en su punición: el artículo 207 establece que el acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado. Ni tampoco existen los días festivos para la organización, siempre está disponible, 365x24x7 Facilidad de acceso: Ya no es necesario acudir personalmente a las oficinas de la organización para realizar las gestiones, que se puede hacer desde cualquier parte del mundo a través del teléfono o Internet. De hecho, la jurisprudencia internacional ha tenido ya la oportunidad de pronunciarse sobre estos extremos. En ocasiones, los delitos de injurias y calumnias suelen se confundidos sin embargo, tal y como veremos a continuación, se trata de actos delictivos bien diferenciados.

Y la pregunta del millón… ¿Conseguiré más clientes estando en las redes sociales? Se comentó entre los asistentes que el abogado no sabe distinguir entre la venta de sus servicios, el marketing y la comunicación, y que si no tiene un retorno a corto plazo no valora la labor del departamento de social media marketing. Twitter, por su parte, permite notificar la defunción para proceder a borrar los tweets del usuario. En la iniciativa, que recoge, los 'populares' constatan que la citada norma, que data de 1982, es una de las que "más trascendencia práctica" ha tenido en lo que a los derechos fundamentales de los ciudadanos se refiere, pero entienden que, pasados más de 30 años, resulta necesario regular "con una mayor precisión" estos derechos, puesto que, tal y como establece la ley, vienen determinados por las ideas que prevalezcan en cada momento en la sociedad y por el propio concepto que cada persona tenga sobre los mismos. Las expresiones con carga ofensiva necesaria que lesionan la dignidad de y menoscaban su fama constituyen el elemento objetivo de un delito de injuria. Pero sus Resoluciones se leen, siendo algunas muy mediáticas. Pese a lo que digan ni la privacidad ha muerto, ni el Derecho va por detrás de Internet, o no al menos en sentido estricto.

¿No os habéis preguntado nunca qué pasa con todo el patrimonio digital de una persona cuando muere? ¿Qué sucede con todos los mensajes, fotos, artículos y comentarios que hemos publicado en algún momento de nuestras vides en las redes sociales? ¿Y con los correos electrónicos almacenados en la nube? Actualmente los grandes prestadores de servicios de Internet, como Google, Facebook o Twitter, ya ofrecen dentro de sus protocolos la posibilidad de cerrar la cuenta de un difunto y recuperar el contenido, pero estos tramites con los gigantes de Internet pueden suponer una tarea complicada para los familiares que los soliciten. Pero es interesante analizar también, en el plano jurídico, qué efectos pueden tener esta prueba, qué la refuerza y qué la desvirtúa. En cualquier caso, y esto es esencial, el planteamiento de transitoriedad en relación a la implantación y a la implementación de la Administración electrónica cambia radicalmente con el artículo 14 de la LPAC respecto a los sujetos que obligatoriamente deben relacionarse electrónicamente con la Administración, singularmente las personas jurídicas, cuya obligación ha entrado ya el 2 de octubre del pasado año incuestionablemente en vigor, imponiéndose a esos sujetos la carga de conocer, saber y tomar las medidas adecuadas para hacerlo en caso de que técnicamente sí sea posible.

Y en su mayoría, es un artículo tendente a agravar los hechos por ser realizados en este espacio, como se desprende del artículo 209 del mismo cuerpo legal, que nos dice: “Las injurias graves hechas con publicidad se castigarán con la pena de multa de seis a catorce meses” Que en relación con el artículo 211, se concreta que: “La calumnia y la injuria se reputarán hechas con publicidad cuando se propaguen por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante.” Siendo internet, claramente, debido a su masificación, un medio que puede lograr una propagación igual o mayor a los medios mencionados; por lo que nuestra responsabilidad penal podría verse aumentada. Además, se mejora la regulación del segundo intento de notificación y así, si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó por vez primera la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.

A lo sumo, tales obligaciones se limitan o se matizan en la medida en que no se hayan habilitado por las Administraciones Públicas correspondientes los trámites y procedimientos electrónicos específicos. Por ello, hay que tener en cuenta además del factor social-comunicativo que nos aporta a nuestras vidas y que está haciendo que cambien los modos de información cuyas son innumerables, aunque también tiene sus desventajas y es aquí donde entra este curso de Derecho y Redes Sociales. Utilización de la administración electrónica en todas sus dimensiones Porque el cambio no sólo es de formato. *Diseño de la política de privacidad y uso de su Web. Se ha de evitar en la transmisión de la información el empleo de frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, innecesarias para el fin informativo, dado que el artículo 20.1 de la Constitución no reconoce un pretendido derecho al insulto. Delitos: injurias y calumnias Hay que tener cuidado con estas cuestiones, pues la vulneración del derecho al honor de otra persona, puede suponer la comisión de un delito. Las redes sociales son utilizadas para comunicarse y compartir información entre los usuarios.

