El titular y la entradilla vulneran la presunción de inocencia, dan por hechas cosas que son meras filtraciones de la policía que habrán de ser demostradas en juicio. Sensacionalista.
no tengo mucha idea ni de jueces ni de abogados, pero, leyendo la entradilla, pone: "la ley no contempla el fallecimiento de la mujer de uno de los letrados como causa de suspensión".
Tele a tocado fondo, es la mierda absoluta.
¿Obligar? ¿Le han puesto una pistola en la sien?
te ha respondido perfectamente , solo me queda por puntualizar, que en EEUU solo hubo algo cercano al liberalismo en los años , es una sociedad basada en unos principios liberales, pero hoy en día quien puede decir que eso siga siendo así, solo queda ver la política económica y social de Bush es intervencionismo puro, una sociedad donde se han recortado las libertades individuales en pro de la seguridad, es el arma que siempre ha usado el fascismo (Franco) y el comunismo (Corea del norte).
Es una grandisima putada, pero si esta escrito en el papel... :-S Una pregunta, ¿No existen más partes implicadas? Por ejemplo, la parte acusadora?
Un flashback interesante:
¿he llamado yo a la edad media? Solo he dicho que Él no es quién para dar lecciones de ética a un tio que hará lo hace este abogado, ganarse la vida con el curro que nadie quiere hacer.
viernes, 30 de noviembre de 2012
martes, 20 de noviembre de 2012
Defensa de violadores y asesinos
Por favor alguien me puede explicar por qué fue morborso lo de La Noria. Es que no lo vi y antes de decidirme para votar quiero saber si el tratamiento fue morboso o no (que no lo dudo teniendo en cuenta el tipo de programa).
Qué fue lo que se habló y por qué el abogado dice que estudiarán si le dieron dinero por adelantado ¿Antonio Puerta dio algún tipo de entrevista o tenía firmado algún programa? por favor si alguien me da todos estos datos lo agradecería, porque la verdad si fue tan morboso no me gustaría aumentar las visitas del progama en telecinco, pero sin la información suficiente tampoco puedo saber cómo se trató la noticia. Muchas gracias.
Estoy de acuerdo, pero decir que se hablo del "final de una vida llena de dolor y desolación" es exagerar como poco, hijo de una familia pudiente, si no salió de las drogas no creo que fuera por falta de dinero para pagarle una buena clínica de desintoxicación, por favor, yo no vi ese programa porque jamás veo telecinco pero tampoco hay que hacer martires de gente violenta que se droga porque quiere, no porque nadie les haya puesto una pistola en la cabeza.
Para ver las imágenes censuradas:
andresrguez defensor de canon, Colegio de abogados de Malaga , ley sinde, y a partir de hoy a, eres un crack .
Hombre, comparar a los periodistas con genocidas argentinos, violadores, asesinos y otros es demasiado fuerte... muy demagógico.
"Alegó que su cliente, una importante caja de ahorros, contaba con más abogados que podían reemplazarle"
No lo digas muy alto. Alguno tiene tal catadura moral que te lo acabara justificando de alguna forma.
Qué fue lo que se habló y por qué el abogado dice que estudiarán si le dieron dinero por adelantado ¿Antonio Puerta dio algún tipo de entrevista o tenía firmado algún programa? por favor si alguien me da todos estos datos lo agradecería, porque la verdad si fue tan morboso no me gustaría aumentar las visitas del progama en telecinco, pero sin la información suficiente tampoco puedo saber cómo se trató la noticia. Muchas gracias.
Estoy de acuerdo, pero decir que se hablo del "final de una vida llena de dolor y desolación" es exagerar como poco, hijo de una familia pudiente, si no salió de las drogas no creo que fuera por falta de dinero para pagarle una buena clínica de desintoxicación, por favor, yo no vi ese programa porque jamás veo telecinco pero tampoco hay que hacer martires de gente violenta que se droga porque quiere, no porque nadie les haya puesto una pistola en la cabeza.
Para ver las imágenes censuradas:
andresrguez defensor de canon, Colegio de abogados de Malaga , ley sinde, y a partir de hoy a, eres un crack .
Hombre, comparar a los periodistas con genocidas argentinos, violadores, asesinos y otros es demasiado fuerte... muy demagógico.
"Alegó que su cliente, una importante caja de ahorros, contaba con más abogados que podían reemplazarle"
No lo digas muy alto. Alguno tiene tal catadura moral que te lo acabara justificando de alguna forma.
miércoles, 14 de noviembre de 2012
Como demandar a una pagina web
No obstante, y dada la brevedad necesaria en esta exposición, se limitará la misma a aquellas cuestiones que considero más relevantes. Pero lo único que probaría el acta notarial sería la existencia de unos correos en una bandeja de entrada o en una determinada carpeta electrónica y, a lo sumo, podría dejar constancia de la fecha en que –según se viera en el ordenador- podrían haber sido enviados o recibidos. Además, también es diferente la injuria de la sátira o la broma. El marketing de contenido dará paso al contenido inteligente que servirá para dar la información correcta al cliente determinado en el momento preciso. Por ello, os presentamos este curso gratuito que ha puesto en marcha El progresivo avance en el uso de Internet está desbancando al resto de medios de comunicación convencionales. En cuanto a las previsiones de la norma por lo que se refiere a la remisión del expediente y, en particular, que para la misma éste debe ser autenticada, se comprende que dicha autenticación se efectuará a través de las copias auténticas a que se refiere el artículo 27 de la LPA, el cual es, a mi juicio, primordial. Está aumentando alarmantemente el número de falsos peritos informáticos que en la mayoría de casos no están ni titulados o no tienen experiencia alguna en este tipo de casos, costándole el litigio a sus clientes por su impericia.
Nota informativa sobre el ejercicio del 'derecho al olvido' Cinco puntos clave para ejercer el 'derecho al olvido'. Por otro lado, la red siempre nos concede, o al menos eso pensamos, un carácter de anonimato, el cual nos lleva a pensar que cualquier acto que realicemos en la red quedará oculto por el velo de la pantalla. La próxima entrada en vigor, el día 2 de octubre de 2016, de las Leyes 39/2015, de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de la misma fecha, de Régimen jurídico del Sector Público, trae consigo nuevas obligaciones para las personas jurídicas, y también para algunas personas físicas, como es el caso de los profesionales de colegiación obligatoria. Tal principio es un buen punto de partida cuando se habla de regular Internet pues es una manera para proteger el derecho a la libertad de expresión, pero paulatinamente algunos Estados han establecidos leyes que hasta cierto punto regulan esta actividad en redes teniendo en cuenta el masivo alcance que puede tener una publicación en la Web. Esta decisión de la Agencia, a su vez, es recurrible ante los Tribunales. Como señala el informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (el “Informe CORA”), se trata de tener una Administración Pública moderna, transparente, ágil, libre de solapamientos, duplicidades y libre de gastos innecesarios. Por consiguiente, «la adopción de un instrumento de conservación de datos que cumpla los requisitos del artículo 8 del CEDH es una medida necesaria».
Un par de años más tarde, la Ley 57/2007, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, en su Disposición Adicional Segunda señalaba que: «El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, impulsará la extensión de la banda ancha con el fin de conseguir, antes del 31 de diciembre de 2008, una cobertura de servicio universal de conexión a banda ancha, para todos los ciudadanos, independientemente del tipo de tecnología utilizada en cada caso y de su ubicación geográfica». El Juez debe valorar que la prueba se haya obtenido de forma lícita y sin ser contraria a los derechos fundamentales (artículos 14 a 30 CE). I Las injurias por internet en el artículo 208 del Código Penal Por injuria, según el artículo 208 del Código Penal hay que entender "la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación." La conducta típica de la injuria consistirá por tanto en ofender o vejar gravemente en un concepto amplio, tanto de imputaciones de hechos (que no constituyan delitos o estaremos ante una calumnia), como acciones o expresiones con clara finalidad difamatoria. ...
Los argumentos más importantes eran que, en el caso de ordenadores compartidos -bibliotecas, cybercafés, etc.- la asignación de direcciones IP podía ser compartida también por muchas personas diferentes, que muchos proveedores de internet asignaban direcciones IP dinámicas, por lo que varias cuentas diferentes podían usar la misma dirección IP durante el curso de una semana. De hecho, para esta Comisión del Senado, «es una responsabilidad de los legisladores y del Gobierno Central y de los de las Comunidades Autónomas garantizar la igualdad de oportunidades a los ciudadanos y a los territorios del Estado». No pueden cambiar las leyes cada vez que hay un cambio tecnológico, pues como diría Mark Zuckerberg: “las formas de comunicación cambian a la misma velocidad que cambia nuestra sociedad”. Este derecho debería entenderse como el derecho de las personas a impedir que datos personales propios circulen por internet sin su consentimiento. Esto, en realidad, no es diferente del caso en el que una persona impugna un documento firmado alegando que le han falsificado la firma… y de la misma manera, existen pruebas periciales que pueden solicitarse para que el juez se convenza de la autenticidad de la prueba. En primer lugar, es necesario referirse a si basta con el sistema de identificación o es necesario el de firma para entender practicada electrónicamente la notificación.
La otra forma de recibir notificaciones es en la sede electrónica de la concreta Administración. Con ellos «y el apoyo de determinados derechos expresamente reconocidos en la Constitución de 1978, así como en Textos internacionales, es posible extender la tutela a ciertos derechos de singular relieve e importancia en el actual momento de la historia». Repito, de TODO. Por ejemplo decir que alguien es un ladrón, maltratador o estafador, etc. En conclusión, nunca aportarlos sólo en papel, utilizar en el envío firmado digitalmente, indicar siempre el ordenador o servidor de correo donde se han recibido y poner medios para evitar su destrucción por si hubieran de practicarse pruebas para demostrar su autenticidad. También pueden ser sujetos pasivos de este delito, grupos o colectivos con una determinada identidad histórica, sociológica, étnica o religiosa. Y, en fin, el 10 de agosto de 2011 el Secretario General de la ONU trasmitió a la Asamblea General el informe del Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión en el que se señala que «aunque el acceso a internet aún no es un derecho humano como tal... coincide en que el mero reconocimiento como derecho prestacional serviría de poco. Estamos viendo con harta frecuencia como en los programas televisivos de realitys shows, se producen con absoluta normalidad diaria, la comisión de este tipo de delitos o faltas de Injurias, quedando en muchos de ellos como meras anécdotas sin ninguna consecuencia penal.
De ahí que los elementos que definen las garantías y los límites del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores, no sean aplicables al control de los medios informáticos. Los delitos de injurias y calumnias prescriben al año, por lo que se aconseja tomar medias cuanto antes, ya que transcurrido este plazo, no será posible proceder contra ellas. También se exige una difusión considerable. En el sector de la abogacía todavía es difícil de entender para muchos abogados, que encargan la tarea de “ganar clientes” a un community manager o que emprenden las campañas ellos mismos, que es muy difícil determinar qué beneficio económico se obtiene de la inversión que realizan en redes sociales. Y por tanto, debía defender su derecho al honor en Internet. Y es que, las notificaciones judiciales en forma de correo certificado o burofax no siempre llegan a su destinatario. os recomendamos este Libro sobre correos electrónicos: Ya traté en otro post el tema de las Grabaciones de Voz como medio de prueba dentro de un proceso judicial: Grabaciones. La prueba electrónica proveniente de un árbol envenenado La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª) nº 16/2014 de 30 enero, recoge un interesante caso donde se absuelve al acusado debido a la obtención ilícita un medio de prueba electrónica que le podía condenar. Yo puedo presentar al juez un resguardo donde está la firma, nombre y apellidos y dni de la persona que ha recogido el burofax. Pero, ¿qué es una injuria? Según el código penal es “la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”.
Así, mientras en el primer supuesto cuando un día sea hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que reside el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso; si se trata de la presentación por vía electrónica, no. Ello se logra a través de contratos redactados específicamente para su empresa que son aceptados por los usuarios y con textos que deben ser incorporados en la web para evitar el incumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Sin publicidad, las ideas, pensamientos o criticas desproporcionadas que se puedan verter, no caerán en el terreno de las injurias, al no difundirse la información que se comunique. En este articulo se analiza porqué es importante la privacidad, qué cambios introducen las nuevas tecnologías en relación con el tratamiento de nuestros datos personales, cual es la percepción de los ciudadanos y como avanzar para conseguir un ecosistema sostenible en el que mejore la confianza entre las personas y los diferentes agentes que intervienen en nuestra privacidad.
Hay otra tendencia que se está consolidando en forma de nuevas aplicaciones y servicios que son los asistentes virtuales cuyo objetivo es que nos proporcionen aquello que necesitamos en cada momento. Injuriar y calumniar en Internet supone dar “publicidad” a los insultos, lo cual agrava la calificación de los mismos, puesto que el daño causado a la víctima es mayor que si se lleva a cabo en un ámbito acotado o privado. Lo vemos muy claro en ciertas operaciones policiales muy mediáticas (llevadas a cabo en los últimos años) donde se enjuicia a ciudadanos, abogados, políticos o cantantes por opiniones vertidas en sus cuentas de Twitter.
Como varios Estados, entre ellos España, hicieron uso de esa posibilidad, aunque con una gran diversidad en sus legislaciones, su corrección e igualación venía obligada, que es lo que pretendía la nueva Directiva del año 2006. Cuente siempre con un perito informático debidamente cualificado que obtenga correctamente las evidencias, las estudie, emita un dictamen, o bien someta a duda razonable la integridad de la prueba aportada de contrario, y lo defienda con garantías en sede judicial. No es necesario contestar inmediatamente si con ello evitamos una respuesta precipitada aunque sí no se debe demorar mucho. El concepto se utiliza principalmente para denominar al sistema que brinda este servicio vía Internet mediante el protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), pero también permite nombrar a otros sistemas similares que utilicen distintas tecnologías. El conocido copypaste que además de ser, obviamente mal visto, puede suponer una vulneración del derecho de la propiedad intelectual de otro autor. Centrándonos en el primero de ellos, el derecho al honor, podríamos definirlo como aquel derecho que tenemos todos a ser tratados con respeto y a no sufrir desconsideraciones que puedan menoscabar la estima e imagen que los demás tienen de nosotros.
Si usted o algún familiar o amigo se considera víctima de un delito de injurias con publicidad por la red a través cualquier medio o de una red social, no dude en contactar con nosotros. Una ley para definir un protocolo obligatorio Con este escenario, y como no todos los prestadores de servicios de Internet tienen bien definido un protocolo de gestión de las cuentas de los difuntos, una nueva Ley, impulsada por el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, promete dar respuesta (dentro de sus posibilidades competenciales) a todos los usuarios que deseen regular su patrimonio digital. Así se establece tras una Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo. iii) El nombre y dirección del abonado o del usuario registrado al que se le ha asignado en el momento de la comunicación una dirección de Protocolo de Internet (IP), una identificación de usuario o un número de teléfono».
Si el responsable de la injuria recibe o le prometen recibir recompensa por la comisión del delito, podrá ser además inhabilitado para el ejercicio de su cargo público, oficio o profesión por un tiempo comprendido entre 6 meses y 2 años. Será también responsable civil solidario junto con el ofensor, la persona física o jurídica propietaria del medio de comunicación a través del cual se haya propagado la calumnia o injuria. De tal modo que, en base al mismo, «todos los usuarios finales puedan obtener una conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas desde una ubicación fija». Hoy internet es una tecnología que mañana puede ser superada". En España, Orange ofrece su tarifa Colibrí, que también permite el acceso ilimitado a Facebook o Twitter sin consumir la tarifa. Como transposición de dicha Directiva se aprobó en España la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, por lo que a partir de ahora, las operadoras no podrán almacenar dichos datos, lo cual dificultará la labor de investigación de las autoridades policiales. A partir de lo dicho surgen las siguientes preguntas: ¿qué validez y eficacia probatoria tiene el medio de prueba obtenido a partir de otro que es ilícito?
¿Es aquél también nulo de pleno de derecho aun cuándo permitiera acreditar indubitablemente la existencia de un daño o la comisión de un delito? Veamos los siguientes casos: En un proceso judicial de divorcio ocurrido en Italia (el caso se describe en la sentencia de 18.03.2015 del Tribunal Ordinario de Roma, siendo la juez relatora) el marido, con el fin de acreditar la relación adúltera que su mujer mantenía con otro hombre, aportó como medios de prueba mensajes de SMS intercambiados por su mujer con su amante desde el teléfono móvil de aquélla, y fotografías y mensajes de textos obtenidos de la red social Facebook. Así como este anverso de la noción se da por sabido en las normas, éstas, en cambio, intentan aprehender el reverso, el deshonor, la deshonra o difamación, lo difamante. [Botón con el símbolo de la @] Absurdas en sí mismas por lo que casi no habría ni que responder, pero lo cierto es que la escasez de recursos materiales y personales para la implantación de la administración electrónica, así como la confusión a la que ha contribuido la Disposición Final Séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), en relación con la entrada en vigor de algunas de sus previsiones (en particular, las relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico , y que se ha llegado a extender a la práctica totalidad del articulado), exigen recordar las obligaciones legales que se derivan del nuevo marco normativo para el conjunto de los empleados públicos.
