martes, 17 de julio de 2012

El anonimato en internet

Esa exigencia no puede, por tanto, aplicarse al control normal por el empresario de los medios de producción, con independencia de que para lograr que la prueba de los resultados del control sea eficaz tenga que recurrirse a la prueba testifical o pericial sobre el control mismo. Estas actas, que sí son documento público a efectos procesales, pueden plantear, sin embargo, varios problemas: El primero es el de aclarar si pueden o no autorizarse. Considero que el Supremo entra en contradicciones cuando, en algunos párrafos de la sentencia, fundamenta los perjuicios para el demandante en su perfecta identificación y en el pleno reconocimiento de sus rasgos para, asimismo, aceptar que esta clase de noticias de relevancia pública pueden ilustrarse con imágenes captadas por los fotógrafos del medio, sin que exista entonces vulneración de derechos. Esta es la única vía que la Generalitat tiene a su disposición para poder regular la muerte digital, ya que no puede obligar a las compañías a que implanten determinados procedimientos por falta de competencias en materia de protección de datos y telecomunicaciones.

La policía identificó la dirección “IP (Internet Protocol)” desde la cual se conectaba a Internet para enviar los correos electrónicos a las dos personas antes mencionadas (un cibercafé ubicado en Málaga) a través de una cuenta de email de nombre ficticio (Hugo). Este es un servicio que nos permite añadir una extensión al navegador para conocer la “reputación” de los sitios a los que nos vamos a conectar, para sí estar alertados. Por ejemplo, la salvaguardia de un cierto anonimato en la navegación por internet puede suponer una importante protección de la libertad de la persona. Abogados injurias por internet Abogados especialistas en delitos de injurias cometido por medios informáticos o por internet. Por ej decir públicamente que alguien engaña a su esposa con otra mujer…

La injuria es la expresión que lesiona la dignidad de una persona perjudicando su reputación o atentando contra su propia estima. No puede, por ejemplo, considerarse una novedad significativa la regulación de la Administración electrónica que es, en esencia y con algunos matices que como veremos no son del todo positivos, la contenida en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Las características técnicas de la Red exigen que, para poder acceder a la misma, se den unas condiciones técnicas previas. Sin embargo, si alguien ha compartido ese contenido…ya es tarde, a menos que todos los usuarios lo eliminen también. En ella, los individuos interactúan siguiendo en muchas ocasiones normas y pautas de conducta perfectamente homologables con las que se producen en el mundo físico.

Como cabe apreciar, este derecho puede en ocasiones colisionar con la libertad de expresión. En esencia, una facilitación de las relaciones entre Administración y administrados en todos los aspectos posibles. La trascendencia social de los efectos del delito. Y es que, aunque se produzca una rectificación o desmentido, el impacto del mismo no tiene la misma repercusión que el provocado por la información en un primer momento, y como se suele decir, el daño ya está hecho. En el primer caso, tras un registro, los agentes del Gobierno entraron con allanamiento en las oficinas de la empresa Silverthorne Lumber y detuvieron a su principales directivos (a Frederick W. Sin perder de vista adicionalmente diversos dictámenes del Grupo del Artículo 29, así y las últimas novedades en el desarrollo del protocolo Do Not Track en el seno del W3C. La injuria, por su parte, consiste en el comentario ofensivo dirigido contra otra persona, de manera que su consideración ante los demás podría verse seriamente perjudicada. En ese sentido, los delitos de calumnia e injuria constituyen las formas penales dirigidas a la protección de dicho derecho.

Conviene destacar que una interpretación de la Ley 25/2007 como la que se propugna en la resolución cuestionada impediría la investigación tecnológica del delito de posesión, producción, venta o difusión de material pornográfico en que se hayan utilizado menores de edad, previsto en el artículo 189.1.b) del Código Penal , al estar castigado con pena menos grave, o de cualquier delito de amenazas, así como del delito de favorecimiento de la prostitución de menores de edad previsto en el artículo 187.1. Por otro lado, es preciso hacer referencia a otra cuestión, que aunque no es novedosa, porque ya estaba en la LAECSP, resulta significativa. Exige la presentación de un certificado en el que se asegure haber intentado, al menos, la conciliación. De este modo, junto al apoderamiento apud acta o la efectuada por comparecencia personal se incorpora la relativa a la comparecencia electrónica en la sede electrónica o través de la acreditación de su inscripción en el registro de apoderamientos de la Administración competente, tal y como prevé el artículo 5 de la nueva LPA. Prueba electrónica 2 IP significa “Internet Protocol” y es un número que identifica un dispositivo en una red (un ordenador, una impresora, un router, etc.).

Pues debe recordarse que su validez es temporal y que lo que debe garantizarse en un futuro es que pueda comprobarse que en ese momento era válida, lo que parece que inicialmente ocasionaba problemas ya hoy solventados. El derecho a la propia imagen hace referencia a la facultad que todos tenemos de reproducirla y, al mismo tiempo, de negarnos a que esa representación física sea utilizada por terceras personas sin nuestro consentimiento. En 2007 no nos cabía duda de que de la LAESP surgían obligaciones activas directas para la Administración, y que desde 1998 éstas se pueden exigir vía jurisdiccional, en los términos previstos en los artículos 25.2, 29.1, 32.1, 46.2 y 71.1.c de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LRJCA).

