viernes, 16 de noviembre de 2018

Clausura de medios de comunicacion

Deben presentarse en su medio original, ya que al imprimir el archivo puede realizarse algún tipo de alteración o modificación y pueden anularlo en el juicio. Usted debe saber que es posible seguir el rastro de los comentarios que contra su persona se hayan publicado en internet. Otra cosa muy distinta es la “intervención de las comunicaciones”, circunstancia que se da muy frecuentemente en el ámbito laboral cuando el empresario accede al contenido de los correos electrónicos de un trabajador sin su consentimiento. Destaca especialmente, en este sentido, la Ley 59/2003 de la firma electrónica que establece, entre otros puntos, el concepto de firma electrónica reconocida y la equipara jurídicamente a la firma en papel, dotándola así de plena validez legal para las transacciones electrónicas públicas y privadas. Desde entonces fui escrupuloso a la hora de presentar emails como prueba, aportando a tal efecto el código fuente de los mismos, y dejando constancia de los servidores, si es que aun estaban en ellos, o en el disco duro en caso contrario (o ambos, para mayor adveración). Él me comentaba que los correos electrónicos eran fácilmente manipulables.

En cualquier caso, esto es una solución parcial, ya que en nuestro país existen numerosos Boletines Oficiales (uno por cada Comunidad Autónoma, uno por cada provincia, etc.) que están faltos de una regulación común y donde cada uno ofrece soluciones distintas y, además, en la actualidad los buscadores han empezado a ofrecer en sus resultados de búsquedas algunos de los datos que, en teoría no hubieran podido obtener, de acuerdo con el contenidos en esos ficheros robots.txt El sistema de valoración aplicable a la prueba electrónica, como regla general, es el de la libre valoración de la prueba bajo las reglas de la sana crítica. Aunque ya hace años que se ha venido trabajando en tecnologías biométricas con la finalidad de identificar personas a través de una imagen de la misma, lo cierto es que últimamente se han producidos avances muy significativos en este campo. La privacidad depende de nosotros, pero no solo de nosotros, también de la configuración de privacidad que tengan nuestros contactos en sus redes sociales. Y, en desarrollo de la misma, su Reglamento, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, define en su artículo 5.f) los datos de carácter personal como «cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una personas físicas identificadas o identificables».

En el caso de Instagram: “Al mostrar o publicar cualquier Contenido en o a través de los Servicios Instagram, usted otorga a Instagram una licencia mundial limitada no exclusiva, totalmente pagada y libre de royalties, para usar, modificar, borrar, añadir, presentar públicamente, mostrar públicamente, reproducir y traducir dicho Contenido, incluyendo la distribución ilimitada de una parte o de la totalidad de la web en cualquier formato y a través de cualquier canal de comunicación, a excepción del contenido no se comparta públicamente (“privado”), que no será distribuido fuera de los Servicios de Instagram.” Nuevamente, como hemos visto anteriormente, le estamos otorgado a Instagram la facultad de explotar nuestras imágenes con la posibilidad de publicar y distribuir nuestras imágenes por medio de cualquier canal de distribución. El uso de la firma digital en los correos electrónicos no es que no sea viable, sino que es incómodo para el usuario, que quiere inmediatez, motivo por el que no se cristaliza en la sociedad. X. Esta tramitación preferentemente por medios electrónicos se deduce de ambas normas, lo que ha llevado a que incluso haya quien ha entendido que un procedimiento tramitado en papel adolece un vicio de nulidad de pleno derecho.

Se trata más bien de rastros o huellas de la "navegación" en Internet y no de informaciones de carácter personal que se guardan con carácter reservado. Lo que la legislación no soluciona, lo hacen los tribunales. Ese Real Decreto se publicó, finalmente, el 24 de mayo de 2011. El estado de la cuestión en la Unión Europea. En este sentido, ha lamentado la ausencia de una regulación legal específica que establezca los límites del uso de las redes sociales, y ha animado tanto a patronal como a sindicatos a que lleven sus propuestas a la mesa de Diálogo Social con el Gobierno. Y también los «Datos necesarios para identificar el tipo de comunicación. El juez siempre puede contar con el auxilio de un perito informático que le ayude a esclarecer si ha habido o no manipulación de un medio de prueba electrónico, y con el apoyo de un prestador de servicios de certificación que le ayude a determinar la integridad de los datos y la corrección del origen de los mismos. - Por último, si detectas que algún usuario o red social ha utilizado una fotografía tuya sin la cesión por tu parte de la imagen (en el caso e la red social significa que no has aceptado las condiciones de uso) y por tanto se están vulnerando tus derechos de autor, te aconsejo que contactes directamente con la red social en cuestión y solicites la retirada inmediata de dicha fotografía, si quieres mantener tus derechos sobre la misma.

En pro de esta interpretación se esgrime que cuando el artículo 11 de la LPA enumera los supuestos en que se requiere firma electrónica no se hace mención expresa a la notificación. En este orden, quiero llamar la atención una de las novedades que más valoro del “nuevo procedimiento administrativo común” bien se opte por la tramitación tradicional como por la moderna electrónica para todas las Administraciones –anteriormente sólo se limitaba a la administración actuante­– es el hecho de no sea preceptiva la aportación de datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, la cuales utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información, que en el caso de tratarse de datos de carácter personal se debe contar con el consentimiento del interesado, lo que obliga a todas las Administraciones al empleo de medios electrónicos para recabar datos propios, custodiarlos y facilitarlos a la administración que los requiera. Las ganancias obtenidas por banners o pups-ups obligan al cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la información y de comercio electrónico que nuestros abogados supervisarán.

De la contemplación de los CD's aportados junto con las actuaciones, en los que se recogen los dos actos de audiencia previa celebrados en este proceso, resulta que la razón por la que se impugnan los documentos 2 a 7 y 15 a 17 aportados por la demandada "es tanto el contenido como el documento en sí porque son documentos preconstituidos por la parte; ...lo impugnamos tanto en su contenido como en la forma; están elaborados por el demandado y son simplemente alegaciones del demandado"; esto es, se niega la veracidad de su contenido y se achaca su confección a la otra parte sin intervención de la actora. A esto hay que añadir algunas realidades que ya están ahí como son los dispositivos wearables que registran toda nuestra actividad y en algunos casos nuestras constantes vitales, el reconocimiento facial que permite a cualquiera que me identifique en una foto que otro ha subido, o la Internet de las cosas con millones de dispositivos aportando datos que en muchos casos afectan directamente a nuestra privacidad. Son muchos los espacios de exclusión que han de ser garantizados. El mundo virtual no es virtual. En España, Orange ofrece su tarifa Colibrí, que también permite el acceso ilimitado a Facebook o Twitter sin consumir la tarifa.

Por ello deviene necesario establecer una serie de garantías frente a los riesgos que existen para los derechos y libertades públicas, en particular la intimidad personal, a causa del uso indebido de la informática así como de las nuevas tecnologías de la información". Las entidades sin personalidad jurídica, como, por ejemplo, las comunidades de vecinos, comunidades de bienes, sociedades civiles o herencias yacentes. No obstante, si alguien aprecia vulneración en su “honor legal” es importante que recabe toda prueba al efecto, así como interponga querella en correcto tiempo y forma, asesorándose profesionalmente. También la jurisprudencia aporta cada vez con mayor frecuencia novedosas interpretaciones y, en este sentido, es un ejemplo el contenido de la reciente sentencia de 12 de enero de 2.106, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre las comunicaciones electrónicas en el ámbito laboral. Se han señalado, entre otras razones, el desigual acceso al servicio universal de telecomunicaciones en todo el territorio, la falta de cultura administrativa en el empleo de medios electrónicos, etc.

Un ejemplo de vejaciones lo encontramos en la SAP Madrid 122/2011, de 11 de marzo, que calificó de este modo la conducta de colgar fotomontajes de una persona en Tuenti, de modo que se la ridiculizara. En los últimos años los procedimientos por delitos cometidos en Internet han aumentado notablemente en nuestro país. ii) La línea digital de abonado (DSL) u otro punto terminal identificador del autor de la comunicación». Pero esta crítica no puede dar lugar a frases y expresiones ultrajantes y ofensivas que no tengan relación con las ideas y opiniones que se exponen y, por tanto, sean innecesarias. Deber que se completa con la regulación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, así como con las determinaciones en materia de política de firma electrónica derivadas del Esquema Nacional de Seguridad. Si la injuria consiste en atribuir la comisión de unos hechos a otras personas, será grave cuando se hayan llevado a cabo sabiendo que tales hechos son inciertos. – Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días.

De hecho, según datos del «Internet World Stats», referidos a junio de 2012, sólo un 34,3% de la población mundial tendría acceso a internet, destacando por encima de la media, Norteamérica, con un 78,6% Australia/Oceanía con el 67,6% o Europa con un 63,2%. Si la parte contraria nos impugna la autenticidad de este tipo de documento que aportemos, podremos proponer cualquier medio útil y pertinente para probar la autenticidad del mismo. que será necesario que obtengan un certificado electrónico digital para la utilización de la firma electrónica Para todos los demás sujetos fuera de los anteriormente citados, es decir, las personas físicas que actúen por si mismos la regulación electrónica se configura como un derecho o una facultad de ejercicio voluntario y así podrán elegir para el ejercicio de sus derechos y obligaciones con las Administraciones Públicas el uso tradicional del “expediente administrativo en papel” o si lo prefieren pueden hacerlo a través de medios electrónicos para lo que igualmente deberán contar con el certificado digital para el uso de la firma electrónica.

Por último, la ONU señala que Internet, como un medio para ejercer el derecho a la libertad de expresión, sólo puede servir a estos propósitos si los estados asumen su compromiso por desarrollar políticas efectivas para lograr el acceso universal". Además, exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal un acto de conciliación previa entre agresor y víctima. No basta con una acusación genérica, no dirigida contra nadie en particular. Por ello si os preocupa vuestra privacidad e intimidad, en este artículo os daremos una serie de consejos sencillos y útiles para mejorar vuestro anonimato en internet. Por lo tanto, será de aplicación a cada registro electrónico el calendario de la localidad donde tenga la sede el órgano o unidad. La eficacia real de esta obligación podría quedar un tanto demorada, dado que ciertas disposiciones sobre la administración electrónica, como el “registro electrónico”, o el “punto de acceso general electrónico de la Administración” no serán obligatorias para todas las Administraciones hasta el 2 de octubre de 2018. Conforme al artículo 13 RDLOPD, un menor de catorce años no puede prestar consentimiento para que se obtengan sus dato s personales o su imagen, por que es necesaria la autorización d e sus padres o representantes legales.