Los medios de prueba determinantes que condujeron a la Audiencia Nacional a condenar a fueron los siguientes: Las declaraciones prestadas en sede policial y en el plenario por  y. Pero también de hacer efectivos otros derechos como el de la autodeterminación informativa (lo que se ha venido denominando «habeas data») y el conocimiento de los mecanismos de control en la utilización de los datos personales por terceros2, la extensión del secreto de las comunicaciones a las comunicaciones electrónicas, la garantía de un cierto derecho al anonimato cuando se navegue por internet, se hagan transacciones económicas o se participe políticamente a través de la Red, o, entre otros, de la implantación de un derecho al olvido con la cancelación de datos privados anteriores.

Ya, pues es demoledora. Dicho medios electrónicos deben asegurar la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas. nicamente son constitutivas de delito las injurias consideradas socialmente de carácter grave. En efecto, el factor económico, o el criterio de la eficiencia, es un parámetro de necesaria consideración en el Derecho Administrativo]. En esta casilla llamada “Para”, se pueden incluir tanto una como varias direcciones de personas a las que se les va a enviar dicho correo. El modo de preservación y conservación de la prueba electrónica dentro del proceso judicial no está regulado debidamente en la LEC puesto que dicha ley solo contempla medidas de conservación, únicamente, por parte del secretario judicial. Esta Directiva fue trasladada al derecho interno español en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones que, en su artículo 38,3 indica que: «En particular, los abonados a los servicios de comunicaciones electrónicas tendrán los siguientes derechos: ... Por otro lado, el concepto de publicidad va asociado a la eficacia de la difusión.

En estos casos, no cabe duda de que se puede hablar de datos de carácter personal en el sentido de la letra del artículo 2 de la Directiva ». "La tecnología y las empresas de certificación existen, las leyes –como el artículo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil– aceptan este tipo de notificación, pero faltaba una resolución judicial de un alto tribunal para dar el espaldarazo final a esta tecnología", añade Hurtado. Resulta muy importante determinar el contexto en el que se produce la injuria, ya que no es lo mismo que se pronuncien en un contexto amistoso o en uno formal, este contexto es tenido en cuenta por la jurisprudencia para determinar si se ha producido un delito o falta de injurias o si por el contrario el hecho el atípico (no da lugar a delito ni falta).

Sobre esta base doctrinal, no cabe olvidar que en la sentencia recurrida, según se ha apuntado ya, se declara, al valorar la prueba pericial practicada a instancias de la parte actora, que quedó acreditado que la operativa del sistema es bloquear el acceso de las cuentas que realicen envíos masivos con incumplimiento de las normas de funcionamiento, sin que se alce el bloqueo hasta que el infractor se comprometa a respetar las normas de acceso (tercer fundamento de derecho), dándose por probado previamente (hecho cuarto) que la empresa tiene elaborado un documento denominado "política de uso de correo electrónico corporativo" en cuyo apartado 3.2.4 y en relación con el número de destinatarios de mensaje, se indica que será limitado por la organización con objeto de amoldarlo a la capacidad de los servidores y líneas de comunicación, disponiéndose, en fin, en el 3.2.5 que aunque se prevé la posibilidad de realizar envíos masivos de correos electrónicos a un número de destinatarios superior al permitido, ello será cuando se soliciten a través de la unidad de soporte DSI o por correo a una determinada lista y que una vez validado se podrá proceder al envío, reservándose la empresa el derecho de atender o denegar esas peticiones, con cuanto de más se precisa en dicho ordinal fáctico. Y claro, son admitidas como prueba por los juzgados. Según, experta en Protección de Datos del despacho , "la razón se encuentra en que somos nuevos en internet y la mayoría de ciudadanos cree que puede decir lo que quiera. Así, deben concurrir las siguientes circunstancias para que el citado derecho de oposición regulado en el artículo 34.a) del Reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos aprobado por Real Decreto 1720/2007, pueda ser atendido: “a) Que exista un motivo legítimo y fundado.

