martes, 18 de septiembre de 2018

O acusados o defendidos

Creo que hay que partir de la base de que este tipo que acusa, no es el Abogado de Correa ni de Crespo, es abogado, pero no les representaba, con lo cual, no tiene porque tener ningún tipo de dato ni porque escuchar ninguna grabación, porque No son sus defendidos.

a partir del trozito de dedo que muestra se puede, mediante análisis de ADN digital, obtener el número de zapato que calza su vecina de enfrente, que todos sabemos que espía, o al menos que es pía ya que si no lo fuese, estaría con ella y no haciendo foto a un boli

"Ahí hay un niño que dice ¡Ay!". Escríbelo cien veces. Es por tu bien.  ¿Época de Franco?, y ¿?Esta bien lo que dices, pero la garantía de que no sufre torturas o de que se las inventa debería ser plena para todas las partes. Con eso se acabaría con muchos argumentos. go to

martes, 14 de agosto de 2018

La Migracion: sus causas y consecuencias



La migración: Sus causas y consecuencias


La actividad mediante la cual un individuo cambia de lugar de residencia original a otro distinto, llámese ciudad, región o país se le conoce como “migración”

En la última se han evidenciado esta actividad más frecuentemente que hace muchos años, pero, ¿a que se debe realmente estas migraciones? y ¿cuáles podrían ser las consecuencias tanto para un individuo como para la colectividad?

Los seres humanos vivimos en constante búsqueda de seguridad y estabilidad. Si alguna de estos elementos falta, el ser humano se ve en la necesidad de mudarse o desplazarse de su lugar de residencia a otro que sí le ofrezca aquello que necesita.

En muchas ocasiones estos desplazamientos se llevan a cabo debido a necesidades personales. Otras, son a consecuencia de un ambiente social o político que impide permanencia de un individuo en su país de origen.

La migración humana es un proceso que puede ser observado desde dos puntos de vista: la inmigración y emigración. La diferencia entre estos es que la inmigración es el proceso por el cual un individuo o un grupo de personas llegan a un país diferente a su lugar de origen para residenciarlo mientras que la emigración se refiere a la salida del lugar de origen con motivo de asentamiento a otro sitio.

Son distintas las causas y las consecuencias económicas, políticas y sociales que indudablemente generan grandes cambios en las sociedades a través de las migraciones.

Entre dichas causas y consecuencias se pueden mencionar:

Causas
    1) Guerras
    2) Conflictos políticos
    3) Pobreza económica
    4) Falta de oportunidades
    5) Razones académicas y familiares

Consecuencias
    1) Efectos psicológicos y mentales
    2) Envejecimiento de la población y aumento de la productividad en el lugar de origen
    3) Crecimiento económico del lugar de acogida
    4) Enriquecimiento o amenaza cultural en el lugar de llegada

Se puede decir que la migración, siendo éste un fenómeno imparable, cuenta con un número elevado de personas por lo que debe y tiene que ser regulada.

Tanto los países receptores como los países exportadores de mano de obra, se ven beneficiado económico, social y culturalmente, por lo que establecerle un marco legal y normativo resulta ser fundamental.

Para evitar ser uno más de las millones de personas a los cuales diariamente son socavados sus derechos humanos, recomendamos contactar algún abogado, tales como los abogados de inmigración en los ángeles, quienes puedan agilizar todos los trámites de migración; desde ciudadanías hasta visas y limpiezas de records.

martes, 10 de julio de 2018

Obtener la tarjeta sanitaria europea

La conducta omisiva se construye sobre la previa infracción de determinadas normas de cuidado, de infracción de un deber de proteger la seguridad en el trabajo, entendido como ausencia de riesgos para la vida y salud del trabajador dimanante de las condiciones materiales de prestación del trabajo, bien jurídico autónomo e independiente de la efectiva lesión que en todo caso merecería una calificación independiente. Representación procesal ante los Juzgados de lo Social Recursos ante tribunales superiores Procedimientos de ejecución. En siete o 10 días obtenías el documento. Posteriormente, tal doctrina ha sido avalada en sentencias de 26 de julio y 19 de octubre de 2000 (SSTS 1355/2000 y 1611/2000). La jubilación del trabajador autónomo Durante 2014, la edad ordinaria de jubilación es: De 65 años, si se tienen cotizados 35 años y 6 meses o más.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7. Especial referencia al sector de la construcción En cuanto a la delimitación del sujeto activo, es un delito especial por cuanto se refiere a la persona que está legalmente obligada a facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas. Los recursos económicos propios y/o de las personas con las que conviva. Las sociedades europeas y las sociedades cooperativas europeas con domicilio social en España, las sociedades, entidades jurídicas y, en su caso, las personas físicas domiciliadas en España que participen directamente en la constitución de una sociedad europea o de una sociedad cooperativa europea, así como las personas físicas o jurídicas o comunidades de bienes titulares de los centros de trabajo situados en España de las sociedades europeas y de las sociedades cooperativas europeas y de sus empresas filiales y de las sociedades y entidades jurídicas participantes, cualquiera que sea el Estado miembro en que se encuentren domiciliadas, respecto de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores, en los términos establecidos en su legislación específica.

En el artículo 2.2 se equipara al contratista y al subcontratista al empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Ayuda social de carácter extraordinario. Por último, también el trabajador autónomo al cumplir con los requisitos de edad y cotización y como no voluntad, tiene derecho a una pensión. En dicha Ley se establece la regulación de las infracciones y sanciones a la Ley de Seguridad Social, estableciéndose en ella que: Constituyen infracciones administrativas en el orden social las acciones u omisiones de los distintos sujetos responsables tipificadas y sancionadas en la presente Ley y en las leyes del orden social. Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

Y ello porque, como recuerdan numerosas sentencias, el artículo 1.A.3 del Decreto 265/1971, de 19 de febrero , por el que se regulan las facultades y competencias profesionales de los arquitectos técnicos, al regular las facultades y competencias profesionales de éstos en la dirección de las obras, menciona entre sus atribuciones “controlar las instalaciones provisionales, los medios auxiliares de la construcción y los sistemas de protección, exigiendo el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre la seguridad en el trabajo”. En el caso de que no sea obligatorio acudir con abogado, si se quiere tener un abogado, es necesario expresarlo en la demanda, para que la parte demandada también pueda llevar a su abogado y que ambas partes tengan las mismas posibilidades de defensa. Asimismo, se tendrán en cuenta, cada vez que sea necesario, cualquier estudio de seguridad y salud o estudio básico, así como las previsiones e informaciones útiles a que se refieren el apartado 6 del artículo 5 y el apartado 3 del artículo 6, durante las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra.

Su estado civil. Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio. b) La no facilitación de los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas. La aplicación del mecanismo del «cómputo recíproco de cotizaciones» en el acceso a la pensión cuando se adeudan cotizaciones de cuyo ingreso es responsable el solicitante de la misma Por tanto, la gravedad que se identifica con la temeridad, se determinará en atención a que el incumplimiento del deber objetivo provenga de una disposición de obligada observancia, o de una norma de conducta de uso generalizado, a la omisión de elementales normas de cuidado que cualquier persona debe observar cotidianamente, a que la falta de previsión sea vulgar, sea por exceso de confianza o por un actuar perezoso o grosero que le sea exigible a cualquier persona.

Confiamos plenamente en que podremos ayudarte con su problema y que conseguiremos el resultado más óptimo que sea posible, ya que contará con los mejores Abogados Penalistas Confíe en nosotros y contacte ahora mismo explicándonos su caso de delito contra la Seguridad social, para que podamos solucionar cuanto antes su problema. Lo que se hace es convertir en delito esta conducta cuando quede claro que no es un mero acto aislado de un empresario, sino que se puede acreditar que es su mecánica generalizada y común de operar: el valerse del trabajo de personas no nacionales que carezcan de la ya repetida autorización, aunque no exista propiamente una situación de clara explotación. Análisis y efectos de la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de abril de 2016 Los empresarios y trabajadores por cuenta propia respecto de la normativa sobre trabajo de extranjeros. Si no se superan los 125.000 €, la conducta del empresario podría calificarse como una infracción administrativa, la cual lleva aparejada multas de hasta 10.000 € en su grado máximo.

Sólo ante los ataques más intolerables de las normas laborales será legítimo el recurso al Derecho Penal. En segundo lugar, ese y pago ha de realizarse necesariamente antes de que se hubiera notificado al obligado el inicio de actuaciones inspectoras contra él. Dos son los requisitos que establece el Código Penal: (i) la cantidad defraudada deberá ser estimada en el marco de un año natural; (ii) deberán tratarse de subvenciones obtenidas para el fomento de la actividad privada subvencionable, pudiendo ser de distintas administraciones o entidades públicas. Si quiero o necesito un abogado, ¿qué opciones tengo? En caso que querer o necesitar un abogado existen 3 opciones básicas: Un abogado privado al cuál será necesario pagar sus honorarios El abogado de un sindicato, cuya retribución dependerá de si el trabajador está o no afiliado al sindicato y la antigüedad de su afiliación.

El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos: Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. La norma reglamentaria más específica, RD 1627/1997 , aborda esta cuestión de forma más detallada en el artículo 11 c) cuando, entre las obligaciones de contratistas y subcontratistas, incluye la de cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la LPRL , así como la de cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del RD durante la ejecución de las obras. Pero debería hacerlo.

Por su parte, el artículo 15 dice: «Información a los trabajadores. ATENCIÓN. ¿Es gratuito el abogado de oficio? Hay que tener muy claro que aunque el abogado sea de oficio, esto no implica que sea completamente gratuito. 2.3. Síntesis del caso planteado en la sentencia de 27 de abril de 2016 La Seguridad Social, en ocasiones, estas solicitudes son denegadas, bien porque la valoración de los requisitos para recibirlas tiene un componente subjetivo que no ha jugado a nuestro favor, bien porque entre los documentos que presentamos había un error. Abogado en delitos contra la Seguridad Social Nuestro Despacho de abogados posee verdaderos profesionales especializados en delitos contra la Seguridad Social. e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud. Las matemáticas son sencillas.