Estas normas establecen distinciones entre el menor de edad con madurez suficiente y el menor no maduro, exigiendo en este último caso la intervención de los representantes legales y del Ministerio Fiscal en las decisiones que afecten a sus derechos de la personalidad. Así, en Suiza, el Consejo Federal determinó, tras una consulta pública en relación a la modificación de la «Ordonnance sur les services de télécommunication (OST)»  en 2006 que, a partir de 1 de enero de 2008, toda la población podría tener acceso de banda ancha. Ello sin duda hace que esa flexibilidad no sea tan relevante en la práctica, aunque no lo es menos que conscientes de ello muchos de los procedimientos tramitados electrónicamente por las Administraciones están incumpliendo esta previsión, al permitir que se inicien con un simple sistema de identificación, principalmente de claves. Antes que nada una aclaración. Para ello, habría exigido amenazadoramente a una compensación económica como contravalor de la información que podía proporcionar acerca del estado de las investigaciones policiales sobre su caso, información de la que disponía por razón de su oficio, lo que desconocían los mencionados receptores de la oferta. "Creo que [el reconocimiento] tiene un problema de concreción y temporalidad. ¿Cómo ejercitar el derecho al olvido en la red? Y si aún tienes dudas de la importancia de tener un abogado especialista, confirma que los que más se dan en la actualidad son las calumnias e injurias por Internet y el Phishing.

LAS NOTIFICACIONES, EN PARTICULAR, LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS En relación con las notificaciones en papel son relevantes, a nuestro juicio, dos nuevas previsiones contenidas en el artículo 42 de la LPAC: Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. La Parte Primera, "Internet y el Derecho de las telecomunicaciones: el régimen jurídico del acceso a la Red", estudia el ordenamiento del sector de las telecomunicaciones, con especial hincapié en su aplicación a Internet. Dos cuestiones muy breves a este respecto. De acuerdo con Agenda 2030, esta tecnología también tiene “un gran potencial para acelerar el progreso humano”. Las sociedades libres deben de mantener un buen equilibrio en materia de privacidad para permitir que florezca la innovación. Tener un plan de actuación previamente acordado es esencial y un equipo de gestión de crisis ayuda a tener una mejor visión del problema y a encontrar una buena solución, además de identificar quién se va a encargar de poner en marcha la respuesta. Además, «otras medidas que limitan el acceso a Internet, como la imposición de obligaciones de registro u otros requisitos a proveedores de servicios, no son legítimas a menos que superen la prueba establecida por el derecho internacional para las restricciones a la libertad de expresión».

Y hablamos de servicios electrónicos, sí, pero también de asistencia y apoyo en el uso de los mismos. De esta manera se pondrá a disposición del personal técnico de los ayuntamientos una gestión electrónica de expedientes y una sede electrónica para los ciudadanos La gestión del cambio mediante un plan de aprendizaje de los aspectos técnicos y funcionales de la nueva herramienta para su puesta en funcionamiento, orientado a un correcto plan de comunicación y formación Un soporte al usuario que resuelva aquellas consultas derivadas de la operatoria y explotación de las aplicaciones, tanto por vía telefónica como telemática o asistencia presencial Servicios de mantenimiento correctivo, evolutivo y perfectivo que garanticen la subsanación de incidencias y la actualización e inclusión de nuevas funcionalidades Leo dos noticias en distinto medio y contenido pero que nos muestran la senda borrascosa de la administración electrónica española. Reviste una importancia fundamental para el consumidor disponer, antes de la celebración de un contrato, de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración.

A esto debe añadirse que el ordenador es un instrumento útil para la emisión o recepción de correos electrónicos, pudiendo quedar afectado en tal caso, no sólo el derecho al secreto de las comunicaciones del artículo 18.3 CE (por cuanto es indudable que la utilización de este procedimiento supone un acto de comunicación), sino también el derecho a la intimidad personal ( artículo 18.1 CE ), en la medida en que estos correos o email, escritos o ya leídos por su destinatario, quedan almacenados en la memoria del terminal informático utilizado.

Evidentemente, los menores que disponen de un smartphone tienen más riesgos que los que usan móviles más antiguos, puesto que a través de los teléfonos inteligentes pueden acceder a Internet con mayor facilidad y realizar u na gran cantidad de actividades, como descargar aplicaciones, jugar o escuchar música online . Además de que los correos electrónicos certificados refuerzan el valor probatorio de las comunicaciones, también sirven para reducir costes. Lego Crowd Dado que Internet es comparado en muchas ocasiones como la autopista del conocimiento y la información, desde la UIT también creen que los gobiernos deben considerar Internet como una infraestructura básica, al igual que las carreteras, las basuras o el agua. los números de protocolo de internet», estableciendo además, la obligación de las empresas proveedoras de servicios de ceder los datos anteriores, junto con los datos de identificación a la Policía o al Ministerio Público, eso sí, «con la autorización del juez a cargo del proceso».

A pesar de estas alegaciones, el Tribunal consideró que tales injerencias no estaban justificadas, ya que «según la reiterada jurisprudencia del Tribunal, las llamadas telefónicas que proceden de locales profesionales pueden incluirse en los conceptos de «vida privada» y de «correspondencia» a efectos del artículo 8.1 (Sentencias Halford [TEDH 1997, 3, previamente citada, ap. Hay docenas de estudios que demuestran que cuando alguien sabe que puede estar siendo observado, su comportamiento es mucho más conformista y complaciente. La vergüenza es un motivador poderoso, y también lo es el deseo de evitarla, y es esta la razón por la que las personas, cuando estamos siendo vigiladas, tomamos decisiones que no son producto de un impulso propio y natural, sino de las expectativas que los demás han puesto en nosotros y de los principios y normas aceptados en cada momento por la sociedad que nos rodea. Elemento subjetivo: requiere además de un dolo genérico (conocimiento y voluntad de la acción injuriosa), otro específico que comprende un ánimo de injuriar, que debe inferirse del comportamiento y manifestaciones externas del autor de la conducta.

En primer lugar, es necesario referirse a si basta con el sistema de identificación o es necesario el de firma para entender practicada electrónicamente la notificación. "El principal problema es de prueba. Con todo, expuestas todas las salvedades anteriores, el correo electrónico es un medio de comunicación más y más utilizado cada día y, por tanto, es un potencial productor constante de pruebas. Jurisprudencia civil.- -Sentencia de 30 de enero de 2.014, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2ª. II. Comentaba este amigo-cliente que se puede modificar todo, hasta la firma electrónica. Como novedad, en las últimas Resoluciones de la Agencia también aparecen los buscadores «Yahoo» o «Bing», aunque es de reseñar que tanto uno como otro se niegan a reconocerle autoridad a la Agencia para imponerle sus decisiones. Algunos tribunales entienden que para la averiguación de estos hechos no se podía acudir a la investigación tecnológica porque venía impedido por la Ley 25/2007, de 18-10-2007 que solo autorizaría tal tipo de investigación en caso de delitos graves. La incorporación de la administración electrónica en los procedimientos permite mejorar las condiciones de seguridad en sus distintas fases, básicamente a través de la trazabilidad que permitirá extraer información acerca de dónde se sitúan los "cuellos de botella" en la respectiva organización, para solucionar los problemas allí donde se producen.

Comercio electrónico, contratación on-line, protección de datos en páginas web y regulación internacional El rápido crecimiento de los entornos sociales online ha supuesto una importante oportunidad para el encuentro y la expansión comercial de muchas empresas y particulares, pero su regulación, el Derecho en internet, es relativamente nuevo y está en constante proceso de creación y cambio, sobre todo porque la sensibilización legal es muy alta, en especial desde la Unión Europea. De este modo tendremos prueba, pese al borrado de la publicación en la red social. En el caso de las personas jurídicas, siguen manteniendo su vigencia (hasta que caduquen) los actuales certificados de firma electrónica de persona jurídica, pero ya no se emitirán o renovarán certificados de este tipo. El Código Penal recoge los delitos contra el honor en el Título XI: La calumnia se define en el artículo 205 como la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.

Es evidente que estas actas no garantizan la identidad de los comunicantes, ni su capacidad, o la inexistencia de manipulaciones, pero sí acreditarán en juicio de forma inatacable la existencia –en un momento determinado, y en cierto teléfono u ordenador– de una oferta comercial, una forma de publicidad, una declaración, o cualquier otro hecho con trascendencia procesal. Finalmente, explicar que es posible la erradicación de la responsabilidad penal, siempre y cuando, de forma expresa, sea manifestado perdón por el ofendido ante el juez, antes de dictar sentencia. Sin embargo, de otro lado, se exime de presentar documentos ya presentados, siempre condicionado a indicar cuándo y ante qué órgano se presentó, aunque en ese caso se debería limitar a los documentos privados, dado que los administrativos ya están en el supuesto anterior.

De otro lado, se prevén tres tipos de inscripción o apoderamientos: aquél que es para todas las Administraciones y cualquier trámite, el que sólo sea para una determinada Administración y cualquier trámite con la misma o, finalmente, cuando se trate de un apoderamiento sólo para trámites concretos. pero sin embargo, en ocasiones, no podemos evitar ir más allá y cuestionarnos cuáles serían las implicaciones en relación al proceso penal en el que se incorporan dichos correos para su valoración como prueba si, de la información que aportan, pudiera deducirse, por ejemplo, la implicación del/los letrados de los imputados que, en el ejercicio de su función -como derecho-deber- de defensa de sus clientes, les han aconsejado, sugerido o favorecido la realización de conductas constitutivas de delito. Por su parte, se injuria cuando se ofende a la víctima, cuando se ataca su dignidad de manera grave. Deberá extremarse, pues, la cautela –y la diligencia- en conocer los trámites que están disponibles electrónicamente y que necesariamente deberán realizarse por esta vía por los sujetos obligados. En este sentido, si bien la aún vigente Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los Ciudadanos a los servicios públicos, posibilita a los ciudadanos el acceso electrónico a los servicios públicos, la LPAC, al incorporar la tramitación electrónica como el medio habitual de relacionarse con los ciudadanos, permite además a la Administración situarse en condiciones de asumir un papel destacado a la hora de satisfacer las exigencias y prestar los servicios que la sociedad precisa. En los últimos dos años el fenómeno de las redes sociales se ha consolidado como una realidad social cotidiana y con ello el conjunto de problemas jurídicos que comporta.

En el Reino Unido, el Gobierno preveía para 2012 garantizar un conexión de, al menos, 2 Mb para todos los hogares, pero no consideraba establecerlo como derecho. Con excepción de su conservación, los datos personales contemplados en el apartado 4 solo podrán ser objeto de tratamiento a efectos probatorios, o con el consentimiento del interesado, o con miras a la protección de los derechos de otra persona física o jurídica o en pos de un objetivo de interés público. O que cada Instructor hace de su capa un sayo, y no celebran reuniones periódicas de coordinación y puesta en común de criterios. ACLARACIÓN: LA DIFERENCIA ENTRE IDENTIFICACIÓN Y FIRMA En muchos casos no es necesaria la firma electrónica para acceder a un expediente electrónico, bastando la identificación, si hay registro previo como usuario. No obstante, sí que se han ido normando algunos aspectos generales y especiales tendentes a lograr cierta seguridad jurídica en internet, habida cuenta de que, sin una mínima estabilidad y confianza de los usuarios, no es posible que este medio cumpla eficazmente los fines y expectativas que está llamado a satisfacer.