En consecuencia, podemos deducir que el delito de injurias viene más determinado por el significado de lo que se dice, la forma y el momento, que por la intención de su autor. Por otra parte, el uso de la firma electrónica avanzada en los correos electrónicos sería un modo más seguro de poder utilizar este medio de prueba, no obstante, a pesar de su temprana regulación, parece que todavía no estamos habituados a su uso. Y es que a diferencia de la perspectiva adoptada en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (en lo sucesivo LAECSP), que partía del administrado y de su derecho a relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, la nueva LPA no parece estar pensada para facilitarle las cosas al ciudadano, sino más bien de la necesaria implementación de la Administración electrónica al margen de la realidad social, y de la simplificación y agilización de la tramitación desde la perspectiva de la Administración.

Se ha de evitar en la transmisión de la información el empleo de frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, innecesarias para el fin informativo, dado que el artículo 20.1 de la Constitución no reconoce un pretendido derecho al insulto. Ambas pueden probar tanto la ocurrencia de hechos físicos como de hechos electrónicos. De hecho, como también ha apuntado este autor, este «derecho a equivocarse» está contemplado en nuestros ordenamientos de maneras muy diversas0. Así en el caso de referencia se pretende con base en esta prueba variar los hechos probados fijados en la instancia, pero dándose la circunstancia de la grabación ni siquiera fue objeto visionado o escucha en el acto del juicio oral, no habiendo intervención alguna de las parte al tiempo de su práctica como prueba, ni éstas formularon alegaciones o puntualizaciones tendentes a su derecho, que pudieran afectar a la formación de la convicción judicial, por lo que aquel medio de prueba no quedara sometido a una valoración libre conforme a las reglas de la sana crítica, ya que ni siquiera se practicó y ello con la aquiescencia de la empresa. [Botón con el símbolo de la @] Absurdas en sí mismas por lo que casi no habría ni que responder, pero lo cierto es que la escasez de recursos materiales y personales para la implantación de la administración electrónica, así como la confusión a la que ha contribuido la Disposición Final Séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), en relación con la entrada en vigor de algunas de sus previsiones (en particular, las relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico , y que se ha llegado a extender a la práctica totalidad del articulado), exigen recordar las obligaciones legales que se derivan del nuevo marco normativo para el conjunto de los empleados públicos.

Afortunadamente en el rótulo de la comunicación se me informa que es Resolución estimatoria del recurso de reposición”… lo que me tranquilizó… a medias porque… ¡no era un recurso de reposición”. Lo ideal es contratar los servicios de un notario para que haga un depósito de la prueba y dé fe del procedimiento seguido para su extracción. Y que «la negación del derecho de acceso a Internet, a modo de sanción, constituye una medida extrema que solo podría estar justificada cuando no existan otras medidas menos restrictivas y siempre que haya sido ordenada por la justicia, teniendo en cuenta su impacto para el ejercicio de los derechos humanos». El Tribunal italiano dio la razón al hombre indicando que no puede considerarse ilícito el descubrimiento casual del contenido de los SMS, aunque sean personales, fácilmente legibles en un teléfono móvil dejado en un espacio común de la casa familiar. Es más, según sus alegaciones, «En el supuesto de que el análisis de la relación de llamadas telefónicas, el correo electrónico e Internet se considerase una injerencia en el respeto de la vida privada o la correspondencia, el Gobierno señala que la injerencia estaba justificada», Ya que, «En primer lugar, perseguía el fin legítimo de proteger los derechos y libertades de los demás al asegurar que no se abusase de unas instalaciones con cargo a los fondos públicos» y, en segundo lugar, «la injerencia tenía un fundamento en derecho interno en la medida en que el College, como organismo estatutario, cuyos poderes le facultan para ofrecer formación superior y hacer lo necesario y oportuno con tal propósito, tenía el poder de controlar razonablemente sus instalaciones para asegurar su capacidad de llevar a cabo sus funciones estatutarias». 

Por su parte, el artículo 43.1, en cuanto regula las notificaciones electrónicas, dice que éstas se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica o a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, explicitando que se entiende por comparecencia en la sede, el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación. En todo caso, una de las principales novedades de la Ley es precisamente esa diferenciación entre identificación y firma, optando aparentemente por la primera como medio suficiente para entender recogida una notificación. Y por tanto, la responsabilidad del que comete el delito con respecto a la víctima será también siempre mayor.