A esta cuestión se refiere de forma expresa el artículo 318 CP en los supuestos de división del trabajo (y de las responsabilidades) en el ámbito de la gestión empresarial se produce forzosamente una delegación y transmisión sucesiva de la posición de garante, que pasa a corresponder «a los administradores o encargados del servicio» (artículo 318 CP ). El Aparejador es el profesional que mayor exigencia tiene de estar a pie de obra tiene y por tanto también de velar, entre otras cosas por la seguridad de la misma. En el artículo 14.2 se impone al empresario la obligación de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Por un lado, se impondrán al autor de uno a cinco años de prisión; por otro lado, se le impondrá también una multa, que puede ser de hasta seis veces la cuantía defraudada. En definitiva, y como indican los criterios de aplicación de la Administración de la Seguridad Social, ha de hacerse, a todos los efectos, abstracción de los periodos pertenecientes al Régimen en el que no se acredita estar al corriente.

El arquitecto director de la obra debe cumplir su deber de vigilancia con extremado celo, por lo que no puede alegar desconocimiento de determinados extremos, de los que por su notoriedad haya debido percatarse en caso de haber obrado con la diligencia objetivamente exigible dada las circunstancias de cada caso concreto. Prestaciones del Seguro Escolar. Es decir, es el porcentaje de la pensión de jubilación respecto al importe del último salario recibido. Otros casos de jubilación Jubilación del personal del Estatuto Minero, personal de vuelo de trabajos aéreos, ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, bomberos y miembros del cuerpo de la Ertzaintza. Es por ello que podría parecer que hubiese sido suficiente con castigar al empresario (que en el número indicado) contratase trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social, ya que ello comprendería necesariamente a los extranjeros sin permiso de trabajo, habiéndose optado por la redacción vigente seguramente para no dejar margen a interpretaciones jurisprudenciales que pudieran tratar de dejar fuera del artículo los casos de contratación de extranjeros al estar ya regulados en el artículo 312.2 CP, aunque fuese exigiéndose adicionalmente la explotación.

Como consecuencia de no encontrarse el perceptor de la prestación ya al corriente en el pago de las deudas de Seguridad Social, la Entidad gestora habría de proceder a la suspensión inmediata de la prestación reconocida y que se estuviere percibiendo, la cual solamente podía ser puesta al cobro una vez que hubiese saldado la deuda con la Seguridad Social en su totalidad. Finalmente, para asegurar la efectividad de esta novedosa regulación en las obras de construcción, la Ley introduce las oportunas modificaciones del vigente TRLISOS, aprobado por RDLegislativo 5/2000, de 4 de agosto , estableciendo la adecuada tipificación de las infracciones administrativas que pueden derivarse de la deficiente aplicación de dicha Ley.» ATENCIÓN. Y el artículo 23.1 impone al empresario la obligación de elaborar el plan de prevención de riesgos laborales al que se refiere en detalle el artículo 16.

Medidas cautelares que puede imponer la Seguridad Social Cuando la deuda con la Seguridad Social no se encuentre liquidada pero se haya devengado y haya transcurrido el plazo reglamentario para su pago, y siempre que corresponda a cantidades determinables por la aplicación de las bases, tipos y otros datos objetivos previamente establecidos que permitan fijar una cifra máxima de responsabilidad, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá adoptar medidas cautelares que aseguren su cobro, previa autorización, en su respectivo ámbito, del Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o, en su caso, del Director General de la misma o autoridad en quien deleguen. Por lo tanto, conviene advertir, que prácticas como simular un contrato de trabajo y un despido posterior, con el único objeto de obtener el trabajador la prestación por desempleo, o estar trabajando mientras se cobra la prestación por desempleo, constituyen ahora un delito que puede ser castigado hasta con tres años de prisión, siempre que la prestación indebidamente obtenida no supere los 50.000 Euros, porque si se supera esta cantidad la pena de prisión podría alcanzar los seis años. Se distingue un tipo básico que exige engaño o abuso de situación de necesidad, y los subtipos agravados en razón de la concurrencia de fuerza, violencia o intimidación y los llamados «piquetes».(SJP no 1 Pamplona 241/2013, de 15 de Julio)

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Por ejemplo quien contrata a ciudadanos extranjeros irregulares en España que no tienen medios de vida, a los que no da de alta, no porque no sea éste su propósito, sino porque no puede al no estar los mismos legales en nuestro país, y les paga el sueldo que les corresponde, respeta su horario, les proporciona formación y medidas de seguridad. De acuerdo con la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre , “las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para desempeñar la función de coordinador de seguridad y salud en obras de edificación, durante la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra, serán las de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, de acuerdo con sus competencias y especialidades”. Además de la pena de prisión, se establecerá una multa económica, la cual podrá ascender hasta seis veces el importe defraudado.

¿Qué implica la asistencia jurídica gratuita además del abogado de oficio? Cuando se pide la asistencia jurídica gratuita no solo implica el nombramiento de un abogado de oficio, si no que implica otros beneficios como no tener que pagar tasas ni depósitos, poder tener peritos de forma gratuita, reducción o exención en algunos casos de pagar los aranceles de Notarios y Registros, etc. bogados queremos ayudarle con su caso y hacer todo lo posible para obtener un resultado favorable. Y dicha incorporación es obligatoria,en las condiciones establecidas legal y reglamentariamente, independientemente del número de trabajadores y horas de prestación en el mes anterior al momento del cómputo.

Sujeto pasivo Es el trabajador al que no se le da de alta en la Seguridad Social o que carece de permiso de trabajo. En este sentido se pronuncian las SSTS de 19 octubre de 2000 y 29 julio de 2002. Por el contrario, si el ingreso se realizase fuera de plazo, se concedería la prestación, reducida en un 20 %, de tratarse de prestaciones de pago único o subsidios temporales (por ejemplo, de IT) y, de tratarse de pensiones, las mismas se reconocerían a partir del día primero del mes siguiente al que tuviese lugar el ingreso de las deudas. Desde luego es un tema no resuelto en la jurisprudencia señalada, y que, seguramente, habrá de abordarse, mediante la correspondiente adaptación normativa, salvo que, con anterioridad, los órganos judiciales entren a conocer de este asunto que no ha sido valorado en la sentencia de 27 de abril de 2016, ni en las anteriores.

Se muestran así con claridad los distintos planos en los que se distribuyen las responsabilidades de los intervinientes en la obra: la del coordinador se centra en coordinar las distintas actividades concurrentes (además de distintos sujetos empresariales) y dar a éstos órdenes e instrucciones; la de los contratistas, a los que corresponde aplicar los principios de prevención, cumplir y hacer cumplir las medidas dispuestas en el plan de seguridad. Tramitaciones ante el Fogasa Expedientes de incapacidad permanente, jubilación y demás prestaciones contributivas y no contributivas Reclamación por altas y bajas médicas y accidentes de trabajo-enfermedades profesionales. El secretario de Estado de la Seguridad Social, , aseguró ayer que este simulador no sólo es "un paso previo al envío de la notificación comprometida", sino "un hito trascendental en el acceso a información personalizada".

Es más, conforme al artículo 3.2 del RDL 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en los supuestos en que las infracciones en el orden social pudieran ser constitutivas de ilícito penal, la Administración pasará el tanto de culpa al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento o mientras el Ministerio Fiscal no comunique la improcedencia de iniciar o proseguir actuaciones. Por abuso de situación de necesidad se debe entender cualquier clase de aprovechamiento, o de hacer uso indebido de la especial posición de fuerza en el ámbito de las relaciones laborales, entraña, pues, una actitud coactiva por parte del empresario quien aprovechando en su propio beneficio dicha situación impone condiciones ilegales obligándole a aceptar unas determinadas condiciones laborales. b) Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases del trabajo.

La doctrina emanada de las SSTS (26 de julio de 2011 y 24 de enero de 2012) es recogida en los nuevos criterios de gestión de la Administración de la Seguridad Social, si bien los mismos no pudieron ser aplicados al caso enjuiciado en la STS de 27 de abril de 2016, puesto que la misma es anterior en el tiempo a la adopción del nuevo criterio de gestión. Derivación de responsabilidad del sujeto obligado en Seguridad Social Por derivación de la responsabilidad del sujeto obligado al pago, cualquiera que sea su causa y régimen de la Seguridad Social aplicable, y en base a cualquier norma con rango de Ley que no excluya la responsabilidad por deudas de Seguridad Social. j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra». Tipo agravado Si se usa violencia o intimidación se impondrán las penas superiores en grado. Por otro lado, los abogados de Seguridad Social también podrán ayudarte en relación al régimen en el que debes encuadrarte (y por el que debes cotizar) tanto tú como tus trabajadores, así como con los litigios que pueden surgir en caso de discordancia en este aspecto con la Seguridad Social. Acreditación de la condición de representante legal o declaración de Guardador de Hecho, cuando la solicitud se suscriba por persona distinta a aquella que pueda ser la beneficiaria.

Y sin que se haya avanzado en la transparencia del modelo para facilitar su entendimiento, advierten los expertos, lo que limita la capacidad de los cotizantes para anticiparse al empeoramiento de su nivel de vida. Para la consumación, no se requiere la efectiva lesión a la vida, la salud o la integridad, no se exige resultado alguno, tan sólo la puesta en peligro concreto de esos bienes. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), en su sentencia de 27 de abril de 2016 (rcud. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 31 de enero de 2014 (rec. El artículo 42.3 de la LISOS señala el principio de solidaridad disponiendo que: «La empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del 24 de la LPRL del cumplimiento, durante el período de la contrata, de las obligaciones impuestas por dicha ley en relación con los trabajadores que aquellos ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario principal», sin embargo surge la problemática de la aplicación de la misma, en especial en lo que se refiere a la determinación de la base reguladora de las pensiones de incapacidad permanente, cuando las mismas derivan de una enfermedad común. Desde el 1-1-2013, el número de meses se elevará progresivamente a razón de 12 meses por año, de acuerdo con la ilustración titulada Para Calcular la Pensión que indica el número de los meses computables en cada ejercicio hasta llegar a los 300 en 2022 y el divisor correspondiente. También existen otras edades en las que el trabajador puede tener determinados derechos, cuando cumple con determinados requisitos.