En general, todos los delitos que pueden ser cometidos en Internet, pueden ser cometido en en mundo real, tan solo hay que tener en cuenta ciertas especificaciones que varían como el lugar de comisión, el momento en el que se produce o la dificultad de conseguir pruebas, dar con el autor del delito o, como en este caso, la publicidad que conllevan. La primera está virtualizándose de forma progresiva y acelerada y la segunda está siendo capaz de virtualizar dimensiones del aprendizaje inimaginables hace algún tiempo. Debe garantizar la seguridad de su información mediante una configuración adecuada de su perfil y utilizando contraseñas adecuadas. Consideraciones finales El uso inadecuado de las nuev as tecnologías , y en particular de las redes sociales, puede implicar grandes riesgos para los derechos de los menores de edad, pudiendo llegar a poner se en peligro su desarrollo, tanto físico como psicológico. El resultado de su actuación resulta evidente en la propia contestación de la Administración actuante, de la que se observa que, aunque tarde, ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para resolver el incumplimiento de una obligación que le correspondía por definición legal. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil, es decir, las 24 horas, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito judicial donde la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) prescribe que son hábiles las horas que van desde las 8:00 a las 20:00 h, salvo que la Ley, para una actuación concreta, disponga otra cosa (artículo 130.3 de la LEC). Calumnias realizadas con publicidad a través de comentarios negativos en internet.

Hemos de destacar que estos delitos prevén una agravación de la pena en el caso de que la calumnia se haya realizado con publicidad (artículo 206 y 20. Por lo tanto, aunque el Código Penal regule perfectamente estas conductas delictivas, resulta harto complicado dirigir el procedimiento contra ellos. Menos mal, porque se me viene a la mente aquellas personas que por desconocimiento, edad avanzada, falta de medios y oportunidades no pueden comunicarse online con la Administración imposibilitándole un acceso eficaz y dinámico con el “monstruo del sector público” y con ello generando una desigualdad de los derechos de los ciudadanos justificado con la conveniencia de la tramitación de procedimientos electrónicos que eviten el uso del papel. Pero la Administración también debe asumir su rol frente a los empleados resistentes, que en muchos casos sólo pecan de desconocimiento, por lo que debe formar e informar a sus empleados públicos sobre el nuevo escenario, facilitándoles el cambio y dotándoles de las competencias profesionales necesarias para desarrollar su trabajo en unas condiciones que, sin duda, cuando le den una oportunidad verán que son mucho mejores para el servicio público. Y, no sólo le había insultado, sino, que había dicho unas cosas que bordeaban lo delictivo.

El mismo exige que la acción que perpetre esta injuria se dirija con la intención o ánimo de producir una lesión en el honor y la dignidad de una persona. Si la calumnia se difunde con publicidad, es decir, por medio de la imprenta, radio, o similar, la pena será de prisión de 6 meses a 2 años, o multa de 6 a 24 meses. Antes que nada una aclaración. -Naturaleza jurídica- Para poder saber como aportar los correos electrónicos, lo primero es determinar cual es su naturaleza jurídica a efectos probatorios. Se prevé en el artículo 214 del Código Penal, en fase judicial. Es decir, en definitiva, con la Injuria se trata de deshonrar, o desacreditar a una persona en su presencia, o a sus espaldas pero con carácter público. Para que esto suceda es importante dotarle de herramientas y de un marco regulatorio que le permitan conocer entre otras cosas quién, cómo y cuando se utilizan sus datos personales, saber el precio que tienen sus datos y el valor que generamos cuando usamos las diferentes aplicaciones y gestionar de forma sencilla y centralizada su privacidad. Y sin olvidar que incluso si se tiene derecho pero no obligación de comunicarse con la Administración por medios electrónicos, puede haberse elegido esta opción, en cuyo caso o se ve mermado el plazo en ese día inhábil final o debería revocarse esa elección. 1º de la Directiva 95/46 -relativa a la protección de las personas físicas, en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos, la eliminación de datos personales de la lista de resultados que el internauta obtiene al efectuar una búsqueda a partir del nombre de dicha persona física, siempre que no existan «razones concretas que justifiquen un interés preponderante del público en tener acceso a esta información en el marco de tal búsqueda (en Internet)».

El Juez o Tribunal decidirá en qué forma y cuándo debe publicarse esta sentencia La Injuria consiste en lesionar, a través de una acción, o de una expresión, la dignidad de una persona perjudicando su reputación, o atentando contra su propia estima, al imputarle un hecho o cualidad en menoscabo de su fama o autoestima. Facebook. Un detalle importante es no presentar los emails imprimidos en papel. De ahí que entendamos que resulta preferible utilizar los dictámenes periciales como auxiliares en relación con el resto de evidencias probatorias aportadas al proceso, entre las que también adquieren relevancia las testificales que puedan trasladar también al juzgador la convicción de la realidad del mensaje o la comunicación. Se ha de evitar en la transmisión de la información el empleo de frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, innecesarias para el fin informativo, dado que el artículo 20.1 de la Constitución no reconoce un pretendido derecho al insulto. En su Exposición de Motivos se afirma que esta norma, junto con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, representa una reforma integral y estructural del ordenamiento jurídico público con la que el legislador persigue ordenar y clarificar cómo se organizan y relacionan las Administraciones tanto externamente, con los ciudadanos y las empresas, como internamente con el resto de Administraciones e Instituciones del Estado.

Sin embargo, la libertad de expresión implica que cualquier persona puede expresar sus ideas y emitir opiniones sin coacciones. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil, es decir, las 24 horas, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito judicial donde la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) prescribe que son hábiles las horas que van desde las 8:00 a las 20:00 h, salvo que la Ley, para una actuación concreta, disponga otra cosa (artículo 130.3 de la LEC). El director del otro medio, y dicen que propietario aparente, pues sotto voce se dice que su dueño real es un partido político que se dice de izquierdas, y que aspira a gobernar España con sólo 90 diputados, se mantuvo en su postura, más chulo que un ocho, y la AEPD curiosamente varió de criterio, diciendo que tenía que acudir al derecho de rectificación, regulado por la Ley Orgánica 2/1984…, tras medio año de instrucción del expediente, que las cosas de palacio van despacio.

Y por último un consejo; personalice su web, no sólo en los servicios o productos que ofrezca, sino también en los avisos legales que en ella se incluyan; política de privacidad, protección de datos de carácter personal, condiciones generales de contratación, etc, que sean específicos, no utilice o “copie” avisos legales de otras páginas web, por muy completos y exhaustivos que le parezcan. En Abogados podemos asesorarle en todos los aspectos relacionados con el Derecho Penal, Derecho al honor y más concretamente en las calumnias e injurias. internet Su web debe ser una plataforma de negocios que brinde seguridad contractual y legal tanto a los usuarios como a su empresa. La versión en papel puede ser útil para facilitar al juez su lectura. Es imprescindible la firma electrónica para firmar solicitudes, declaraciones responsables o comunicaciones, para presentar recursos, para desistir o renunciar. Se entiende, de esta forma, que la lesión del honor debe ser medida por la propia víctima que en última instancia le corresponde decidir si inicia el proceso mediante querella. - Familiarizar al usuario con el concepto de propiedad intelectual, así como con los márgenes y límites a su ejercicio.

Respecto al castigo regulado por el Código Penal para el delito de calumnias, la pena general queda establecida en una multa de entre cuatro y seis meses aunque, como en el caso anterior, también existen posibles circunstancias que, de presentarse, endurecerán la pena. Y en este escenario irrumpe esta Recomendación del Síndic de Greuges de la Comunitat . Estos procedimientos deberán resolverse en el plazo de 30 días desde que se comunique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada (excepto que quede menos tiempo de seguir la tramitación ordinaria). Y es que el citado precepto determina que, por un lado, los ciudadanos no habrán de presentar aquellos documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, presuponiéndose, salvo manifestación en contrario, que se ha autorizado su consulta. ¿Recordáis el post que escribí no hace mucho respecto a los derechos sobre las imágenes en internet? Pues hoy os quiero hablar de los derechos de imagen en redes sociales.

La injuria, por su parte, consiste en el comentario ofensivo dirigido contra otra persona, de manera que su consideración ante los demás podría verse seriamente perjudicada. “La grabación de una conversación por uno de los intervinientes, sin afectar a reservas de intimidad de los otros, y al mismo tiempo haciéndose la grabación para ser utilizada como prueba del que graba, es una prueba válida pues ningún derecho fundamental de los otros vulnera, y al mismo tiempo sirve al ejercicio del derecho fundamental de tutela judicial (derecho a la prueba, artículo 24, 2 CE) del que graba” Por tanto, es legal grabar conversaciones aunque no lo sepa nuestro interlocutor siempre y cuando participe uno de los intervinientes en dichas conversaciones y no se traten intimidades personales de la persona grabada y que no exista provocación, coacción o engaño por parte del que graba para que el sujeto diga lo que esperamos con la única finalidad de obtener una prueba.

El artículo 14 contempla tres supuestos distintos: En primer lugar, el de las personas físicas, que podrán elegir si se comunican con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas por alguna norma sectorial. No obstante, es necesario hacer ciertas precisiones en relación con las distintas previsiones de la LPA al respecto, y es que si por un lado el artículo 27.2 in fine, llega a afirmar que las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales y a su vez el artículo 70, como se ha visto, entiende que para la remisión de un expediente éste tiene que ser autenticado, no parece tener mucho sentido la interpretación restrictiva de la literalidad del artículo 27.1 párrafo segundo. Libertad de expresión vs derecho al honor Se trata de dos derechos fundamentales, que están en constante contraposición. Resumen: En el texto se analizan las consecuencias que el impacto de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC’s) puede suponer para la libertad y la igualdad de los ciudadanos. Sin embargo, en ocasiones esos canales de comunicación se utilizan para proferir amenazas, injurias, calumnias o llevar a cabo conductas de acoso.

De hecho, sólo a través de las protestas y críticas públicas se ha podido obligar de alguna manera a las redes sociales a establecer algún grado de protección de la privacidad «por defecto» o a introducir algunos controles para los menores de edad. Como redes sociales básicas apuntaron LinkedIn, Twitter, WordPress (blog) y Youtube. En primer lugar, advertir que las única injurias que podrán ser perseguidas por parte de la administración de justicia, en su vertiente penal, serán aquellas que por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas como graves; así, el Tribunal Constitucional ha definido el honor su ofensa como: “La percepción que el propio individuo tiene de sí mismo en cuanto a su prestigio dentro de un grupo, es su reputación social. En ese sentido, no podemos negar que el Derecho debe encontrarse en una continua evolución que responda a las necesidades de la sociedad en el momento oportuno; lo cual muchas veces no sucede así, y es la realidad la que evoluciona más rápido que el Derecho.