¿Cuántos ordenadores había en España en 1978? Casi podríamos contarlos y, sin embargo, nuestro legislador constituyente ya previó, años antes incluso que organismos internacionales como la OCDE, la potencial amenaza que podían constituir las incipientes nuevas tecnologías para los derechos fundamentales de las personas. Una vez interpuesta la querella, ésta deberá ser admitida o rechazada. En este sentido señalaban la dificultad que se le plantean a empresas como Google, que recolectan direcciones IP «para garantizar la seguridad y la calidad de servicios», la caracterización de estos datos como «datos personales», tanto a la hora del impacto negativo que tendrían en sus operaciones técnicas, como a la hora de cumplir con los requisitos establecidos por las legislaciones nacionales para tratar los datos personales.
Especialización de la estafa a través del Phishing No obstante, el delito que más ha crecido en los últimos años es el de la estafa de Phishing. Además, el 60% de las líneas se situaban en el tramo de velocidad media (entre 2 Mb y 10 M, no incluido), con un coste superior, también de la mejor oferta, en un 11,5 % a la media de la UE. Asimismo, indican que «la interrupción del acceso a Internet, o a parte de este, aplicada a poblaciones enteras o a determinados segmentos del público (cancelación de Internet) no puede estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional. REQUISITOS DE LAS INSTANCIAS Ya se ha señalado que hay personas que están obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración. Consideraciones generales.
Recopilar toda la información posible Lo primero que se recomienda hacer si se es víctima de uno de estos delitos es recopilar la mayor cantidad de pruebas posible. El sistema de prueba legal se aplicará –solo y exclusivamente- en los casos que la ley así lo disponga de modo expreso, cómo sucede cuando la prueba electrónica se basa en un documento público con firma electrónica avanzada (artículo 319.1 LEC y artículo 3.6 LFE), sin perjuicio de que en dicho caso el juez pueda realizar una valoración del instrumento conforme a las reglas de la sana crítica, cuando éste haya sido impugnado (artículos 320 y 384.3 LEC). delitos-honor-calumnias-injuiras Los ataques más directos y graves contra el derecho al honor aparecen tipificados en el Código Penal como delitos bajo dos figuras: las calumnias y las injurias. Es dado preguntarse si esta previsión es aplicable a los procedimientos sancionadores en los que, a 3 de octubre de 2016, no hubiese recaído resolución o, habiéndolo hecho, esta no fuese aún firme.
Si bien es cierto que el ciudadano esta encantando porque dispone de aplicaciones y servicios gratuitos que le hacen la vida más fácil y que las empresas, cuyo modelo de negocio se basa en la explotación de datos personales, están dando cada vez más herramientas para que el usuario tenga un mejor control de su privacidad no es menos cierto que el centro del ecosistema actual está ocupado por estas empresas que actúan como agregadores de los datos recogidos por ellos mismos o por terceras partes. Que dicho motivo se refiera a su concreta situación personal y Y que el motivo alegado justifique el derecho de oposición solicitado” No obstante, es destacable la regulación de un verdadero estatuto jurídico de la denuncia administrativa (artículo 62 de la LPAC). La revisión legislativa necesaria puede ir desde cambios normativos hasta redactar nuevas leyes por lo que la manera de abordar estos temas tan interesantes varía (y cada uno arroja cuestiones a debatir diferentes). Por lo tanto, se habla de la necesidad de, en primer lugar, garantizar el derecho de acceso para todos los ciudadanos a estas nuevas tecnologías (para evitar lo que se conoce como la «brecha digital», con independencia de su nivel cultural, social o económico. Hoy internet es una tecnología que mañana puede ser superada".
Se tiene además la creencia generalizada de que es difícil perseguir este tipo de conductas. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y esto no es una exageración: hoy no nos llamamos, nos “whatsappeamos”; no hablamos, “chateamos”; y no contamos, “twitteamos”. Así mismo, los servicios por reclamación de robo de dominios comenzaban a despuntar. Pero el problema no se plantea sólo en la posibilidad de acceso a internet, sino que el acceso a la Red se haga en condiciones de calidad y de rapidez. En suma, la publicación de la LPAC es condición necesaria, pero no suficiente, para contar con una Administración electrónica eficaz. Alguna otra cuestión que se prevé en la LPA tiene incidencia en la Administración electrónica, valga de ejemplo, la publicación de las normas en el artículo 131, no obstante, cabe remitirse en este caso al desarrollo que de cada una de esas materias se hace en otros artículos de este monográfico. ¿Incurre la red social en algún tipo de responsabilidad? Según el artículo 212 C.P. Con excepción de su conservación, los datos personales contemplados en el apartado 4 solo podrán ser objeto de tratamiento a efectos probatorios, o con el consentimiento del interesado, o con miras a la protección de los derechos de otra persona física o jurídica o en pos de un objetivo de interés público.
¿Sabes qué información compartes, queriendo y sin querer, en redes sociales y a través de concursos, publicaciones, etc? Nuestra huella digital es casi imborrable, aunque ya está admitido el ‘borrado’ o ‘derecho al olvido’ en Google en Europa. Un ejemplo de injuria en las redes sociales, caso real: Es el de un compañero del trabajo, que pone en su estado de Whatsapp, “no fiarse de Francisco López” (nombre ficticio), pudiendo ver tal menoscabo del honor personal y profesional de su compañero, todo un entorno común de clientes y personas relacionados con ellos. Estos procedimientos deberán resolverse en el plazo de 30 días desde que se comunique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada (excepto que quede menos tiempo de seguir la tramitación ordinaria). Las dificultades que la puesta en marcha de la Administración electrónica comporta han determinado, sin embargo, que algunas cuestiones incorporadas a la Ley no produzcan efectos hasta el 2 de octubre de 2018, dos años después de su entrada en vigor, en particular, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo electrónico único (Disposición Final Séptima). En los casos en que se haya producido la ofensa por medios publicados como es el caso de Internet, la prueba es más sencilla, podrán utilizarse correos electrónicos, publicaciones en webs o redes sociales y mensajes de teléfonos móviles.
Es cierto que la libertad de expresión ampara la crítica, incluso la crítica molesta, acerba o hiriente, pero la crítica de la conducta de una persona es distinta de la utilización de expresiones injuriosas, que quedan fuera del ámbito protegido por la libertad de expresión (STC 336/1993, La cuestión del consentimiento también tiene una enorme importancia en relación a la persecución de los delitos cometidos por la divulgación de datos o imágenes de terceros. Los únicos trámites de ese procedimiento son los siguientes: – Inicio (de oficio o a solicitud del interesado). En las notificaciones electrónicas hay que distinguir dos momentos fundamentales: o el de “puesta a disposición”, que es el momento en que la Administración “cuelga” la notificación, de forma que el interesado puede acceder a ella y o el de “acceso”, cuando éste la ve (en ese momento se produce la notificación). Posteriormente, una vez obtenidos dichos datos, se procederá a presentar la demanda de conciliación previa a la querella por calumnias e injurias. Según ha explicado Portal Ley a Teknautas, "valen capturas de pantalla o fotografías de las amenazas o insultos, aunque lo mas aconsejable es levantar acta notarial de los contenidos". Y lo cierto es que hay muchas Administraciones que aún no están preparadas, o aún no lo están para todos los procedimientos (las que tienen sede electrónica suelen tener un listado de procedimientos habilitados electrónicamente).
Por tanto, habrá que entender que dichos órganos lo remitirán después a aquél que esté habilitado a tales efectos. Para el Gobierno inglés, «el seguimiento no consistió pues en nada más que un análisis de la información generada automáticamente para determinar si las instalaciones del College se habían usado con fines personales». iii) El nombre y dirección del abonado o del usuario registrado al que se le ha asignado en el momento de la comunicación una dirección de Protocolo de Internet (IP), una identificación de usuario o un número de teléfono». Web, correo electrónico, mensajería instantánea, comercio electrónico, alacenamiento en la “nube”, videojuegos, móviles … casi todo lo que usamos fluye hoy por internet, y es que los últimos años “la red de redes” se ha convertido en una parte esencial en nuestras vidas incluso más de lo que fue la telefonía en el pasado siglo. Los Me Gusta en páginas de Facebook, nuestros retuits (RT) en Twitter, a quién seguimos o dejamos de seguir… Todo lo que hacemos deja una huella digital sobre lo que somos y qué gustos tenemos. ¿Por qué motivo la AEPD dice una cosa y la contraria,, en el mismo asunto? La verdad es que me gustaría saberlo, y la única explicación que encuentro es que sabían a quienes tenían enfrente, y no se atrevieron con ellos. El delito de calumnias según el artículo 205 del Código Penal, es "la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad".
“Es esencial para la consecución de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y ningún estado debería intentar frenar esto”. A pesar de todo lo anterior, siempre cabrá la posibilidad de que la parte contraria siembre en el juez la duda de si el mensaje, los documentos adjuntos o las cabeceras fueron alterados antes de su depósito notarial. La particularidad del proceso es que probablemente el tránsito de la primera esté generando muchas más tensiones (y resistencias) que el de la segunda, pues, no sólo debe detener una inercia milenaria, sino que, además, debe hacerlo marcando un nuevo rumbo. Este derecho fundamental recogido en el artículo 18.1 Constitución Española no es ilimitado ya que como se viene apuntando tradicionalmente, el derecho de uno termina donde comienza el derecho de otro y por tanto se limita cuando entra en colisión con el derecho al honor, derecho fundamental recogido en el artículo 20.1º Constitución Española.
Y es que, como se ha advertido, teniendo en cuenta el panorama que se ha expuesto, lo más prudente sería elegir el papel, pues si una vez escogida la comunicación electrónica y hasta que se produzca un cambio en esa elección, las notificaciones se practicarán como se ha explicado, se corre un riesgo importante en futuros procedimientos iniciados de oficio por esa Administración. El sujeto ha de tener intención de injuriar o, al menos, debe ser consciente de la gravedad de sus insinuaciones. Por ello, dejarnos llevar por un momento de enfado o frustración puede salir caro. No es necesario que el delito probado coincida exactamente con el que se imputó: si se imputa un hurto que finalmente resulta ser un robo, no habrá delito. De esta forma, tanto la distinción entre ambos delitos como la forma de denunciarlos exige la asistencia de abogado especialista en calumnias e injurias. A tal efecto resultaría constitucionalmente lícito que la empresa predeterminase las condiciones de utilización para fines sindicales de las comunicaciones electrónicas, siempre que no las excluyera en términos absolutos". Pero, en la práctica, estas funcionalidades han supuesto una invasión tan importante en la privacidad que también algunas autoridades de protección de datos han adoptado medidas al respecto.
Que el acusado reconozca la falsedad o desconocimiento de veracidad reduciéndose la pena inferior en grado. Artículo 208 CP: “Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Dentro de la protección del honor se encuentran los delitos de calumnias e injurias Entre los delitos más usuales y también los más conocidos por la ciudadanía se encuentran las injurias y las calumnias. Por lo que se refiere a la primera cuestión, es de destacar la aparición de algunas iniciativas privadas para la construcción de ordenadores portátiles con pocas exigencias técnicas, que incluyan la conexión a internet y que tengan un coste reducido]. Un ejemplo clásico de venganza es la difusión de imágenes de desnudez de la expareja (SAP Alicante 63/2012, de 2 de febrero), mientras que en otros casos se lesiona la intimidad con el ánimo añadido de lesionar la reputación de la víctima, tal y como abordó la SAP Barcelona de 15 de abril de 2010, en un caso en el que se colgaron fotos de la víctima junto con frases obscenas a través de las cuales se daba a entender que dicha persona se ofrecía para todo tipo de prácticas sexuales. Las dificultades son varias y algunas de calado.
Aunque si eso es lo que parece deducirse del artículo 12.2, no debe olvidarse que el artículo 13 de la misma norma en cuanto a los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, enumera, entre otros, el de ser asistido en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas (letra b), así como el de la obtención y utilización de medios de identificación y firma electrónica contemplados en la ley. Tal principio es un buen punto de partida cuando se habla de regular Internet pues es una manera para proteger el derecho a la libertad de expresión, pero paulatinamente algunos Estados han establecidos leyes que hasta cierto punto regulan esta actividad en redes teniendo en cuenta el masivo alcance que puede tener una publicación en la Web. Se trata de derechos básicos para que las personas puedan desarrollar su vida sabiendo que su dignidad e intimidad están protegidas por el ordenamiento jurídico. De esta forma, no solo se garantizaría la recepción pasiva de información, sino el derecho activo a acceder a ella. También es importante conocer cuáles son los derechos y obligaciones que le asisten, como consumidor, usuario o empresario. Una sociedad en la que las personas pueden ser controladas en todo momento es una sociedad que engendra conformismo, obediencia y sumisión, es por ello que los regímenes totalitarios, de los más cerrados a los más abiertos y sutiles, anhelan este control de la vida privada para ejercer su poder.
Del archivo digital original al imprimirlo se pueden producir todo tipo de alteraciones y modificaciones, por lo que si a la parte contraria no le interesa que sea tenido en cuenta bastará que se oponga para que su valor probatorio sea prácticamente nulo. El demandante solicitó de la Justicia una condena para dicho diario por una supuesta intromisión ilegítima en dos de sus derechos fundamentales (a la intimidad y a la propia imagen). Es más, «en algunos casos, esas imágenes pueden haber sido obtenidas ilícitamente, recuperándolas de otros sitios públicos como las memorias caché de los motores de búsqueda», u obteniéndolas a través de fotografías realizadas con dispositivos móviles (cámaras o teléfonos, por ejemplo) que permiten a los usuarios «obtener imágenes y conectarse en tiempo real a servicios en línea a través de conexiones permanentes». (i) Sede electrónica Es la dirección electrónica que está disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública o a varios organismos públicos o entidades de Derecho Público.
Existen múltiples herramientas para la gestión de redes sociales como por ejemplo Hootsuite que permite la monitorización de todas nuestras redes sociales, programar contenidos, controlar la información corporativa y personal, realizar informes gratuitos y manejar múltiples cuentas. A la vista de esas encuestas o estadísticas, la conclusión sobre lo que evoca la administración electrónica está clara y permítaseme caricaturizarla: una especie de concierto rock donde buena parte del publico está sordo y donde otra buena parte de los músicos se formaron con el órgano y coro de la iglesia. Por tanto, es evidente y claro que nuestro ordenamiento jurídico no ampara ni amparará conductas negligentes, rumores o inventivas. Pese a lo que digan ni la privacidad ha muerto, ni el Derecho va por detrás de Internet, o no al menos en sentido estricto. El cambio fundamental, en mi opinión, pasa por situar al individuo en el centro del ecosistema (este espacio ahora lo ocupan las empresas que recolectan nuestros datos) y que tenga derecho real y efectivo a conocer que información personal tienen de nosotros, el derecho a rectificar y cancelar, el derecho a obtener toda la información que un determinado servicio tiene de nosotros, el derecho a compartir y disponer de mi información personal como y cuando yo quiera. Y son mandatos jurídicos asimétricos, porque su vigencia dependerá del grado de cumplimiento por cada administración de los canales electrónicos, y del grado de responsabilidad de autoridades y funcionarios para su implantación antes de que llegue el plazo fatal.
La primera de ellas que, como indica el citado artículo 31.2, c), el inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u Organismo, siendo necesario, en todo caso, que la fecha y hora efectiva de inicio del cómputo de plazos sea comunicada a quien presentó el documento. En el burofax una compañía ajena (un tercero como dice el artículo) me certifica el contenido (esto también lo hacen estas compañias) y lo más importante: el resultado de la entrega. De hecho se erige como la piedra angular del estado de Derecho, y de forma mucho más concreta de la implementación de la LPA. Por lo que cuando regula las notificaciones y se acuerda de los procedimientos iniciados de oficio, se limita a decir que en éstos, a los solos efectos de su iniciación, las Administraciones Públicas podrán recabar, mediante consulta a las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos sobre el domicilio del interesado recogidos en el Padrón Municipal. Las tecnologías emergentes normalmente se ven limitadas por la legislación y las regulaciones vigentes ya que al ser disruptivas suelen desafiar los límites previamente establecidos. donde se exime de dicha certificación, cuando deban de practicarse diligencias con carácter de urgencia.