DELITO CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL Delito contra Seguridad la Social y desde la Reforma operada en 2013, el delito contra la seguridad social se ha agravado, tanto punitivamente así como su nuclear nueva redacción en la cuestión cuantitativa. Los antecedentes de hecho del caso a que se refiere la STS de 27 de abril de 2016 son los siguientes: Por el interesado, persona afiliada al Régimen General, con fecha 12 de diciembre de 2010, sr inició un proceso de incapacidad temporal (IT), por enfermedad común que concluyó tras su agotamiento por expiración del plazo máximo de 545 días. Es cierto, sin embargo, que la delegación de la posición de garante, no excluye completamente la responsabilidad del garante inicial por el principio de confianza, y porque puede existir infracción del deber de cuidado en la elección o en el control (culpa in eligendo o in vigilando). Se establecen las mismas sanciones para aquellos empresarios que utilicen las ayudas proporcionadas para un fin distinto al subvencionado. Cotizaciones erróneas.

Si el valor de las prestaciones supera los 50.000 Euros, o concurren otras circunstancias agravantes, la pena de prisión será de dos a seis años y multa del tanto al séxtuplo. Los complementos para los mínimos ya cuestan 15.000 millones de euros”, matiza el ejecutivo . Como se ha dicho, el tipo penal constituye una norma descriptiva en blanco (ley penal en blanco), que remite a normas de otra naturaleza no siempre bien definidas. Pero sí que la Seguridad Social tiene el mandato de realizar la acción de informar al trabajador, y no que éste deba acudir al organismo para este fin. Maternidad. Eso sí, a costa de frenar el crecimiento del desembolso en la nómina de las pensiones, que lleva 13 meses consecutivos incrementándose por encima del 3% anual, la tasa de reemplazo pasará en el mismo periodo del 81,9% al 49,7%. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores.

Asesoramiento y gestión laboral Contratación laboral en relaciones ordinarias y especiales de alta dirección Recibos de salarios Liquidación de seguros sociales Convenios colectivos y aplazamientos extraordinarios Legalización de nuevas empresas Estudios de costes laborales y compensación y beneficios Auditoría laboral de empresa Regímenes especiales de la Seguridad Social: autónomos, empleados del hogar,... La STS 19 de octubre de 2000, señala que la culpa de la víctima no es relevante aun cuando se introduce voluntariamente asumiendo el riesgo existente, en el peligro ya creado previamente al omitirse las medidas de seguridad. Carrasco pide que se fomente el ahorro complementario y plantea reforzar las pensiones mínimas: “Es una decisión social que hay que tomar, ya que requeriría más impuestos. Esa misiva serviría para que el destinatario pudiera decidir si la pensión que recibirá en un futuro es suficiente o necesita, por el contrario, completarla con un plan de pensiones privado o aportar más fondos al que ya tenga.

Acompañaran a la solicitud los siguientes documentos: Fotocopia compulsada del D.N.I. Cuanto antes sepa un trabajador el poder adquisitivo con el que contará en el retiro menor esfuerzo con el ahorro complementario tendrá que llevar a cabo por el interés compuesto. Abogados especialistas Seguridad Social Los Abogados Especialistas en Seguridad Social, de nuestros Bufete de Abogados, le asesorarán en todo lo relacionado entre usted, como persona física o como empresa, o empresario, a fin de que cualquier incidencia con la Seguridad Social, pueda consultar con un Abogado especializado en la materia. ¿Quién tiene derecho a un abogado de oficio en la jurisdicción laboral? La Constitución Española garantiza el derecho a la gratuidad de la justicia de quien carece de recursos suficientes. ORGANIGRAMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL organigrama de la Seguridad Social La afiliación en la Seguridad Social Previamente a la afiliación los ciudadanos deben solicitar el número de la Seguridad Social.

Si en su demanda el trabajador no logra cantidad alguna, en ese caso el procedimiento será completamente gratuito para él. La Seguridad Social (ni cualquier otro ente administrativo) puede imponer sanciones que impliquen la privación de libertad. Las Pensiones no Contributivas de JUBILACIÓN e INVALIDEZ se han previsto para todas las personas que carezcan de recursos suficientes, aunque no hayan cotizado nunca o lo hayan hecho de forma insuficiente. c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales , así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.

En el artículo 7.1 se establece a cargo del contratista la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo. Puede así deducirse fácilmente que el Coordinador es un cargo nombrado por el promotor cuyas funciones son las de coordinar las actuaciones de las distintas empresas concurrentes en la ejecución de la obra, a fin de garantizar los principios de prevención de seguridad laboral. C) Se trata, en fin, de un delito de consumación instantánea, que se perfecciona con la mera imposición de las condiciones ilegales o desfavorables (sin necesidad, de que éstas, una vez impuestas, persistan a lo largo de todo el tracto contractual), y que tiene, además, efectos permanentes ya que los mismos perduran todo el tiempo que persista la relación laboral, con dichas condiciones (por lo que el plazo de prescripción del delito, que es tan sólo de tres años, no comenzará a contar mientras se mantengan las mismas)». Los criterios de la Administración de la Seguridad Social extendían la aplicación del mecanismo de la «invitación al pago» a todos los supuestos en los que el interesado adeudase cotizaciones en el RETA, aunque, por el juego del cómputo recíproco de cotizaciones, la pensión, aun estando de alta aquel en dicho Régimen Especial, fuese reconocida por un Régimen de trabajadores por cuenta ajena, en los que la responsabilidad en el ingreso de las cotizaciones correspondiese al empleador. Riesgo durante la lactancia natural.

¿Qué es la regularización? La regularización es como un “arrepentimiento espontáneo” por parte del autor; supone quedar exento de responsabilidad criminal a pesar de que se haya cometido un fraude a la Seguridad Social. Y así, la STS de 30 de junio de 2000 señala que «el abordaje del artículo 499 bis del anterior CP, equivalente al actual artículo 311 del vigente Código, debe efectuarse desde una perspectiva Constitucional en la medida que el llamado derecho penal laboral, de que el tipo que se comenta es elemento central, sanciona fundamentalmente situaciones de explotación, que integran ilícitos laborales criminalizados, de suerte que el bien jurídico protegido está constituido por un conjunto de intereses concretos y generales que protegen la indemnidad de la propia relación laboral, mediante la sanción de aquellas conductas que atenten contra los derechos y condiciones laborales de los trabajadores».

La asociación de gestoras de fondos y planes de pensiones tiene en conseguir que se envíe esta carta uno de sus campos de batalla para fomentar el ahorro complementario. “En la web de la Seguridad Social se puede consultar, pero nadie lo sabe y lo que hace es desinformar, porque el resultado es una pensión sin actualizar con la inflación y que puede mostrar cantidades superiores al tope máximo”, sostiene , presidente , en una entrevista . Tanto para los actuales como los futuros. Viudedad SOVI. La cuestión que debe resolverse es en qué medida la delegación de funciones puede excluir el deber de garante del titular superior de la organización. Con fecha 22 de mayo de 2012, por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se inició, de oficio, el procedimiento de evaluación y calificación de la incapacidad permanente, en marco del cual el Equipo de Valoración de la Incapacidades (EVI) aprecia la existencia de dolencias incapacitantes de carácter permanente, constitutivas de una incapacidad en el grado de incapacidad permanente absoluta.

En efecto, fuera de las funciones de coordinación atribuidas al Coordinador, el artículo 11 del citado RD 1627/1997 , atribuye a los contratistas y subcontratistas la aplicación de los principios de acción preventiva previstos en el artículo 15 de la Ley 31/1995 (entre los que se cita el de evitar los riesgos ap. De manera específica para todos los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social el artículo 308 bis establece algunos requisitos adicionales, entre ellos el hecho de que es preciso que el penado haya abonado la deuda con la Seguridad Social, lo cual se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso de proceder al reintegro de lo indebidamente recibido o utilizado y al pago de las responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el decomiso acordado, siendo razonable esperar que el mismo será cumplido.

Dado el carácter y alcance del cómputo recíproco de cotizaciones, en el supuesto de acceso a las prestaciones, siendo el peticionario de las mismas deudor de cuotas de Seguridad Social, la Administración de la Seguridad Social, en la aplicación de la entonces disposición adicional 39ª del TRLGSS/94, había venido extendiendo el criterio del no reconocimiento de la pensión, por exigencia del condicionante de encontrarse, por parte del peticionario de la misma, al corriente en el pago de las cotizaciones, con aplicación, en su caso, del mecanismo de «invitación al pago», en todos los supuestos de existencia de deudas de cuyo ingreso era responsable el interesado, aunque la pensión fuese reconocida por un Régimen en el que el trabajador no fuese responsable del ingreso de las cuotas a la Seguridad Social. Cuente con nuestro equipo de Abogados Expertos en Delito Contra la Seguridad Social Contra los Derechos de los Trabajadores, para el supuesto que se halle en alguna situación descrita anteriormente, toda vez que podemos sostener su defensa con total garantia de éxito.

Ello supone quedar exento de responsabilidad criminal a pesar de que se haya cometido el delito, si bien necesario cumplir dos condiciones: En primer lugar, proceder a pagar la deuda en su totalidad. En el artículo 14.3 se insiste en que el empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, sin que quede eximido del cumplimiento de dichas obligaciones por el hecho de que haya atribuido las funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o servicios de la empresa o las haya concertado con entidades especializadas en actividades de prevención. (BOE nº 316, de 31 de diciembre) ha establecido la revalorización de las Pensiones Contributivos y no Contributivas de la Seguridad Social así como de otras prestaciones de protección social pública. Lo mismo sucede para el caso de la obtención ilegal de subvenciones.

Destacando en este punto, que basta con la activación consciente de la ilegalidad de las condiciones laborales perjudiciales que se imponen al trabajador. Conciliaciones laborales Procedimientos ante la Inspección de Trabajo Redacción de reclamaciones previas en la vía administrativa Reclamaciones por cantidad, sanción, clasificación profesional, mobilidad, acoso, incumplimiento empresarial, declarativas,... El apartado 3 del artículo 24 se refiere a la subcontratación, estableciendo que: «Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales». 3 • Falseamiento de documentos para obtener subvenciones Falsear las condiciones requeridas para la concesión de ayudas públicas de más de 125.000 €, u omitir aquellas que habrían impedido su adjudicación, podría ser castigado con penas de prisión de hasta cinco años y multas de seis veces el importe defraudado.