Aunque el debate sobre la necesidad de incorporar al orden jurídico nuevos derechos fundamentales no es nuevo en la teoría jurídica, es cierto que en la actualidad estamos asistiendo a unos cambios tecnológicos tan acelerados que muchas de las categorías jurídicas que se han utilizado hasta ahora están dejando de ser útiles o muestran graves carencias a la hora de resolver los problemas generados por las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. De hecho, para la influencia ejercida por la jurisprudencia en este ámbito es «particularmente importante», especialmente «la de los tribunales cuyo fin principal consiste en comprobar la conformidad de la legislación ordinaria con la Constitución e interpretarla».

Dice además que adicionalmente podrán indicar la dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de la Administración pueda realizar el aviso del envío o puesta a disposición de la notificación. El pasado año la Policía registró 11.000 amenazas, que se han disparado con la aparición de las redes sociales, “tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, Facebook, no existía en 2004. Interesante reflexión la que se planteó sobre si debía ser la misma persona quien gestionara las redes sociales y midiera el impacto ya que puede producirse cierto conflicto de intereses. ¿Cómo saber si prima la libertad de expresión e información o el derecho al honor? El Tribunal Supremo se refiere en su Sentencia 69/2016 a la “regla de ponderación”, con 3 criterios: “Para que pueda considerarse justificada una intromisión en el derecho al honor es preciso que la información o la expresión se refiera a asuntos de relevancia pública o interés general, ya sea por la propia materia a la que aluda la noticia o el juicio de valor, ya sea por razón de las personas, esto es, porque se proyecte sobre personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública. Los datos generados o tratados, cuando se presten servicios de comunicaciones electrónicas, se refieren a los datos accesibles».

Las dificultades que la puesta en marcha de la Administración electrónica comporta han determinado, sin embargo, que algunas cuestiones incorporadas a la Ley no produzcan efectos hasta el 2 de octubre de 2018, dos años después de su entrada en vigor, en particular, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo electrónico único (Disposición Final Séptima). Un ejemplo real: Sujeto publica mensaje en una conocida página de anuncios clasificados gratuitos. ¿Qué hacer si somos víctima de injurias o calumnia en redes sociales? Las redes sociales más habituales para la comisión de estos delitos son Facebook y Twitter, lo que permite que sus autores puedan verter manifestaciones injuriosas y/o calumniosas, procediendo a su posterior borrado, buscando así la impunidad. La respuesta sería que en principio no debería haber problemas como documento probatorio, pero se deberá de aportar o poner a disposición del juzgado el “Código Fuente” a los efectos de que queden bien dibujados y perfilados la acreditación de la dirección del correo del emisor, la identidad del equipo, la identidad del servidor del correo saliente, la identidad del servidor del correo entrante, la fecha, hora de envío y recepción. La otra cara de la moneda para proteger la libertad de los ciudadanos, una vez que nuestra identidad ya haya aparecido claramente incorporada a la red, la protagoniza el «derecho al olvido».

Cuestión bien diferente es que se puedan considerar resueltas satisfactoriamente las muchas cuestiones que dicha figura planteaba y plantea. Por lo tanto, se consideran medios de prueba no solamente documentos en sentido estricto, ya sean éstos públicos o privados, sino también “los medios de reproducción y propios instrumentos que permitan reproducir, archivar o conocer palabras, datos y números u operaciones matemáticas”; es decir, cómo o mediante qué soporte se ponen de manifiesto palabras, datos o cifras. En Francia, en la Decisión del Consejo Constitucional Francés sobre la Ley por la que se favorece la Difusión y la Protección de la Creación en Internet, se considera como un derecho básico el derecho de acceso a internet, bien que deduciéndolo directamente del artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, entendiendo que «en el estado actual de los medios de comunicación y con respecto al desarrollo generalizado de los servicios de comunicación pública en línea» este acceso es importante para «la participación en la vida democrática y la expresión de ideas y opiniones». de sus datos a propósito de la concesión de un indulto. Sin embargo, email o sms certificado, no me dan esta prueba: para ellos un entregado es que el email o sms ha llegado al destinatario, vamos lo mismo que si el cartero me dice que está entregado porque lo ha metido por debajo de la puerta del destinatario o en su buzón.

La pena El delito de calumnia se castiga con multa de 4 a 10 meses. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 13 de mayo de 2014 declara expresamente en este sentido que el ejercicio de los derechos de cancelación y oposición realizado frente a los buscadores sólo afecta a los resultados obtenidos en las búsquedas hechas mediante el nombre de la persona y no implica que la página deba ser suprimida de los índices del buscador ni de la fuente original. Si no se aporta en ese momento es muy complicado aportarlo después. En Finlandia, el 1 de julio de 2010 entró en vigor una ley por la que se obligaba a todas las compañías de telecomunicaciones a proporcionar una conexión mínima de 1 Mb a todos los usuarios, pero curiosamente quedan fuera de esta garantía las segundas residencias (Casas de veraneo «kesäasuntoja»). La libertad de expresión sobre la que se presupone actúan quienes vierten injurias por Internet deja de ser de recibo cuando se vulnera el derecho al honor de un tercero. Puede que no siempre sea fácil obtener la protección o el resarcimiento deseables, pero siempre hay caminos para ello.