De hecho, según datos del «Internet World Stats», referidos a junio de 2012, sólo un 34,3% de la población mundial tendría acceso a internet, destacando por encima de la media, Norteamérica, con un 78,6% Australia/Oceanía con el 67,6% o Europa con un 63,2%. Y es importante romper ese mito para dar un poco de esperanza a todas las personas que, siendo víctimas de este tipo de situaciones, tienen la zozobra añadida de pensar que sus derechos están del todo desprotegidos. En definitiva, por tanto, es preciso romper un poco el mito de la impunidad en el uso de las redes sociales y, en general, en el uso de las nuevas tecnologías. Como señala la propia LRJSP, las Administraciones «lejos de constituir un obstáculo para la vida de los ciudadanos y las empresas, deben facilitar la libertad individual y el desenvolvimiento de la iniciativa personal y empresarial».

Además, «El acceso a internet no sólo es esencial para gozar del derecho a la libertad de expresión, sino también otros derechos como el derecho a la educación, el derecho al a libertad de asociación y de reunión, el derecho a la plena participación en la vida social cultural y político y el derecho al desarrollo social y económico». *Protección jurídica de La propiedad intelectual del software y de las bases de datos, obras multimedia, digitalización y transmisión por redes de comunicación. No obstante, hay que tener en cuenta que Internet es un fenómeno mundial, de manera que para ofrecer al ciudadano una protección eficaz de sus derechos de la per sonalidad se deben adoptar soluciones armónicas y comunes a nivel internacional. Las fuentes permanecen inalteradas y el resultado se seguirá mostrando cuando la búsqueda se realice por cualquier otra palabra o término distinta al nombre del afectado. ¿Qué podemos hacer si hemos sido objeto de injurias o calumnias a través de una red social? A continuación detallamos algunos consejos a seguir: Es fundamental no dejarse llevar por nuestras emociones ante un insulto o calumnia recibida a través de una red social, ya que ello nos llevaría a responder en los mismos términos, en el mejor de los casos, e incurrir igualmente, en el mismo delito.

Pero es que el hecho de que estos delitos se estén cometiendo en internet conlleva que la difusión sea máxima y el perjuicio mayor. Estudiarás las principales formas de protección ante delitos informáticos y la normativa legal de ámbitos específicos como el comercio electrónico, las redes sociales, el marketing digital o el cloud computing. Sólo en la red que uno se sienta más cómodo o allí donde esté nuestro público objetivo. A este respecto es oportuno mencionar los posibles problemas que pueden plantearse en este caso por cuanto podrían verse limitadas las posibilidades de subsanación y mejora para esos colectivos. Oficiar a las compañías telefónicas, a servicios de mensajería como Hotmail o a los responsables de las redes como Facebook son medidas cada vez más frecuentes (SAP Cuenca 81/2011, de 6 de abril), como puede serlo también la autorización judicial para investigar la dirección IP desde la que se creó un blog con contenido injurioso (SAP Madrid 379/2011, de 7 de junio). En cuanto al segundo aspecto, es decir, la tramitación, es necesario referirse a muy diversas cuestiones como la representación, las solicitudes o las resoluciones, adelantando ya que se estima insuficiente y, en alguna ocasión incluso desacertada, la regulación de los aspectos electrónicos en el procedimiento.

Aún así, el Tribunal Constitucional poco tendría que hacer: no podría cuestionar en la práctica la normativa europea. Otro de los problemas en esta materia viene dado de que sea, en el caso de los no obligados a relacionarse con la Administración electrónicamente, la propia Administración la que ha de suministrar estos sistemas, lo que supone su gestión e incluso un alto coste, por ejemplo, cuando se trata de la firma electrónica, sin olvidar además que pueden requerirse distintos sistemas en función de la Administración de que se trate. Hace algunos años, cuando Internet apenas había sido liberado al sector comercial y sólo unos cuantos podían acceder al atractivo sistema, la iniciativa privada consideró que la medida más importante para que la red prosperara y se volviera atractiva para las consumidores era garantizar la intervención mínima (o nula) del Estado en la mayor medida posible. Por otra parte, los medios de comunicación integran al espectador en la noticia y lo convierten en parte activa como tertuliano de 140 caracteres, entrevistador en chats en directo e incluso en fuente de primera mano que proporciona imágenes y opinión en tiempo real desde el corazón de la noticia. Otra forma de empoderar al ciudadano es permitirle a que tenga acceso real a sus datos personales con independencia de quien los haya recogido y esto significa que pueda acceder a ellos en formatos abiertos, interfaces estándares que conviertan los silos cerrados (donde están ahora encerrados nuestros datos) en recursos reutilizables por quien el propio usuario decida y no por quien decidan las aplicaciones que los recolectan.