Más concretamente, la APC proclama «derecho a interfaces, contenido y aplicaciones accesibles para todos (incluido el diseño)», de tal modo que interfaces, contenidos y aplicaciones deben diseñarse para garantizar el acceso de todos, incluso las personas con discapacidades físicas, sensoriales o cognitivas, las personas analfabetas y las que hablan lenguas minoritarias». Al otro lado del Atlántico, Costa Rica declaró el acceso a internet como un derecho fundamental de los ciudadanos en una sentencia de la Sala Constitucional en 2010, la Constitución mexicana recoge que el Estado ha de garantizar el derecho de acceso a la banda ancha e internet desde 2013 y en Brasil también plantean incluir este derecho en la Constitución Federal si sale adelante una reciente propuesta de enmienda a la Constitución. Hoy queríamos ayudar a la difusión de esta, de la cual destacamos las siguientes partes que no tienen absolutamente ningún desperdicio: No hay ya concesiones a la adaptación para el cumplimiento de una norma en vigor desde 2007. Luego, quien reciba dicho email tiene distintas posibilidades. Debemos apostar por un marketing multicanal porque nuestros clientes son multicanales. Si insultas o injurias a alguien, tienes la intención de vejarlo, ir en contra de su dignidad, difamarlo o menoscabar su fama, estarás cometiendo un delito de injurias con el agravante de publicidad.
Si la CE en su artículo18.4 establece que: «La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos» (...) cabe preguntarse si, a la luz de la doctrina recogida en la Sentencia dictada por la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la UE, las informaciones que se mantienen en las páginas Web sobre hechos imputables a personas físicas(o jurídicas) que dieron lugar a actuaciones judiciales ya sobreseídas, pueden incurrir en los delitos de injurias y calumnias hechas con publicidad, tipificadas en Título XI del Libro II Código Penal. En este tipo de recurso, el plazo para recurrir es de dos meses contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo anteriormente citado de tres meses (artículos 29.1 y 46.2 LRJCA). Su uso, cada vez más extendido, lleva asociado un número creciente de aspectos legales que han requerido un esfuerzo interpretativo y, en algunos casos, la revisión de la normativa en cuestión. Actualmente nada menos que un 43,53% de los juzgados soportan una carga de trabajo superior al 150% de la media fijada por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según el informe Órganos que sobrepasan el 150% que el propio CGPJ publicó el pasado mes de octubre. El contenido de 44 correos electrónicos supuestamente intercambiados - prueba electrónica .
Por lo tanto, mientras no se resuelvan las vulnerabilidades de seguridad detectadas en Whatsapp, dichos mensajes no serán admisibles en un proceso judicial por no poder acreditar ni su autenticidad, ni su integridad y pueden ser revocados por la parte contraria en caso de ser presentados. En el Social Media Management Legal no debemos conformarnos con analizar lo que ya existe porque volveremos a correr el riego de llegar tarde. Veamos algunas claves de los delitos contra el honor en internet y en otros medios: Pueden producirse conflictos entre la libertad de expresión y el derecho al honor. Todo surgía a razón de un procedimiento donde las únicas pruebas que teníamos eran, precisamente, correos electrónicos. En suma, la publicación de la LPAC es condición necesaria, pero no suficiente, para contar con una Administración electrónica eficaz. Frente a un problema como éste, los e-mails certificados por este tipo de empresas especializadas pueden convertirse en la herramienta perfecta para realizar estas comunicaciones. La otra parte presentará siempre su oposición e impugnará las referidas pruebas basándose en que se han conseguido de forma ilegal y que existe vulneración del derecho a la presunción de inocencia del artículo 24.2 de la Constitución y, evidentemente infracción del citado artículo 18.3 del mismo Texto legal. No pueden cambiar las leyes cada vez que hay un cambio tecnológico, pues como diría Mark Zuckerberg: “las formas de comunicación cambian a la misma velocidad que cambia nuestra sociedad”.
De otro lado, es fundamental que el interesado pueda tener acceso electrónico al expediente de tales características, pero la ley nada prevé en cuanto a que deba estar diseñado de tal modo que lo haga en exclusiva -no sólo al expediente que le afecta- sino además que no pueda tener acceso a aquella parte que pueda ser confidencial. Sin embargo valoramos nuestra privacidad y hay una corriente creciente que empieza a preguntarse sobre donde están los limites y si hay desequilibrios que se deberían corregir. El ofendido deberá interponer querella contra el presunto autor, tal y como establece el Artículo 215 C.P, ya que no se trata de un delito perseguible de oficio. Un par de años más tarde, la Ley 57/2007, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, en su Disposición Adicional Segunda señalaba que: «El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, impulsará la extensión de la banda ancha con el fin de conseguir, antes del 31 de diciembre de 2008, una cobertura de servicio universal de conexión a banda ancha, para todos los ciudadanos, independientemente del tipo de tecnología utilizada en cada caso y de su ubicación geográfica».
Y sin duda, dos puntos clave en las relaciones entre los ciudadanos y la Administración, dado que el primero de ellos, es decir, el registro electrónico, constituirá el modo habitual de presentación de escritos del administrado, mientras que a través de las segundas, las notificaciones, los actos administrativos en su mayor parte, despliegan efectos. Asimismo se comprometió a eliminar antes del 15 de octubre de 2012 cualquier patrón o modelo de datos que se usara como base para reconocer las caras de los usuarios. calumnias e injurias, delitos contra el honor calumnias e injurias, delitos contra el honor La protección del honor se configura en nuestro Ordenamiento Jurídico como un derecho fundamental de todas las personas físicas y jurídicas, incluidas las personas fallecidas. En definitiva nos encontramos con una exposición absoluta de la intimidad personal. Hasta ahora, la comunicación tradicional era la regla y las notificaciones electrónicas eran la excepción. Jurisprudencia social.- -STS de 26 de septiembre de 2.007, dictada en unificación de doctrina. En lo sucesivo, sólo se emitirán certificados de representante de persona jurídica. Tiempo al tiempo. En el caso de las personas jurídicas, siguen manteniendo su vigencia (hasta que caduquen) los actuales certificados de firma electrónica de persona jurídica, pero ya no se emitirán o renovarán certificados de este tipo.
Derecho a la Intimidad y Secreto de las Comunicaciones. Hay usuarios de redes sociales que creen que pueden publicar lo que quieran, sin consecuencias, pero se equivocan. La comunicación ha visto ya culminado su ciclo y la información contenida en el mensaje es, a partir de entonces, susceptible de protección por su relación con el ámbito reservado al derecho a la intimidad, cuya protección constitucional es evidente, aunque de una intensidad distinta a la reservada para el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. Así lo establece la sentencia de 3 de abril de 2007 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando señala que están incluidos en la protección del artículo 8 del Convenio Europeo de derechos humanos "la información derivada del seguimiento del uso personal de Internet" y es que esos archivos pueden contener datos sensibles en orden a la intimidad, en la medida que pueden incorporar informaciones reveladores sobre determinados aspectos de la vida privada (ideología, orientación sexual, aficiones personales, etc). , siguiendo sus instrucciones, le dejó un sobre con dicha cantidad de dinero dentro del vehículo, el mismo que habría sido recogido por La Parte Primera, "Internet y el Derecho de las telecomunicaciones: el régimen jurídico del acceso a la Red", estudia el ordenamiento del sector de las telecomunicaciones, con especial hincapié en su aplicación a Internet.
El riesgo al presentar la demanda, o la contestación, sólo en papel lo debemos juzgar antes de hacerlo pero es muy importante saber que si hay impugnación podemos vernos sin nada. Así, esta empresa no tiene ningún problema en señalar que «es importante que uses tu nombre para que las personas que quieran relacionarse contigo puedan encontrarte. “En el caso del uso por el trabajador de los medios informáticos facilitados por la empresa pueden producirse conflictos que afectan a la intimidad de los trabajadores, tanto en el correo electrónico, en el que la implicación se extiende también, como ya se ha dicho, al secreto de las comunicaciones, como en la denominada "navegación" por Internet y en el acceso a determinados archivos personales del ordenador. OCTAVA P ara proteger adecuadamente al menor es importan te informarle desde pequeño acerca de los peligros que conlleva Internet y asesorarle sobre las precauciones a adoptar. Las imágenes son, sin duda, un elemento fundamental en las redes sociales. Si se hubiese cambiado una coma por un espacio, la cadena de caracteres del HASH cambiaría. Los motores de búsqueda y los editores originales realizan dos tratamientos de datos diferenciados, con legitimaciones diferentes y también con un impacto diferente sobre la privacidad de las personas.
El Parlamento Europeo ha aprobado una polémica propuesta de regulación del Mercado Único de Telecomunicaciones Estrasburgo ha aprobado una polémica propuesta de regulación del Mercado Único de Telecomunicaciones Precisamente el 'zero rating' ha sido la política central del criticado internet.org, el proyecto de Facebook para asegurar la conexión a países en vías de desarrollo como India, Kenia o Indonesia. Ni la transmisión de la noticia o reportaje ni la expresión de la opinión puede sobrepasar, respectivamente, el fin informativo o la intención crítica pretendida, dándole un matiz injurioso, denigrante o desproporcionado, debiendo prevalecer en tales casos la protección del derecho al honor ” Las expresiones usadas en posibles delitos contra el honor en internet o en otros medios deben desacreditar al afectado ante colaboradores, socios o trabajadores y constituir un menosprecio claro y una clara afrenta a su honor.
Se trata de unas informaciones publicadas en diarios digitales, que atañen a mi persona, y no en términos elogiosos, precisamente, emanadas para más inri del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, a cuyo frente esta una individua nombrada a dedo, como personal eventual, es decir, la voz de su amo Recientemente he vivido en carne propia una experiencia francamente kafkiana, y que demuestra el mal funcionamiento de nuestro estado de derecho, más bien de desecho, o por lo menos en franca descomposición.
En cualquier caso el valor de un e-mail en un proceso civil, con independencia del dominio que tenga, es relativo y requerirá de otros medios de prueba que corroboren el contenido del mismo, al ser una prueba de carácter meramente indiciario; Puede ser alegado en un proceso, aunque la otra parte puede impugnarlo alegando que existen mecanismos para simular el envío de correos, o que el envío ha sido realizado por alguien que no lo ha enviado (pero tendría que probarlo) resume con estas palabras la resolución dictada por la sala primera del Tribunal con la que ha confirmado la validez jurídica de una notificación realizada vía e-mail entre un procurador y un cliente moroso. Pero hay una forma para eludir este requisito, viene establecida en el artículo 278.2 de la LECrim. Sin embargo, dicho derecho puede chocar claramente con el derecho de la prensa de difundir noticias, en el sentido más amplio del término. De un lado, se ha divulgado un informe y ha sido noticia en un diario económico nacional que “En España el 21% de los hogares no dispone de conexión a internet”, quedando “en sombra, principalmente en zonas rurales, donde no llega el flujo de datos”. Este dato -unido a la localización del ordenador en un despacho sin llave- no supone por sí mismo una aceptación por parte del trabajador de un acceso abierto a la información contenida en su ordenador, aunque ello suscite otros problema en los que en este recurso no cabe entrar sobre la dificultad de la atribución de la autoría al demandante”.
Pero un análisis técnico obliga a superar el territorio de las emociones y a transitar el de la racionalidad normativa. ¿Limita el ?derecho al olvido? el derecho a recibir información? No. Volvo, por ejemplo, tiene una marcada tradición de usar la tecnología para crear valor. De hecho, para esta Comisión del Senado, «es una responsabilidad de los legisladores y del Gobierno Central y de los de las Comunidades Autónomas garantizar la igualdad de oportunidades a los ciudadanos y a los territorios del Estado». En cualquier caso, la desconfianza de las autoridades en el uso que por los ciudadanos se pueda estar haciendo de internet ha hecho que la Unión Europea haya aprobado la Directiva 2006/24/CE, que también modifica la anterior Directiva 2002/58/CE, en la que se establecía la obligación de los proveedores de acceso a internet de conservar los datos generados en las trasmisiones electrónicas.
El nivel de preocupación por la privacidad, en los usuarios de Internet, es bajo ya que en general confía en el ecosistema, el ciudadano normal desconoce quién o quienes tienen acceso a sus datos, cómo se recolectan, para que se usan, para que se podrían usar y desconoce el valor de sus datos personales. Es necesario el acuerdo entre la Administración y los administrados, pues incluso aunque la Administración inicie de oficio el procedimiento si alguno de los interesados manifiesta su oposición expresa, la Administración debe seguir la tramitación ordinaria. En definitiva, lo único que se garantizaba era la conexión a internet a baja velocidad. Existe por tanto una responsabilidad de todos para sensibilizar a la sociedad y a sus ciudadanos para que dejen de ser agentes pasivos y que pasen a ser sujetos activos en la gestión de su privacidad. La segunda precisión o matización se refiere al alcance de la protección de la intimidad, que es compatible, con el control lícito al que se ha hecho referencia.
Por ello, la importancia de la regulación de la Administración electrónica introducida por la LPAC radica en el hecho de que supone una herramienta que, por primera vez, ha sentado las bases para que las Administraciones Públicas lleven a cabo su actuación mediante un procedimiento exclusivamente electrónico, que pretende ser más ágil, transparente y con menor carga burocrática. Es esta, pues, la esperable incidencia de la LRJSP. Por lo que se refiere a los intentos de regulación legal, en estos momentos, está en discusión, en la Comisión del Parlamento Europeo encargada de Libertades Públicas, Justicia y Asuntos de Interior, la Propuesta de Reglamento de la Comisión Europea sobre la “Protección de los individuos con respecto al procesamiento de datos personales y el libre flujo de dichos datos” de fecha 25 de enero.
Este Tribunal (por Audiencia Nacional) se ha referido expresamente a la imposibilidad de encontrar una definición del mismo en el propio ordenamiento jurídico ( STC 223/1992 (LA LEY 2065-TC/199 ). Es opinión generalizada que los mensajes de correo electrónico, una vez descargados desde el servidor, leídos por su destinatario y almacenados en alguna de las bandejas del programa de gestión, dejan de integrarse en el ámbito que sería propio de la inviolabilidad de las comunicaciones.
“Es importante señalar que en el caso presente las pruebas documentales a las que se ha negado validez por el actor, están constituidas por copias privadas obtenidas de documentos electrónicos (e-mails o correos electrónicos) que no consta que posean firma electrónica reconocida, y que han sido obtenidas a través de la impresora de un ordenador. El Capítulo Preliminar, titulado "El Derecho de Internet", se propone analizar la problemática general de la regulación del ciberespacio -comenzando por la cuestionada necesidad de tal regulación-, así como su encuadre en la progresiva e ineludible convergencia tecnológica.
Nota informativa sobre el ejercicio del 'derecho al olvido' Cinco puntos clave para ejercer el 'derecho al olvido'. Por otro lado, la red siempre nos concede, o al menos eso pensamos, un carácter de anonimato, el cual nos lleva a pensar que cualquier acto que realicemos en la red quedará oculto por el velo de la pantalla. La próxima entrada en vigor, el día 2 de octubre de 2016, de las Leyes 39/2015, de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de la misma fecha, de Régimen jurídico del Sector Público, trae consigo nuevas obligaciones para las personas jurídicas, y también para algunas personas físicas, como es el caso de los profesionales de colegiación obligatoria. Tal principio es un buen punto de partida cuando se habla de regular Internet pues es una manera para proteger el derecho a la libertad de expresión, pero paulatinamente algunos Estados han establecidos leyes que hasta cierto punto regulan esta actividad en redes teniendo en cuenta el masivo alcance que puede tener una publicación en la Web. Esta decisión de la Agencia, a su vez, es recurrible ante los Tribunales. Como señala el informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (el “Informe CORA”), se trata de tener una Administración Pública moderna, transparente, ágil, libre de solapamientos, duplicidades y libre de gastos innecesarios. Por consiguiente, «la adopción de un instrumento de conservación de datos que cumpla los requisitos del artículo 8 del CEDH es una medida necesaria».
Un par de años más tarde, la Ley 57/2007, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, en su Disposición Adicional Segunda señalaba que: «El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, impulsará la extensión de la banda ancha con el fin de conseguir, antes del 31 de diciembre de 2008, una cobertura de servicio universal de conexión a banda ancha, para todos los ciudadanos, independientemente del tipo de tecnología utilizada en cada caso y de su ubicación geográfica». El Juez debe valorar que la prueba se haya obtenido de forma lícita y sin ser contraria a los derechos fundamentales (artículos 14 a 30 CE). I Las injurias por internet en el artículo 208 del Código Penal Por injuria, según el artículo 208 del Código Penal hay que entender "la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación." La conducta típica de la injuria consistirá por tanto en ofender o vejar gravemente en un concepto amplio, tanto de imputaciones de hechos (que no constituyan delitos o estaremos ante una calumnia), como acciones o expresiones con clara finalidad difamatoria. ...