El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta de retribuciones en especie obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía. Por el contrario, el TS, ya en sentencia de 26 de julio de 2011 (cuyo fallo sigue la STS de 24 de enero de 2012), mantiene el criterio de que el condicionante a que se refiere en la actualidad el artículo 47 del TRLGSS y, en su caso, el mecanismo de «invitación al pago» de las deudas, solo es aplicable cuando haya de operar el «cómputo recíproco de cotizaciones», es decir, solo en el supuesto en que, para el acceso de la prestación o para la determinación de la cuantía, se tomen en consideración cotizaciones del RETA, de modo que si, por el contrario, se puede acceder a la prestación y calcular su importe con las cotizaciones del Régimen General o de otro Régimen en el que el trabajador no sea responsable del ingreso de las cotizaciones, sin tener en cuenta, a ningún efecto, las cotizaciones del Régimen en el que concurre el descubierto, no operará.

Y además, perderá la posibilidad de obtener subvenciones y ayudas públicas, así como de disfrutar de beneficios o incentivos de la Seguridad Social en un plazo de tres a seis años. Antes, si querías conocer la cuantía de tu futura pensión debías acudir a una oficina de la Seguridad Social y solicitar un informe de jubilación. Para acabar señala que el simple hecho de ser integrante de la dirección facultativa de la obra, que es el que únicamente se describe en el apartado de hechos probados de la sentencia recurrida en relación con la intervención de los arquitectos, no puede constituir un supuesto de cooperación necesaria en la conducta nuclear del tipo delictivo del artículo 316 del CP , pues tal hecho no supone que la dirección facultativa haya cooperado necesariamente a que el empresario no haya facilitado los medios necesarios para la seguridad de los trabajadores de forma que, sin tal cooperación, los medios de seguridad no se hubieran podido dejar de facilitar. De esta manera, la pensión de jubilación no será la misma para quien haya trabajado a media jornada que para quien lo haya hecho a jornada completa, por ejemplo. Delito incluido por la LO 7/2012, de 27 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 16 de enero de 2013. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. Esta ley contiene diversas modificaciones significativas de nuestro código penal, si bien nos centraremos en el análisis de las que atañen a los delitos contra la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores. El Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un plan de lucha contra el fraude a la Seguridad Social y Hacienda, estableciendo como objetivos prioritarios la averiguación de aquellas prácticas que supongan un abuso de las protecciones por desempleo, así como el fraude general a las prestaciones a la Seguridad Social y la reconducción de las situaciones de fraude en las bonificaciones e incentivos al empleo. A la sucesión de empresa se refiere el artículo 44 del ET que exige la subrogación del empresario en las obligaciones laborales del cedente. Reconociendo esa realidad, la presente Ley aborda por primera vez, y de forma estrictamente sectorial, una regulación del régimen jurídico de la subcontratación que, reconociendo su importancia para el sector de la construcción y de la especialización para el incremento de la productividad, establece una serie de garantías dirigidas a evitar que la falta de control en esta forma de organización productiva ocasione situaciones objetivas de riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores.

Inspecciones de Seguridad Social Los Abogados especialistas Seguridad Social, revisaría y podría intervenir en todas las Inspecciones relacionadas con: Inspección por no alta de trabajadores Inspección por impago de cuotas sociales. El objetivo es evitar que empresas que se benefician de costes laborales inferiores a los previstos legalmente, constituyan una competencia desleal para todos aquellos empresarios, autónomos y emprendedores que se esfuerzan cada día por cumplir con la legalidad. El artículo 317 CP se refiere al tipo por imprudencia grave estableciéndose que: «Cuando el delito a que se refiere el artículo anterior se cometa por imprudencia grave, será castigado con la pena inferior en grado».

Volviendo al caso se observa que no se formula imputación alguna relativa a la deficiente ejecución de las tareas de coordinación atribuidas al recurrente. Abogados Especialistas en Seguridad Social en las actas inspección Nuestros Abogados especialistas en Seguridad Social, formularán los escritos de descargo (alegaciones) correspondiente, con las reclamaciones laborales posteriores o con la posterior reclamación judicial, ante la irregularidad que pueda visualizarse de la formulación incorrecta de actas de liquidación de deudas con la Seguridad Social. La comisión de un delito contra la Seguridad Social tiene varias consecuencias. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto de obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra… El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores deberá tener en cuenta, en su caso, cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e identificadas las zonas en las que se presten trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo II, así como sus correspondientes medidas específicas. Funcionarios públicos, civiles y militares. En los casos planteados, podría suceder que, ante la existencia de una deuda, el interesado solicitase un aplazamiento, que de concederse, implica que al interesado se le considere al corriente y, por tanto, se le reconozca la correspondiente prestación.

Cuando, se produce un resultado lesivo, el delito de resultado -muerte del trabajador-, absorbe al de peligro del artículo 316 CP , como manifestación de la progresión delictiva. Las prestaciones que ofrece la Seguridad Social requieren el cumplimiento de toda una serie de requisitos para que sean concedidas. Ahora bien, la conducta ha de quedar perfectamente constatada en los hechos probados, y en ellos ha de relacionarse el número de trabajadores correspondientes a la empresa o al centro de trabajo al que se refiera el hecho de no comunicar el alta en la Seguridad Social, en el régimen que corresponda, y que al venir referido el tipo a un porcentaje, éste se conecta con respecto al término "afectados", pero que necesariamente se ha de corresponder con la plantilla de la empresa o el expresado centro de trabajo, y esta comparación debe realizarse en términos de igualdad u homogeneidad de magnitudes."

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL Regulados en el artículo 307 CP, se trata de un precepto de gran parecido con el artículo 305 CP desde el punto de vista material y formal. La Instrucción 1/2001, de 9 de mayo, sobre actuación del Ministerio Fiscal en torno a la siniestralidad laboral, obliga a estar al criterio jurisprudencial establecido en STS de 14 de julio de 1999 (STS 1188/1999) que señala que cuando como consecuencia de la infracción de normas de prevención de los riesgos laborales se produzca el resultado que se pretendía evitar con ellas (la muerte o las lesiones del trabajador), el delito de resultado absorberá al de peligro (artículo 8.3 CP .), como una manifestación lógica de la progresión delictiva; mas cuando el resultado producido (la muerte de uno de los trabajadores) constituye solamente uno de los posibles resultados de la conducta omisiva del responsable de las medidas de seguridad (ya que en la misma situación de peligro se encontraba trabajando la generalidad de los que desempañaban sus funciones en la obra). Asimismo, en el caso de la explotación laboral del artículo 312.2 CP , sí está claro que el trabajador será víctima y ello porque tiene que haber una situación de supresión de derechos laborales básicos, más allá de la inexistencia de la comunicación a la Seguridad Social. Dice el precepto que la contratación de los trabajadores ha de ser simultánea. Sin embargo, es discutible que la regulación de las obligaciones del arquitecto técnico en materia de seguridad en el trabajo se agote en lo dispuesto en aquella normativa.

El cálculo no tiene por qué resultar demasiado complicado. Ahora bien, el problema residía en que, una vez concedido el aplazamiento y reconocida la prestación, por parte del deudor se incumpliesen los términos y condiciones del aplazamiento. Jubilación. ¿Cómo evolucionará previsiblemente nuestro actual sistema público de pensiones? El progresivo aumento de la esperanza de vida que incrementa el importe de las pensiones a pagar por el sistema público, unido a la dificultad de elevar las cotizaciones sociales, previsiblemente hará necesaria la introducción de nuevos ajustes para conseguir el equilibrio del sistema. Inspecciones por incumplimiento de jornada laboral Inspección por incumplimiento Ley Prevención Riesgos Laborales Actas de infracción por liquidación de deudas por cuotas: Los Abogados especialistas Seguridad Social, podrá y realizará las impugnaciones que tengan que ver con: Falta de afiliación de alta de trabajadores Falta de afiliación o de alta de trabajadores en cualquiera de los Regímenes del Sistema de la Seguridad Social.

Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. Para ello, tendrá que pedir antes cita previa y acudir con un documento identificativo (DNI, NIF o NIE). b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio. Se endurecen las penas de prisión para el delito contra los derechos de los trabajadores, que pasan de un máximo de tres años a seis años, y se tipifica como delito la ocupación de una pluralidad de trabajadores sin dar de alta o sin autorización para trabajar. (BOE Nº 260 de 30 de octubre de 2015) y el Real Decreto 746/2016, de 30 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas y sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2017.

Importante será, por tanto, examinar el libro de órdenes por si existe alguna orden o instrucción del arquitecto técnico, pues en el citado libro deben anotarse las incidencias que el técnico observe en materia de prevención de riesgos laborales en las obras de construcción, pero lógicamente lo que no existe es la obligación por parte del técnico de la presencia permanente e interrumpida en la obra, pues ello excede de su deber en relación a la obra, lo que significa que si no consta incidencia, puede ser debido a que en el momento de la visita se entendían cumplidas las normas y medidas de seguridad, lo que no es incompatible con que en un momento posterior, incluso inmediato a la visita, fuera necesario la adopción de tales medidas, lo que no puede controlar el técnico. En cuanto al estudio de seguridad y salud, el artículo 5 prevé: Estructura Los delitos contra la seguridad en el trabajo se configuran como delitos de peligro concreto, de manera que el resultado dañoso para la vida o la integridad no son elementos integrantes del tipo, basta la puesta en peligro de dichos bienes, anticipándose la intervención del Derecho penal.

El apartado 2 del artículo 9 del TRLGSS (con un contenido que se viene reproduciendo desde la Ley General de la Seguridad Social de 1966), establece que, reglamentariamente, se han de establecer el tiempo, alcance y condiciones para la conservación de los derechos en curso de adquisición de las personas que pasen de unos regímenes de Seguridad Social a otros, mediante la totalización de los períodos de permanencia en cada uno de ellos, siempre que no se superpongan6. Esto no cambiará en el futuro. ¿Es posible calcular la cuantía de mi futura pensión? Para hacerlo hay que tener en cuenta que será necesario haber cotizado durante 25 años de los cuales al menos dos deberán estar incluidos en los 15 años inmediatamente anteriores a la fecha de jubilación.