Para ello, el artículo 1 de la Directiva establece, en su apartado 1, la obligación de los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de una red pública de comunicaciones de conservar determinados datos generados o tratados por los mismos, «para garantizar que los datos estén disponibles con fines de investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves, tal como se definen en la legislación nacional de cada Estado miembro», y en su apartado 2, que los citados datos son concretamente «los datos de tráfico y de localización sobre personas físicas y jurídicas y a los datos relacionados necesarios para identificar al abonado o al usuario registrado», pero no «se aplicará al contenido de las comunicaciones electrónicas, lo que incluye la información consultada utilizando una red de comunicaciones electrónicas». La aparente sensación por un lado de anonimato en los delitos de Injurias, invita a propiciar en algunos usuarios la sensación de impunidad y, de otro, la facilidad de la comisión de las Injurias, lo que unido a su rápida y extendida difusión, lo hace especialmente letal respecto de cualquier expresión o comentario vertido, han venido a constituir que los delitos de Injurias, se hayan disparado en los últimos tiempos. Más del 20% de los usuarios móviles en España ha sufrido un fraude en el último año. Primero.- Hablar a través de Internet es igual que la comunicación oral tradicional.

Y el estado actual de la tecnología a la que se refiere la Agencia, consiste en la utilización de un archivo denominado robots.txt que se inserta en el fichero que se sube a internet y que recoge los datos que los buscadores no deben indexar a la hora de rastrear las páginas webs. Es especialmente interesante en este sentido una sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2009 que determina que la libertad de expresión no es sólo una manifestación de pensamientos e ideas, sino que puede incluir la crítica de la conducta de los demás, incluso cuando puede que moleste a aquel contra quien se dirige. Junto con los anteriores elementos, habrá que valorar la conveniencia de protocolizar notarialmente el mensaje o la comunicación electrónica o, incluso, acudir al Acta de Presencia notarial, que aunque no constituye en sí misma prueba indubitada de la realidad de la comunicación, sí dará fe y constatará la existencia en un determinado soporte de los datos esenciales de la comunicación (bandeja de entrada o carpeta electrónica, fecha de envío o recepción que figura, datos de emisor y receptor, número de teléfono móvil, texto de la comunicación, existencia del pantallazo...). Un trabajador utiliza el correo corporativo de su empresa para revelar y filtrar a terceros datos empresariales reservados. El expediente electrónico En relación con el expediente, entiendo que es preciso hacer referencia a varias cuestiones claves: remisión del mismo, autenticación, acceso al expediente y archivo del expediente. Diputación de Málaga que en situaciones como la analizada, se extreme al máximo el cumplimiento de los deberes legales, por corresponderse con derechos de los interesados, impidiendo que se traslade la carga a los ciudadanos por falta de medios de la administración, y adoptando cuantas actuaciones puedan realizarse para su suplencia y cumplimiento.

Cuando un documento privado sea impugnado por la parte contraria a quien lo presentó, que lo estima perjudicial a sus intereses, a la parte que lo aportó al proceso le incumbe la carga de probar la autenticidad, lo que no obsta a que la otra parte pueda también intentar acreditar la inautenticidad. Aunque nada más precisa la norma, habrá que valorar si para ese acceso es suficiente el sistema de identificación o se requiere firma. Además, para garantizar que la prueba no ha sido alterada desde su extracción y depósito hasta la entrega en el juzgado, se puede recurrir a herramientas de cifrado que proporcionan una función denominada HASH, de tal forma que a través de una cadena relativamente corta de caracteres, se puede comprobar que el fichero depositado es idéntico al aportado como prueba al juicio. No es una tarea sencilla el reto de transformar las Administraciones Públicas a fin de que puedan relacionarse principalmente por medios electrónicos con los ciudadanos, y conseguir así ser más transparentes, y dar mejor respuesta a las necesidades de una sociedad cada vez más exigente. Pero el ciudadano europeo que surca la segunda decena del nuevo milenio como internauta se encuentra ante revelaciones que aún no tiene interiorizado con suficiencia pero que deberá hacerlo pronto.

El Tribunal entiende, al respecto, que no existe inconveniente en admitir como medio probatorio el testimonio de los funcionarios policiales implicados ya que lo prohibido es la indagación, antes de la información de derechos o cuando ya se ha ejercido el derecho a no declarar, pero no la audición de manifestaciones por los funcionarios públicos. Con respecto al correo electrónico por Internet y a la telefonía por Internet: el servicio de Internet utilizado». Tal vez la declaración de testigos o, mejor aún, una grabación en vídeo que acreditase esa autoría del correo sería el modo más óptimo de ir sumando visos de autenticidad al correo electrónico aportado, aunque no siempre será fácil contar con este tipo de pruebas adicionales sobre la prueba electrónica. La notificación electrónica se lleva a cabo una vez que el interesado accede a la sede electrónica, cada vez más presentes en las páginas web de los entes públicos, y cumplimente el formulario de registro, facilitando una dirección de correo electrónico habilitado para la recepción de sus notificaciones telemáticas; por ello insistimos que los sujetos obligados utilizar la comunicación electrónica y los que voluntariamente lo deseen deberán también dotarse con una cuenta de correo electrónico. El juez siempre puede contar con el auxilio de un perito informático que le ayude a esclarecer si ha habido o no manipulación de un medio de prueba electrónico, y con el apoyo de un prestador de servicios de certificación que le ayude a determinar la integridad de los datos y la corrección del origen de los mismos.

Sin embargo, dado que la obligatoriedad de relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones, para personas jurídicas y profesionales de colegiación obligatoria, entra en vigor ya, parece conveniente que se adopten las medidas necesarias para poder hacerlo sin problemas, al menos con aquellas Administraciones que ya tienen operativos sus servicios electrónicos para ese procedimiento. En otro caso será necesario probar su autenticidad por otros medios, y ahí es donde empiezan los problemas. Así en el caso de referencia se pretende con base en esta prueba variar los hechos probados fijados en la instancia, pero dándose la circunstancia de la grabación ni siquiera fue objeto visionado o escucha en el acto del juicio oral, no habiendo intervención alguna de las parte al tiempo de su práctica como prueba, ni éstas formularon alegaciones o puntualizaciones tendentes a su derecho, que pudieran afectar a la formación de la convicción judicial, por lo que aquel medio de prueba no quedara sometido a una valoración libre conforme a las reglas de la sana crítica, ya que ni siquiera se practicó y ello con la aquiescencia de la empresa. La ONU afirma que el acceso a la web debe mantenerse y es especialmente valioso "en momentos políticos clave como elecciones, tiempos de intranquilidad social o aniversarios históricos y políticos", según recoge la CNN.

Finalmente los «Datos necesarios para identificar el equipo de comunicación de los usuarios o lo que se considera ser el equipo de comunicación: … Con respecto al acceso a Internet, correo electrónico por Internet y telefonía por Internet: i) El número de teléfono de origen en caso de acceso mediante marcado de números. En este mundo cada vez más global, más interconectado y en el que cada vez hay más información sobre la vida privada de los ciudadanos que la genera el entorno (los dispositivos, las redes sociales, los sistemas de vigilancia, etc. Por otro lado, la organización se ha mostrado contrariada por las medidas opresoras de algunos gobiernos que violan el acceso a Internet. En primer lugar, y en cuanto a la confidencialidad, la jurisprudencia ha dejado claro que una vez enviado, por ejemplo, un correo electrónico, ya no le pertenece al emisor en tanto que los transmite o dirige a un receptor y, por tanto, una vez finalizada la comunicación en sí misma, no hay secreto de comunicaciones (ámbito penal), lo que no quiere decir que por el contenido de la comunicación, ésta pudiera afectar hipotéticamente al derecho a la intimidad o a la propia imagen (ámbito civil). Para denunciar en Facebook es necesario hacer click en Acciones (en la parte superior derecha), y después en Denunciar spam o abuso.

Pero no podemos olvidar, que las autoridades son cada vez más conscientes de ello, y en consecuencia se han creado Grupos de investigación de Delitos Telemáticos; los cuales se dedican a identificar a los responsables de estos hechos que pueden ser constitutivos de delito. Si se produce la impugnación, el que lo haya presentado podrá pedir el cotejo pericial de letras o proponer cualquier otro medio de prueba que resulte útil y pertinente al efecto. Los jóvenes son los usuarios mayoritarios de estos servicios, están más expuestos a los rie sgos y son más indefensos. Aunque cada país tiene sus respectivas leyes para regular la actividad cibernética que transcurre en su territorio, existen algunos tratados y principios internacionales (como los Principios de Manilia) que establecen ciertos estándares mínimos, uno de ellos es la imposibilidad de sancionar a los intermediarios por contenido publicado por tercero. Las comunicaciones vía SMS supuestamente intercambiadas entre  y (prueba electrónica .

En este mismo sentido el Tribunal Supremo en sentencia de 25 de febrero de 2009, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, ha manifestado que la libertad de expresión que reconoce el artículo 20.1 de la Constitución Española no es sólo la manifestación de pensamientos e ideas, sino que comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar a aquel contra quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática. El Primer Fundamento de Derecho de la nueva sentencia deja claro la ilegalidad de la prueba practicada cuando señala: “Tal como se ha argumentado en la sentencia precedente no se ha practicado prueba lícita, válidamente aportada al proceso, que sea suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de.” En primer lugar, las declaraciones prestadas en sede policial (confesión extrajudicial) por  y fueron manifestaciones espontáneas y libres que nunca se documentaron, ni se prestaron con presencia de letrado, ni hubo lectura de derechos. Basta detenerse un momento y pensar: en las pasadas navidades, ¿cuántas felicitaciones hemos recibido por medio de las postales tradicionales, y cuántas a través de las nuevas “redes sociales”? Y como ocurriría con cualquier forma de comunicación, por estos medios, no sólo se felicita la navidad, sino que puede realizarse una oferta comercial, celebrarse un contrato, o cometerse un delito.

Pero no pasa nada, la ley ampara el derecho constitucional a la tutela judicial. Algunas recomendaciones que escuchamos en la jornada fueron: Actuar con rapidez y no dejar que pase el tiempo porque el problema no desaparece, incluso puede empeorar. El conocimiento detallado de las personas que utilizan sus servicios les ha permitido, a muchas de estas empresas, desarrollar productos y servicios tremendamente atractivos tanto para el mercado publicitario como para los propios usuarios que en general los utilizan de forma gratuita a cambio de que las empresas puedan explotar los datos que les aportamos los propios usuarios. auto-juzgado-de-palma Hoy en día está más que claro que los medios electrónicos son de uso obligatorio para las AAPP, las personas jurídicas y los profesionales colegiados (como abogados, el ejemplo de la imagen).