Los argumentos más importantes eran que, en el caso de ordenadores compartidos -bibliotecas, cybercafés, etc.- la asignación de direcciones IP podía ser compartida también por muchas personas diferentes, que muchos proveedores de internet asignaban direcciones IP dinámicas, por lo que varias cuentas diferentes podían usar la misma dirección IP durante el curso de una semana. De hecho, para esta Comisión del Senado, «es una responsabilidad de los legisladores y del Gobierno Central y de los de las Comunidades Autónomas garantizar la igualdad de oportunidades a los ciudadanos y a los territorios del Estado». No pueden cambiar las leyes cada vez que hay un cambio tecnológico, pues como diría Mark Zuckerberg: “las formas de comunicación cambian a la misma velocidad que cambia nuestra sociedad”. Este derecho debería entenderse como el derecho de las personas a impedir que datos personales propios circulen por internet sin su consentimiento. Esto, en realidad, no es diferente del caso en el que una persona impugna un documento firmado alegando que le han falsificado la firma… y de la misma manera, existen pruebas periciales que pueden solicitarse para que el juez se convenza de la autenticidad de la prueba. En primer lugar, es necesario referirse a si basta con el sistema de identificación o es necesario el de firma para entender practicada electrónicamente la notificación.
La otra forma de recibir notificaciones es en la sede electrónica de la concreta Administración. Con ellos «y el apoyo de determinados derechos expresamente reconocidos en la Constitución de 1978, así como en Textos internacionales, es posible extender la tutela a ciertos derechos de singular relieve e importancia en el actual momento de la historia». Repito, de TODO. Por ejemplo decir que alguien es un ladrón, maltratador o estafador, etc. En conclusión, nunca aportarlos sólo en papel, utilizar en el envío firmado digitalmente, indicar siempre el ordenador o servidor de correo donde se han recibido y poner medios para evitar su destrucción por si hubieran de practicarse pruebas para demostrar su autenticidad. También pueden ser sujetos pasivos de este delito, grupos o colectivos con una determinada identidad histórica, sociológica, étnica o religiosa. Y, en fin, el 10 de agosto de 2011 el Secretario General de la ONU trasmitió a la Asamblea General el informe del Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión en el que se señala que «aunque el acceso a internet aún no es un derecho humano como tal... coincide en que el mero reconocimiento como derecho prestacional serviría de poco. Estamos viendo con harta frecuencia como en los programas televisivos de realitys shows, se producen con absoluta normalidad diaria, la comisión de este tipo de delitos o faltas de Injurias, quedando en muchos de ellos como meras anécdotas sin ninguna consecuencia penal.
De ahí que los elementos que definen las garantías y los límites del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores, no sean aplicables al control de los medios informáticos. Los delitos de injurias y calumnias prescriben al año, por lo que se aconseja tomar medias cuanto antes, ya que transcurrido este plazo, no será posible proceder contra ellas. También se exige una difusión considerable. En el sector de la abogacía todavía es difícil de entender para muchos abogados, que encargan la tarea de “ganar clientes” a un community manager o que emprenden las campañas ellos mismos, que es muy difícil determinar qué beneficio económico se obtiene de la inversión que realizan en redes sociales. Y por tanto, debía defender su derecho al honor en Internet. Y es que, las notificaciones judiciales en forma de correo certificado o burofax no siempre llegan a su destinatario. os recomendamos este Libro sobre correos electrónicos: Ya traté en otro post el tema de las Grabaciones de Voz como medio de prueba dentro de un proceso judicial: Grabaciones. La prueba electrónica proveniente de un árbol envenenado La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª) nº 16/2014 de 30 enero, recoge un interesante caso donde se absuelve al acusado debido a la obtención ilícita un medio de prueba electrónica que le podía condenar. Yo puedo presentar al juez un resguardo donde está la firma, nombre y apellidos y dni de la persona que ha recogido el burofax. Pero, ¿qué es una injuria? Según el código penal es “la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”.
Así, mientras en el primer supuesto cuando un día sea hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que reside el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso; si se trata de la presentación por vía electrónica, no. Ello se logra a través de contratos redactados específicamente para su empresa que son aceptados por los usuarios y con textos que deben ser incorporados en la web para evitar el incumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Sin publicidad, las ideas, pensamientos o criticas desproporcionadas que se puedan verter, no caerán en el terreno de las injurias, al no difundirse la información que se comunique. En este articulo se analiza porqué es importante la privacidad, qué cambios introducen las nuevas tecnologías en relación con el tratamiento de nuestros datos personales, cual es la percepción de los ciudadanos y como avanzar para conseguir un ecosistema sostenible en el que mejore la confianza entre las personas y los diferentes agentes que intervienen en nuestra privacidad.
Hay otra tendencia que se está consolidando en forma de nuevas aplicaciones y servicios que son los asistentes virtuales cuyo objetivo es que nos proporcionen aquello que necesitamos en cada momento. Injuriar y calumniar en Internet supone dar “publicidad” a los insultos, lo cual agrava la calificación de los mismos, puesto que el daño causado a la víctima es mayor que si se lleva a cabo en un ámbito acotado o privado. Lo vemos muy claro en ciertas operaciones policiales muy mediáticas (llevadas a cabo en los últimos años) donde se enjuicia a ciudadanos, abogados, políticos o cantantes por opiniones vertidas en sus cuentas de Twitter.
Como varios Estados, entre ellos España, hicieron uso de esa posibilidad, aunque con una gran diversidad en sus legislaciones, su corrección e igualación venía obligada, que es lo que pretendía la nueva Directiva del año 2006. Cuente siempre con un perito informático debidamente cualificado que obtenga correctamente las evidencias, las estudie, emita un dictamen, o bien someta a duda razonable la integridad de la prueba aportada de contrario, y lo defienda con garantías en sede judicial. No es necesario contestar inmediatamente si con ello evitamos una respuesta precipitada aunque sí no se debe demorar mucho. El concepto se utiliza principalmente para denominar al sistema que brinda este servicio vía Internet mediante el protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), pero también permite nombrar a otros sistemas similares que utilicen distintas tecnologías. El conocido copypaste que además de ser, obviamente mal visto, puede suponer una vulneración del derecho de la propiedad intelectual de otro autor. Centrándonos en el primero de ellos, el derecho al honor, podríamos definirlo como aquel derecho que tenemos todos a ser tratados con respeto y a no sufrir desconsideraciones que puedan menoscabar la estima e imagen que los demás tienen de nosotros.
Si usted o algún familiar o amigo se considera víctima de un delito de injurias con publicidad por la red a través cualquier medio o de una red social, no dude en contactar con nosotros. Una ley para definir un protocolo obligatorio Con este escenario, y como no todos los prestadores de servicios de Internet tienen bien definido un protocolo de gestión de las cuentas de los difuntos, una nueva Ley, impulsada por el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, promete dar respuesta (dentro de sus posibilidades competenciales) a todos los usuarios que deseen regular su patrimonio digital. Así se establece tras una Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo. iii) El nombre y dirección del abonado o del usuario registrado al que se le ha asignado en el momento de la comunicación una dirección de Protocolo de Internet (IP), una identificación de usuario o un número de teléfono».
Si el responsable de la injuria recibe o le prometen recibir recompensa por la comisión del delito, podrá ser además inhabilitado para el ejercicio de su cargo público, oficio o profesión por un tiempo comprendido entre 6 meses y 2 años. Será también responsable civil solidario junto con el ofensor, la persona física o jurídica propietaria del medio de comunicación a través del cual se haya propagado la calumnia o injuria. De tal modo que, en base al mismo, «todos los usuarios finales puedan obtener una conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas desde una ubicación fija». Hoy internet es una tecnología que mañana puede ser superada". En España, Orange ofrece su tarifa Colibrí, que también permite el acceso ilimitado a Facebook o Twitter sin consumir la tarifa. Como transposición de dicha Directiva se aprobó en España la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, por lo que a partir de ahora, las operadoras no podrán almacenar dichos datos, lo cual dificultará la labor de investigación de las autoridades policiales. A partir de lo dicho surgen las siguientes preguntas: ¿qué validez y eficacia probatoria tiene el medio de prueba obtenido a partir de otro que es ilícito?
¿Es aquél también nulo de pleno de derecho aun cuándo permitiera acreditar indubitablemente la existencia de un daño o la comisión de un delito? Veamos los siguientes casos: En un proceso judicial de divorcio ocurrido en Italia (el caso se describe en la sentencia de 18.03.2015 del Tribunal Ordinario de Roma, siendo la juez relatora) el marido, con el fin de acreditar la relación adúltera que su mujer mantenía con otro hombre, aportó como medios de prueba mensajes de SMS intercambiados por su mujer con su amante desde el teléfono móvil de aquélla, y fotografías y mensajes de textos obtenidos de la red social Facebook. Así como este anverso de la noción se da por sabido en las normas, éstas, en cambio, intentan aprehender el reverso, el deshonor, la deshonra o difamación, lo difamante. [Botón con el símbolo de la @] Absurdas en sí mismas por lo que casi no habría ni que responder, pero lo cierto es que la escasez de recursos materiales y personales para la implantación de la administración electrónica, así como la confusión a la que ha contribuido la Disposición Final Séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), en relación con la entrada en vigor de algunas de sus previsiones (en particular, las relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico , y que se ha llegado a extender a la práctica totalidad del articulado), exigen recordar las obligaciones legales que se derivan del nuevo marco normativo para el conjunto de los empleados públicos.
¿Cuántos ordenadores había en España en 1978? Casi podríamos contarlos y, sin embargo, nuestro legislador constituyente ya previó, años antes incluso que organismos internacionales como la OCDE, la potencial amenaza que podían constituir las incipientes nuevas tecnologías para los derechos fundamentales de las personas. Una vez interpuesta la querella, ésta deberá ser admitida o rechazada. En este sentido señalaban la dificultad que se le plantean a empresas como Google, que recolectan direcciones IP «para garantizar la seguridad y la calidad de servicios», la caracterización de estos datos como «datos personales», tanto a la hora del impacto negativo que tendrían en sus operaciones técnicas, como a la hora de cumplir con los requisitos establecidos por las legislaciones nacionales para tratar los datos personales.
Especialización de la estafa a través del Phishing No obstante, el delito que más ha crecido en los últimos años es el de la estafa de Phishing. Además, el 60% de las líneas se situaban en el tramo de velocidad media (entre 2 Mb y 10 M, no incluido), con un coste superior, también de la mejor oferta, en un 11,5 % a la media de la UE. Asimismo, indican que «la interrupción del acceso a Internet, o a parte de este, aplicada a poblaciones enteras o a determinados segmentos del público (cancelación de Internet) no puede estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional. REQUISITOS DE LAS INSTANCIAS Ya se ha señalado que hay personas que están obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración. Consideraciones generales.
Recopilar toda la información posible Lo primero que se recomienda hacer si se es víctima de uno de estos delitos es recopilar la mayor cantidad de pruebas posible. El sistema de prueba legal se aplicará –solo y exclusivamente- en los casos que la ley así lo disponga de modo expreso, cómo sucede cuando la prueba electrónica se basa en un documento público con firma electrónica avanzada (artículo 319.1 LEC y artículo 3.6 LFE), sin perjuicio de que en dicho caso el juez pueda realizar una valoración del instrumento conforme a las reglas de la sana crítica, cuando éste haya sido impugnado (artículos 320 y 384.3 LEC). delitos-honor-calumnias-injuiras Los ataques más directos y graves contra el derecho al honor aparecen tipificados en el Código Penal como delitos bajo dos figuras: las calumnias y las injurias. Es dado preguntarse si esta previsión es aplicable a los procedimientos sancionadores en los que, a 3 de octubre de 2016, no hubiese recaído resolución o, habiéndolo hecho, esta no fuese aún firme.
Si bien es cierto que el ciudadano esta encantando porque dispone de aplicaciones y servicios gratuitos que le hacen la vida más fácil y que las empresas, cuyo modelo de negocio se basa en la explotación de datos personales, están dando cada vez más herramientas para que el usuario tenga un mejor control de su privacidad no es menos cierto que el centro del ecosistema actual está ocupado por estas empresas que actúan como agregadores de los datos recogidos por ellos mismos o por terceras partes. Que dicho motivo se refiera a su concreta situación personal y Y que el motivo alegado justifique el derecho de oposición solicitado” No obstante, es destacable la regulación de un verdadero estatuto jurídico de la denuncia administrativa (artículo 62 de la LPAC). La revisión legislativa necesaria puede ir desde cambios normativos hasta redactar nuevas leyes por lo que la manera de abordar estos temas tan interesantes varía (y cada uno arroja cuestiones a debatir diferentes). Por lo tanto, se habla de la necesidad de, en primer lugar, garantizar el derecho de acceso para todos los ciudadanos a estas nuevas tecnologías (para evitar lo que se conoce como la «brecha digital», con independencia de su nivel cultural, social o económico. Hoy internet es una tecnología que mañana puede ser superada".
Se tiene además la creencia generalizada de que es difícil perseguir este tipo de conductas. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y esto no es una exageración: hoy no nos llamamos, nos “whatsappeamos”; no hablamos, “chateamos”; y no contamos, “twitteamos”. Así mismo, los servicios por reclamación de robo de dominios comenzaban a despuntar. Pero el problema no se plantea sólo en la posibilidad de acceso a internet, sino que el acceso a la Red se haga en condiciones de calidad y de rapidez. En suma, la publicación de la LPAC es condición necesaria, pero no suficiente, para contar con una Administración electrónica eficaz. Alguna otra cuestión que se prevé en la LPA tiene incidencia en la Administración electrónica, valga de ejemplo, la publicación de las normas en el artículo 131, no obstante, cabe remitirse en este caso al desarrollo que de cada una de esas materias se hace en otros artículos de este monográfico. ¿Incurre la red social en algún tipo de responsabilidad? Según el artículo 212 C.P. Con excepción de su conservación, los datos personales contemplados en el apartado 4 solo podrán ser objeto de tratamiento a efectos probatorios, o con el consentimiento del interesado, o con miras a la protección de los derechos de otra persona física o jurídica o en pos de un objetivo de interés público.
¿Sabes qué información compartes, queriendo y sin querer, en redes sociales y a través de concursos, publicaciones, etc? Nuestra huella digital es casi imborrable, aunque ya está admitido el ‘borrado’ o ‘derecho al olvido’ en Google en Europa. Un ejemplo de injuria en las redes sociales, caso real: Es el de un compañero del trabajo, que pone en su estado de Whatsapp, “no fiarse de Francisco López” (nombre ficticio), pudiendo ver tal menoscabo del honor personal y profesional de su compañero, todo un entorno común de clientes y personas relacionados con ellos. Estos procedimientos deberán resolverse en el plazo de 30 días desde que se comunique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada (excepto que quede menos tiempo de seguir la tramitación ordinaria). Las dificultades que la puesta en marcha de la Administración electrónica comporta han determinado, sin embargo, que algunas cuestiones incorporadas a la Ley no produzcan efectos hasta el 2 de octubre de 2018, dos años después de su entrada en vigor, en particular, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo electrónico único (Disposición Final Séptima). En los casos en que se haya producido la ofensa por medios publicados como es el caso de Internet, la prueba es más sencilla, podrán utilizarse correos electrónicos, publicaciones en webs o redes sociales y mensajes de teléfonos móviles.
Es cierto que la libertad de expresión ampara la crítica, incluso la crítica molesta, acerba o hiriente, pero la crítica de la conducta de una persona es distinta de la utilización de expresiones injuriosas, que quedan fuera del ámbito protegido por la libertad de expresión (STC 336/1993, La cuestión del consentimiento también tiene una enorme importancia en relación a la persecución de los delitos cometidos por la divulgación de datos o imágenes de terceros. Los únicos trámites de ese procedimiento son los siguientes: – Inicio (de oficio o a solicitud del interesado). En las notificaciones electrónicas hay que distinguir dos momentos fundamentales: o el de “puesta a disposición”, que es el momento en que la Administración “cuelga” la notificación, de forma que el interesado puede acceder a ella y o el de “acceso”, cuando éste la ve (en ese momento se produce la notificación). Posteriormente, una vez obtenidos dichos datos, se procederá a presentar la demanda de conciliación previa a la querella por calumnias e injurias. Según ha explicado Portal Ley a Teknautas, "valen capturas de pantalla o fotografías de las amenazas o insultos, aunque lo mas aconsejable es levantar acta notarial de los contenidos". Y lo cierto es que hay muchas Administraciones que aún no están preparadas, o aún no lo están para todos los procedimientos (las que tienen sede electrónica suelen tener un listado de procedimientos habilitados electrónicamente).
Por tanto, habrá que entender que dichos órganos lo remitirán después a aquél que esté habilitado a tales efectos. Para el Gobierno inglés, «el seguimiento no consistió pues en nada más que un análisis de la información generada automáticamente para determinar si las instalaciones del College se habían usado con fines personales». iii) El nombre y dirección del abonado o del usuario registrado al que se le ha asignado en el momento de la comunicación una dirección de Protocolo de Internet (IP), una identificación de usuario o un número de teléfono». Web, correo electrónico, mensajería instantánea, comercio electrónico, alacenamiento en la “nube”, videojuegos, móviles … casi todo lo que usamos fluye hoy por internet, y es que los últimos años “la red de redes” se ha convertido en una parte esencial en nuestras vidas incluso más de lo que fue la telefonía en el pasado siglo. Los Me Gusta en páginas de Facebook, nuestros retuits (RT) en Twitter, a quién seguimos o dejamos de seguir… Todo lo que hacemos deja una huella digital sobre lo que somos y qué gustos tenemos. ¿Por qué motivo la AEPD dice una cosa y la contraria,, en el mismo asunto? La verdad es que me gustaría saberlo, y la única explicación que encuentro es que sabían a quienes tenían enfrente, y no se atrevieron con ellos. El delito de calumnias según el artículo 205 del Código Penal, es "la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad".