La Injuria puede ser calificada como falta, o como delito. Si finalmente la Sentencia es estimatoria el órgano jurisdiccional condenará a la Administración al cumplimiento de sus obligaciones en los concretos términos en que estén establecidas. Va a depender de quién lo diga y a quien. En todo caso, la APC «Association for Progressive Communications», que desde 1995 es organismo consultivo de la ONU, y que agrupa a más de cincuenta redes de miembros y socios en todo mundo, en el año 2006 elaboró una carta sobre Derechos en Internet cuyo primer apartado se refiere al «impacto del acceso sobre el desarrollo y la justicia social» indicando que «Un acceso asequible, rápido y fácil a internet puede ayudar a generar sociedades más igualitarias». Se refiere a las condiciones para la validez de las intervenciones telefónicas por medio de “whatsapp” y siguiendo la doctrina constitucional, considera que no se vulnera el secreto de las comunicaciones si el acceso a las aplicaciones del teléfono móvil, se hace previa autorización judicial mediante auto debidamente fundado y referido al encendido del teléfono y con el fin de comprobar y reseñar datos sobre las comunicaciones existentes vía SMS, MMS, Whatsapp, datos de contacto de la agenda, etc.

Las últimas tendencias en este sector apuntan a que: Las redes sociales ya no serán sólo un medio de distribuir información sobre nuestra marca. Asímismo debe conocer las obligaciones legales que se desprenden de tener dispositivos de almacenamiento como “cookies”, y respetar los procesos de contratación en la venta de sus bienes o servicios. Dentro de este ámbito hay que referirse también a cuestiones internas de la Administración o de las relaciones con otras Administraciones, por lo que es preciso acudir a alguna previsión contenida en la LRJSP. De hecho, dice el Tribunal Constitucional que el derecho al secreto de las comunicaciones alcanza al proceso mismo de la comunicación (para evitar el pinchazo de teléfonos u ordenadores), pero una vez finalizada la comunicación en sí, lo transmitido debe protegerse por otros medios, como el derecho a la intimidad o a la propia imagen. Por último, aportar un dictamen pericial, supone introducir en el proceso un medio de prueba De hecho, esta evolución la podemos observar en relación con el derecho de acceso a internet y la generalización del servicio universal. La experiencia de Abogados en estos supuestos hace que se trabaje escrupulosamente en presentar cada una de las pruebas referidas acreditando el mantenimiento de la cadena de custodia y haciendo constar la ausencia de manipulación y cumplimiento de los requisitos para impedir cualquier impugnación de las mismas.

Una vez recabada tal carga probatoria, bastará acreditar la condición subjetiva de la víctima por la que se encuentra legitimado para querellarse ante tal desagravio. Por todo ello, los recurrentes consideran que las medidas acordadas «tienen un sumo potencial para la trasgresión de los derechos fundamentales», por cuanto la facultad discrecional otorgada a las Procuradurías General de la República y locales, en concreto: «a) carece de limitación temporal; no es clara respecto de las personas que pueden o no se ser sujetas a la vigilancia y, no contempla la participación de la autoridad judicial en la autorización, supervisión y revocación de la misma». Por ello, la importancia de la regulación de la Administración electrónica introducida por la LPAC radica en el hecho de que supone una herramienta que, por primera vez, ha sentado las bases para que las Administraciones Públicas lleven a cabo su actuación mediante un procedimiento exclusivamente electrónico, que pretende ser más ágil, transparente y con menor carga burocrática.

De tal modo que «la falta de acceso a las conexiones de banda ancha constituye un aspecto del problema más general que suele denominarse «brecha digital», a saber, la distancia que separa a personas, empresas y territorios en cuanto a oportunidades de acceder a las TIC y utilizarlas». De tal modo, que el acto desplegará efectos, siendo posible que el interesado no haya tenido conocimiento alguno ni de la resolución ni de que se ha practicado la notificación, a salvo de que acceda sistemáticamente y cada menos de diez días a la sede a comprobar si tiene la notificación. Esta dificultad está reconocida en la LPAC implícitamente, al retrasar al 2 de octubre de 2018 la entrada en vigor de la mayoría de los instrumentos que hacen posible el funcionamiento de la Administración por vía electrónica, como hemos señalado. El problema que presenta el delito de injurias por Internet suele residir en la dificultad de entender quien es la persona física que se encuentra detrás de un nick o alias que publica la injuria en medio digital.