El correo electrónico se considera, a efectos procesales, como un “documento privado”, de lo que se deriva lo siguiente: si la parte que se pueda ver perjudicada por su contenido no los impugna, los correos electrónicos “harán prueba plena en el proceso”; si hay una impugnación de la su autenticidad, deberá practicarse la prueba que resulte pertinente para determinarla y, en función del resultado, el juez “valorará conforme a las reglas de la sana crítica” el correo en cuestión, salvo que quede acreditado que dicho correo era falso, en cuyo caso carecerá de valor probatorio alguno, como es lógico. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el Notario no acredita la autenticidad, veracidad o autoría del documento o soporte exhibido o protocolizado. De hecho, como también ha apuntado este autor, este «derecho a equivocarse» está contemplado en nuestros ordenamientos de maneras muy diversas0. Y es que no debe olvidarse que, de acuerdo con el artículo 41.1 de la LPA, las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.

En el debate que se produjo a propósito de este informe en la Tercera Comisión de la Asamblea General, celebrado el 21 de octubre de 2011, el Relator Especial el Sr. Por último, hay que tener en cuenta que los emails deben presentarse junto con la demanda y junto al resto de documentación desde el primer momento, ya que después se limitan las posibilidades de que se acepte como prueba. No cabe, por tanto, aplicación directa del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores al control del uso del ordenador por los trabajadores, ni tampoco su aplicación analógica, porque no hay ni semejanza de los supuestos, ni identidad de razón en las regulaciones (artículo 4.1 del Código Civil). Los importe de las multas deben ser impuestos por los jueces a petición de las partes. En consecuencia, «los usuarios pueden compartir esas imágenes con otras personas o llevar a cabo una identificación, autenticación/verificación o categorización para acceder a información adicional sobre la persona, conocida o desconocida, que se encuentra delante de ellos».

Éste venia representado por el animus iniuriandi o ánimo de injuriar, es decir que había que acreditar o evidenciar una intencionalidad de la acción o conducta del tipo delictivo. Satisfacción que ahora deberá canalizarse, en parte, a través de estos medios electrónicos. Tal proyección pública se reconoce por razones diversas, no solo por la actividad política, también por la profesión, por la relación con un importante suceso, por la trascendencia económica y por las relaciones sociales de diversa naturaleza, entre otras circunstancias. Y el honor subjetivo, que es aquel que menoscaba nuestras cualidades o valores personales interiores como es la autoestima. Los teléfonos móviles que ofrecen m ás funciones que un teléfono móvil común se denominan smartphones o teléfonos inteligentes. Como en ambos terminales se puede editar la información, no hay manera, actualmente, de contrastar fidedignamente los datos. CURACIÓN DE CONTENIDOS EN LAS REDES ¿Qué contenido publicar? En un momento en el que la saturación de información y la falta de tiempo es lo habitual entre nuestros seguidores, el compartir un contenido interesante es donde radica una de los principales retos, por eso hay que tener muy claros los objetivos, planificando los contenidos y adaptándolos según la red social a través de la cual nos comuniquemos (post, imágenes, vídeos, gifs, infografías…)

¿De dónde sacar contenido para las redes sociales? El contenido puede ser de elaboración propia o bien provenir de otras fuentes mediante la llamada curación de contenidos (o el arte de ordenar el desorden): encontrar, filtrar y compartir contenidos relevantes para tu comunidad. El único resultado que puede conllevar este tipo de delitos sería más bien una lesión patrimonial por verse dañado su prestigio. Lo más comunes (al menos, para nuestro despacho MCT Abogados), suele ser por cuestiones sentimentales. Además, actualmente, tanto las injurias como las calumnias se han desarrollado exponencialmente por el uso de Internet y, en concreto, de las redes sociales, donde el intercambio de opiniones puede dar lugar a actividades delictivas cuando se traspasan ciertos límites. El año pasado, una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona obligó a un operador a cortar la conexión a internet de uno de sus clientes por compartir archivos. Utilización de medios electrónicos en la tramitación de procedimientos administrativos Otra de las novedades en materia de Administración electrónica es la referente a la utilización de medios electrónicos en la tramitación de los procedimientos administrativos. Primero identificar quien está detrás del eventual delito de injurias que en muchos casos no será un nombre real sino un nick o alias. B- En caso, de que no se haya solucionado, o aún así, consideres que tu honor ha sido vulnerado, puedes reclamar judicialmente por los daños y perjuicios, tanto económicos cómo morales.