“Es esencial para la consecución de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y ningún estado debería intentar frenar esto”. A pesar de todo lo anterior, siempre cabrá la posibilidad de que la parte contraria siembre en el juez la duda de si el mensaje, los documentos adjuntos o las cabeceras fueron alterados antes de su depósito notarial. La particularidad del proceso es que probablemente el tránsito de la primera esté generando muchas más tensiones (y resistencias) que el de la segunda, pues, no sólo debe detener una inercia milenaria, sino que, además, debe hacerlo marcando un nuevo rumbo. Este derecho fundamental recogido en el artículo 18.1 Constitución Española no es ilimitado ya que como se viene apuntando tradicionalmente, el derecho de uno termina donde comienza el derecho de otro y por tanto se limita cuando entra en colisión con el derecho al honor, derecho fundamental recogido en el artículo 20.1º Constitución Española.
Y es que, como se ha advertido, teniendo en cuenta el panorama que se ha expuesto, lo más prudente sería elegir el papel, pues si una vez escogida la comunicación electrónica y hasta que se produzca un cambio en esa elección, las notificaciones se practicarán como se ha explicado, se corre un riesgo importante en futuros procedimientos iniciados de oficio por esa Administración. El sujeto ha de tener intención de injuriar o, al menos, debe ser consciente de la gravedad de sus insinuaciones. Por ello, dejarnos llevar por un momento de enfado o frustración puede salir caro. No es necesario que el delito probado coincida exactamente con el que se imputó: si se imputa un hurto que finalmente resulta ser un robo, no habrá delito. De esta forma, tanto la distinción entre ambos delitos como la forma de denunciarlos exige la asistencia de abogado especialista en calumnias e injurias. A tal efecto resultaría constitucionalmente lícito que la empresa predeterminase las condiciones de utilización para fines sindicales de las comunicaciones electrónicas, siempre que no las excluyera en términos absolutos". Pero, en la práctica, estas funcionalidades han supuesto una invasión tan importante en la privacidad que también algunas autoridades de protección de datos han adoptado medidas al respecto.
Que el acusado reconozca la falsedad o desconocimiento de veracidad reduciéndose la pena inferior en grado. Artículo 208 CP: “Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Dentro de la protección del honor se encuentran los delitos de calumnias e injurias Entre los delitos más usuales y también los más conocidos por la ciudadanía se encuentran las injurias y las calumnias. Por lo que se refiere a la primera cuestión, es de destacar la aparición de algunas iniciativas privadas para la construcción de ordenadores portátiles con pocas exigencias técnicas, que incluyan la conexión a internet y que tengan un coste reducido]. Un ejemplo clásico de venganza es la difusión de imágenes de desnudez de la expareja (SAP Alicante 63/2012, de 2 de febrero), mientras que en otros casos se lesiona la intimidad con el ánimo añadido de lesionar la reputación de la víctima, tal y como abordó la SAP Barcelona de 15 de abril de 2010, en un caso en el que se colgaron fotos de la víctima junto con frases obscenas a través de las cuales se daba a entender que dicha persona se ofrecía para todo tipo de prácticas sexuales. Las dificultades son varias y algunas de calado.
Aunque si eso es lo que parece deducirse del artículo 12.2, no debe olvidarse que el artículo 13 de la misma norma en cuanto a los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, enumera, entre otros, el de ser asistido en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas (letra b), así como el de la obtención y utilización de medios de identificación y firma electrónica contemplados en la ley. Tal principio es un buen punto de partida cuando se habla de regular Internet pues es una manera para proteger el derecho a la libertad de expresión, pero paulatinamente algunos Estados han establecidos leyes que hasta cierto punto regulan esta actividad en redes teniendo en cuenta el masivo alcance que puede tener una publicación en la Web. Se trata de derechos básicos para que las personas puedan desarrollar su vida sabiendo que su dignidad e intimidad están protegidas por el ordenamiento jurídico. De esta forma, no solo se garantizaría la recepción pasiva de información, sino el derecho activo a acceder a ella. También es importante conocer cuáles son los derechos y obligaciones que le asisten, como consumidor, usuario o empresario. Una sociedad en la que las personas pueden ser controladas en todo momento es una sociedad que engendra conformismo, obediencia y sumisión, es por ello que los regímenes totalitarios, de los más cerrados a los más abiertos y sutiles, anhelan este control de la vida privada para ejercer su poder.
Del archivo digital original al imprimirlo se pueden producir todo tipo de alteraciones y modificaciones, por lo que si a la parte contraria no le interesa que sea tenido en cuenta bastará que se oponga para que su valor probatorio sea prácticamente nulo. El demandante solicitó de la Justicia una condena para dicho diario por una supuesta intromisión ilegítima en dos de sus derechos fundamentales (a la intimidad y a la propia imagen). Es más, «en algunos casos, esas imágenes pueden haber sido obtenidas ilícitamente, recuperándolas de otros sitios públicos como las memorias caché de los motores de búsqueda», u obteniéndolas a través de fotografías realizadas con dispositivos móviles (cámaras o teléfonos, por ejemplo) que permiten a los usuarios «obtener imágenes y conectarse en tiempo real a servicios en línea a través de conexiones permanentes». (i) Sede electrónica Es la dirección electrónica que está disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública o a varios organismos públicos o entidades de Derecho Público.
Existen múltiples herramientas para la gestión de redes sociales como por ejemplo Hootsuite que permite la monitorización de todas nuestras redes sociales, programar contenidos, controlar la información corporativa y personal, realizar informes gratuitos y manejar múltiples cuentas. A la vista de esas encuestas o estadísticas, la conclusión sobre lo que evoca la administración electrónica está clara y permítaseme caricaturizarla: una especie de concierto rock donde buena parte del publico está sordo y donde otra buena parte de los músicos se formaron con el órgano y coro de la iglesia. Por tanto, es evidente y claro que nuestro ordenamiento jurídico no ampara ni amparará conductas negligentes, rumores o inventivas. Pese a lo que digan ni la privacidad ha muerto, ni el Derecho va por detrás de Internet, o no al menos en sentido estricto. El cambio fundamental, en mi opinión, pasa por situar al individuo en el centro del ecosistema (este espacio ahora lo ocupan las empresas que recolectan nuestros datos) y que tenga derecho real y efectivo a conocer que información personal tienen de nosotros, el derecho a rectificar y cancelar, el derecho a obtener toda la información que un determinado servicio tiene de nosotros, el derecho a compartir y disponer de mi información personal como y cuando yo quiera. Y son mandatos jurídicos asimétricos, porque su vigencia dependerá del grado de cumplimiento por cada administración de los canales electrónicos, y del grado de responsabilidad de autoridades y funcionarios para su implantación antes de que llegue el plazo fatal.
La primera de ellas que, como indica el citado artículo 31.2, c), el inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u Organismo, siendo necesario, en todo caso, que la fecha y hora efectiva de inicio del cómputo de plazos sea comunicada a quien presentó el documento. En el burofax una compañía ajena (un tercero como dice el artículo) me certifica el contenido (esto también lo hacen estas compañias) y lo más importante: el resultado de la entrega. De hecho se erige como la piedra angular del estado de Derecho, y de forma mucho más concreta de la implementación de la LPA. Por lo que cuando regula las notificaciones y se acuerda de los procedimientos iniciados de oficio, se limita a decir que en éstos, a los solos efectos de su iniciación, las Administraciones Públicas podrán recabar, mediante consulta a las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos sobre el domicilio del interesado recogidos en el Padrón Municipal. Las tecnologías emergentes normalmente se ven limitadas por la legislación y las regulaciones vigentes ya que al ser disruptivas suelen desafiar los límites previamente establecidos. donde se exime de dicha certificación, cuando deban de practicarse diligencias con carácter de urgencia.
Más concretamente, la APC proclama «derecho a interfaces, contenido y aplicaciones accesibles para todos (incluido el diseño)», de tal modo que interfaces, contenidos y aplicaciones deben diseñarse para garantizar el acceso de todos, incluso las personas con discapacidades físicas, sensoriales o cognitivas, las personas analfabetas y las que hablan lenguas minoritarias». Al otro lado del Atlántico, Costa Rica declaró el acceso a internet como un derecho fundamental de los ciudadanos en una sentencia de la Sala Constitucional en 2010, la Constitución mexicana recoge que el Estado ha de garantizar el derecho de acceso a la banda ancha e internet desde 2013 y en Brasil también plantean incluir este derecho en la Constitución Federal si sale adelante una reciente propuesta de enmienda a la Constitución. Hoy queríamos ayudar a la difusión de esta, de la cual destacamos las siguientes partes que no tienen absolutamente ningún desperdicio: No hay ya concesiones a la adaptación para el cumplimiento de una norma en vigor desde 2007. Luego, quien reciba dicho email tiene distintas posibilidades. Debemos apostar por un marketing multicanal porque nuestros clientes son multicanales. Si insultas o injurias a alguien, tienes la intención de vejarlo, ir en contra de su dignidad, difamarlo o menoscabar su fama, estarás cometiendo un delito de injurias con el agravante de publicidad.
Si la CE en su artículo18.4 establece que: «La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos» (...) cabe preguntarse si, a la luz de la doctrina recogida en la Sentencia dictada por la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la UE, las informaciones que se mantienen en las páginas Web sobre hechos imputables a personas físicas(o jurídicas) que dieron lugar a actuaciones judiciales ya sobreseídas, pueden incurrir en los delitos de injurias y calumnias hechas con publicidad, tipificadas en Título XI del Libro II Código Penal. En este tipo de recurso, el plazo para recurrir es de dos meses contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo anteriormente citado de tres meses (artículos 29.1 y 46.2 LRJCA). Su uso, cada vez más extendido, lleva asociado un número creciente de aspectos legales que han requerido un esfuerzo interpretativo y, en algunos casos, la revisión de la normativa en cuestión. Actualmente nada menos que un 43,53% de los juzgados soportan una carga de trabajo superior al 150% de la media fijada por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según el informe Órganos que sobrepasan el 150% que el propio CGPJ publicó el pasado mes de octubre. El contenido de 44 correos electrónicos supuestamente intercambiados - prueba electrónica .
Por lo tanto, mientras no se resuelvan las vulnerabilidades de seguridad detectadas en Whatsapp, dichos mensajes no serán admisibles en un proceso judicial por no poder acreditar ni su autenticidad, ni su integridad y pueden ser revocados por la parte contraria en caso de ser presentados. En el Social Media Management Legal no debemos conformarnos con analizar lo que ya existe porque volveremos a correr el riego de llegar tarde. Veamos algunas claves de los delitos contra el honor en internet y en otros medios: Pueden producirse conflictos entre la libertad de expresión y el derecho al honor. Todo surgía a razón de un procedimiento donde las únicas pruebas que teníamos eran, precisamente, correos electrónicos. En suma, la publicación de la LPAC es condición necesaria, pero no suficiente, para contar con una Administración electrónica eficaz. Frente a un problema como éste, los e-mails certificados por este tipo de empresas especializadas pueden convertirse en la herramienta perfecta para realizar estas comunicaciones. La otra parte presentará siempre su oposición e impugnará las referidas pruebas basándose en que se han conseguido de forma ilegal y que existe vulneración del derecho a la presunción de inocencia del artículo 24.2 de la Constitución y, evidentemente infracción del citado artículo 18.3 del mismo Texto legal. No pueden cambiar las leyes cada vez que hay un cambio tecnológico, pues como diría Mark Zuckerberg: “las formas de comunicación cambian a la misma velocidad que cambia nuestra sociedad”.
De otro lado, es fundamental que el interesado pueda tener acceso electrónico al expediente de tales características, pero la ley nada prevé en cuanto a que deba estar diseñado de tal modo que lo haga en exclusiva -no sólo al expediente que le afecta- sino además que no pueda tener acceso a aquella parte que pueda ser confidencial. Sin embargo valoramos nuestra privacidad y hay una corriente creciente que empieza a preguntarse sobre donde están los limites y si hay desequilibrios que se deberían corregir. El ofendido deberá interponer querella contra el presunto autor, tal y como establece el Artículo 215 C.P, ya que no se trata de un delito perseguible de oficio. Un par de años más tarde, la Ley 57/2007, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, en su Disposición Adicional Segunda señalaba que: «El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, impulsará la extensión de la banda ancha con el fin de conseguir, antes del 31 de diciembre de 2008, una cobertura de servicio universal de conexión a banda ancha, para todos los ciudadanos, independientemente del tipo de tecnología utilizada en cada caso y de su ubicación geográfica».
Y sin duda, dos puntos clave en las relaciones entre los ciudadanos y la Administración, dado que el primero de ellos, es decir, el registro electrónico, constituirá el modo habitual de presentación de escritos del administrado, mientras que a través de las segundas, las notificaciones, los actos administrativos en su mayor parte, despliegan efectos. Asimismo se comprometió a eliminar antes del 15 de octubre de 2012 cualquier patrón o modelo de datos que se usara como base para reconocer las caras de los usuarios. calumnias e injurias, delitos contra el honor calumnias e injurias, delitos contra el honor La protección del honor se configura en nuestro Ordenamiento Jurídico como un derecho fundamental de todas las personas físicas y jurídicas, incluidas las personas fallecidas. En definitiva nos encontramos con una exposición absoluta de la intimidad personal. Hasta ahora, la comunicación tradicional era la regla y las notificaciones electrónicas eran la excepción. Jurisprudencia social.- -STS de 26 de septiembre de 2.007, dictada en unificación de doctrina. En lo sucesivo, sólo se emitirán certificados de representante de persona jurídica. Tiempo al tiempo. En el caso de las personas jurídicas, siguen manteniendo su vigencia (hasta que caduquen) los actuales certificados de firma electrónica de persona jurídica, pero ya no se emitirán o renovarán certificados de este tipo.
Derecho a la Intimidad y Secreto de las Comunicaciones. Hay usuarios de redes sociales que creen que pueden publicar lo que quieran, sin consecuencias, pero se equivocan. La comunicación ha visto ya culminado su ciclo y la información contenida en el mensaje es, a partir de entonces, susceptible de protección por su relación con el ámbito reservado al derecho a la intimidad, cuya protección constitucional es evidente, aunque de una intensidad distinta a la reservada para el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. Así lo establece la sentencia de 3 de abril de 2007 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando señala que están incluidos en la protección del artículo 8 del Convenio Europeo de derechos humanos "la información derivada del seguimiento del uso personal de Internet" y es que esos archivos pueden contener datos sensibles en orden a la intimidad, en la medida que pueden incorporar informaciones reveladores sobre determinados aspectos de la vida privada (ideología, orientación sexual, aficiones personales, etc). , siguiendo sus instrucciones, le dejó un sobre con dicha cantidad de dinero dentro del vehículo, el mismo que habría sido recogido por La Parte Primera, "Internet y el Derecho de las telecomunicaciones: el régimen jurídico del acceso a la Red", estudia el ordenamiento del sector de las telecomunicaciones, con especial hincapié en su aplicación a Internet.
El riesgo al presentar la demanda, o la contestación, sólo en papel lo debemos juzgar antes de hacerlo pero es muy importante saber que si hay impugnación podemos vernos sin nada. Así, esta empresa no tiene ningún problema en señalar que «es importante que uses tu nombre para que las personas que quieran relacionarse contigo puedan encontrarte. “En el caso del uso por el trabajador de los medios informáticos facilitados por la empresa pueden producirse conflictos que afectan a la intimidad de los trabajadores, tanto en el correo electrónico, en el que la implicación se extiende también, como ya se ha dicho, al secreto de las comunicaciones, como en la denominada "navegación" por Internet y en el acceso a determinados archivos personales del ordenador. OCTAVA P ara proteger adecuadamente al menor es importan te informarle desde pequeño acerca de los peligros que conlleva Internet y asesorarle sobre las precauciones a adoptar. Las imágenes son, sin duda, un elemento fundamental en las redes sociales. Si se hubiese cambiado una coma por un espacio, la cadena de caracteres del HASH cambiaría. Los motores de búsqueda y los editores originales realizan dos tratamientos de datos diferenciados, con legitimaciones diferentes y también con un impacto diferente sobre la privacidad de las personas.