Y así «Principios básicos como la limitación en función del objetivo, la proporcionalidad, la legitimidad del tratamiento de datos, los límites del período de almacenamiento, la seguridad y la confidencialidad, así como el respeto a los derechos individuales, el control por unas autoridades de supervisión nacionales independientes y el acceso a recurso judicial efectivo deben quedar garantizados, y debe establecerse un sistema general de protección». un derecho al secreto, a ser desconocido, a que los demás no sepan qué somos o lo que hacemos, vedando que terceros, sean particulares o poderes públicos, decidan cuáles sean los lindes de nuestra vida privada, pudiendo cada persona reservarse un espacio resguardado de la curiosidad ajena, sea cual sea lo contenido en ese espacio». Dada la necesaria brevedad de este artículo no es posible profundizar en el estudio de todas estas cuestiones que, no obstante, no dejan de ser por ello también interesantes y que a buen seguro suscitarán dudas e incertidumbres, como muchas otras cuestiones, que en la práctica diaria habrá que ir solventando. Pero el derecho importante en ese caso era el derecho a ganarse la vida, no el derecho a un caballo. Prestación de servicios en la sociedad de la información, contratación de bienes y servicios informáticos.

Conforme al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, “vejación” es la “acción y efecto de vejar”, y “vejar ” es “maltratar, molestar, perseguir a alguien, perjudicarle o hacerle padecer”. El testimonio de la retractación del acusado se le entrega al ofendido por orden del Juez o Tribunal, y si éste lo solicita, podrá ordenarse que se publique dicho testimonio por el mismo medio que difundió la calumnia o la injuria. Tan sencillo como esto. Así, por sólo citar los datos que se refieren a las comunicaciones electrónicas, los operadores deben conservar los «Datos necesarios para rastrear e identificar el origen de una comunicación: ...Con respecto al acceso a Internet, correo electrónico por Internet y telefonía por Internet: i) La identificación de usuario asignada. (SAP de Málaga, 197/2014, de Málaga, 234/2014, de 9 de octubre; de 14 de abril; de Zamora, 11/2015, de 6 de febrero; entre otras) Para enjuiciar los tipo delictivo de injurias , se parte desde la base de la comunicación entre las personas.

La aplicación de la garantía podría ser más discutible en el presente caso, pues no se trata de comunicaciones, ni de archivos personales, sino de los denominados archivos temporales, que son copias que se guardan automáticamente en el disco duro de los lugares visitados a través de Internet. La CALUMNIA es la FALSA IMPUTACION de un DELITO que de lugar a ACCION PUBLICA. La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». La cuestión es otra. Por lo tanto, cuando se produzcan conflictos de este tipo será necesario llevar a cabo un juicio de ponderación entre las dos perspectivas existentes, la que enjuicia la conducta del sujeto en relación al honor y la que la valora en relación a la libertad de expresión (STC 15/1993,

En éste tipo de delitos se pondera el derecho al honor y a la intimidad (personal, familiar y profesional) de la persona “ofendida” y la libertad de expresión de la que hable o escribe sobre otra. He omitido ex profeso referirme a dichos casos ya que mi intención en este artículo ha sido resaltar cuando sí se aplica la teoría. Es decir, hay casos en los que no se aplicará. Pero lo único que probaría el acta notarial sería la existencia de unos correos en una bandeja de entrada o en una determinada carpeta electrónica y, a lo sumo, podría dejar constancia de la fecha en que –según se viera en el ordenador- podrían haber sido enviados o recibidos. No cabe duda de que las redes sociales han supuesto una auténtica revolución en la manera en que nos relacionamos, sin embargo, estos mismos canales de comunicación se han convertido también en un medio propicio para dejarse llevar y caer en el insulto, la amenaza y la calumnia. El problema es que estos datos no suelen estar encriptados y pueden ser consultados bien por estas webs o incluso por programas maliciosos (troyanos, virus, etc). En todo caso hay que aclarar que las exigencias de tiempo y lugar del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores no tienen por objeto preservar la intimidad del trabajador registrado; su función es otra: limitar una facultad empresarial excepcional y reducirla al ámbito de la empresa y del tiempo de trabajo.

Según la AEPD, el «derecho al olvido hace referencia al derecho que tiene un ciudadano a impedir la difusión de información personal a través de internet cuando su publicación no cumple los requisitos de adecuación y pertinencia previstos en la normativa». En un momento en que criticamos, cada vez más, la labor del legislador en los últimos tiempos, es importante poner en valor la gran calidad del texto de nuestra Carta Magna que llegó a ser verdaderamente profético. Por tanto, cualquier documento con firma electrónica resulta perfectamente admisible como prueba en los procedimientos judiciales, acreditando inicialmente la identidad del firmante e integridad del mensaje electrónico por él firmado, sin perjuicio de que otros medios de prueba puedan desvirtuar su validez. Sin embargo el problema no es tanto de quien no los usa como de quien no permite usarlos El viejo razonamiento de que las obligaciones derivan de los derechos, y que se corresponden exactamente con éstos, no por obvio y consolidado debe dejar de ser tenido en cuenta.