Otra cuestión a la que ya he hecho referencia, pero que merece una reflexión más detenida, es la relativa a la elección precisamente de este canal para las comunicaciones. considera que la "relatividad" que caracteriza a estos derechos dificulta la delimitación conceptual sobre qué ha de entenderse por honor, intimidad y propia imagen, por lo que pretende otorgarles "la oportuna protección o tutela en el ámbito civil" con el fin de evitar el "amplio margen de discrecionalidad" que existe a la hora de aplicar la Ley.

miércoles, 17 de octubre de 2018

Analizar las cabeceras de los correos

Se entenderá por llamada infructuosa aquella comunicación en el transcurso de la cual se ha realizado con éxito una llamada telefónica pero sin contestación, o en la que ha habido una intervención por parte del operador u operadores involucrados en la llamada». Elemento subjetivo: requiere además de un dolo genérico (conocimiento y voluntad de la acción injuriosa), otro específico que comprende un ánimo de injuriar, que debe inferirse del comportamiento y manifestaciones externas del autor de la conducta. Las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial de comunicación personal, profesional y comercial. Al mismo tiempo que crecía la oferta de redes y el número de usuarios se ha producido el desembarco en las redes de medios de comunicación, empresas e incluso administraciones públicas. No olvidemos, además, que el delito de injurias y calumnias es un delito privado, a salvo de los casos en que se dirija contra funcionario público, en cuyo caso se procederá de oficio.

No obstante, de entre todas las novedades que podemos apreciar en la regulación de la denuncia efectuada por la LPAC, destaca sobremanera la (abrupta) introducción en nuestro procedimiento administrativo sancionador del denominado programa o cláusula de clemencia y de la figura del delator, que, en última instancia, de forma indirecta, minorará a nuestro juicio los recursos contenciosos-administrativos en detrimento (solapado) del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. En cambio, las personas físicas podrán elegir si, para el ejercicio de sus derechos y obligaciones con las Administraciones Públicas, se comunican a través de medios electrónicos o no, si bien el medio elegido podrá ser modificado en cualquier momento. Eso sí, también tienen límites. Comentarios negativos en internet en contra de los intereses de la empresa Comentarios negativos en internet Opiniones negativas en internet Referente al conflicto o choque de dos derechos fundamentales (el derecho al honor del artículo 18 y el derecho a la libertad de expresión e información del artículo 2 el Tribunal Supremo en su Sentencia 69/2016 establece: “En todo caso ni la información ni la opinión o crítica pueden manifestarse a través de frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con la noticia que se comunique o con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a tales propósitos.

Rellene el formulario adjunto o llámenos y el abogado penalista de  experto en injurias con publicidad digital más cercano a usted le contactará a la mayor brevedad para ayudarle a defender sus derechos He recibido varias consultas en relación a insultos y difamación en internet. En estos casos también será responsable civilmente la persona física o jurídica propietaria del medio informativo por el que se difundiera la calumnia. Es más, tampoco prosperaría una acción de inactividad frente a la administración obligada pues el vencimiento del plazo sería el amparado por la Disposición Final (que vencería toda la fuerza de normativa transitoria derivada de la Ley 11/2007 y reglamentos concordantes). Parece oportuno comenzar hablando de la propia oportunidad de esta regulación, como primera novedad que se presenta, es decir, que ahora y a diferencia de lo que venía sucediendo, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPA) integra la regulación de la Administración electrónica en su articulado, si bien ciertos aspectos también relevantes se encuentran en la Ley 40/2015, de la misma fecha, de Régimen Jurídico del Sector Público (en lo sucesivo LRJSP), por entender el legislador que se refieren a las relaciones ad intra de las Administraciones y no de aquellas ad extra que entabla con los interesados.

Y está claro que un mundo en el que las contraseñas más utilizadas son “password” y “123456”, lo que prima es la comodidad. UN MÁSTER A LA ALTURA DE LAS NUEVAS NECESIDADES DEL MERCADO La era de la información y la incursión de las nuevas tecnologías han transformado los hábitos de las personas y de las empresas: la forma de relacionarse, vender, prestar servicios, crear, inventar, compartir, formalizar contratos, emitir facturas, subastar bienes o identificarse? ha cambiado y está planteando nuevos retos legales. Deberá tratarse de una persona física e imputable penalmente. VI. Aprender sobre la regulación del comercio electrónico - Conocer los aspectos legales en las redes sociales. Y lo que aún es más grave, ni siquiera se pone a su disposición la asistencia en el empleo de los mismos, lo que entiendo que debería ser obligatorio, dado que de otro modo se está creando una carga excesiva e injustificada sobre ellos. No tenemos ninguna duda de tal posibilidad, máxime tras analizar el criterio jurisprudencial sentado por la STS de 3 dic 2008 (rec. Zugspitze argumenta que con esta aseveración estamos pasando por algo un punto más importante: la tecnología es un facilitador de los derechos, no un derecho en sí.

Y el delito de calumnia es la imputación de un delito con conocimiento de su falsedad. donde se exime de dicha certificación, cuando deban de practicarse diligencias con carácter de urgencia. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el acceso a Internet como un derecho humano por ser una herramienta que favorece el crecimiento y el progreso de la sociedad en su conjunto. Se trataría de un serio intento doctrinal de evitar la disociación de la sociedad en razón a su conocimiento o ignorancia de estas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Qué es el código MIME? Multipurpose Internet Mail Extensions o MIME (en español “extensiones multipropósito de correo de internet”) son una serie de convenciones o especificaciones dirigidas al intercambio a través de Internet de todo tipo de archivos (texto, audio, vídeo, etc.) de forma transparente para el usuario. La diferencia esencial entre ambos delitos radica en que cuando alguien calumnia acusa a la víctima de un delito que no ha cometido a sabiendas de que la acusación es falsa. Mediante este sistema, la cifra se podría dividir por diez y rebajarse hasta los 40.000 euros". En gestores de correo tipo Outlook, bastaría con copiar de la bandeja de entrada y pegarlo en el soporte que queramos entregar, sea un CD o un pendrive.

Por lo tanto junto con la demanda deberá entregarse un soporte digital con los correos y nada impide que, además, se presente su transcripción en papel, pero como eso, no como el único medio de prueba, si no para facilitar al juez su lectura y valoración. Por tanto, habrá que entender que dichos órganos lo remitirán después a aquél que esté habilitado a tales efectos. Es especialmente interesante en este sentido una sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2009 que determina que la libertad de expresión no es sólo una manifestación de pensamientos e ideas, sino que puede incluir la crítica de la conducta de los demás, incluso cuando puede que moleste a aquel contra quien se dirige. Un correo electrónico no deja de ser un documento editable y manipulable con intenciones interesadas. Este sistema acabará extendiéndose en poco tiempo y a todos los niveles como ya ocurre Los medios probatorios de los que las partes pueden valerse en juicio vienen definidos en el artículo 299 LEC: el interrogatorio de las partes, la prueba documental, pericial, testifical y de reconocimiento judicial, la prueba de reproducción de sonidos e imágenes, así como también el análisis de las presunciones. Cuando el responsable del tratamiento haya autorizado a un tercero a publicar datos personales, será considerado responsable de esa publicación.

El Tribunal italiano dio la razón al hombre indicando que no puede considerarse ilícito el descubrimiento casual del contenido de los SMS, aunque sean personales, fácilmente legibles en un teléfono móvil dejado en un espacio común de la casa familiar. Se justifica por la Ley (igual que en los casos anteriores) en que existan razones de interés público o se aprecie falta de complejidad del procedimiento. [El resaltado es mío] Ahora bien, desde una perspectiva de Derecho Procesal, no existe un procedimiento probatorio especial para valorar la prueba electrónica, es decir, para los medios de prueba electrónicos. El otro problema es el del valor probatorio de estas actas. No olvidar que proteger la contraseña es muy importante. Por su parte, el delito de injurias se incluye en el artículo 208 del Código Penal y consiste únicamente en "la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación".

Además, «los responsables del tratamiento de los datos deberán asegurarse de que las imágenes digitales de las personas que no sean usuarios registrados del servicio o no hayan dado su consentimiento en otra forma para tal tratamiento únicamente sean objeto de tratamiento en la medida en que el responsable de los datos tenga un interés legítimo en el mismo»0. Se han señalado, entre otras razones, el desigual acceso al servicio universal de telecomunicaciones en todo el territorio, la falta de cultura administrativa en el empleo de medios electrónicos, etc. En redes sociales en general, se va a tener en cuenta que llega a un público muy grande, es decir que es muy fácil la ofensa fácil y el escarnio público (decir cosas para que el resto lo vea) y el hecho de que la otra persona nos ofenda también a nosotros a través del mismo medio. En su texto se modifica el artículo 27 del anterior Real Decreto 424/2005, ya citado, en el sentido de establecer que el servicio universal es «el conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza para todos los usuarios finales con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio razonable».

Regulación internacional. Por otro lado, no olvidar que resulta perfectamente posible la aportación al proceso como medio de prueba de cualquier instrumento de filmación, grabación y semejantes, como expresamente prevé, entre otros, el artículo 382 de la LEC, que se refiere a la reproducción de la palabra, el sonido y la imagen y de los instrumentos que permiten archivar y conocer datos relevantes para el proceso (Sección 8ª del capítulo VI del Título I del Libro II de la LEC). auto-juzgado-de-palma Hoy en día está más que claro que los medios electrónicos son de uso obligatorio para las AAPP, las personas jurídicas y los profesionales colegiados (como abogados, el ejemplo de la imagen). ¿Cómo debería garantizarse el hipotético derecho de acceso a las telecomunicaciones? ¿Cómo debería garantizarse el hipotético derecho de acceso a las telecomunicaciones? INTERNET COMO DERECHO FUNDAMENTAL ¿Debería por tanto recoger nuestra Carta Magna exclusivamente el acceso a la Red equiparándolo a la electricidad o la luz como propone Ciudadanos, o sería necesario reforzar sus vinculaciones con la libertad de expresión, como ya destacaba la ONU? El derecho a acceder a internet ya está garantizado con la máxima protección constitucional precisamente por esas vinculaciones, a juicio, pero se reforzaría si se mencionara explícitamente en el artículo 20 de la Constitución.