¿En qué momento podría jubilarme anticipadamente en caso de cese laboral voluntario? Cuando se accede a la jubilación voluntariamente los requisitos para cobrar pensión son: - Tener como máximo dos años menos de la edad de jubilación ordinaria exigida que corresponda. Por otra parte esta rama del Derecho es la que se ocupa de regular las relaciones que nazcan a partir de los derechos colectivos del trabajo, esto es sindicalización, negociación colectiva y derecho a huelga en la empresa. Este aumento será como máximo la variación anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) del año anterior más 0,50% y como mínimo del 0,25%. número 26/2014), atiende las alegaciones de la Administración, revocando la sentencia de instancia, en especial, considerando que el aplazamiento de las cotizaciones adeudadas fue autorizado en fecha posterior al hecho causante de la prestación. El 25% de la población será mayor de 65 años en 2019 y en 2064 ese porcentaje alcanzará el 39% El número de defunciones podría superar por primera vez al de nacimientos a partir de 2015 y es previsible el aumento de la esperanza de vida.

Hasta este momento se ha hecho referencia a las principales obligaciones que, en materia de seguridad en el trabajo, y concretamente en el ámbito de la construcción, corresponden al coordinador de seguridad, de acuerdo con la LPRL y el desarrollo que de la misma se hace en el RD 1627/1997 . Funcionamiento del programa de autocálculo de jubilación Una vez dentro del sistema, tras pasar la identificación, el funcionamiento es muy sencillo. A saber: promotor, proyectista, dirección facultativa, coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra, coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, contratista, subcontratista y trabajador autónomo. La tesis de la STS de 31 de enero de 2014 es aplicada de nuevo en la STS de 27 de abril de 2016, reconociéndose al interesado, como se ha indicado, su derecho a la pensión de incapacidad permanente, en el grado de incapacidad absoluta, aunque, en el momento del hecho causante de la pensión, adeudase cotizaciones en el RETA, cotizaciones de dicho Régimen que no son tenidas en cuenta en el acceso a la pensión y determinación de la cuantía de la prestación, que se causa en el Régimen General de la Seguridad Social.

El tal sentido, para el TS3, si, aun existiendo deudas de Seguridad Social, de cuyo ingreso era responsable el solicitante de la pensión, se había procedido al reconocimiento de la misma, por haberse concedido un aplazamiento de aquellas, si, con posterioridad, se incumplían las condiciones del aplazamiento, las deudas tendrían que ser reclamadas por la Tesorería General de la Seguridad Social, aplicando las reglas contenidas en las disposiciones del procedimiento recaudatorio de la Seguridad Social, sin que ello afectase a la prestación ya reconocida. Temían que lo que es una simulación (una información orientativa) se tomara como una obligación jurídica o que algunos receptores de la misiva protestaran al conocer la cuantía de su futura pensión.

El artículo 30 de la LPRL señala: Esta hipótesis de partida se encuentra apoyada en la regulación que la legislación federal norteamericana realiza del tema de los honorarios de los abogados en procesos judiciales de seguridad social. Por último, en el peor caso: condena por ese delito, si no tiene antecedentes penales lo más probable (a poco que su abogado defensor lo haga bien) lo más probable es que la pena privativa de libertad sea declarada en suspenso (no se aplica si el penado no vuelve a delinquir en cierto periodo de tiempo) o es sustituida por otra pena no privativa de libertad: prohibición de ejercer la actividad donde se produjo el fraude, por ejemplo. El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra coordinará la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores». No se paralizará la acción de cobro por parte de la Administración, salvo resolución expresa del Juez competente por el delito que imponga de oficio o a instancia de parte la suspensión de la ejecución de la deuda con la Seguridad Social.

¿Cómo se entra en el Simulador? Hay que acceder e identificarse, porque el sistema ofrece mucha información personal y lógicamente hay que superar el control de acceso. Tramitaciones y reclamaciones a la Seguridad Social, en vía administrativa y en vía judicial, del reconocimiento de Incapacidad Permanente y la pensión correspondiente. Entre 1992 y 2013, la esperanza de vida al nacimiento de los hombres ha pasado de 73,9 a 80,0 años y la de las mujeres de 81,2 a 85,6 años, según las tablas de mortalidad que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) lo que implica necesariamente pagos por pensiones cada vez por más tiempo. – El responsable de prevención. El año pasado, la pensión media de la Seguridad Social fue de 874,9 euros. En el caso de que la persona solicitante sea extranjera, fotocopia compulsada del Pasaporte y de la tarjeta o permiso de residencia en España, referente tanto a la residencia actual como a los períodos que alegan.

En conclusión, en la coyuntura económica actual, en la que los empresarios necesitan reducir gastos y adaptar la estructura societaria a la demanda del mercado, parece imprescindible contar con el asesoramiento jurídico de profesionales especializados en reestructuración empresarial, evitando prácticas, no sólo ilegales, sino además de gran riesgo tanto para el administrador de aquéllas como para los propios trabajadores. Por otro lado, se crea un nuevo tipo penal, el artículo 307 ter CP, para sancionar los fraudes contra la acción protectora de la Seguridad Social. f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. Esta herramienta permite optar por diversas fechas de jubilación y ofrece toda la tipología actualmente existente dentro del marco legal. Para que pueda tener lugar dicha suspensión, se exigirá en la mayoría de los casos, salvo que se de dispensa total o parcial porque la ejecución pudiese ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación, la prestación de ciertas garantías.

Se podrá acordar el embargo preventivo de dinero y mercancías en cuantía suficiente para asegurar el pago de la deuda con la Seguridad Social que corresponda exigir por actividades y trabajos lucrativos ejercidos sin establecimiento cuando los trabajadores no hayan sido afiliados o, en su caso, no hayan sido dados de alta en la Seguridad Social. Le aconsejamos que consulte con nuestros Abogados especialistas en incapacidad permanente que le informarán y asesorarán de los pasos a seguir para reclamar la incapacidad permanente denegada. Conducta típica La conducta típica que se recoge en el artículo 311.2 CP, es la siguiente: Los que den ocupación simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda o, en su caso, sin haber obtenido la correspondiente autorización de trabajo, siempre que el número de trabajadores afectados sea al menos de: a) el veinticinco por ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de cien trabajadores, el cincuenta por ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de diez trabajadores y no más de cien, o la totalidad de los mismos, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de cinco y no más de diez trabajadores.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la LPRL durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este RD. El INE estima que en el año 2050 tendremos casi el doble de pensionistas que ahora. OCUPACIÓN DE TRABAJADORES SIN DAR DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL O SIN AUTORIZACIÓN DE TRABAJO. ATENCIÓN. Siendo aquí a recordar que el principio de legalidad exige una interpretación restrictiva, nunca analógica ni extensiva, de las normas penales en lo que se refieren a los requisitos típicos de la conducta penal.

Según artículos 14 y 15 de la LPRL , artículo 2.2 RD 1627/1997 , artículo 2 LOE, artículo 1 ET , en cuanto que está obligado legalmente a la observancia de las normas de seguridad e higiene y a facilitarlas a los trabajadores. Un elemento psicológico, consistente en el poder o facultad del agente de poder conocer y prevenir el riesgo ausencia de previsión consciente y voluntaria. En cuanto a los arquitectos técnicos, recuerdan las SSTS de 21-3-80 y 7-7-80 «que les atribuyeron negligencia por no tomar las medidas necesarias para impedir cualquier accidente y no ordenar, cuando se observa o deba observarse el peligro, la paralización de las obras. Por todo ello, resulta fundamental recibir asesoramiento jurídico antes de, por ejemplo, solicitar subvenciones o contratar a trabajadores sin darlos de alta o cotizando por debajo de lo establecido legalmente, puesto que este tipo de actuaciones, utilizadas en ocasiones por los empresarios como medio de financiación ilegal , podría conllevar la insolvencia de la empresa ante la cuantía de las sanciones señaladas en párrafos anteriores.

De hecho, pasará del 11,8% del PIB de 2013 hasta el 11% del PIB de 2060, según estas estimaciones. En este sentido, se entienden comprendidos los trabajadores autónomos con discapacidad en las mismas condiciones que los trabajadores por cuenta ajena. – La inobservancia de medidas de seguridad individuales, como colocación de arneses, cascos, guantes. Un mecanismo informativo que ya han establecido socios europeos como Alemania, Austria, Croacia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Portugal, Reino Unido y Suecia. Así respecto a la coordinación de los principios generales de prevención y seguridad (apartado a) se dice que se realizará en dos momentos, al tiempo de tomar decisiones técnicas y de organización al tiempo de planificar las distintas etapas del trabajo y al valorar la duración de cada uno de éstos. Invalidez SOVI. En ningún caso se adoptarán aquellas que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación.

IMPOSICIÓN DE CONDICIONES ILEGALES DE TRABAJO Se castigan las siguientes conductas (artículo 311.1º, 3º y 4º): 1.º Los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual. Relación de causalidad entre la conducta descuidada y el resultado lesivo. Esto es, financieramente el balance de la Seguridad Social será más sólido en el futuro. Certificado del Padrón, preferentemente o, en su defecto y excepcionalmente, Certificado del Ayuntamiento o declaración responsable de dos vecinos de la persona solicitante no unido con ésta por vínculos de consanguinidad o afinidad, ante un funcionario o funcionaria de la Delegación Territorial de Consejería de Igualdad y Políticas Sociales o Centro dependiente de ella habilitado o habilitada al efecto. Por otra parte, se trata de infracciones dolosas de marcado carácter intencional, toda vez que la conducta del agente ha de ir encaminada a producir el resultado (perjudicar, suprimir o restringir derechos de los trabajadores) que, como acabamos de señalar, constituye elemento objetivo del tipo. Póngase en contacto con nosotros para cualquier consulta y estaremos encantados en atenderle.