El principal problema en estos casos es hacer frente al anonimato. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el Notario no acredita la autenticidad, veracidad o autoría del documento o soporte exhibido o protocolizado. Reflexiones finales: Límites del Derecho procesal digital ¿Qué puedo decir como cierre de este artículo? Planteo las siguientes reflexiones: El derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en la Constitución y en los Tratados Internacionales (concretado especialmente en el derecho a un debido proceso con todas las garantías, incluido el derecho de defensa y el derecho a no confesarse culpable, y el derecho de prueba o de aportación de los medios de prueba que justifiquen mi inocencia o avalen mi pretensión) no es un formalismo jurídico vacío de contenido. Precisamente la elección del medio para relacionarse con la Administración es otra cuestión que, a mi juicio, no es suficientemente garantista. Si bien, en parte, esta regulación ya estaba recogida en la Ley 11/2007, se aprecia un importante cambio normativo en los principios inspiradores de ambas normas y una notable reducción de las garantías de los Administrados, toda vez que se han eliminado varias referencias que trataban de equilibrar la carga probatoria en las notificaciones electrónicas.

En similar sentido se pronuncian ante la impugnación de correos electrónicos las sentencias de la Audiencia Provincial de La Rioja, sec. -Los correos electrónicos aportados policialmente estuvieron fuera del control judicial y no hubo contradicción de las partes afectadas. II En que consiste el ánimo de injuriar en el delito de injurias Es necesario un "animus iuriandi" (ánimo de injuriar o difamar), que según el contexto podría ser desplazado por otras intenciones como el "animus iocandi" (bromear) o "animus criticandi" (hacer una crítica sin ánimo de ofender) ,"animus coriigendi (corregir) o"animus narrandi" (contar unos hechos o informar). Esto no quiere decir que no se haya tenido en cuenta las injurias o calumnias realizadas en las redes sociales, sino que éstas se encuadran dentro de las que se realicen de forma escrita, aunque sea en formato digital. Estos derecho, juegan en el ámbito jurídico como límites a los derechos de “libertad de expresión” y la “libertad de información”. En cuanto a las personas jurídicas (Sentencias del Tribunal Constitucional 183/1995 o 139/199 hay discrepancias doctrinales que señalan a favor y en contra de la titularidad del derecho al honor por parte de las mismas, al afirmarse que las personas jurídicas carecen de dignidad y por tanto de honor.

Por otra parte, existen elementos comunes de privacidad en los documentos del Consejo de Europa, de la Unión Europea (UE), de la OCDE y de la Organización Asia Pacífico (APEC) que deberían servir de guía. En el ámbito laboral, con menor rigor que en el penal, está garantizado a priori el secreto de las comunicaciones que consagra el artículo 18,3 de la Constitución, así como la interceptación de las mismas, lo que supone en sentido amplio la imposibilidad de apertura de correspondencia o correo electrónico y cualquier otro medio de mensajería. Por tanto, la clave está en descifrar qué se entiende por “identidad fidedigna” del destinatario. Tanto la denuncia por insultos (injuria) como la de calumnias, la persona que la realiza pretende que le sea restituido su honor (de hecho en el Código Penal son considerados como delitos contra el honor) por lo que viene a proteger el honor, la fama o la estima de otra persona. Por lo que «los Estados partes deberían tomar todas las medidas necesarias para fomentar la independencia de esos nuevos medios y asegurar el acceso a los mismos de los particulares». Concretamente, en relación con los datos publicados por el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.), la Agencia, en una significativa Resolución, la dictada el 28 de agosto de 2012 en el que se analiza una reclamación de un ciudadano contra la publicación en el B.O.E.

En otras palabras, el primer presupuesto de la aceptación de un mensaje de WhatsApp como prueba en un procedimiento, es que en su obtención no se hayan vulnerado ni el derecho a la intimidad ni el secreto de las comunicaciones. Y, dentro del conjunto definido de servicios, el artículo 28 recoge: «Establecer comunicaciones de datos a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet, con arreglo a las recomendaciones pertinentes de la serie V de la UIT-T, sin perjuicio de que se puedan utilizar otros interfaces, previa autorización del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en casos concretos y debidamente justificados. Por tanto, no le es exigible a la libertad de expresión “una prueba de la verdad o diligencia de averiguación”. Esto es de especial interés en los plazos señalados en días hábiles (los sábados no se cuentan) y si un plazo señalado en meses termina en sábado (vencerá el lunes siguiente). Fue una sentencia pionera, que refleja el alcance cada vez mayor de los delitos contra el honor en internet. La comisión de este tipo de hechos, han venido a proliferar.

Esto último fue lo que ocurrió en el caso recogido en la sentencia del Tribunal Constitucional, Sala 1ª, de 7 de octubre de 2013 donde el TC apreció la inexistencia de intromisión ilegítima debido a que en el convenio colectivo aplicable se consideraba como falta grave el uso del correo electrónico para fines diferentes a los laborales, por lo que el trabajador debía tener la expectativa razonable de que sus correos electrónicos podían ser fiscalizados legítimamente por la empresa en cualquier momento, como efectivamente ocurrió. Invocando la STC 173/2011, 7 de noviembre, se dice lo siguiente: “En aquella ocasión el Tribunal Constitucional ya advirtió del significado de los derechos que convergen en la utilización de un ordenador, como instrumento para la navegación por Internet y como medio para hacer realidad las comunicaciones telemáticas: "... Ni siquiera es preciso que los insultos se viertan con la publicidad que permiten las redes sociales: en un caso en que se emitieron en una conversación privada entre dos usuarios de Facebook respecto a terceras personas, la SAP Madrid 279/2010, de 21 de septiembre, entendió lesionado el honor de estas últimas.