Sin embargo, dado que la obligatoriedad de relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones, para personas jurídicas y profesionales de colegiación obligatoria, entra en vigor ya, parece conveniente que se adopten las medidas necesarias para poder hacerlo sin problemas, al menos con aquellas Administraciones que ya tienen operativos sus servicios electrónicos para ese procedimiento. El denunciante también puede enviar esa dirección a un correo electrónico de eGarante con la URL, que queda automáticamente capturada, guardada en formato PDF y remitida al ciudadano de forma gratuita. Objetivos Conocer el régimen jurídico general. Hay muchas cosas que hacemos o pensamos que estamos dispuestos a decírselas a nuestro médico, a nuestro abogado, a nuestra esposa, a nuestro mejor amigo las cuales nos pondría en un serio apuro si se hicieran públicas. Más que una posibilidad de comunicación, se está convirtiendo en una necesidad debido al periodo de globalización que hoy se vive. En este sentido, si bien la aún vigente Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los Ciudadanos a los servicios públicos, posibilita a los ciudadanos el acceso electrónico a los servicios públicos, la LPAC, al incorporar la tramitación electrónica como el medio habitual de relacionarse con los ciudadanos, permite además a la Administración situarse en condiciones de asumir un papel destacado a la hora de satisfacer las exigencias y prestar los servicios que la sociedad precisa.

En todo caso, «los responsables del tratamiento de los datos deberán garantizar que los datos extraídos de una imagen digital para elaborar una plantilla no sean excesivos y contengan solamente la información necesaria para el fin previsto, evitando así cualquier tratamiento posible en el futuro», además de asegurarse de que las plantillas no pudieran «ser transferibles de un sistema de reconocimiento facial a otro». Así que, no te preocupes, puedes hacer uso de los correos electrónicos aunque existan cláusulas de privacidad. Los datos que ofrece la Memoria Anual de la Fiscalía del año 2015 revelan que en el año 2014 llegaron a conocimiento del Ministerio Fiscal un total de 20.534 procedimientos judiciales por este tipo de ilícitos, lo que supone un incremento en un 71,21 % respecto de los 11.990 procedimientos registrados como tales en el año 2013 y en más de un 210 % respecto de los 6.532 identificados en 2011. A este respecto resulta fundamental otra cuestión prevista en la nueva LPA, en particular, en el artículo 27 al que se remite el artículo 16.5, me refiero a las copias auténticas, a la que me referiré más tarde.

Pero, ¿qué efectos tienen los mensajes enviados por alguno de estos medios, y cuál puede ser la función del notario en estos casos? El que manda un email, escribe un whatsapp, o un tuit, está creando un documento. Desde la web señalan que “…esta conducta está formada por la gravedad de la imputación y la veracidad de la misma (ST Audiencia Provincial de Gerona 591/2002, de 20 de noviembre)y se requiere la utilización de términos insultantes por sí mismos, en este sentido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 111/2000 de 5 de mayo, ha establecido que la Constitución no prohíbe el uso de expresiones hirientes, molestas o desabridas, lo que hace es excluir las expresiones absolutamente vejatorias, es decir aquellas que, dadas las concretas circunstancias del caso, y al margen de su veracidad o inveracidad, sean ofensivas u oprobiosas y resulten impertinentes para expresar las opiniones o informaciones de que se trate, por tanto la Constitución no ampara el derecho al insulto”.

Estas reglas son aplicables a los procedimientos administrativos que se inicien a partir de 2 de octubre de 2016. Teniendo un carácter previo a la presentación de la querella para que ésta pueda ser admitida. Finalmente, «el responsable del tratamiento de los datos deberá facilitar a las personas afectadas los mecanismos adecuados para ejercer su derecho de acceso, cuando proceda, tanto a las imágenes originales como a las plantillas generadas en el contexto del reconocimiento facial». Por lo tanto, también la condena. Recientemente supimos de una sentencia que condenaba al difamador a publicar su condena en su propia cuenta de Twitter. Aunque Protección de Datos Personales indica a grandes rasgos que cada individuo puede ratificar u oponerse a los datos sobre su persona en posesión de los particulares, la situación se complica cuando tomamos en cuenta que servidores como Google responden a una legislación diferente, por lo tanto: ¿qué procede cuando un usuario quiere oponerse a la información que encuentra sobre su persona en ese servidor? En síntesis el derecho al olvido consiste en que una persona pueda suprimir información de su pasado que dañe su imagen hoy día; podríamos poner por ejemplo una foto comprometedora que es irrelevante con su actuar cotidiano, pero que afecta su reputación al ser una de las primeras imágenes que aparecen cuando se busca su nombre en un servidor.

No somos robots, somos personas que pueden cometer errores. Por poner algunos ejemplos, la fuerza que pueden tener los proveedores de acceso o de contenido a la red o la posibilidad que tienen buscadores como Yahoo, Google o Bing (Microsoft), de establecer mecanismos de censura privados, incluso de manera opaca, sin conocimiento de su existencia por parte de los ciudadanos o de las administraciones públicas nacionales, que pueden suponer una enorme amenaza para el ejercicio de las libertades ciudadanas. El Derecho debe de evolucionar otorgando respuestas a las preguntas y soluciones a los problemas. En sus alegaciones, el Gobierno británico acepto que, en este caso, «si bien se efectuó cierto seguimiento de las llamadas, el correo electrónico y la navegación por Internet de la demandante con anterioridad a noviembre de 1999, no se llegó a interceptar las llamadas telefónicas ni a analizar el contenido de las páginas web visitadas por ella».

A pesar de todo ello, según datos de la propia Agencia, las reclamaciones sobre «derecho al olvido» han aumentado en 2011 un ochenta por ciento en relación con las reclamaciones presentadas en el año 2010. En materia probatoria el fin no justifica los medios. Sobre los sábados como días inhábiles, ver Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas Lejos de los artículos doctrinales que han abordado con sus comentarios las críticas sobre los defectos y virtudes del paradigma actual en el acervo normativo administrativo español sobre las relaciones electrónicas entre la administración y los administrados, vamos a tratar el tema de una forma sencilla y simple. Además, es necesario que el autor actúe con ánimo de infamar o agraviar al destinatario de la imputación. No obstante, la nueva norma pretende el tratamiento unitario de la cuestión. Por lo que se refiere a la terminación del procedimiento y, principalmente, la resolución, el artículo 88 se limita a establecer que sin perjuicio del modo en que se haga la notificación, la resolución será electrónica. Artículo 206 CP: “Las calumnias serán castigadas con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses, si se propagaran con publicidad y, en otro caso, con multa de seis a doce meses”.

En definitiva, ninguna de estas prevenciones conseguirá probar de forma indubitada que verdaderamente fue una determinada persona quien escribió o recibió el correo pero, sumadas a las circunstancias antes expuestas, harán que resulte muy razonable pensar que sí lo hizo o que sea más verosímil pensar que no fue así. Habilidades del community manager: Capacidad de comunicar de forma escrita (provocar una reacción en el receptor del mensaje) Capacidad de síntesis Conocimientos informáticos Saber optimizar motores de búsqueda (SEO) Conocimientos audiovisuales Conocimientos en analítica Conocer la marca que gestiona Capacidad para improvisar (por si el plan A falla) Además de las anteriores, el community manager legal debe tener las siguientes competencias: Conocimiento del sector jurídico Saber detectar información de interés y aportar ideas al despacho Tener una visión estratégica acorde con estos objetivos Tener capacidad para tratar con los socios ¿QUÉ NOS ESPERA EN EL FUTURO? Vivimos una época emocionante en el sector del marketing jurídico y llena de cambios en la que las preferencias de los clientes, los avances tecnológicos, la inmediatez y el aumento de la competencia nos empuja a innovar y ser disruptivos. "La criminalidad real en este tipo de delitos es muy superior a la oficial.

Como una mera y automática trasposición del programa de clemencia regulado en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y obviando las fundadas advertencias del Consejo de Estado], o las que se hicieron durante la tramitación parlamentaria, la LPAC, en su artículo 62.4 extiende indiscriminadamente a la totalidad de procedimientos sancionadores en los que se invoque o exista un perjuicio para el patrimonio de las Administraciones Públicas el llamado programa de clemencia. No deberíamos tener la misma contraseña para todas las redes sociales, correos, etc. pretende recoger, en los quince capítulos que lo componen, las opiniones de destacados juristas, donde se describen y se analizan con rigor diferentes aspectos de gran impacto en el mundo del derecho digital, que van desde los aspectos jurídicos de la propia gobernanza de internet, hasta la regulación de aspectos tales como la ciberseguridad, el Big Data, el Cloud Computing, el comercio electrónico, la protección de la reputación online, el derecho al olvido y a la libertad de expresión de Internet, la neutralidad de la red, la prueba digital, o la retención de datos.

Hay países que ya están legislando el derecho a acceder a Internet Según una encuesta elaborada por BBC World Service, casi cuatro de cada cinco personas en todo el mundo creen que el acceso a Internet es un derecho fundamental. En el ámbito laboral, con menor rigor que en el penal, está garantizado a priori el secreto de las comunicaciones que consagra el artículo 18,3 de la Constitución, así como la interceptación de las mismas, lo que supone en sentido amplio la imposibilidad de apertura de correspondencia o correo electrónico y cualquier otro medio de mensajería. Así, en Italia está en estos momentos en discusión parlamentaria un Proyecto de Ley sobre difamación2 con una serie de enmiendas que, si se aprobaran, podría permitiría a cualquier persona que considere que una entrada en Wikipedia es ofensiva a su imagen, la posibilidad de ordenar la corrección o la eliminación de dicho contenido. Aunque en estos temas la elaboración de las conclusiones no puede tener sino una finalidad esencialmente provisional, sí me gustaría poner algunos aspectos de manifiesto. Me refiero, a que cuando en el mismo se dice que esas copias auténticas tendrán validez en las restantes Administraciones, no parece que ello excluya que no la tenga fuera de ese ámbito y, en concreto, en el judicial.

Sin ni siquiera solicitar el nombre y la dirección de la persona es posible incluirla en una categoría, sobre la base de criterios socioeconómicos, psicológicos, filosóficos o de otro tipo, y atribuirle determinadas decisiones puesto que el punto de contacto del individuo (un ordenador) hace innecesario conocer su identidad en sentido estricto». , siguiendo sus instrucciones, le dejó un sobre con dicha cantidad de dinero dentro del vehículo, el mismo que habría sido recogido por. En similar sentido se pronuncian ante la impugnación de correos electrónicos las sentencias de la Audiencia Provincial de La Rioja, sec. Es decir, que puede que se tengan por no presentados (artículo 269 LEC): "Cuando con la demanda, la contestación , no se presentara alguno de los documentos, medios, instrumentos, dictámenes e informes que  han de aportarse en esos momentos  no podrá ya la parte presentar el documento posteriormente,  excepto en los casos previstos en el artículo siguiente." Por lo tanto podemos empezar el juicio sin prueba documental, y si es la única de la que disponemos...