El Derecho Laboral (también llamado Derecho del Trabajo o Derecho Social) es la rama del Derecho que tiene por objeto la tutela de las relaciones jurídicas entre empleadores y trabajadores, y de ambos con el Estado; esas relaciones tienen su origen en el trabajo prestado de forma personal, voluntaria, por cuenta ajena, retribuida y en dependencia con el empresario. En cuanto a los principios generales aplicables al proyecto de obra dice el artículo 8: «1. Como reacción a la doctrina del Tribunal Supremo, el artículo 20 de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social, incorporó en el TRLGSS/94 una nueva disposición adicional trigésima novena, extendiendo el condicionamiento indicado (encontrarse al corriente en el pago de las cotizaciones) no solo a los trabajadores por cuenta propia, sino al conjunto de los afiliados que fuesen responsables del ingreso de las cotizaciones sociales (por ejemplo, los representantes de comercio, los profesionales taurinos y los artistas profesionales, respecto de las cotizaciones a su cargo, o los empleados de hogar discontinuos), de modo que el acceso a las correspondientes prestaciones quedaba condicionado a que el interesado se encontrase, en el momento del hecho causante de la prestación, al corriente en el pago de las cotizaciones sociales, incluso, aunque como consecuencia del cómputo recíproco de cotizaciones, la prestación fuese reconocida por el Régimen General o por otro Régimen de trabajadores por cuenta ajena, en el que los ingresos de las cuotas recayese en la responsabilidad del empleador.

El artículo 2 del RD 1627/1997 se refiere a la Dirección facultativa como el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y control de la ejecución de la obra. En concreto, el usuario podrá informarse del tiempo que le falta para jubilarse, conocer cómo ha evolucionado su pensión, pedir la tarjeta sanitaria europea, así como obtener certificados e informes. La SAP Madrid 379/2004 de 30 abril, señala respecto a la modalidad comisiva, mediante abuso de situación de necesidad, que sobre su interpretación caben dos sentidos, uno amplio y otro restringido. Este delito es un tipo penal en blanco, cuya integración, en cada caso concreto, ha de efectuarse acudiendo a la normativa de prevención de riesgos laborales. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

Al igual que en el delito fiscal, es posible la regularización. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. El Equipo Jurídico está formado por Abogados expertos en Derecho Sanitario y Abogados especialistas en incapacidad permanente. A partir de los datos introducidos, el programa determinará el régimen de seguridad social por el que debe reconocerse la pensión, el período mínimo de cotización exigido y el período de cotización acreditado. El interesado en la fecha del dictamen del EVI mantenía una deuda con la Seguridad Social, por una cuantía de 3.111,14 euros, como consecuencias de descubiertos en la cotización al Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o autónomos (RETA), por el período de los meses de febrero y desde abril a julio, todos ellos de 2003, respecto del cual, con fecha 2 de julio de 2012, le fue concedido un aplazamiento.

La sentencia de instancia es recurrida en suplicación por la Administración de la Seguridad Social, recursos en el que, aceptándose la existencia de una situación de incapacidad permanente, se alega la infracción de lo previsto en la mencionada disposición adicional 39ª, al no encontrarse el interesado al corriente en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, en el momento del hecho causante, haberse producido el aplazamiento de la deuda con posterioridad a dicha fecha y, además, no haber atendido posteriormente el plan de pagos establecido en el propio aplazamiento autorizado. Es un cargo nombrado por el promotor cuyas funciones son las de coordinar las actuaciones de las distintas empresas concurrentes en la ejecución de la obra, a fin de garantizar los principios de prevención de seguridad laboral. Fotocopia compulsada del D.N.I. La cuantía de la prestación se determinará aplicando a la base reguladora la suma de las bases de cotización de los meses computables, según el año de acceso a la jubilación anteriores a la misma.

¿Cómo influye la esperanza de vida en los cálculos de la pensión? La esperanza de vida cada vez es mayor en una sociedad avanzada como la actual. Este importe se refiere a un período de cuatro años naturales; es decir, que las cuantías defraudadas a lo largo de cuatro años se suman entre sí, y a ese total se le aplicará el límite mínimo de 50.000 euros. La protección se da en una situación de necesidad. En esa preocupación la FGE dictó la Instrucción 1/2001, de 9 de mayo, sobre actuación del Ministerio Fiscal en torno a la siniestralidad laboral. Pese a ello, el economista del banco presidido cree que con las variables actuales no habrá un problema de sostenibilidad. Que situaciones se producen o a veces se confrontan para las que es conveniente estar asesorado por un Abogados especialista en Seguridad Social.

A partir del RD 555/1986 de 21 de febrero , en los proyectos de construcción de nueva planta debe hacerse un estudio de seguridad e higiene encomendado para las obras a los aparejadores o arquitectos técnicos por RD 84/1990 de 19 de enero , que es la base para el plan de seguridad e higiene que ha de hacer el empresario, y que los arquitectos técnicos aprueban, lo que sirve de base para su posterior vigilancia, con la facultad de paralizar las obras si las medidas no se respetan. Igualmente la Ley 54/2003, de 12 diciembre de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales ha incidido en la materia. Ni una ni otra omisión se sitúa en el ámbito de responsabilidades del acusado, asumidas reglamentariamente. Pero si al finalizar el procedimiento el trabajador tiene un beneficio económico (indemnización por despido, los salarios adeudados, un complemento que no se venía pagando…) el abogado de oficio puede hacer una minuta cuyos honorarios pueden ser de hasta un tercio de la cantidad ganada. Jubilación anticipada a partir de los 61 años sin tener la condición de mutualista.

Es un problema porque no tienes una previsión de ingresos para la jubilación”, argumenta el experto . El artículo 2 RD 1627/1997 distingue entre coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra, que es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios que se mencionan en el artículo 8, y el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, que es el técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las tareas que se mencionan en el artículo 9. Y tratándose de empresas de la construcción, debe también tenerse en cuenta para complementar el tipo penal el RD 1627/1997, de 24 de octubre , por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. La retención cautelar total o parcial de una devolución de ingresos indebidos deberá ser notificada al interesado juntamente con el acuerdo de devolución.

Ha sido reiteradamente destacado por la jurisprudencia que la gravedad del engaño o abuso como medio para la imposición de condiciones laborales son determinantes para establecer la frontera entre el ilícito social y el ilícito penal, ya que el mencionado precepto exige que las conductas tipificadas no sólo perjudiquen supriman o restrinjan los derecho que tengan reconocidos los trabajadores, sino que el abuso de situación de necesidad o el engaño hayan sido determinantes para ello. Esta ratio compara la pensión con el último salario recibido. El número se hará constar en una tarjeta de la Seguridad Social que figurarán, como mínimo, nombre y apellidos y, en su caso, el número del Documento Nacional de Identidad.

En cuanto a la valoración de la expresión «imponer», el análisis doctrinal más lucido sobre las implicaciones de la misma prescinde de los concretos procedimientos utilizados para obligar a aceptar las condiciones ilegales y refiere la expresión al resultado mismo, sin extenderse a los modos o características de la acción, existiendo imposición cuantas veces se suprima la dosis de libertad jurídica y psicológica que materialmente fuera indispensable para que el eventualmente perjudicado reaccione en defensa de los derechos que le van a ser arrebatados o disminuidos, determinando en contra de su voluntad la aceptación -aunque sólo sea externa- de unas condiciones de trabajo o de Seguridad Social lesivas para sus derechos. Dicha figura aparece contemplada en el artículo 1 f) del RD 1627/1997 de 24 de octubre. Por tanto, la baja consiste en la extinción de la relación jurídica entre el particular y la Seguridad Social. Aplicación indebida de bonificaciones de Seguridad Social Aplicación indebida de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social, previstas reglamentariamente para la financiación de las acciones formativas del subsistema de formación profesional para el empleo.

Es un claro ejemplo de tipo de omisión, donde el peligro ha de ser consecuencia de la omisión de las normas de prevención de riesgos laborales, y ha de ser también calificable de grave, debe poner en peligro grave la vida, salud o integridad física. Actualmente, en la jurisdicción social para solicitar un abogado de oficio no es necesario demostrar que se carece de recursos, aunque en ciertos procedimientos se puede denegar, según las circunstancias. Y el artículo 4 sobre la obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras: «1. – El Arquitecto Técnico. Se regulan conductas muy heterogéneas que tienen en común que el sujeto pasivo es el trabajador, colectivamente considerado, en cuanto que se afectan los derechos propios de la relación laboral e incluso su propia la integridad física de los mismos. Así, si un empresario lleva a cabo estas conductas penales y se produce un cambio en la titularidad de la empresa, en caso de que el nuevo titular, con conocimiento de que existen esas condiciones, las mantenga, ello supone exactamente lo mismo que si fue él el que inició la actuación ilícita, convirtiéndose en autor.

Pero, como precisa la sentencia citada, recogiendo la doctrina de la sentencia de 18 enero 1995, “si se exige que las obras y servicios que se contratan o subcontratan deben corresponder a la propia actividad empresarial del comitente, es porque el legislador está pensando en una limitación razonable que excluya una interpretación favorable a cualquier clase de actividad empresarial”. ¿A partir de qué punto puedo pedir un abogado de oficio? El abogado de oficio se puede solicitar a partir del momento que es necesario presentar una demanda ante el Juzgado de lo Social. Estudios del Banco de España o de Fedea están en la misma línea, mientras que Inverco calcula un retroceso hasta el 27% en cuatro décadas. Es posible que se haya defraudado una cantidad superior a 50.000 euros (es decir, que se haya cometido un delito), pero que, sin embargo, el autor no sea castigado por su conducta.

¿Cómo se reduciría la pensión anticipada en caso de cese voluntario? Por cada trimestre de anticipo a la edad de jubilación ordinaria la cuantía de la pensión se reduciría entre un 1,625% y el 2%, según el periodo cotizado. 3.º Los que en el supuesto de transmisión de empresas, con conocimiento de los procedimientos descritos en los apartados anteriores, mantengan las referidas condiciones impuestas por otro. e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. ¿Cómo pido un abogado de oficio? La asistencia jurídica gratuita está delegada en las Comunidad Autónomas que han asumido competencias en la Administración de Justicia (todas menos Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), por lo que cada Comunidad tiene su normativa propia sobre la concesión de un abogado de oficio. Añadiendo el apartado 3: «Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas». ATENCIÓN. El programa actualiza automáticamente las bases de cotización aplicando los IPC publicados. Este periodo de Incapacidad Temporal (IT), puede finalizar por los siguientes motivos: 1.- Por agotamiento del plazo máximo (12 meses o 18 meses con prórroga)

Por recibir el alta médica por mejoría o curación, según el criterio médico 3.- Por haber sido denegada la Incapacidad Permanente, tras haber pasado la valoración del Tribunal Médico Cuando la Seguridad Social ha denegado la Incapacidad Permanente a un paciente tras pasar revisión por el Tribunal Médico, y por lo tanto la pensión correspondiente, debe ser informado a través de una notificación escrita indicando la denegación y el plazo legal para presentar reclamación si no se está de acuerdo con la resolución. No se asuste: el sistema es totalmente reacio a la prisión por deudas, como muestra el apartado 3 de dicho artículo. Además, el TRLGSS establece un porcentaje mínimo del 50 %, que ha de aplicarse para la determinación de la base reguladora de las pensiones indicadas, aunque con el tiempo acreditado (más el presumible) no se alcancen los 15 años de cotización11. Cuestionada la posibilidad de su consideración de sujetos activos de este delito, no cabe duda que, en cuanto que controlan las instalaciones, los sistemas de protección y se encuentran en condiciones de exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad, pueden serlo. La SAP de Madrid (Sección 23.ª) número 379/2004 de 30 abril, aborda un supuesto donde el hecho nuclear que da lugar a la condena es que un acusado se niega a plasmar su firma, que mancomunadamente tenía que plasmar, en los talones con que se pagaba las mensualidades a los trabajadores de la empresa, lo que implicó que éstos no recibieran su salario puntualmente, o, dicho de otra manera, supone que con su comportamiento, incumplió la obligación de pagar el trabajo realizado por los trabajadores de su empresa.