Las redes sociales serán más un canal de asesoría que de ventas con una vocación más de atención al cliente y esto en el sector legal puede ser determinante porque requerirá una mayor especialización del community manager legal y la apertura a nuevos canales de comunicación. Para ello, y teniendo en cuenta los derechos involucrados, la Comisión proponía la intervención pública en el desarrollo de la banda ancha, sobre todo para garantizar la conexión prioritaria de «centros escolares, administraciones públicas y centros sanitarios». Experimentando ambas cambios radicales. Fue un asunto bastante interesante, no ya por la novedad, que también, sino por la solución final que encontramos para dar validez a los correos, y que la otra parte no nos lo pudiera impugnar por esa facilidad de manipulación de la que hablamos. Regulación sobre como relacionarse los ciudadanos con la administración Si ya la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos posibilitaba a éstos la tramitación de expedientes electrónicos, con la vigente Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, aporta entre sus novedades la regulación electrónica de la Administración y el uso obligatorio para algunos sujetos; pero que nadie se alarme, para la inmensa mayoría de las personas físicas es optativa la comunicación con las Administración Públicas mediante medios electrónicos.

Los internautas han incrementado el tiempo que pasan conectados a la red por medio de ordenadores y dispositivos móviles, y cada vez hacen un uso más sofisticado de esta herramienta. Y es que, en efecto, podemos coincidir con la Agencia en la necesidad de que, en la medida de lo posible, seamos nosotros mismos los que procuremos proteger nuestra privacidad. Pero el camino para la incorporación a los textos constitucionales de estos nuevos derechos nunca es fácil ni rápido. Ante esta situación, lo recomendable es que los obligados intenten hacer la presentación electrónicamente, y, sólo si no pueden, lo hagan en papel haciendo constar esta circunstancia y adjuntando cualquier elemento de prueba que pueda obtenerse (por ejemplo, cuando sea posible, un “pantallazo” donde se aprecie el rechazo o la imposibilidad de presentación), sobre todo por lo que más adelante se indica sobre la subsanación. Contra esos dos medios acudi a la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD, a virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 16, “Derecho de rectificación y cancelación”, el Instructor de la citada Agencia requirió a uno de los medios para que rectificase o cancelase los datos citados, con la advertencia expresa de la apertura de un expediente sancionador, ante lo cual optaron prudentemente por atender mi queja. Las antiguas normas se adaptan o se rehacen.

Será necesario estudiar si el ordenador desde el que se ha enviado es de uso privado o pueden acceder terceros, si estaba en casa o en la oficina o en un cibercafé, si tiene claves de acceso o no las tiene, si se ha enviado desde un ordenador o desde un dispositivo móvil… y cualquier otro elemento que pueda tener relevancia a la hora de considerar que una determinada persona ha sido, ciertamente, emisora o receptora de un determinado mensaje. V. Más garantías Compañías como Evicertia, Lleida.net o la European Agency of Digital Trust llevan varios años ofreciendo estos servicios. La ciudadanía digital poco a poco va entendiendo la importancia nuclear de ejercer un control real sobre su información. Para delimitar tal gravedad a la que hace referencia el Código, la jurisprudencia ha tenido en cuenta criterios tales como la cultura del autor, circunstancias sociotemporales y de lugar, relación con la víctima, sensibilidad de la misma, y en definitiva el contexto en el que éstas se producen. Dicha generalización se concreta en los siguientes tres aspectos: (i) La comunicación por vía electrónica entre los interesados y las Administraciones se configura como un derecho y, en algunos casos, como una obligación; (ii) se articula la utilización de medios electrónicos por las Administraciones en la tramitación de los procedimientos; y (iii) se establece un nuevo régimen de notificaciones electrónicas.

Las plataformas de certificación de comunicaciones electrónicas también ofrecen este tipo de servicos con los mensajes SMS, burofaxes electrónicos y la contratación de servicios a través de Internet. Esto es, cabe el control de abusividad de una cláusula relativa al precio y a la contraprestación si no es transparente. ¿De qué se compone un correo electrónico? Un correo electrónico tiene los siguientes elementos básicos: El destinatario. Su tecnología vehículo a vehículo (v2v) aprovecha comunicaciones m2m para compartir de manera anónima información hiper-local sobre condiciones de tráfico y de meteorología entre vehículos. LA TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO La tramitación simplificada del procedimiento administrativo es otra de las novedades más reseñables de la LPAC. La previsión de recursos y la habilitación del tiempo suficiente para posibilitar que la comunidad académica no quede al margen en este tránsito también describe una objetivo exigible a los gestores universitarios.