Por su parte, en el caso de injurias consistentes en imputación de hechos, sólo se considerarán como graves si se hacen con temerario desprecio a la verdad o con conocimiento de su falsedad. Para ello tenemos que tener claro nuestro social media plan, a quién nos vamos a dirigir, cuál va a ser nuestro público objetivo, nuestros lectores, pero siendo conscientes de que en realidad nos va a leer cualquier persona con múltiples intereses, qué contenido vamos a compartir, qué valores vamos a transmitir, qué expectativas de resultados tenemos,… En las redes sociales no se improvisa. También «el derecho igualitario para hombres y mujeres», el «derecho a un acceso asequible», el derecho «al acceso en el lugar de trabajo», el «derecho al acceso público» y el «derecho a acceder y crear contenidos cultural y lingüísticamente diversos». Aunque el debate sobre la necesidad de incorporar al orden jurídico nuevos derechos fundamentales no es nuevo en la teoría jurídica, es cierto que en la actualidad estamos asistiendo a unos cambios tecnológicos tan acelerados que muchas de las categorías jurídicas que se han utilizado hasta ahora están dejando de ser útiles o muestran graves carencias a la hora de resolver los problemas generados por las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información.

Saber reconocer un error y rectificar a tiempo es clave. Te formarás como especialista en propiedad intelectual y su tratamiento y defensa en el entorno digital. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. Sin em bargo, aún no se han fijado unas pautas precisas que ayuden a determinar cuá ndo el menor goza de madurez suficiente para poder actuar en este ámbito sin la necesidad de contar con el consentimiento de los padres titulares de la patria potestad o de sus representantes legales. Aunque espacios como Facebook y Twitter han implementado medidas para denunciar este tipo de actividades, se trata de políticas de empresas privados. Y así «Principios básicos como la limitación en función del objetivo, la proporcionalidad, la legitimidad del tratamiento de datos, los límites del período de almacenamiento, la seguridad y la confidencialidad, así como el respeto a los derechos individuales, el control por unas autoridades de supervisión nacionales independientes y el acceso a recurso judicial efectivo deben quedar garantizados, y debe establecerse un sistema general de protección».

Además, es necesario resaltar que en el caso de este delito, para ser juzgado, tanto los hechos como la persona a la que se les atribuye deben estar claramente identificados. Al finalizar, contarás con un conocimiento profundo de esta nueva visión del Derecho y estarás preparado para ofrecer asesoría al más alto nivel a multinacionales, ya sea desde el departamento jurídico de una empresa o desde un despacho de abogados, o formar parte de organismos reguladores. Sobre la base de lo anterior, puede resultar interesante preguntarse antes que nada qué acredita un correo electrónico cuando el mismo se considera auténtico.

Injurias agravadas por ser hechas con publicidad por internet Al tratarse de una injuria realizada en el ámbito y con publicidad en internet, y con mucha frecuencia mediante la publicidad en redes sociales, tenemos un tipo agravado de injuria hecha con publicidad. Veamos algunas claves de los delitos contra el honor en internet y en otros medios: Pueden producirse conflictos entre la libertad de expresión y el derecho al honor. Intenta cambiar cada cierto tiempo y no uses contraseñas sencillas tipo: correlaciones de números, nombres de mascotas, número de teléfono, etc. Facilitan a los ciudadanos la interacción con las organizaciones y a los trabajadores les permiten flexibilizar y mejorar sus condiciones de trabajo: la flexibilización puede pasar por el horario, por la movilidad, y la posibilidad de trabajar desde sus casas con el ordenador…

Las principales ventajas que tiene la introducción de la administración electrónica para los ciudadanos de las organizaciones son: Disponibilidad: Se puede interactuar con las organizaciones las 24 horas del día (por teléfono con servicios de atención telefónica o por internet a través de las llamadas “oficinas virtuales”). será responsable civil solidaria la persona física o jurídica propietaria del medio informativo a través del cual se haya propagado la calumnia o injuria; en el caso de Internet, ello alcanzaría al propietario del servidor en el que se publicó el contenido constitutivo de delito; no obstante, en estos casos no existe, actualmente, doctrina o jurisprudencia clara en este extremo y entendemos que debería tenerse en cuenta si la red social tuvo conocimiento de los hechos En este sentido, el artículo 16 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, que algunos Juzgados han entendido aplicable a estos supuestos, en lo relativo a la responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos, dispone que los mismos no serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario, cuando no tengan conocimiento de que la actividad o información almacenada es ilícita o lesiona bienes o derechos de terceros, o que, de tenerlo, actúen con diligencia para retirar dichos datos. Los retos de la Administración electrónica Llegados a este punto, una vez que han sido expuestas las principales novedades contenidas en la LPAC sobre la Administración electrónica, debemos por último detenernos en los retos que conlleva su implantación.

De hecho, como señala la Agencia Española de Protección de Datos en su Memoria de 2011, «la popularización de estos servicios, su implantación en redes sociales como Facebook o en servicios de reconocimiento facial y etiquetado de fotografías como “Find my Face” de Google, conlleva una serie de desafíos para la privacidad, como puede ser el tratamiento de imágenes digitales de personas que no utilizan el servicio y no han dado su consentimiento para ello, o la utilización de las imágenes para otras finalidades distintas para las que fueron tomadas». El carácter técnico-informático de la prueba electrónica no justifica, en mi opinión, la aplicación automática de un sistema de valoración de prueba tasada. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Hacer captura de pantalla de la publicación, levantar acta notarial o certificar su contenido web; actualmente hay empresas que actúan como testigos on line, certificando el contenido encontrado en Internet.

Concretamente, las redes sociales de Internet han ganado su lugar de una manera vertiginosa hasta convertirse en prometedores negocios para empresas, artistas, marcas, freelances y, sobre todo, en lugares para encuentro, contacto con amigos, saber lo que están haciendo en cada momento, compartir con ellos fotos y vídeos, reencontrarse con los compañeros del colegio, seguir de cerca a tus ídolos, formar parte de clubes de fans, compartir pasión por el cine con la gente que tiene los mismos intereses que tú, invitar a un amigo que vive a varios kilómetros a tomar un café, etc. Por supuesto, que también cabe la utilización, según los casos, del resto de los medios de prueba admitidos por nuestro derecho, como son el reconocimiento judicial o el interrogatorio de parte. Pues aquéllos que asumen el liderazgo y la colaboración en esta labor de implantación de la administración electrónica son los que se encontrarán directamente con las mayores dificultades en la tarea, sin que por ello deban "penar" con mayores culpas, sino tan sólo con la posibilidad de utilizar los mecanismos y recursos que la regulación del procedimiento, ya sólo en formato electrónico, le ofrece, en este caso, el cumplimiento normativo sobre la base legal expuesta. No tenemos la opción de ignorar estos asuntos y los abogados son los máximos interesados en tener las máximas garantías jurídicas para consumidores y empresas con cualquier avance tecnológico.

Se destaca como mayor novedad que las Administraciones Públicas pasen a relacionarse entre sí y con sus entidades dependientes, a través de medios electrónicos. Al respecto es pertinente resaltar que si bien existen reglas procesales propias para cada orden jurisdiccional, la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) ocupa un lugar especial en este marco, ya que sus preceptos son siempre de aplicación, en defecto de disposiciones en las leyes que regulan los procesos penales, contencioso-administrativos, laborales y militares, a todos estos procesos (artículo 4 LEC). En general, todos los delitos que pueden ser cometidos en Internet, pueden ser cometido en en mundo real, tan solo hay que tener en cuenta ciertas especificaciones que varían como el lugar de comisión, el momento en el que se produce o la dificultad de conseguir pruebas, dar con el autor del delito o, como en este caso, la publicidad que conllevan. Este es un servicio que nos permite añadir una extensión al navegador para conocer la “reputación” de los sitios a los que nos vamos a conectar, para sí estar alertados. En Finlandia, el 1 de julio de 2010 entró en vigor una ley por la que se obligaba a todas las compañías de telecomunicaciones a proporcionar una conexión mínima de 1 Mb a todos los usuarios, pero curiosamente quedan fuera de esta garantía las segundas residencias (Casas de veraneo «kesäasuntoja»).

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha aprobado una resolución para la “promoción, protección y el disfrute de los derechos humanos en Internet”. En todo caso, en el informe realizado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en junio de 2010, se señalaba que en España la banda ancha en sus tramos de velocidad más alta, no sólo tenía una escasa penetración, sino que resultaba significativamente más cara que en el resto de los países de la Unión Europea. El conocido copypaste que además de ser, obviamente mal visto, puede suponer una vulneración del derecho de la propiedad intelectual de otro autor. No obstante, a pesar de los retos que se plantean con la implantación de la Administración electrónica, una vez superados éstos y generalizada su utilización, ello seguro redundará en una necesaria simplificación administrativa para los ciudadanos, y en una modernización de su funcionamiento, asegurando que las Administraciones españolas se encuentran en la vanguardia, a la altura de lo que se espera de una Administración del siglo XXI. Así, aunque la protección de datos personales ha avanzado de modo significativo desde los años ochenta del pasado siglo, lo cierto es que los derechos consolidados alrededor de esa protección -derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición- no pueden ser simplemente trasladados a las nuevas realidades de la «sociedad del conocimiento».

EL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS La LPAC introduce el cómputo de plazos por horas y establece que, salvo que por Ley o que en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles. Por tanto, el referido artículo 3-8 se refiere a las comprobaciones para constatar que se trata de una firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y que cumple todos los requisitos y condiciones establecidos legalmente para este tipo de certificados, así como que la firma se ha generado mediante un dispositivo seguro de creación de firma electrónica. En segundo lugar, en la medida de lo posible, recomiendo que cuando se impute a alguien un delito a través de Internet, se aseguren de poder probarlo. Regulación en España. En definitiva, podemos decir que los emails son validos como prueba ante un juicio laboral, tanto si eres trabajador como si eres empresa. Hoy en día no es suficiente disponer de contenidos de calidad y de los conocimientos técnicos precisos para su optimización en la red, sino que, además, resulta esencial que en la selección, elaboración, difusión y comercialización de esos contenidos digitales se respeten tanto los derechos que puedan existir sobre ellos, como las normas dirigidas a proteger principios esenciales como la privacidad, el honor, la intimidad, los derechos de los consumidores, la disciplina del mercado, la publicidad, la propiedad industrial o la intelectual.

De hecho, como señala la Agencia Española de Protección de Datos en su Memoria de 2011, «la popularización de estos servicios, su implantación en redes sociales como Facebook o en servicios de reconocimiento facial y etiquetado de fotografías como “Find my Face” de Google, conlleva una serie de desafíos para la privacidad, como puede ser el tratamiento de imágenes digitales de personas que no utilizan el servicio y no han dado su consentimiento para ello, o la utilización de las imágenes para otras finalidades distintas para las que fueron tomadas». Relaciones electrónicas entre las Administraciones La LRJPS pretende una verdadera colaboración entre las propias Administraciones Públicas, en la línea ya iniciada por la Ley 11/2007.