Sin embargo, como es evidente, la flexibilización de estos requisitos entraña ciertos riesgos, y si bien es cierto que cuando la notificación se practica en papel puede recogerla en el domicilio otra persona distinta al destinatario, no obstante, no lo es menos, que para ello no sólo debe identificarse y dar su DNI sino también ha de firmar. Por intermediarios se entiende a aquellas empresas proveedoras de servicios como Google o Facebook que aunque comparten contenido y permiten buscarlo, no lo editan ni lo crean, sólo lo difunden. Esta obligación está prevista tanto en el artículo 31.2, c), al referirse al cómputo de plazos en el caso de presentación telemática, como en el artículo 22.4 en cuanto a la obligación de resolver. delito-hurto2 El delito de calumnias El segundo de estos delitos contra el honor es el delito de calumnias que el artículo 205 del Código Penal define como “la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”. Y en especial en facebook, como ocurrió en el caso que comentaba al principio.

Asímismo, los servicios por reclamación de robo de dominios comenzaban a despuntar. Pero, qué eso a lo que nos referimos cuando hablamos de «derecho al olvido» en internet? El derecho al olvido es un derecho relacionado con el Habeas Data y la protección de datos personales. En definitiva, se trata de llevar al proceso todo tipo de evidencias que permitan trasladar al órgano judicial la necesaria convicción sobre la autenticidad de la prueba electrónica aportada. El que fuera considerado servicio universal implicaba, de acuerdo con el artículo 27, «el conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza para todos los usuarios finales con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible». El consumidor decide si desea quedar vinculado por las condiciones redactadas de antemano por el profesional basándose principalmente en esa información. La Introducción General, rotulada "¿Qué es Internet?", describe al lector los grandes rasgos históricos, tecnológicos, sociales, económicos y culturales de este gigantesco motor de mundialización. Un aspecto fundamental de la injuria y la calumnia es su carácter de delito privado, es decir, necesitan la denuncia expresa de la víctima y su personación en el proceso para que pueda investigarse y dar lugar a un eventual juicio. Comentaba este amigo-cliente que se puede modificar todo, hasta la firma electrónica.

Tal proyección pública se reconoce por razones diversas, no solo por la actividad política, también por la profesión, por la relación con un importante suceso, por la trascendencia económica y por las relaciones sociales de diversa naturaleza, entre otras circunstancias. "Yo lo elevaría a derecho a la autodeterminación de la vida y la personalidad digital", señala el presidente. En otras latitudes, también nos encontramos intentos gubernamentales de establecer medidas adicionales para evitar el anonimato en la Red. Como he comentado, y por razones evidentes no tiene sentido presentarlo impreso en papel unicamente. La Parte Tercera, titulada "El Derecho de la Economía digital", se marca esos mismos objetivos en relación con áreas del Derecho privado, o más afines a él. Además, la ausencia del querellado, como bien establece el artículo 814, no suspende la celebración y solución del mismo. En definitiva, lo único que se garantizaba era la conexión a internet a baja velocidad.

Las tecnologías de la información y la comunicación que han tenido gran impulso en estos últimos tiempos (telefonía, comunicación a través de Internet) son el motor de la administración electrónica. Además, con la nueva regulación la propia Administración de oficio ha de remitir al interesado la certificación de acto presunto, tal y como determina el artículo 24.4 –por lo que parece que parte de la presunción de que ésta no resuelve expresamente de forma deliberada-. Ese contenido incluso de podría manipular una vez presentado el disco duro como prueba, y nadie se daría cuenta de la manipulación. Mediante la aceptación de las condiciones generales de Instagram, estamos aceptando que las imágenes que subimos no vulneran derechos de autor de terceros. - Personas jurídicas: o certificado de firma electrónica de persona física como representante de persona jurídica, o o certificado de sello electrónico Estos certificados permitirán la presentación de instancias y escritos de trámite a través del Registro electrónico o la sede electrónica de la Administración de que se trate. O, en caso último, con el perdón del ofendido, conforme al artículo 215 C.P.

Por lo tanto «si cuando solicitan sus datos no dicen para qué los van a usar, o no entiende lo que le dicen, nunca dé sus datos». HTTP Nowhere. Un derecho que, según Hamadoun Touré, secretario general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), "no puede ser ignorado" ya que "Internet es la fuente potencial más poderosa de iluminación jamás creada". En este sentido, sobre el artículo 326 de la LEC y el valor probatorio de los documentos privados dice la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2011 que "....para que un documento privado no sea idóneo para constituir medio de prueba es preciso que sea inauténtico, es decir, no provenga de su autor, de modo que no haya coincidencia entre el autor aparente y el autor real. En una era en que cualquiera puede ser “googleado” o “wikipediado”, es natural que muchas veces nos topemos con información que pueda significar una mancha en la reputación de un individuo o que incluso implique un daño a la imagen pública de ésta. Cómo cerciorarse de que un correo electrónico presente en un proceso judicial no es falso o susceptible de serlo Muy sencillo, querido lector. Para ello se recomienda aportar a tal efecto el código fuente de los mismos, y dejando constancia de los servidores, si es que aun estaban en ellos, o en el disco duro en caso contrario. La firma también identifica, pero dependiendo de las gestiones puede bastar una clave.