Realizar una aproximación al concepto de reputación y los modos concretos de su gestión. Internet y las redes sociales ofrecen enormes oportunidades, pero también grandes retos y amenazas: cualquier persona o medio puede atacar la imagen y el honor de un tercero. Dicho deber de diligencia del que habla el Tribunal Constitucional en su doctrina constitucional, exige un alto nivel de diligencia. Existen herramientas como eGarante que permiten capturar y conservar dichas informaciones para ser puesta a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat  han estado particularmente interesados en este proceso de cambio y sintiéndose partícipes activos del mismo llevan organizando desde hace algunos años la Jornada de Docencia del Derecho y las tecnologías de la información y la comunicación, alcanzando en 2015 su sexta edición. Asimismo, los «Datos necesarios para identificar el destino de una comunicación:... “En el caso del uso por el trabajador de los medios informáticos facilitados por la empresa pueden producirse conflictos que afectan a la intimidad de los trabajadores, tanto en el correo electrónico, en el que la implicación se extiende también, como ya se ha dicho, al secreto de las comunicaciones, como en la denominada "navegación" por Internet y en el acceso a determinados archivos personales del ordenador.

Si la parte impugna los correos aportados como documento electrónico, la LEC (artículo326. remite a lo dispuesto en la LFE, pero esta última sólo contiene disposiciones sobre la impugnación de documentos firmados electronicamente y en lo que respecta a la firma, por lo que sobre el contenido quedarán a las pruebas perciales que puedan efectuarse sobre su integridad, pero al menos podrá disponerse de un medio de refuerzo de la prueba. La intervención del notario no afecta a la intimidad de los comunicantes, pues como dice el Tribunal Supremo, el contenido de esa acta queda protegido, desde un punto de vista subjetivo por el secreto profesional del notario, y desde un punto de vista objetivo por el secreto de protocolo. Hay que conocer que lo que se afirma es falso. La UE también se ha comprometido a proporcionar acceso universal a la banda ancha.  El informe de la compañía Telefónica sobre los datos relativos a las conexiones IP respecto a la cuenta de correo electrónico atribuida a (prueba electrónica . En amarillo donde hay algún tipo de control. Calumnia gratuita. Salvo, como ya dijimos, en el caso de injurias contra funcionarios públicos. Sabemos que están ahí, posiblemente por no decir seguro, incluso le hemos dado al botón de “aceptar” pero no les dedicamos ni un segundo de nuestro tiempo. .

De ahí que entendamos que resulta preferible utilizar los dictámenes periciales como auxiliares en relación con el resto de evidencias probatorias aportadas al proceso, entre las que también adquieren relevancia las testificales que puedan trasladar también al juzgador la convicción de la realidad del mensaje o la comunicación. Esta sentencia casó y anuló la sentencia de la Audiencia Nacional siguiente: Resumen de la sentencia de la Audiencia Nacional (información extraída de la propia sentencia del Tribunal Supremo): La Audiencia Nacional (Sala de lo Penal, Sección Tercera) condenó a, funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, como autor penalmente responsable de un delito de cohecho.

Y es que la mejor medida para evitar cualquier tipo de proceso o problemas con los clientes, es contar con unas condiciones legales adaptadas a la legislación desde el inicio de la actividad. Queremos que este post sirva como introducción al Internet de las Cosas para abogados con un perfil tecnológico (o un interés en sistemas de información) y para que nuestros lectores más habituales conozcan en qué temas debe variar la legislación en vigor para adaptarse al IoT. Comenzando por que la propia norma, dentro del Título Preliminar dedica el Capítulo Cuarto al funcionamiento electrónico del sector público, dentro del cual regula cuestiones tan importantes para el tema como la sede electrónica, el portal de internet, el sistema de identificación de las Administraciones y, en particular, el sello electrónico, la actuación administrativa automatizada –que viene a ser el acto o actuación íntegramente electrónica sin intervención directa de empleado público-, los sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada, la firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones, el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, el aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica o el archivo electrónico de documentos.

Al ser más una prueba electrónica que documental, deberemos de tratarla con cuidado. Yo puedo presentar al juez un resguardo donde está la firma, nombre y apellidos y dni de la persona que ha recogido el burofax. Si es el interesado el que solicita la tramitación simplificada y el órgano administrativo aprecia que no concurre alguna de las razones que legitima su uso, puede desestimar la solicitud del interesado en el plazo de 5 días desde su presentación. Si la expresión proferida o la acción suponen deshonra , descrédito o menosprecio hacia su persona nos encontramos ante un delito de injurias que vienen a socavar la dignidad de la persona.