La Ley de Jurisdicción Social dice en su artículo 90.1: “Las partes, previa justificación de la utilidad y pertenencia de las diligencias propuestas, podrán servirse de cuantos medios de prueba se encuentren regulados en la Ley para acreditar los hechos controvertidos o necesitados de prueba, incluidos los procedimientos de reproducción de la palabra, de la imagen y del sonido o de archivo y reproducción de datos, que deberán ser aportados por medio de soporte adecuado y poniendo a disposición del órgano jurisdiccional los medios necesarios para su reproducción y posterior constancia en autos“. 1818/1993, los elementos de este delito son de doble naturaleza: una, objetiva, constituida por expresiones o acciones que menoscaben, por su propio contenido y entidad, la honra, el crédito o la dignidad de la persona a la que se dirijan; y otro, subjetivo, que trasciende a la culpabilidad y que viene representado por la finalidad de la acción que ha de estar dirigida a producir aquella lesión del honor y la dignidad de una persona, el “animus iniuriandi”; elemento que ha de quedar probado por la acusación y que queda excluido cuando se pruebe que la finalidad de la acción era diferente a la de injuriar a la persona afectada. En la actualidad este procedimiento todavía no ha concluido.

Contratación Podemos preparar los contratos de desarrollo web que necesites llevar a cabo, así como la redacción y/o revisión del aviso legal; la redacción y/o revisión de la política de privacidad de que dispongas en tu página web; la adaptación de las condiciones contractuales con clientes, adaptándolo a tu modelo de negocio y necesidades; adaptación de tu web a la normativa de protección de datos y demás normativa de obligado cumplimiento, como la normativa de defensa al consumidor, redactamos políticas de cumplimiento normativo en redes sociales, cumplimiento normativo para el juego on-line y marketing on-line y defensa de tu reputación on-line. 

El informe de la compañía Telefónica sobre los datos relativos a las conexiones IP respecto a la cuenta de correo electrónico atribuida a (prueba electrónica . el consentimiento eficaz del sujeto particular permitirá la inmisión en su derecho a la intimidad, pues corresponde a cada persona acotar el ámbito de intimidad personal y familiar que reserva al conocimiento ajeno ( SSTC 83/2002, de 22 de abril, FJ 5 ; 196/2006, de 3 de julio , FJ , aunque este consentimiento puede ser revocado en cualquier momento ( STC 159/2009, de 29 de junio Independientemente de que el hecho sea constitutivo de delito en estos casos está siempre presente la colisión entre la libertad de expresión del que realiza el comentario o emite la opinión o realiza la expresión o expresiones, y el derecho al honor cuya defensa realiza el ofendido por lo publicado por estimarlo vulnerado y que puede hacer efectiva a través de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. que en este caso adquiere especial importancia debido a las características propias de la “prueba electrónica”, permitiendo incorporar al procedimiento una cualificada forma de acreditar en principio los elementos esenciales de la comunicación electrónica aportada, así como la autenticidad de la misma, aunque obviamente pueda resultar impugnada y contradicha y, en definitiva, valorada con arreglo también a las normas de la sana crítica (artículo 348 LEC).

Aparece en este caso la doctrina de la “legítima expectativa de privacidad”, que permite en definitiva la renuncia a la privacidad, incluso mediante Convenio Colectivo, cuando se utilizan ordenadores, herramientas o medios informáticos de titularidad empresarial (por ejemplo, dirección de correo electrónico corporativa). En cualquier caso, estas empresas no facilitan nunca las claves de acceso de la cuenta. El Estado, como titular de la competencia exclusiva sobre la Administración de Justicia en España (artículo 149.1.5ª CE), no ha aprobado ninguna ley que le provea de contenido. Sigo aquí la tesis propuesta por , profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Girona, en su libro Prueba y Verdad en el Derecho. uno de nuestros más eximios juristas, que es una pena que los profesionales del Derecho no escriban más, pues realmente son ellos quienes pueden aportar experiencias reales, a diferencia de los profesores, que en la mayoría de los casos se dedican a la auto estimulación…intelectual, no sean ustedes mal pensados. Sin embargo, de otro lado, se exime de presentar documentos ya presentados, siempre condicionado a indicar cuándo y ante qué órgano se presentó, aunque en ese caso se debería limitar a los documentos privados, dado que los administrativos ya están en el supuesto anterior. Fruto de esas preocupaciones, el Grupo de Trabajo del Artículo 290 de la Unión Europea adoptó unas recomendaciones en marzo de 2012. La notificación electrónica se lleva a cabo una vez que el interesado accede a la sede electrónica, cada vez más presentes en las páginas web de los entes públicos, y cumplimente el formulario de registro, facilitando una dirección de correo electrónico habilitado para la recepción de sus notificaciones telemáticas; por ello insistimos que los sujetos obligados utilizar la comunicación electrónica y los que voluntariamente lo deseen deberán también dotarse con una cuenta de correo electrónico.

Este derecho fundamental recogido en el artículo 18.1 Constitución Española no es ilimitado ya que como se viene apuntando tradicionalmente, el derecho de uno termina donde comienza el derecho de otro y por tanto se limita cuando entra en colisión con el derecho al honor, derecho fundamental recogido en el artículo 20.1º Constitución Española. Es claro que las comunicaciones telefónicas y el correo electrónico están incluidos en este ámbito con la protección adicional que deriva de la garantía constitucional del secreto de las comunicaciones. Tenga presente que los buscadores pueden permitir a cualquier tercero obtener la información pública de los perfiles». Obligación, sin duda y sin matices. De hecho, el BOE comunicó a la Agencia que volvía a utilizar esos ficheros para que los buscadores no indexaran los datos que aparecían allí En todo caso, la notificación electrónica se complementa con la posibilidad de que las notificaciones se continúen practicando en papel, si bien en este último caso, existe el deber de que sean puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración correspondiente.

La obra aúna la casuística de la implantación electrónica en las principales esferas de la actividad administrativa: transparencia; relaciones con los ciudadanos; relaciones internas y con otras administraciones; contratación pública y, por supuesto, facturación electrónica. El fenómeno de las “Redes Sociales” sin duda alguna ha cambiado la forma de socializar con conocidos, amigos, parientes, compañeros de trabajo e incluso para las mismas empresas que realizan campañas a través de estas herramientas. Para que constituya delito la injuria, por sus características, tiene que tener una connotación social grave. 266, 84 L. Los principales navegadores tienen opciones para realizar estos limpiados. Lo hacen valiéndose, además, de códigos alfanuméricos que acreditan –para los ojos expertos- que toda esa información certificada es veraz. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (la “LRJSP”) pretende salvar esta grave carencia, convirtiendo la Administración Pública en una «Administración Electrónica», a través de la generalización del uso de los medios electrónicos en el quehacer diario de la Administración.

Está claro que la presencia en redes sociales es una realidad y una necesidad como medio de comunicación y herramienta de marketing de los despachos de abogados. La tipología de conductas que se pueden encontrar es muy variada aunque, grosso modo, podemos señalar que obedecen básicamente a dos finalidades por parte del infractor: la de injuriar o la de vejar a la víctima. En esta evolución pueden apuntarse varios elementos significativos. El artículo 14.2 LPAC recoge entre los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la administración a los propios empleados públicos para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

Tratamiento de datos de carácter personal, Flujos transnacionales de datos e información. Sin embargo, a mi juicio, y aunque en teoría según la LPA todos pasarían a ser tramitados de este modo, ni la realidad permitirá que se cumpla desde su entrada en vigor de forma automática, ni la norma le dedica la atención necesaria, pues no resuelve, ni mucho menos, todos los problemas que ello implica. Las injurias leves se recogían anteriormente en las antiguas faltas (ahora delitos leves) del artículo 620.2º, que ha sido objeto de derogación por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo. Y, en rojo, donde no existe esta libertad. En primer lugar, habrá que interpretar qué quiere decir la norma cuando habla de “a los solos efectos de su iniciación”, es decir, ¿podría considerarse que en esos casos podrá hacerse la oportuna consulta para conocer el domicilio y notificarle el primer acto de trámite cualificado en el mismo, por ejemplo, el pliego de cargos? No obstante, me asaltan varias dudas, ¿qué ocurre con los obligados a comunicarse electrónicamente?

Y ¿con quienes han optado por este mecanismo aunque no estén obligados? Todo apunta a que en esos supuestos podría la Administración –o incluso debería según la norma-, practicar esas notificaciones electrónicamente, con la dificultad de que en tal supuesto el destinatario conozca realmente esa notificación por lo antes dicho, pues es posible que no tenga conocimiento de que ese procedimiento se ha iniciado. Grecia, por su parte, aprobó una enmienda a su Constitución señalando que el Estado ha de facilitar el acceso a la información electrónica. Si las evidencias digitales se han obtenido a partir de los archivos de un software gestor de e-mails en un dispositivo electrónico, siento decirle que no solo es posible, sino muy sencillo hacerlo, tal y como he demostrado con la anterior falsificación de correo electrónico. La administración electrónica puede producirse en las comunicaciones internas de una oficina (reemplazando, por ejemplo, a los mensajes internos escritos) como las comunicaciones entre las oficinas de diferentes organizaciones. Pero la utilización de esos ficheros por el BOE tampoco es pacífica.

"En un período como el que atravesamos, en el que se busca la eficiencia y la reducción de costes, éste es el sistema más adecuado y barato", comenta el abogado. Para las personas físicas distintas de las mencionadas (o para un colegiado obligatorio pero cuando no actúe en ejercicio de su actividad profesional) el relacionarse electrónicamente con la Administración es un derecho, no una obligación; es decir, será voluntario y podrán elegir si se comunican con las Administraciones Públicas mediante papel, o por medios electrónicos. No menos importante es la privacidad para la innovación y la creatividad la cual necesita de espacios donde podamos pensar, razonar, interactuar y hablar sin los juiciosos ojos de los demás sobre nosotros, espacios para la exploración, para avanzar en las propuestas que van contra el orden y las reglas en curso.

En conclusión, parece cuanto menos discriminatorio y parte de una premisa errónea, porque no es cierto que cualquier ciudadano tenga ese acceso en día inhábil. Por lo tanto, cuando se produzcan conflictos de este tipo será necesario llevar a cabo un juicio de ponderación entre las dos perspectivas existentes, la que enjuicia la conducta del sujeto en relación al honor y la que la valora en relación a la libertad de expresión (STC 15/1993, Y si ya es una carga excesiva en todo caso, incluso cuando el interesado lo es por haber presentado una solicitud, en cuyo supuesto podría pensarse que estará más atento de recibir la notificación, lo que ya sí es inadmisible es que las mismas reglas se apliquen en los procedimientos iniciados de oficio, lo que enlaza con otra cuestión que, a mi juicio, merece la pena mencionar.