No tengo ningún interés en lo correcto mi único interés como abogado es ganar. Reglas procesales sobre los medios de prueba Estas reglas regulan las normas sobre los medios probatorios, es decir, la tipología de medios de prueba admisibles, la definición de los medios de prueba, en qué circunstancias se pueden excluir o inadmitir los medios de prueba, y la obligatoriedad de practicar determinados medios de prueba en algunos procesos específicos. Excusas absurdas. ¿Basta con obligar a ofrecer puntos de acceso wifi en las calles o debe el estado subvencionar móviles u ordenadores para que los ciudadanos puedan disfrutar de ese derecho en otros lugares? "En todo caso, el Estado debería garantizar el acceso a internet para las necesidades del ciudadano", Una posible fórmula para que el derecho fuera efectivo serían los bonos sociales, similares a los del suministro eléctrico, para que el Gobierno garantizara que los colectivos más desfavorecidos tienen acceso a internet en sus hogares. II.- Presupuestos generales a tener en cuenta.-

Hay que estar de manera primordial a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, por cuanto que con arreglo a su artículo 4, tiene carácter supletorio en todos los ámbitos jurisdiccionales (“En defecto de disposiciones en las leyes que regulan los procesos penales, contencioso-administrativos, laborales y militares, serán de aplicación, a todos ellos, los preceptos de la presente Ley”). Sin olvidar la posibilidad de reclamar la correspondiente responsabilidad civil derivada de dichas acciones, responsabilidad civil que en muchas ocasiones puede ser bastante elevada dado el impacto negativo que dichas opiniones puedan tener sobre nuestro negocio. «La difusión universal e ilimitada de información que ya no tiene relevancia ni interés público a través de los buscadores causa una lesión a los derechos de las personas», apuntan.

Sin embargo, hoy día nos encontramos con muchos compañeros que presentan el mail como prueba con una simple impresión, sin ningún medio que garantice el contenido íntegro, sin que se les ponga ninguna traba de contrario. Esta conducta está formada por la gravedad de la imputación y la veracidad de la misma (ST Audiencia Provincial de Gerona 591/2002, de 20 de noviembre) y se requiere la utilización de términos insultantes por sí mismos, en este sentido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 111/2000 de 5 de mayo, ha establecido que la Constitución no prohíbe el uso de expresiones hirientes, molestas o desabridas, lo que hace es excluir las expresiones absolutamente vejatorias, es decir aquellas que, dadas las concretas circunstancias del caso, y al margen de su veracidad o inveracidad, sean ofensivas u oprobiosas y resulten impertinentes para expresar las opiniones o informaciones de que se trate, por tanto la Constitución no ampara el derecho al insulto. Así, es evidente que lo primero que debe garantizar cualquier proveedor es un cumplimiento razonable de las condiciones de servicio.

¿Y si presentábamos el disco duro tal cual? Según nuestro amigo informático de batallas, tampoco garantizaba el contenido. En este documento se observa que, actualmente, los servicios en línea y móviles «pueden captar imágenes de una persona (con o sin su conocimiento) y transmitirlas a continuación a un servidor remoto para su tratamiento». Por ello, hay que tener en cuenta además del factor social-comunicativo que nos aporta a nuestras vidas y que está haciendo que cambien los modos de información cuyas son innumerables, aunque también tiene sus desventajas y es aquí donde entra este curso de Derecho y Redes Sociales. Es importante señalar, por último, en este orden de consideraciones, que el registro electrónico se regirá a efectos de cómputo de los plazos por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso.