En este mismo sentido el Tribunal Supremo en sentencia de 25 de febrero de 2009, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, ha manifestado que la libertad de expresión que reconoce el artículo 20.1 de la Constitución Española no es sólo la manifestación de pensamientos e ideas, sino que comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar a aquel contra quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática. El objetivo de formación de este curso es realizar un análisis general e introductorio, desde una perspectiva jurídica, sobre las principales materias afectadas por el uso de internet y la posición que ocupan los ciudadanos, empresas, prestadores y demás sujetos, con especial referencia a las redes sociales. Aunque se mantienen muchas de las reglas ya contenidas en la LAECSP, lo cierto es que también hay novedades, principalmente, que se parte de que la regla general ha de ser, como en toda la ley, los registros electrónicos. Llegados a este punto, es natural preguntarse si la consideración de los sábados como días inhábiles es aplicable a todos los procedimientos o únicamente a los iniciados con posterioridad al 3 de octubre del año pasado por el juego de la primera de las reglas contenida en la Disposición Transitoria Tercera de la LPAC, en cuya virtud a los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior.

"La única y cambiante naturaleza de Internet no sólo permite a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión, sino que también forma parte de sus derechos humanos y promueve el progreso de la sociedad en su conjunto", indicó el Relator Especial de la ONU, los gobiernos "deben esforzarse" para hacer Internet "ampliamente disponible, accesible y costeable para todos". Y, quizás, lo más significativo es que estos movimientos están impactando directamente, y de un modo irreversible, en el rol paradigmático que han venido jugando el docente y el alumnado. Asimismo, que, en ambientes corporativos, cientos de usuarios podías estar conectados a una única dirección IP de salida, que una dirección IP por si sola no puede asociarse a un individuo ni lo identifica, sino que sólo identifica a un equipo informático conectado a una red (de hecho, una variedad de equipos como impresoras, fax, scanners pueden poseer direcciones IP) o que, en fin, las direcciones IP pueden ser falsificadas o disfrazadas.

Por lo que se perfila con suficiencia un listado de condiciones para valorar la calumnia como figura delictiva, que se concretan en: Imputación de un delito a una persona, como expresión con suficiente potencia ofensiva para lesionar la dignidad de la persona, menoscabar su fama o atentar contra su estimación. De la misma forma que se ha explicado antes, en el caso de que alguien esté imputado por calumnia, si demuestra que lo que ha dicho es verdad, quedará exento y con una Sentencia a su favor. Se trata en definitiva de lo que todos conocemos como insultos, expresiones vejatorias que tienen como finalidad ridiculizar, humillar y menospreciar a otra persona. Así como, también será positivo la reparación del daño o el retractarse de forma pública y eficaz de las palabras equivocadas que dijimos.

El responsable del tratamiento procederá a la supresión sin demora, salvo en la medida en que la conservación de los datos personales sea necesaria: para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80; por motivos de interés público en el ámbito de la salud pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81; con fines de investigación histórica, estadística y científica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83; para el cumplimiento de una obligación legal de conservar los datos personales impuesta por el Derecho de la Unión o por la legislación de un Estado miembro a la que esté sujeto el responsable del tratamiento; las legislaciones de los Estados miembros deberán perseguir un objetivo de interés público, respetar la esencia del derecho a la protección de datos personales y ser proporcionales a la finalidad legítima perseguida; en los casos contemplados en el apartado 2º.- Requerir a la red social o plataforma on-line para que retiren ese contenido.

Ello obliga a reflexionar profundamente sobre hasta qué punto el Derecho que ordena nuestras sociedades va a ser eficaz en el mundo de las Redes Sociales ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para reformar la ley orgánica de protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Si en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado, los interesados pueden deducir recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración. Sin embargo, en otros preceptos de esta norma, sin estar dedicados exclusivamente a ello, se encuentran previsiones relacionadas con la Administración electrónica, valga de ejemplo, la regulación de los órganos colegiados, no exenta, por otra parte, de cierta polémica, o la referente al Esquema Nacional de Seguridad, tan importante en la materia y que, no obstante, la LRJSP olvida precisar quién y cómo lo aprueba. Por ello, merece la pena detenernos un momento para reflexionar brevemente sobre las reglas procesales de la prueba judicial.

Postura que aquí no se comparte, no sólo porque suponga dar la espalda a la realidad y provocar que a partir del 2 de octubre del presente año la mayoría de procedimientos fueran nulos, sino porque además de esa cuestión práctica no se entiende en qué vicio de nulidad de pleno derecho se incurre, pues no parece encajar en los enumerados en el antiguo artículo 62 de la Ley 30/1992 y artículo 47 de la LPA.

El contenido. Reglas procesales sobre la actividad probatoria Las reglas procesales que versan sobre la actividad probatoria incluyen fundamentalmente aquellas que establecen el inicio y el final de la fase probatoria en el proceso judicial, el modo y la forma cómo deben practicarse las pruebas y la iniciativa de la actividad probatoria (proposición y aportación de la prueba). La primera vez que presentamos el mail como prueba, nadie usaba la firma electrónica. Navegador con opción de “navegación privada”: Esta cracterística muy útil implementada por algunos navegadores como (firefox, chrome), nos permite navegar sin registrar cookies, cache o el historial de navegación. Si lo ejerzo frente a un buscador, ¿la información desaparecerá de internet? No. Uno de ellos ha sido el “Caso Noos” que cuestiona los emails como prueba y los impugna en base a considerarlos “simples fotocopias de correos electrónicos”.

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