Las infracciones no podrán ser objeto de sanción sin previa instrucción del oportuno expediente, de conformidad con el procedimiento administrativo especial en esta materia, a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que puedan concurrir. Esto en la jurisdicción penal es inaceptable por el principio de culpabilidad y la imputación objetiva, no cabe la llamada coautoría accesoria, debe determinarse la infracción del deber objetivo exigible a cada interviniente, y existir relación causal y de imputación objetiva entre la omisión y el resultado. La estructura típica del precepto ha sido calificada de «particularmente endiablada», un tipo de omisión al que se le asocia un resultado de peligro. 10.3. LPRL: «Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. ATENCIÓN. Un resultado sorprendente fue que el 74% afirmó tener la percepción de que recibirá menos pensión de lo cotizado como trabajador.

Para resolverlo, los Tribunales vienen aplicando el principio de especialidad (Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 2003) contemplado por este artículo. Otra norma particular de este precepto, referida a la autoría en esta conducta, es la contenida en el artículo 311.3 CP, que establece lo siguiente: «Los que en el supuesto de transmisión de empresas, con conocimiento de los procedimientos descritos en los apartados anteriores, mantengan las referidas condiciones impuestas por otro». B) Incapacidad Permanente Total (IPT) para el trabajo o profesión habitual: * Situación: el trabajador como consecuencia de haber padecido una lesión o enfermedad, está incapacitado para realizar las tareas fundamentales de su trabajo o profesión habitual. ATENCIÓN. Porque finalmente la Seguridad Social ha dado un paso atrás: por ahora, no enviarán la carta informativa -el 'sobre naranja', así es como se le conoce en otros países, como en Suecia- con la que muchos ciudadanos podrían tener un conocimiento aproximado de cuál sería el importe de su prestación pública al jubilarse. Además, perderá la posibilidad de obtener subvenciones y ayudas públicas, así como de disfrutar de beneficios o incentivos de la Seguridad Social en un plazo de tres a seis años.

Así ha valorado en la resolución recurrida, en la que se hace responder no al vértice de la organización empresarial a la que el accidentado estaba vinculado, sino a aquellas personas que, por su específica posición en el seno de la estructura organizativa de la actividad desarrollada, se estima que asumieron el dominio funcional del riesgo». Es por ello por lo que los indicados excesos de subcontratación pueden facilitar la aparición de prácticas incompatibles con la seguridad y salud en el trabajo. Teniendo en cuenta lo anterior, detalla tres de los delitos y/o infracciones más frecuentes cometidos por los empresarios en relación con la Seguridad Social : 1 • Incumplimiento reiterado de la obligación de cotizar a la Seguridad Social La actuación del empresario podría pasar a ser considerada delito si la cantidad defraudada a consecuencia del impago reiterado de las cuotas a la Seguridad Social superase la cifra de 125.000 €. Teniendo en cuenta que nuestro sistema público es un sistema de reparto, es decir, las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores que están en activo se destinan a pagar las pensiones de los actuales jubilados, estos dos aspectos tienen una suma importancia a la hora de pensar en complementar nuestra pensión a través del ahorro particular.

Además, contempla también la protección económica de la familia, la protección de la salud, el tratamiento y rehabilitación de los disminuidos físicos y la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad (es decir, las pensiones de jubilación). Se trata de una autoría no simultánea, pero sí sucesiva, sin eliminar la responsabilidad del anterior autor. Bajas en seguridad social, fuera de plazo. Junto con las ya mencionadas LPRL y el RD 1627/1997 , entre las disposiciones que regulan las funciones y competencias de los arquitectos técnicos encontramos las siguientes: la LOE 38/1999 , de 5 de noviembre, y la Ley 12/1986, de 1 de abril , que regula las atribuciones profesionales de los arquitectos técnicos e ingenieros técnicos. Obtenerlos puede llevar una mañana de gestión en persona, pero durante años tendrán acceso a toda la administración pública electrónica, con más de 100 gestiones que podrán realizar desde su ordenador (pedir certificados, prestaciones de la Seguridad Social, SEPE, presentar documentación, acceder al estado de sus solicitudes, etc). Luego, el cálculo de la futura pensión será más exacto cuando más próxima esté la fecha de jubilación, o dicho de otro modo, para fechas de jubilación lejanas, el margen de ajuste que habrá que hacer es mayor, por que será necesario introducir otros criterios, como el factor de sostenibilidad, que el sistema no incorpora. – El Arquitecto Superior, que como director de la obra debe velar por el cumplimiento de las normas.

Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social, médico-farmacéutica gratuita que incluye en su caso a los familiares que convivan en su domicilio, en las condiciones establecidas reglamentariamente. Algunos autores han querido incidir en este componente, relativo a la infracción de un deber, frente al concepto del dominio del hecho tradicionalmente vinculado a la definición de la posición de autor. recuerda que «es necesario acreditar unas cotizaciones mínimas de 15 años para tener derecho a una pensión». Pensión de viudedad. Igualmente se valorará la contribución de la víctima al resultado causal, si esta se expone a un peligro que proviene directamente de su acción, deberá tenerse en cuenta, al menos en el campo civil como compensación de culpas, rara vez en el penal (STS 17 octubre de 2001). Posibles sujetos activos del delito serían: – El empresario. 4.º Si las conductas reseñadas en los apartados anteriores se llevaren a cabo con violencia o intimidación se impondrán las penas superiores en grado».

La existencia de los citados tipos y de todos los que el nuevo Código incluye en el Título XV del Libro II bajo la rúbrica «De los delitos contra los derechos de los trabajadores», se justifica, precisamente, por la importancia que a tales derechos les confiere nuestra Norma Fundamental, y así hemos de tener en cuenta que cuestiones como la estabilidad y la seguridad en el empleo, la salud y la integridad física de los trabajadores y, en definitiva, los derechos que las leyes les reconocen, son intereses de suma importancia en un Estado que se califica a sí mismo, entre otras cosas, como social (artículo 1.1 de la CE ), que reconoce con carácter básico el derecho de todos los ciudadanos al trabajo (artículo 35.1 de la CE) y que propugna como principios rectores de su política social económica tanto la protección de las condiciones de trabajo como el mantenimiento de un sistema público de seguridad social que garantice al ciudadano la asistencia y las prestaciones en situaciones de necesidad y especialmente, en caso de desempleo (artículos 40.2 y 41 de la CE ).

Dicho de otra forma, el riesgo generado no lo fue en el ámbito de las funciones propias del acusado coordinador de seguridad que, por tal motivo, carecía de poderes específicos para realizar la conducta omitida». En este sentido, la Dirección General de la Policía ha señalado que durante 2011 se han realizado más de 500 investigaciones sobre fraudes a la Seguridad Social , obteniendo un balance de más de 129 millones estafados a dicho organismo. Por ello, aunque exista un descubierto de cotizaciones, correspondiente a un Régimen de Seguridad Social, en el que la responsabilidad del ingreso de las cuotas recae en el trabajador, tal circunstancia no es obstáculo para que pueda reconocerse al solicitante la prestación, cuando la misma sea reconocida en otro Régimen de Seguridad Social, por acreditarse en el mismo todos los condicionantes y requisitos establecidos en este último Régimen.

La STS número 460/1992 de 28 de febrero recuerda, que son atribuciones, pero también obligaciones, de los Aparejadores o Arquitectos Técnicos: ordenar y dirigir la ejecución material de las obras e instalaciones, cuidando de su control práctico con arreglo a las normas de la buena construcción, y asimismo, deberán controlar las instalaciones provisionales, las medidas auxiliares de construcción y los sistemas de protección exigiendo el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre la Seguridad en el Trabajo. ABOGADOS PENAL posee verdaderos profesionales especializados en delitos contra la Seguridad Social, Derecho de los Trabajadores Fraude Subvenciones, por sus años de experiencia en la defensa de casos relacionados con delitos contra la Seguridad Social. Aunque no se haya pedido el abogado de oficio antes de iniciar el procedimiento, se puede pedir con posterioridad, antes del juicio. En la pantalla de bienvenida se ofrecen los datos de cotizaciones acumuladas, de las que se puede ver el desglose, y la posibilidad de simular la jubilación: simulador de pensiones paso 1 Pulsando en “simular tu jubilación”, aparece una ventana en la que debemos confirmar la información sobre las circunstancias personales que tiene el sistema y si no son correctas, corregirlas: Simulador de pensiones paso 2 Finalmente, si pulsamos en “aceptar”, ofrece el resultado de la simulación, con fecha prevista de jubilación (ordinaria y anticipada) y cálculo de la pensión bruta. El sistema de pensiones ha mejorado en sostenibilidad a costa de su suficiencia.