Como redes sociales básicas apuntaron LinkedIn, Twitter, WordPress (blog) y Youtube. Así pues se están incluyendo nuevas aplicaciones donde no sólo las personas envían o reciben llamadas, datos o mensajes de texto sino que también lo hacen elementos tecnológicos de lo más diverso: desde camiones (fleet management), coches (connected car), inventario de bienes (asset tracking), máquinas de vending (vending conectado) o tanques de combustible (tank telemetry) por nombrar algunos ejemplos. La identificación de necesidades formativas de los propios docentes para incorporarse o adaptarse a esta matriz, la conformación de estrategias para colmarlas y la puesta en práctica de las mismas es una dimensión determinante y un factor indiscutible para garantizar el éxito de este proceso. Asimismo, el Tribunal recuerda que «la utilización de información relativa a la fecha y duración de las conversaciones telefónicas y en particular los números marcados, puede plantear un problema en relación con el artículo 8 (RCL 1999, 1190 y 157, ya que dicha información es «parte de las comunicaciones telefónicas» (Sentencia Malone contra el Reino Unido de 2 agosto 1984 [TEDH 1984, , serie A núm. "Es un error colocar cualquier tecnología en esta exaltada categoría, ya que con el tiempo terminaremos valorando las cosas equivocadas", según Este experto considera que para que algo tenga consideración de derecho humano debemos tener más altura de miras. La teoría analizada pretende prohibir en juicio la utilización de una prueba secundaria que se obtuvo a partir de una prueba primaria ilegalmente obtenida por vulnerar de derechos fundamentales.

Con esta medida, en definitiva, se traslada al interesado la carga de acceder a las sedes electrónicas de diversas Administraciones Públicas, con lo que se dificulta ese equilibrio entre la eficacia administrativa y el respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos. Se tratará de saber si, con todo ello, se puede ir acercando hasta dejar claro que coincidieron a la hora de enviar o recibir el correo o que, aplicando las reglas de la sana crítica, resulte la opción más plausible. Derecho de Internet y de las Nuevas Tecnologías Las empresas actúan en un mundo globalizado, requiriendo respuestas más allá de nuestras fronteras físicas y buscando el mejor beneficio y figura jurídica. Partimos por tanto que la comunicación electrónica de los interesados con la Administración es una obligación conforme al artículo 14.2 de la LPAC para: Las personas jurídicas Las entidades sin personalidad jurídica Los profesionales que para el ejercicio de su actividad se requiera la colegiación obligatoria Representantes de un interesado que esté obligado al uso de la relaciones electrónicas Administraciones públicas de cualquier índole Registradores mercantiles, de la propiedad y notarios Las comunidades de propietarios, las asociaciones, las comunidades de hereditarias y de bienes, administradores mercantiles, etc.

Posibles medidas ante la vulneración de los derecho s de la personalidad del menor en Internet La LSSCIE regula distintos mecanismos orienta do s a proteger los derechos del menor vulnerados en la red. La regulación que de esta cuestión tan primordial hace la nueva LPA supone, a mi juicio, uno de los mayores riesgos que la norma tiene, dejando al administrado en una situación, incluso, de indefensión, impropia de la Ley de procedimiento. Cuando el responsable del tratamiento contemplado en el apartado 1 haya hecho públicos los datos personales, adoptará todas las medidas razonables, incluidas medidas técnicas, en lo que respecta a los datos de cuya publicación sea responsable, con miras a informar a los terceros que estén tratando dichos datos de que un interesado les solicita que supriman cualquier enlace a esos datos personales, o cualquier copia o réplica de los mismos. Si una persona injuria a otra en respuesta a previas injurias de esta, se considera que las segundas han sido provocadas, y la sanción será más leve.

O que cada Instructor hace de su capa un sayo, y no celebran reuniones periódicas de coordinación y puesta en común de criterios. El correo electrónico también tiene sus propios buzones: son los servidores que guardan temporalmente los mensajes hasta que el destinatario los revisa. Actualmente, Facebook permite informar de la muerte de un usuario, bien para dar de baja su cuenta (aportando documentación que certifique la defunción), bien para rendirle homenaje a través de una cuenta conmemorativa.

Queda pendiente analizar en otra oportunidad las excepciones. Por eso, esta resolución ha sido muy bien acogida por aquellos que defienden la libertad online. La admisión de la impresión del email en papel debe estar respaldada por el soporte electrónico donde quedó alojado. La adaptación de la segunda tampoco está exenta de dificultades, pues, pese a desarrollarse en un entorno “no hostil”, los cambios son tan acelerados y profundos que también están exigiendo el replanteamiento de algunos métodos y procesos preconcebidos. Concienciar sobre la seguridad en Internet es una nueva batalla que hay que librar cada día. Twitter dispone de la posibilidad de reportar o bloquear a cualquier usuario que pudiera haber realizado bajo el paraguas conceptual preliminar de ser abusivo.

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