El Parlamento Europeo ha aprobado una polémica propuesta de regulación del Mercado Único de Telecomunicaciones Estrasburgo ha aprobado una polémica propuesta de regulación del Mercado Único de Telecomunicaciones Precisamente el 'zero rating' ha sido la política central del criticado internet.org, el proyecto de Facebook para asegurar la conexión a países en vías de desarrollo como India, Kenia o Indonesia. Ni la transmisión de la noticia o reportaje ni la expresión de la opinión puede sobrepasar, respectivamente, el fin informativo o la intención crítica pretendida, dándole un matiz injurioso, denigrante o desproporcionado, debiendo prevalecer en tales casos la protección del derecho al honor ” Las expresiones usadas en posibles delitos contra el honor en internet o en otros medios deben desacreditar al afectado ante colaboradores, socios o trabajadores y constituir un menosprecio claro y una clara afrenta a su honor.
Se trata de unas informaciones publicadas en diarios digitales, que atañen a mi persona, y no en términos elogiosos, precisamente, emanadas para más inri del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, a cuyo frente esta una individua nombrada a dedo, como personal eventual, es decir, la voz de su amo Recientemente he vivido en carne propia una experiencia francamente kafkiana, y que demuestra el mal funcionamiento de nuestro estado de derecho, más bien de desecho, o por lo menos en franca descomposición.
En cualquier caso el valor de un e-mail en un proceso civil, con independencia del dominio que tenga, es relativo y requerirá de otros medios de prueba que corroboren el contenido del mismo, al ser una prueba de carácter meramente indiciario; Puede ser alegado en un proceso, aunque la otra parte puede impugnarlo alegando que existen mecanismos para simular el envío de correos, o que el envío ha sido realizado por alguien que no lo ha enviado (pero tendría que probarlo) resume con estas palabras la resolución dictada por la sala primera del Tribunal con la que ha confirmado la validez jurídica de una notificación realizada vía e-mail entre un procurador y un cliente moroso. Pero hay una forma para eludir este requisito, viene establecida en el artículo 278.2 de la LECrim. Sin embargo, dicho derecho puede chocar claramente con el derecho de la prensa de difundir noticias, en el sentido más amplio del término. De un lado, se ha divulgado un informe y ha sido noticia en un diario económico nacional que “En España el 21% de los hogares no dispone de conexión a internet”, quedando “en sombra, principalmente en zonas rurales, donde no llega el flujo de datos”. Este dato -unido a la localización del ordenador en un despacho sin llave- no supone por sí mismo una aceptación por parte del trabajador de un acceso abierto a la información contenida en su ordenador, aunque ello suscite otros problema en los que en este recurso no cabe entrar sobre la dificultad de la atribución de la autoría al demandante”.
Pero un análisis técnico obliga a superar el territorio de las emociones y a transitar el de la racionalidad normativa. ¿Limita el ?derecho al olvido? el derecho a recibir información? No. Volvo, por ejemplo, tiene una marcada tradición de usar la tecnología para crear valor. De hecho, para esta Comisión del Senado, «es una responsabilidad de los legisladores y del Gobierno Central y de los de las Comunidades Autónomas garantizar la igualdad de oportunidades a los ciudadanos y a los territorios del Estado». En cualquier caso, la desconfianza de las autoridades en el uso que por los ciudadanos se pueda estar haciendo de internet ha hecho que la Unión Europea haya aprobado la Directiva 2006/24/CE, que también modifica la anterior Directiva 2002/58/CE, en la que se establecía la obligación de los proveedores de acceso a internet de conservar los datos generados en las trasmisiones electrónicas.
El nivel de preocupación por la privacidad, en los usuarios de Internet, es bajo ya que en general confía en el ecosistema, el ciudadano normal desconoce quién o quienes tienen acceso a sus datos, cómo se recolectan, para que se usan, para que se podrían usar y desconoce el valor de sus datos personales. Es necesario el acuerdo entre la Administración y los administrados, pues incluso aunque la Administración inicie de oficio el procedimiento si alguno de los interesados manifiesta su oposición expresa, la Administración debe seguir la tramitación ordinaria. En definitiva, lo único que se garantizaba era la conexión a internet a baja velocidad. Existe por tanto una responsabilidad de todos para sensibilizar a la sociedad y a sus ciudadanos para que dejen de ser agentes pasivos y que pasen a ser sujetos activos en la gestión de su privacidad. La segunda precisión o matización se refiere al alcance de la protección de la intimidad, que es compatible, con el control lícito al que se ha hecho referencia.
Por ello, la importancia de la regulación de la Administración electrónica introducida por la LPAC radica en el hecho de que supone una herramienta que, por primera vez, ha sentado las bases para que las Administraciones Públicas lleven a cabo su actuación mediante un procedimiento exclusivamente electrónico, que pretende ser más ágil, transparente y con menor carga burocrática. Es esta, pues, la esperable incidencia de la LRJSP. Por lo que se refiere a los intentos de regulación legal, en estos momentos, está en discusión, en la Comisión del Parlamento Europeo encargada de Libertades Públicas, Justicia y Asuntos de Interior, la Propuesta de Reglamento de la Comisión Europea sobre la “Protección de los individuos con respecto al procesamiento de datos personales y el libre flujo de dichos datos” de fecha 25 de enero.
Este Tribunal (por Audiencia Nacional) se ha referido expresamente a la imposibilidad de encontrar una definición del mismo en el propio ordenamiento jurídico ( STC 223/1992 (LA LEY 2065-TC/199 ). Es opinión generalizada que los mensajes de correo electrónico, una vez descargados desde el servidor, leídos por su destinatario y almacenados en alguna de las bandejas del programa de gestión, dejan de integrarse en el ámbito que sería propio de la inviolabilidad de las comunicaciones.
“Es importante señalar que en el caso presente las pruebas documentales a las que se ha negado validez por el actor, están constituidas por copias privadas obtenidas de documentos electrónicos (e-mails o correos electrónicos) que no consta que posean firma electrónica reconocida, y que han sido obtenidas a través de la impresora de un ordenador. El Capítulo Preliminar, titulado "El Derecho de Internet", se propone analizar la problemática general de la regulación del ciberespacio -comenzando por la cuestionada necesidad de tal regulación-, así como su encuadre en la progresiva e ineludible convergencia tecnológica.
jueves, 8 de noviembre de 2012
Los problemas del contenido
Hacia el contrario, se observa absolutamente nada más fascinante que la demo de costumbre asociada con exactamente cómo relajado resultados de la ejecución en los resultados previsibles.
Honestamente, experimentado cada uno de los eventos dentro de estos tipos de problemas más que adoptó los métodos actuales hablado dentro del número continuar nuestro Comité de artículos de contenido, ponemos en duda estos acuerdos podrían eliminarse los pobres.
Sin embargo, dentro de cada situación, desde la celebración que se establece el acuerdo actual requiere el método actual relajado en el sentido de establecer su propio programa.
En contraste con sólo un par en los últimos años, exactamente donde los jueces ídolo había sido con frecuencia no están dispuestos con el fin de tratar a este tipo de lugares, la tabla real se ha convertido en tratar con las técnicas actuales, así como eventos con el fin de llamar por teléfono al trabajo para su o sus implementaciones pobres.
Honestamente, experimentado cada uno de los eventos dentro de estos tipos de problemas más que adoptó los métodos actuales hablado dentro del número continuar nuestro Comité de artículos de contenido, ponemos en duda estos acuerdos podrían eliminarse los pobres.
Sin embargo, dentro de cada situación, desde la celebración que se establece el acuerdo actual requiere el método actual relajado en el sentido de establecer su propio programa.
En contraste con sólo un par en los últimos años, exactamente donde los jueces ídolo había sido con frecuencia no están dispuestos con el fin de tratar a este tipo de lugares, la tabla real se ha convertido en tratar con las técnicas actuales, así como eventos con el fin de llamar por teléfono al trabajo para su o sus implementaciones pobres.
miércoles, 7 de noviembre de 2012
La defensa de las marcas
¿A qué nos obligan? La obligación básica es la de informar claramente al cliente, antes de que realice la compra, de todos los aspectos relativos a la misma. La norma otorga al deudor un derecho de tanteo para el supuesto de que el acreedor se venda las participaciones o acciones obtenidas por capitalización de deuda. En este último hay una amalgama de disposiciones sin ningún carácter sistemático. Sólo en este tercer caso hay reconocimiento de deuda en el sentido aludido, o sea el llamado reconocimiento constitutivo de deuda. l) El suministro de servicios de alojamiento para fines distintos del de servir de vivienda, transporte de bienes, alquiler de vehículos, comida o servicios relacionados con actividades de esparcimiento, si los contratos prevén una fecha o un periodo de ejecución específicos. Hay otras como el DNS Spoofing (falseamiento de una dirección IP); ARP Spoofing (construcción de tramas de solicitud y respuesta, ARP falseadas, de forma que en una red local se puede forzar a una determinada máquina a que envíe paquetes a un determinado host en vez de a un destino legítimo), y Web Spoofing (con el que un pirata podría visualizar y modificar cualquier página web que su víctima solicite a través de un navegador, incluyendo las conexiones seguras tipo SSL).
Esta internacionalidad asusta al consumidor porque no sabe dónde va a tener que presentar la demanda y no sabe qué derecho se va a aplicar. Trámites esenciales.- Presentada la demanda, el Juez ordena que se requiera al deudor y, si no paga inmediatamente, que se proceda a embargar sus bienes. Información al consumidor Los aspectos que se refieren a las prestaciones de servicio deben ser planteadas con antelación al consumidor, esto es no al final del proceso de la compra, que es lo más habitual. lo que buscan es, precisamente, evitar las malas prácticas. En el conjunto de 2013, se ingresaron 12.731 millones de euros, lo que supone un aumento del 21,8% respecto al año anterior, según el último Informe sobre el comercio electrónico a través de entidades de medios de pago difundido recientemente por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC)”. Incorporación de las CGC al contrato.
El Reglamento CE nº 44/2000 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que dispone que, en el ámbito de la UE, la acción entablada por un consumidor contra un suministrador podrá interponerla ante los tribunales de su lugar de residencia o, si lo prefiere, del Estado miembro donde estuviese domiciliado el suministrador; mientras que el suministrador sólo puede dirigirse a los tribunales del Estado miembro de residencia del consumidor para actuar contra éste. La venta de productos defectuosos por Internet Las transacciones a través de Internet, por venta de productos defectuosos en muchos casos, o bien por engaños por la no entrega del producto que se anuncia están a la orden del día. Las ejecuciones de dichos bienes que ya estuvieran en tramitación se suspenderán con la constancia de la comunicación del deudor al Juzgado.
Características.- Como principales ventajas de este procedimiento, deben destacarse su rapidez, su eficacia y la posibilidad del embargo de bienes de forma inmediata si, tras un primer requerimiento, el deudor no paga lo que se le reclama. RD 1906/99. Sólo hay que ver los datos reiterados de incremento sustancial del comercio electrónico en los últimos años para darse cuenta de ello. Está vedada la sumisión expresa en la contratación con consumidores, salvo que se pacte con posterioridad al litigio o sea electivo el fuero para el consumidor. Las transacciones fuera de España celebradas por Internet Sin embargo, en el comercio electrónico internacional ejercido por personas o entidades no residentes se requiere la consideración de una serie de adaptaciones interpretativas sobre determinados conceptos y principios impositivos. Adaptación del sitio web para alojar un enlace a dicha plataforma, dicho enlace ha de estar situado en una zona de fácil acceso.
Con carácter general, en los procesos declarativos, se imponen las costas a la parte que pierde el pleito, salvo que el Juez considere que hay motivos concretos (especial dificultad del asunto, que plantee serias dudas sobre su solución) para no imponerlas. Este es un ejemplo que sucede en la vida real, y que causa serios problemas en caso de necesitarse una acción judicial para exigir unos derechos, debido a los fuertes costes que generaría el procedimiento necesario. El problema surge cuando se cruza la línea que convierte un requerimiento legítimo en un atosigamiento ilegal o incluso acoso. Cómo las empresas pueden reducir la amenaza de litigios Acuerdos de Compraventa ¿Cuánto vale su negocio? Cómo tratar los conflictos comunes de empresas familiares Deterioro de los Negocios, Reducciones de Costos y de Tamaño La Debida Diligencia en Fusiones y Adquisiciones de Negocios ¿Está Siendo Excluido de un Negocio Familiar? La Ley: ¿éxito o Fracaso? Deducciones Fiscales Comunes para Negocios Pequeños Deberes de Lealtad y Cuidados del Consejo Directivo Explicación de Términos Comunes del Contrato Quiero anunciar un producto en la Internet.
El deudor deberá entonces pagar o entregar la posesión de los bienes sobre los que recae el derecho real de garantía. Pero, ¿que ocurre cuando el domicilio aparente no coincide con el domicilio real? Los prestadores de Servicios en Internet (Directiva) están obligados a identificarse, siempre que estén registrados en la Unión Europea. Por otro lado, no se tendrá en cuenta a efectos de cómputo de porcentajes para aprobar la refinanciación, los créditos de acreedores considerados personas especialmente relacionada con el deudor que, sin embargo sí quedarán afectados por el acuerdo. Cómo hacer Marketing on-line cumpliendo la normativa jurídica. Contratación electrónica Implantación de procedimientos legales para la venta a distancia, medios de pago y no repudio. Para esa mejor defensa es imprescindible tener toda la información sobre la deuda que se reclama, para lo que a su vez hay que reclamar esa información, máxime si los contratos son verbales.
El marco legal de este tipo de operaciones se regula porla Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, que en su artículo 23 sobre la Validez y eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica establece que: “Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez. Y es precisamente esto lo que también le da carácter vinculante y obligatoriedad entre las partes, sin necesidad de recurrir a los aparatos coercitivos estatales, al resultar plenamente reconocido por todos los elementos que operan en el comercio electrónico internacional. Somos conscientes de que el actual contexto socioeconómico ha convertido la presencia en Internet en una necesidad vital para cualquier empresa, y ofrecemos asesoramiento integral sobre las siguientes cuestiones: Derecho e Internet Asesoramiento jurídico en materia de prestación de "servicios de la sociedad de la información" y comercio electrónico.
Contratos de compraventa de mercancías: la obligación que sirve de base para la interposición de la demanda, es la entrega de las mercancías. – Además de la necesaria alfabetización digital, ¿que fórmulas podrían aplicarse para conectar con la población y fomentar la participación ciudadana en este ámbito? Además de medidas educativas y de formación continua, creo que la implicación de los padres es esencial: mal vamos a poder enseñar a nuestros menores a cruzar la calle si nosotros no andamos por ella: dejemos de tener y sembrar miedo a la Red y empecemos a usarla nosotros también. En la misma resolución se dice que, conforme al artículo 1277 del Código Civil (“aunque la causa no se exprese en el contrato, se presume que existe y que es lícita mientras el deudor no pruebe lo contrario”), no es menester una especial intención de las partes dirigida a separar y abstraer la causa, sino que basta su inexpresión, presumiéndose la existencia y licitud de la causa, surtiendo el contrato que no la exprese exactamente los mismos efectos que el causal, mientras no se pruebe que la causa no es ilícita o no existe.
Entre ellos: Contratos celebrados con la presencia física simultánea del empresario y del consumidor y usuario, en un lugar distinto al establecimiento mercantil del empresario. Ese acuerdo se adoptará por mayoría simple y la norma establece un régimen sancionador muy severo tanto para el deudor que se oponga al acuerdo como para los socios de la deudora que se opongan al aumento en la junta convocada al efecto. Por ejemplo, los litigios sobre nombres de dominio (cybersquatting) first to file first to serve. También cabe la posibilidad de elegir un Tribunal online. Se establece porque la norma del artículo 5 sólo se aplica a los contratos que cumplen las condiciones de aplicabilidad.
Sin embargo, el Convenio contiene varias disposiciones que se apartan de este principio y permiten incoar los procedimientos judiciales en otro Estado contratante distinto de aquél en el que reside el demandado. Algunas acreedoras no se limitan a externalizar la gestión de sus impagados, sino que al cabo de unos años, ante la dificultad de cobrarla, venden esas deudas a terceros por debajo de su cuantía, incluso a mitad de precio. Puede someterse a arbitraje cualquier cuestión sobre la que las partes tengan libre disposición. 2.1 International Cyber Law Esta corriente pretende resolver los problemas basándose en un International Cyber Law. Las transacciones en España celebradas por Internet Los aspectos fiscales del comercio electrónico ejercido por personas físicas o jurídicas residentes en territorio español no ofrecen ninguna diferencia respecto de los derivados del comercio tradicional. Cuando una de estas empresas se pone en contacto con un supuesto deudor, lo primero que hay que hacer es solicitar, mediante escrito, que quien reclama la deuda demuestre que tiene capacidad para hacerlo.
El suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas o revistas, con la excepción de los contratos de suscripción para el suministro de tales publicaciones. Estafas en las compras por Internet El uso de Internet, ha propiciado que también a través de él y del comercio electrónico se produzcan delitos que pueden ser considerados como estafa por Internet, hoy desgraciadamente frecuente, sobre todo por el anonimato en el autor del hecho delictivo y por la distancia desde donde puede cometerse, ha proliferado de forma que es uno de los delitos más habituales en el ámbito judicial. c) Prohibición de envíos no aceptados No se permite el envío de productos o servicios no aceptados mediando una petición de pago; si se efectuara el envío, el receptor no está obligado a su devolución, pero si decidiera devolverlos, no está obligado a indemnizar los daños producidos. También hay regulación y se ha de cumplir.: ventanas pop-up en Internet).
Deuda "buena" En términos muy generales, tiene sentido endeudarse para adquirir bienes o servicios que puedan: foto urbanización de pisos Aumentar su valor con el paso del tiempo, de forma que en el futuro valdrán más de su precio inicial más coste de financiación (por ejemplo, una vivienda u otro inmueble). No obstante, el Art.8 LSSI permite que si no se puede acceder a la exigencia de las responsabilidades en que incurra la empresa infractora podrá proceder a cortar la comunicación del servidor en España. h) La lengua o lenguas en las que podrá formalizarse el contrato, cuando ésta no sea la lengua en la que se le ha ofrecido la información previa a la contratación. Es innegable el crecimiento cada vez mas acelerado del comercio electrónico: Mientras que en el año 2005 este comercio se incrementó en España en un 16% respecto al año anterior, en 2006 su incremento ya fue de un 30% y en 2007 parece que ya está situado en el 46%. c) Otros contratos: No cabe aplicar estas reglas en los casos de franquicia, concesión, etc donde deberemos estar al caso concreto, lugar de pago, lugar de incumplimiento de la prestación,..
Tampoco cabe aplicar estas presunciones cuando las mercancías se concreten en un tercer país no miembro de la UE. En la Convención se regula la determinación de la ubicación de la parte en un entorno electrónico; el momento y lugar de envío y de recepción de las comunicaciones electrónicas; la utilización de sistemas de mensajes automatizados para la formación de contratos; y los criterios a que debe recurrirse para establecer la equivalencia funcional entre las comunicaciones electrónicas y los documentos sobre papel, incluidos los documentos sobre papel "originales", así como entre los métodos de autenticación electrónica y las firmas manuscritas. A través de la Disposición transitoria quinta de la referida Ley se establece el régimen de prescripción aplicable a las relaciones ya existentes a la entrada en vigor de la norma disponiendo expresamente que el tiempo de prescripción de las acciones personales que no tengan señalado término especial para su reclamación, nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se regirá por lo dispuesto en el artículo 1939 del Código Civil.
Dadas las posibilidades que ofrece el comercio electrónico, se perseguirá a quienes actúen contra los que no respetan las recomendaciones de precio convirtiéndolas de hecho en precios fijos, pero el Informe apunta hacia la necesidad de un análisis más flexible respecto de otras cuestiones. No se trata solo de bancos o grandes empresas, sino también de pequeñas y medianas, desde una cadena de supermercados hasta un gimnasio. Si lo que resta fuese superior a cinco años, se aplicará el nuevo plazo de cinco años introducido por la Ley. Los laudos o resoluciones de los árbitros. Fraudes y engaños en las ofertas. No realice transacciones comerciales electrónicas a través de proveedores con sistemas “inseguros” o no fiables. O lo que es lo mismo, ese código sirve de guía para distinguir quiénes son profesionales del cobro de deudas y quiénes no.
El derecho del acreedor de cobrar su deuda está plasmado en el artículo 1096 y 1101 del Código Civil. Para aquellos que estén interesados en crear una tienda online, implementamos todos los procesos legales necesarios para poder desarrollar una actividad comercial por internet y en especial para la venta a distancia de productos y servicios. Cuando dichos contratos se cobren con arreglo a una tarifa fija, el precio total también significará el total de los costes mensuales. Ni una empresa de recobro, ni ninguna otra empresa privada pueden embargarte el sueldo, la pensión o tus propiedades. 2.2 Derecho Internacional Privado Otra postura opta por el Derecho Internacional Privado de cada uno de los estados, que plantea la resolución de los conflictos, de la competencia judicial, la normativa aplicable y la ejecución de sentencias en el extranjero, desde la óptica de las reglas tradicionales que remiten el conflicto a los Tribunales estatales competentes. A este respecto señala el artículo 1.961 del Código civil que las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley.
Es decir el consumidor ha de recibir la documentación del contrato y las condiciones generales de contratación. artículo 40 LOCM. Era el plazo estipulado para que el seguro pudiera utilizarse y se hiciera cargo de mis cuotas mensuales durante otro año. Se excluyen todos aquellos productos que pueden ser reproducidos. Estudio y análisis jurídico de actividades de comercio electrónico. Y ello ha llevado a algunos despachos de abogados a extender sus límites sin un código ético que los regule, y en el peor de los casos, ha atraído a personas con apenas conocimientos en Derecho o materia financiera, que además se sirven de teleoperadores o call centers para atosigar a llamadas a los supuestos deudores. La reclamación se remite al empresario, a fin de que este conozca el hecho y proponga una entidad de resolución alternativa para el litigio en particular. El intercambio de información por medio de correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente para fines ajenos a la actividad económica de quienes lo utilizan.
Entrega y devolución de la mercancía Otra de las cuestiones a revisar por los propietarios y gestores de los sitios web de comercio electrónico, es el proceso de entrega de la compra al consumidor, en la Ley se marca que de no existir acuerdo previo entre las dos partes el plazo de entrega es de treinta días, así que de no existir ese plazo marcado y aceptado por ambas partes, el consumidor podrá resolver el contrato sin ningún tipo de penalización por su parte. Se describe la firma electrónica como un instrumento capaz de permitir una comprobación de la procedencia y de la integridad de los mensajes intercambiados a través de redes de telecomunicaciones, siendo los sujetos que hacen posible el empleo de la firma electrónica los denominados prestadores de servicios de certificación. ¿Cómo se reclama en caso de un contrato establecido a través de la red, entre un comprador español y una empresa no situada en el espacio europeo, por ejemplo China?.
Para ello algunas informaciones deben aparecer visibles en la página web y otras pueden constar en un contrato que tiene que ser accesible desde la web mediante un enlace ya sea a la propia web o a otra. En la técnica procesal se razona que se produce una inversión o desplazamiento de la carga de la prueba como consecuencia de la presunción legal (de naturaleza “iuris tantum”), aunque un sector doctrinal prefiere hablar de regla especial de prueba por no concurrir en la construcción legal todos los elementos estructurales que configuran la presunción. El letrado recalca que hay que distinguir entre las empresas que gestionan paquetes de pasivos y los cobradores de morosos. ¿podría demandar a esta empresa en España?. En cuanto a la prenda sin desplazamiento, puede constituirse sobre determinados bienes muebles (por ejemplo cosechas futuras, animales o sus crías, maquinaria agrícola, colecciones artísticas, etc.) Se llama sin desplazamiento porque el deudor o avalista propietario de esos bienes conserva su posesión.
El suministro de bienes que puedan deteriorarse o caducar con rapidez. No obstante, y pese a las indudables ventajas que este procedimiento introducido en el año 2000 por la Ley de Enjuiciamiento Civil ha supuesto para los acreedores (actualmente, el 40% de las ejecuciones civiles proviene de un monitorio), lo cierto es que obliga a acudir a los tribunales, con los costes económicos y sobre todo temporales que tal circunstancia siempre comporta. El conocimiento por parte de los abogados de este procedimiento notarial de reclamación de deudas dinerarias y la generalización de su uso puede contribuir además a una notabilísima disminución de asuntos en los Juzgados civiles, lo que redundará en la calidad de la Justicia.
Dicha directiva tiene por objeto el fomento de la libre circulación de bienes y servicios también en relación a los particulares, considerando que el desarrollo de nuevas tecnologías con la consiguiente multiplicación de las ofertas dio lugar a que los estados adoptaran disposiciones distintas de protección de los consumidores en materia de venta a distancia, con el consiguiente efecto negativo en la competencia entre empresas en el mercado interior, lo que hace necesaria la introducción de unas normas comunes mínimas a nivel comunitario. Dicha directiva tiene por objeto el fomento de la libre circulación de bienes y servicios también en relación a los particulares, considerando que el desarrollo de nuevas tecnologías con la consiguiente multiplicación de las ofertas dio lugar a que los estados adoptaran disposiciones distintas de protección de los consumidores en materia de venta a distancia, con el consiguiente efecto negativo en la competencia entre empresas en el mercado interior, lo que hace necesaria la introducción de unas normas comunes mínimas a nivel comunitario. Así, si su crédito es superior a 300 euros y lo tiene documentado en una escritura pública o en una póliza intervenida por notario, puede acceder directamente a ejecutarlo sin necesidad de acudir a un proceso judicial declarativo.
Sabemos también que la sociedad norteamericana ICANN otorga el registro de los nombres de dominio a nivel mundial. Al terminar la orden de compra debe aparecer una página que resume la operación. Por tanto, la realización de una auditoría telefónica de medidas de seguridad no permitiría obtener los resultados establecidos en la normativa de protección de datos. Recuerde que existen sistemas de dinero electrónico que preservan el anonimato de sus compras en Internet. Una vez comprobado que todo es correcto, el notario procede a requerir al deudor a pagar en veinte días, o a acudir a la notaría para alegar su oposición a la reclamación. En 2013, las deudas que no hay manera de cobrar superaron el porcentaje. Como no puede ser de otra manera, el desarrollo del comercio digital ha de ir de la mano del adecuado asesoramiento. Las normas de protección del consumidor tienen un carácter internacionalmente imperativo. ¿Existen alguna reglas que deba seguir para esta clase de publicidad?
¿Existen Límites para la Compensación a un Ejecutivo? Números de Identificación del Empleador Quiero empezar mi negocio propio. La financiación de la deuda es una forma para que las empresas obtengan el capital que necesitan para abrir y operar un negocio existente. En distinto sentido regula el lugar de celebración del contrato la Ley 34/2002 al establecer que aquéllos en los que intervenga como parte un consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia habitual, mientras que los contratos electrónicos entre empresarios o profesionales, en defecto de pacto entre las partes, se presumirán celebrados en el lugar en que esté establecido el prestador de servicios. Los procedimientos declarativos. Para la patronal de entidades de gestión de cobros (Angeco) —que reúne a 51 empresas y acapara el 80% del mercado— estos casos son consecuencia de la falta de regulación del sector, que da cabida a “compañías que no cumplen ningún código ético ni profesional”.
Revelar a terceros la presunta situación de morosidad de una persona atenta a su derecho a la dignidad y al honor. En caso de que el consumidor y usuario ejercite el derecho de desistimiento tras la presentación de una solicitud con arreglo al artículo 98.8 o al artículo 99.3, la información de que en tal caso el consumidor y usuario deberá abonar al empresario unos gastos razonables de conformidad con el artículo 108.3. Contratación business to consumer (B2C) El Reglamento 44/2001 presenta unas cautelas para proteger al consumidor a la hora de formalizar contratos electrónicos. Excepción: sí se podrá enviar a personas que no lo han solicitado cuando exista una relación contractual previa y el spamming está referido a los mismos productos o servicios que hemos adquirido. Así que lo que recuperamos es siempre fruto de una negociación. Y se especializaron.
La venta de productos de segunda mano por Internet Se producen a través de portales de todo tipo de venta de segunda mano que existen en Internet, en el que el anunciante del producto, que bien puede estar en un país fuera de la Comunidad Europea ofrece un precio muy asequible como gancho y determinadas personas caen en esa gancho. Presunción de contrato celebrado por Internet También de acuerdo con la Ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, se entiende por contrato celebrado por vía electrónica o contrato electrónico, todo contrato el que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos, conectados a una red de telecomunicaciones. Vamos a tratar de comentar los mecanismos de protección que el consumidor tiene a su disposición tanto en la fase precontractual, como en el momento de la perfección del contrato y en la fase postcontractual. También proporcionamos asistencia letrada y defensa en expedientes sancionadores por incumplimiento de la normativa reguladora. Para ello, deberá llevar a cabo un requerimiento de pago por medio de Notario.
En cuanto a las empresas recobradoras, se les pide un mínimo de experiencia y conocimientos para poder ser asociados. Ley 22/2007 de 11 de Julio sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores. Referida a la formación del contrato y a su contenido. En el caso de un contrato de duración indeterminada o de un contrato que incluya una suscripción, el precio incluirá el total de los costes por período de facturación. Los principios a que alude este apartado son los siguientes: La salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional. u) Cuando proceda, la posibilidad de recurrir a un mecanismo extrajudicial de reclamación y resarcimiento al que esté sujeto el empresario y los métodos para tener acceso al mismo. Asimismo, en algunos supuestos seguirá siendo necesario o conveniente el citado informe como, por ejemplo, para que el concurso no se declare culpable si el deudor se ha negado a la capitalización de créditos frustrando con ello la consecución de un acuerdo de refinanciación.
El procedimiento extrajudicial más utilizado es el arbitraje, aunque hay otros para cuestiones más específicas, a los que se hará referencia al final de este apartado. Objetivo general de la reforma El objetivo general de la reforma se centra en la relación del comercio con el consumidor, se pretende una defensa más eficaz de este último y evitar así los posibles abusos que vengan del primero. Es una legislación hecha al margen de los parlamentos de los Estado que podría beneficiar a las grandes empresas multinacionales, y con ello podría surgir el derecho del mas fuerte, los lobbies y los grandes servidores/compañías que pretenderán imponer sus servicios. El artículo 1096 reconoce la posibilidad del acreedor de "compeler", es decir, "obligar" al deudor a que realice la entrega. Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre, relativo a la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores Directiva 2013/11/CE y Reglamento nº 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativos a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, y por las que se modifican el Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE.
Si no sabes cómo iniciar un negocio de comercio electrónico ponte en contacto con nosotros. 4.3.- Los procedimientos especiales EL JUICIO MONITORIO Casos en que procede.- Solamente puede hacerse uso de este procedimiento, para exigir el pago de una deuda dineraria de cualquier importe, que sea líquida, determinada, vencida y exigible, siempre y cuando se cuente con un documento del que derive la existencia de la deuda, y que cumpla determinados requisitos exigidos en la Ley. Estas reglas sólo son aplicables cuando el contrato reúne las condiciones de aplicabilidad del artículo 15. No obstante, las disposiciones contenidas en esta ley han de entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas estatales o autonómicas de aplicación en razón de las materias y que tengan por objeto la salud y seguridad pública, la protección de los intereses del consumidor y de sus datos personales.
“Te quitamos hasta el último céntimo del sueldo”. Incluso, en este caso, se dan determinados supuestos en los que el consumidor no viene obligado a asumir coste alguno, pero tales supuestos precisan de asesoramiento específico de un profesional del Derecho. s) Cuando proceda, la funcionalidad de los contenidos digitales, incluidas las medidas técnicas de protección aplicables. Así, la Directiva 2000/31/CE ha sido desarrollada por la Ley 34/2002 de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, mientras que la Directiva 97/7/CE de protección de los consumidores en materia de contratos a distancia, fue incorporada a la preexistente Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista mediante dos normas: la Ley 55/1999, de 29 de diciembre y la Ley 47/2002, de 19 de diciembre. Para la patronal de entidades de gestión de cobros (Angeco) —que reúne a 51 empresas y acapara el 80% del mercado— estos casos son consecuencia de la falta de regulación del sector, que da cabida a “compañías que no cumplen ningún código ético ni profesional”. “En un 90% de los casos se gana”, asegura.
Para esa mejor defensa es imprescindible tener toda la información sobre la deuda que se reclama, para lo que a su vez hay que reclamar esa información, máxime si los contratos son verbales. Esta nueva modalidad conocida como e-commerce o comercio electrónico, ha supuesto el gran auge de plataformas de venta online como Valve o Amazon, así como el progresivo declive de los otros modelos de venta física. Servicio técnico: el consumidor que compre a través del comercio electrónico también tiene derecho a un servicio técnico que además tenga existencia de repuestos por un plazo mínimo de cinco años desde que el producto deje de fabricarse. Siempre que la Ley exija que el contrato o cualquier información relacionada con el mismo conste por escrito, este requisito se entenderá satisfecho si el contrato o la información se contiene en un soporte electrónico.
Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo. Salvo que se utilicen mecanismos de integridad, autenticación y certificación (firma digital, notarios electrónicos, etc.) no confíe ciegamente en que la persona u organización que le remite un mensaje es quien dice ser y en que el contenido del mismo no se ha modificado, aunque esto sea así en la inmensa mayoría de las ocasiones. Recoge tanto los criterios norteamericanos de doing business y el criterio stream of commerce (corriente de comercio). Una de sus principales funciones es la de analizar la situación jurídica del comercio electrónico a nivel mundial (EDI - Internet) y proponer las correspondientes recomendaciones. El comercio electrónico da a sus usuarios la oportunidad de consumir en un mercado más amplio y competitivo, pero también fomenta la contratación en masa, el consumismo y el riesgo para los consumidores de sufrir abusos y fraudes por parte de las empresas.