Diferencias de cotización de trabajadores en Seguridad Social Diferencias de cotización por trabajadores dados de alta, cuando dichas diferencias no resulten directamente de los documentos de cotización presentados dentro o fuera del plazo reglamentario. Por imprudencia grave El delito en cuestión admite la comisión culposa. Determinando en muchas ocasiones su responsabilidad que, entre los profesionales que intervienen en una construcción, «el que tiene mayor exigencia de estar a pie de obra para detectar y corregir cualquier anomalía es, precisamente, el aparejador, pues así se lo impone la normativa que regula y reglamenta su función; ello con independencia de que tal responsabilidad primaria no excluye la de otros profesionales»; la STS número 1654/2001 de 26 septiembre d ice que, el arquitecto técnico tiene normativamente la obligación de permanecer a pie de obra así como de controlar y verificar que se cumplen los requisitos precisos para el buen fin de la misma, dando todas las instrucciones que fuesen precisas para su normal desarrollo, estando obligado incluso a paralizar la continuación de la construcción si no se observasen las prescripciones normativas en materia de seguridad laboral. ¿Por qué el importe de la pensión puede verse reducido en los próximos años? La base reguladora se verá corregida por tres factores: País Vasco, Madrid y Asturias con las comunidades en las que más alta fue esta prestación. En las obras en construcción la coordinación preventiva de seguridad y salud se concreta en la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud o en su defecto en el Estudio Básico de Seguridad y Salud.

INCOMPATIBILIDADES Las Pensiones no Contributivas de Jubilación y de Invalidez son incompatibles: entre sí, con las pensiones asistenciales del Fondo de Asistencia Social (FAS), con los Subsidios de Garantía de Ingresos Mínimos y por Ayuda de Tercera Persona de la Ley de Integración de los Minusválidos, con la condición de causante de la prestación familiar por hijo o hija a cargo con discapacidad OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS QUE SEAN BENEFICIARIAS Los titulares de la pensión no contributiva estan obligados a: Comunicar a la Administración, en el plazo máximo de treinta días desde la fecha en que se produzca, cualquier variación de: La composición de su unidad económica de convivencia.

En este sentido la sentencia de 24 de noviembre de 1998 señala que en principio caben dos interpretaciones de este concepto: a) la que entiende que propia actividad es la “actividad indispensable”, de suerte que integrarán el concepto, además de las que constituyen el ciclo de producción de la empresa, todas aquellas que resulten necesarias para la organización del trabajo; y b) la que únicamente integra en el concepto las actividades inherentes, de modo que sólo las tareas que corresponden al ciclo productivo de la empresa principal se entenderán “propia actividad” de ella.

Es conveniente y de vital importancia, que desde la propia solicitud a la Seguridad Social de prestaciones de cualquier tipo realizada al INSS, ya sea por cualquier modalidades de solicitud, ésta se sustente de forma adecuada y de manera detallada, habiendo estudiado los requisitos necesarios, los plazos, se reúna la documentación adecuada, de esta forma, tendremos abierta incluso la posibilidad de que la solicitud planteada sea estimada en todo o en parte por la Seguridad Social y, en caso de denegarse, se habrá andado un buen camino para proseguir la batalla en el ámbito judicial. Las obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra se recogen en el artículo 9 RD 1627/1997 (ver también artículo 10 RD 1627/1997 y la Disposición Adicional Primera del RD 171/2004, de 30 de enero .

Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. Clases de Jubilación Jubilación Ordinaria Para todos aquellos trabajadores en alta o en situaciones asimiladas al alta que hubieran cotizado a la Seguridad Social o bien a las Clases pasivas del Estado, que hayan cumplido la edad legal correspondiente en cada momento, que a partir del 1-01-2013 es de 67 años de edad, con los requisitos mínimos correspondientes de cotización. En la misma línea, el artículo 44 de la LPRL , impone la obligación de paralizar o suspender la obra.

Existen diversos tipos de prestaciones y pensiones del sistema de la seguridad social. Se entiende así que el delito de defraudación a la Seguridad Social cometido de la forma mencionada es una forma concreta de apropiación indebida, y con arreglo a tal principio de especialidad se aplica con preferencia a ésta, que es más genérica. 1733/2000 y 1078/2001–, respectivamente), conforme a la cual no podía condicionarse el pago de una prestación reconocida por un Régimen de trabajadores por cuenta ajena a que el interesado, trabajador por cuenta propia en el hecho causante de la prestación, se encontrase al corriente en el pago de cuotas, ya que este condicionante estaba previsto en el RETA (o en otros supuestos limitados de trabajadores por cuenta ajena), pero no en un Régimen de trabajadores por cuenta ajena, que era el que reconocía la pensión. Prestación no económica. Complemento para los titulares de pensión no contributiva que residan en vivienda alquilada Servicios Sociales Complementarios para personas mayores. El banco realizó a finales del pasado año una encuesta entre 3.000 personas en la que el 86% de la muestra reconoció preocupación sobre el futuro de las pensiones públicas.

Una vez el obligado ha regularizado su deuda, el efecto que se produce es que no se le puede perseguir por un delito contra la Seguridad Social, pero tampoco por otros delitos que se hubieran cometido en relación a esa deuda antes de que fuera regularizada, como por ejemplo irregularidades contables u otras falsedades. Recursos contra actas de infracción El Abogado especialista en Seguridad Social, llevará a cabo todos los recursos posibles ante la defensa de los intereses de sus clientes en este ámbito, generalmente, procedería una reclamación previa a la vía judicial laboral, dependiendo de la situación, y posteriormente una demanda ante los Juzgados de lo Social, si bien, en otros casos procede la impugnación por la vía administrativa y contencioso-administrativa.

Los que den ocupación simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, o sin haber obtenido la preceptiva autorización para trabajar en el caso de extranjeros que lo precisen, siempre que el número de trabajadores afectados sea al menos de: 25% en empresas de más de 100 trabajadores; 50% en empresas entre 10 y 100 trabajadores; el 100% en empresas entre 5 y 10 trabajadores. Con esta premisa analiza cuál era la específica responsabilidad de control asumida por el acusado en virtud del cargo de «Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra».

Estos abogados, además, podrán asesorarte sobre las prestaciones a las que tienes derecho. – El encargado de la obra. Las medidas cautelares así adoptadas se levantarán, aun cuando no haya sido pagada la deuda, si desaparecen las circunstancias que justificaron su adopción o si, a solicitud del interesado, se acuerda su sustitución por otra garantía que se estime suficiente. Tanto el aumento de jubilación, que data de la ley de 2011 del Gobierno, como la modificación del cálculo de las pensiones de 2013: la no indexación al IPC, el factor de sostenibilidad, el aumento de años de cotización necesarios para recibir una pensión y el mismo incremento para calcularla.

Proyectar su vida laboral Dos son las variables básicas: los años y los importes cotizados. Como conclusión de lo expuesto, los arquitectos, por la simple condición de tales sin la concurrencia de otra condición o circunstancia en ellos, no pueden ser sujetos activos del delito contra los derechos de los trabajadores del artículo 316 del CP por el que vienen condenados en la sentencia recurrida.

Lo que sí ha hecho la Seguridad Social es establecer un canal online para el cálculo de la futura pensión. La necesidad puede predicarse tanto de circunstancias familiares como personales o económicas de un trabajador concreto como genéricas del colectivo. Pero “si el Banco Central Europeo (BCE) cumple con el objetivo de llevar la inflación al 2%, los pensionistas perderán poder adquisitivo durante los próximos años”, explica , director ejecutivo de Pensiones , en una ponencia organizada .

IMPEDIMENTO O LIMITACIÓN DEL EJERCICIO DE LA LIBERTAD SINDICAL O DEL DERECHO DE HUELGA En los artículos 7 y 28 CE se reconoce el derecho de sindicación libre y el derecho de huelga de los trabajadores. Y apunta: «Que, al menos, dos de estos años estén comprendidos dentro de los últimos 15 previos a la jubilación». De forma general podemos señalar que para solicitar el abogado de oficio es necesario acudir al Colegio de Abogados de cada territorio o al Juzgado ante el que se quiere demandar, rellenando la solicitud correspondiente, indicando claramente el motivo y el tipo de procedimiento para el que se solicita el abogado de oficio.

Se incrementará en un 20% a partir de los 55 años, si se presume dificultad de obtener empleo en trabajo distinto al habitual. La cuantía del fraude debe superar los 120.000 euros. No deben responder si el empresario no hubiera puesto a su disposición todos los medios técnicos necesarios, si se hubiera impedido la vigilancia y control, si no se disponía de la suficiente información sobre el estado de las cosas y las labores, o si se hubiera incumplido de una forma clara y patente las labores profesionales. La SAP de Barcelona (Sección 9.ª) número 53/2009 de 3 febrero, aborda el concurso entre el delito del 316 y el homicidio imprudente del artículo 142.1 del CP , pues se condena por ambos delitos en concurso medial del artículo 77 del CP .

Las previsiones reglamentarias están contenidas en los Reales Decretos 2957/1973, de 16 de noviembre (sobre cómputo recíproco de cotizaciones en el sistema de la Seguridad Social) y 691/1991, de 12 de abril (sobre cómputo reciproco de cuotas entre regímenes de Seguridad Social), con las particularidades, en relación con el RETA, contenidas en el artículo 35 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, conforme a las cuales, con carácter general, a efectos de la determinación de la cuantía de la prestación y, en su caso, el acceso a la misma, se han de computar todas las cotizaciones que el interesado acredite en los diferentes Regímenes de la Seguridad Social, siempre que no se superpongan e, incluso, aunque se superpongan, si bien en este caso solamente a efectos de la determinación de la base reguladora de las pensiones y, siempre que la suma de las bases de cotización superpuestas no supere el importe de la base máxima de cotización vigente en cada momento.

La inexistencia de planificación preventiva en la obra, inexistencia de estudios o planes de seguridad, formación de los trabajadores, advertencia de los riesgos. Nuestros abogados son profesionales especializados en delitos contra la Seguridad Social Los tipos delito contra la seguridad social, son tres básicamente:Eludir el pago de cuotas que se deben a la seguridad social; Obtener indebidamente una devolución de cuotas debidas Disfrutar de forma indebida de deducciones por cualquier concepto.

Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con fuerza, violencia o intimidación se impondrán las penas superiores en grado. Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Es importante poner también de manifiesto en el caso que «el empresario había designado a un encargado de obra y vigilante de seguridad de la misma, también condenado y a un Responsable de Seguridad, precisamente el trabajador fallecido. En la Seguridad Social es difícil que te den una estimación de tu pensión a no ser que estés a punto de jubilarte.