La protección excesiva sobre los derechos de autor, ¿puede perjudicar la Sociedad de la Información? En el momento actual asistimos a una verdadera revolución cultural. Solamente por motivos muy determinados y taxativamente enumerados en la Ley puede el deudor oponerse a la ejecución y, si se produce esta oposición, se tramita de forma rápida, mediante una comparecencia, dictándose sentencia a continuación. Los medios de prueba que admite la Ley para tratar de demostrar los hechos alegados son: las declaraciones de las partes y de testigos, informes de peritos, reconocimiento judicial de cosas o lugares litigiosos y reproducción de palabras, imágenes y sonidos (grabaciones). B. Utilice los mecanismos de seguridad que tenga a su alcance para proteger sus datos de accesos no deseados. Cuando navegue por Internet, sea consciente de que los servidores Web que visita pueden registrar tanto las páginas a las que accede como la frecuencia y los temas o materias por las que busca, aunque no le informen de ello.
En caso de que el consumidor y usuario ejercite el derecho de desistimiento tras la presentación de una solicitud con arreglo al artículo 98.8 o al artículo 99.3, la información de que en tal caso el consumidor y usuario deberá abonar al empresario unos gastos razonables de conformidad con el artículo 108.3. INFORMACIONES VISIBLES EN LA WEB ANTES DE LA COMPRA: Restricciones de entrega (por ejemplo, ámbito geográfico “sólo península”) Modalidades de Pago (tarjetas, PayPal, transferencia, etc.) Características de los bienes y servicios El precio de los servicios indicando claramente si incluyen impuestos, gastos de entrega o cualquier gasto adicional. La directiva define el lugar de establecimiento del prestatario como el sitio en donde un operador ejerce de manera efectiva una actividad económica, a través de una instalación estable y por un tiempo indeterminado.
Cabe destacar al efecto, el contenido de la Sentencia de 28 de septiembre de 1998, la que cita y repite, resumiéndolos, los argumentos esgrimidos en otras muchas Sentencias anteriores, diciendo así que el “reconocimiento de deuda no crea obligación alguna, es un negocio jurídico unilateral por el que su autor declara o, lo que es lo mismo, reconoce la existencia de una deuda previamente constituida; contiene, pues, la voluntad negocial de asumir y fijar la relación obligatoria preexistente, se le aplica la presunción de la existencia de causa del artículo 1277 del Código Civil y el autor, autores, o causahabiente en el presente caso, queda obligado a cumplir la obligación cuya deuda ha reconocido...; a su vez, al reconocimiento de deuda se le atribuye una abstracción procesal, que dispensa de probar la obligación cuya deuda se ha reconocido...; en nuestro Derecho no se admite el negocio jurídico abstracto. Las más significativas, son: Solamente puede aplicarse a los asuntos transfronterizos, es decir, en aquellos supuestos en que una de las partes tiene su domicilio o su residencia en un Estado miembro de la Unión diferente de aquél en que tiene su sede el Tribunal que conozca del asunto.
Contratos que no pueden celebrarse a través de Internet: Compraventa de bienes inmuebles y creación de derechos sobre ellos. Se pueden cumplir por medios tradicionales (postales) y también por medios electrónicos (descarga de Internet). Estas condiciones se han de poder descargar en un pdf en cualquier momento y tienen que estar siempre disponibles. El ejercicio de este derecho supondrá que, en el plazo de otros catorce días naturales desde que haya sido informado de la decisión de desistimiento, el empresario deberá reembolsar al consumidor de todos los pagos recibidos, incluidos los gastos de entrega del bien; incluso, si se produjese un retraso injustificado del empresario en dicho reembolso, el consumidor puede reclamar el doble del importe total, sin perjuicio de poder reclamar, en su caso, por los daños y perjuicios en lo que exceda de dicha suma. “El vacío legal favorece el intrusismo, pero del malo. El contrato sigue existiendo pero la cláusula se tiene por no puesta. Reglas básicas: Invalidez casi absoluta de las cláusulas de elección de foro contenidas en CGC.
Se trata de productos diseñados para operar en diferentes mercados financieros, simultaneándolos con distintas divisas y cuyos gestores son sociedades de inversión cuya sede se encuentra en un país, pero que opera en otros países diferentes. Conforme Art.2 del Reglamento 44/2001, quien crea la apariencia de un domicilio ficticio debe asumir las consecuencias de lo que ello comporta, y por ello cabría presentar demanda tanto en el Estado del domicilio real, como en el del ficticio. Los Acuerdos colectivos, a su vez, se subdividen en los homologados judicialmente y los no homologados. Consultoría legal sobre actividades que impliquen la utilización, transmisión o captación de datos personales por medios electrónicos. United Fruit Company y London Corn Association). El procedimiento de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles Cuando el crédito deriva de una operación de compraventa de bienes muebles a plazos, o de la concesión de un préstamo para financiar una compra de este tipo, en caso de impago, el vendedor o financiador podrá obtener la posesión del bien mueble vendido, para hacerse pago con él por el resto del precio aplazado.
En su contenido conforma unos requisitos mínimos del contrato celebrado a distancia, comprendiendo tanto el electrónico, como las ventas por catálogo, publicidad, teléfono o los restantes a que se refiere su anexo; requisitos que como veremos serán reproducidos en toda la normativa posterior. Adaptación a la LSSI-CE de todo tipo de páginas web. Es también evidente que el reconocimiento abstracto o sin expresión de causa interrumpe la prescripción del correlativo crédito causal, pues conforme al artículo 1973 del Código Civil la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. La actual Ley de Arbitraje (Ley 60/2003, de 23 de diciembre) reformada parcialmente en mayo de 2011, es una norma moderna que pretende convertir a España en un foco de atracción de arbitrajes internacionales y desarrollar con eficiencia los arbitrajes en el ámbito interno.
Entre esos aspectos de la prestación de servicios están el precio completo (con tasas e impuestos), los plazos de entrega (consecuencias de excederse en ellos) y los costes de devolución (si existieran). ¿Existen alguna reglas que deba seguir para esta clase de publicidad? ¿Existen Límites para la Compensación a un Ejecutivo? Números de Identificación del Empleador Quiero empezar mi negocio propio. Concretamente, en el caso de comunicaciones telefónicas, deberá precisarse explícita y claramente, al principio de cualquier conversación con el comprador, la identidad del vendedor y la finalidad comercial de la llamada. Solo se contempla una condición para que acabe la persecución: rendirse y pagar la deuda reclamada. El importe recuperado se situó en 10.600 millones. Examinada la demanda y el título, si reúnen los requisitos legalmente exigidos, el Juez despachará ejecución, es decir, mandará que se inicie la ejecución solicitada.
En el segundo caso, cuando la causa se halla plenamente expresada (lo que es independiente de si es o no verdadera -real-), y en el que se alude al reconocimiento de deuda como causal, no es de aplicación el artículo 1277 del Código Civil porque la presunción o regla que éste contiene resulta innecesaria. El Art.4.5 CR establece que la presunción del Art.4.2 (cláusula de escape) puede decaer si se demuestra que el contrato presenta vínculos más estrechos con otro país siendo ésta última la ley aplicable. “Aconsejo grabar la conversación y luego denunciar”, dice Camacho. Ley 59/2003 de 19 de Diciembre, de Firma Electrónica. Guardar copias de las operaciones de compra realizadas. En el supuesto de que las partes hubiesen determinado la aplicación de arbitraje internacional, cabe acudir al sistema de fuentes o normativa aplicable: Convenio de Nueva York de 1958 y Convenio de Ginebra de 1961, ambos de carácter multilateral; Convenios bilaterales, la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Arbitraje Comercial Internacional, enmendada en 2006, y a nivel español la Ley de Arbitraje de 2003.
Con el fin de advertir a los responsables de ficheros de este tipo de prácticas, la Agencia manifiesta que una oferta que incluye una auditoría telefónica de medidas de seguridad no permitiría obtener los resultados establecidos en la normativa de protección de datos. Derecho aplicable Respecto al derecho aplicable, hemos de atender básicamente al Convenio de Viena, siempre que las partes no hubieren descartado su aplicación conforme al Art.6. - Ley General de Publicidad, Ley 34/1988 de 11 de noviembre. Representamos también a nuestros clientes en los procedimientos sancionadores iniciados por la Agencia Española de Protección de Datos y desarrollamos auditorías y programas de compliance que permiten a nuestros clientes conocer su estado de cumplimiento normativo y las gestiones necesarias para evitar potenciales sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos.
El trabajo pretendía cubrir tanto el mercado de productos de consumo como el mercado de contenidos digitales. La mala noticia es que no hay atisbo de que se vaya a regular el sector ni a medio ni a largo plazo. Teniendo en cuenta que el consumidor es la parte débil del contrato estas normas tienen por objeto facilitarle el acceso a la justicia. Contratos que regulan relaciones familiares y sucesiones (herencias). El objetivo final de los e-Marketplaces es la compra-venta de bienes o servicios por medios telemáticos, y el canal más frecuente es Internet. Si finalmente la sociedad termina en concurso pueden llegar a ser considerados cómplices de la insolvencia, en función de su grado de contribución a la formación de la mayoría necesaria para el rechazo del acuerdo.
Por tanto, el contrato se perfecciona por medios electrónicos (título), pero también el bien o el servicio se entregan o satisfacen electrónicamente. Hace seis años que la Asociación Nacional de Entidades de Gestión de Cobros ( Angeco), que aglutina a 49 empresas de recuperación de deudas, intenta que se lleve a cabo la regulación legal de esta actividad.
La actual Ley de Arbitraje (Ley 60/2003, de 23 de diciembre) reformada parcialmente en mayo de 2011, es una norma moderna que pretende convertir a España en un foco de atracción de arbitrajes internacionales y desarrollar con eficiencia los arbitrajes en el ámbito interno. Cómo identificar y corregir los errores en la entrada de datos Si procede: Los servicios postventa La duración del contrato Depósitos u otras garantías Mecanismos de reclamación La funcionalidad e interoperatividad de los contenidos digitales Importante: Es obligatorio enviar un correo electrónico de confirmación. Asimismo, está excluida cualquier tipo de publicidad no solicitada, engañosa, falsa, desleal u ofensiva. También cabe la posibilidad de elegir un Tribunal online. Regular las comunicaciones comerciales no solicitadas (spamming). Ya hemos comentado que para algunas adquisiciones resulta más beneficioso endeudarse que desembolsar su precio en efectivo.
En esta fase de ejecución de las obligaciones es cuando el consumidor debe de estar más protegido. En caso contrario, el teléfono seguirá sonando. Ello fomentará rápidamente el uso y aprovechamiento de la Red en beneficio de todos: ahorro de tiempo, menos consumo energético, mayo productividad, mejora del medio ambiente y de nuestra calidad de vida, etc. Si la transacción electrónica no se tratara de una compraventa, habría de aplicarse el Convenio de Roma de 19 de Junio de 1980 que viene a establecer los siguientes criterios: B.1 Autonomía de la voluntad: Al igual que ocurría con la determinación del Foro, la elección de Ley aplicable, puede ser expresa o tácita. Se establece porque la norma del artículo 5 sólo se aplica a los contratos que cumplen las condiciones de aplicabilidad. Entre otras, tienen la consideración de técnicas de comunicación a distancia: los impresos, con o sin destinatario concreto; las cartas normalizadas; la publicidad en prensa con cupón de pedido; el catálogo; el teléfono, con o sin intervención humana, cual es el caso de las llamadas automáticas o el audiotexto; la radio; el teléfono con imagen; el videotexto con teclado o pantalla táctil, ya sea a través de un ordenador o de la pantalla de televisión; el correo electrónico; el fax y la televisión.
En defecto de Convenio, el artículo 10.5 del Código Civil, se remite para las obligaciones contractuales a la sumisión, en su defecto a la ley nacional común de las partes, a falta de ella a la de su residencia habitual común, y en última instancia, a la ley del lugar de celebración del contrato; atendiendo por tanto al antiguo criterio de aplicación de la ley del oferente. La homologación de los acuerdos de refinanciación Se reduce de un 55% a un 51% el porcentaje de acreedores financieros que deben suscribir el acuerdo de refinanciación con el deudor para que pueda ser homologado judicialmente y no pueda ser objeto de rescisión. Es obligatoria la representación de las partes por Procurador y la defensa por medio de Abogado.
Hay algunas corrientes doctrinales que para determinar la competencia judicial internacional, entienden que los criterios tradicionales de recurrir al foro del domicilio del demandado, aunque útiles, resultan en algunos casos insatisfactorios y por ello proponen un desarrollo judicial equilibrado de las reglas del Derecho Internacional Privado y acudir al foro del domicilio del demandante (forum actoris). Con carácter general, el consumidor y usuario tendrá derecho a desistir del contrato durante un periodo de 14 días naturales sin indicar el motivo y sin incurrir en ningún coste distinto de los consumos o menoscabos que se hubieran generado en la cosa entregada, que debe devolverse. En 2014, las denuncias ante el organismo relativas a la esfera de la morosidad se incrementaron en más del 40% respecto a 2012. Protección en la fase postcontractual. Disponer de un medio de interlocución telemática (artículo 2 de la LMISI) para contratación electrónica (firma electrónica) consulta de datos, presentación de reclamaciones o derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
En el proceso de arbitraje planteado, la OMPI, aplicando las normas de ICANN, resolvió que para que haya lugar a la retirada del dominio debe haber sido utilizado de mala fe y además no ha de haber conexión con el que lo ha solicitado. Uno de los objetivos del estudio era analizar posibles restricciones a la competencia derivadas de las prácticas comerciales de las empresas; y reflexionar acerca de qué medidas podrían adoptarse para mejorar el acceso a productos y servicios tanto por los consumidores como por las empresas. Por último, en esta materia es interesante considerar el arbitraje comercial internacional, mecanismo que fomenta la Directiva 2000/31/CE, sobre el comercio electrónico. Una cláusula se considera abusiva cuando genera un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes en detrimento del consumidor: “Por ejemplo: el proveedor puede resolver el contrato unilateralmente”.Sanción: nulidad de pleno derecho.
Una empresa esta realmente establecida en una país pero se publicita en internet con un dominio de otro país. Pero con los años la realidad ha superado la fantasía: panteras rosas, Zorros o payasos se han lanzado a la caza de deudores para humillarlos y delatar su “secreto”. de la LGDCU, en beneficio del consumidor respecto de numerosos contratos en atención a las especiales circunstancias de celebración de los mismos, o a la especialidad de su objeto, o de las técnicas de venta utilizadas. El Procurador es un profesional del Derecho cuya función consiste básicamente en representar a las partes ante los órganos judiciales, a fin de que no tengan que acudir personalmente los propios litigantes a los Juzgados y Tribunales, salvo cuando sea imprescindible su presencia. Así, se regula el contenido mínimo de la información previa, confirmación escrita (o plasmada en cualquier soporte duradero a disposición del adquirente) de dicha información, la facultad de revocación, anulación de los cobros fraudulentos mediante tarjeta, y la prohibición de suministros no solicitados.
Tras la reforma operada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, por la que se modifica a través de la Disposición final primera de la Ley el artículo 1.964 del código civil, las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años, es decir, el plazo para reclamar estas deudas es de cinco desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación, y la acción hipotecaria prescribe a los veinte años. j) El suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas o revistas, con la excepción de los contratos de suscripción para el suministro de tales publicaciones. Y ello no sólo con palabras: ofrezcamos beneficios fiscales, laborales o sociales tangibles y directos a las personas que usen Internet en sus transacciones. Ello fomentará rápidamente el uso y aprovechamiento de la Red en beneficio de todos: ahorro de tiempo, menos consumo energético, mayo productividad, mejora del medio ambiente y de nuestra calidad de vida, etc.
Medió en el conflicto ICANN y se utilizó una política uniforme de resolución de controversias en materia de nombres de dominio (normas de International Cyber law) que se aplica en centros de arbitraje. Se trata de una estafa, realizada por organizaciones que, introduciéndose en cuentas bancarias de otros usuarios, tratan de blanquear el dinero a través de usuarios, generalmente, necesitados económicamente, que ven fácil, la consecución de un trabajo, que no lo es, y que lo único que le traerá serán consecuencias graves. Es importante analizar el plazo para el ejercicio del derecho de desistimiento, ya que, simplificando, podríamos decir que el día de inicio del cómputo del plazo es aquel en que se produce la entrega completa del bien o servicio; es en ese momento cuando se inicia el cómputo de los catorce días; ahora bien, si el empresario no hubiese cumplido con su deber de información del derecho de desistimiento que asiste al consumidor, el plazo finalizará doce meses después de la fecha en la que habría finalizado de haber cumplido el empresario con esa obligación, de manera que el plazo, en tal supuesto sería de doce meses y catorce días.
La ausencia de una legislación específica española, que señale los límites y competencias de las empresas dedicadas a la recuperación de deudas, ha supuesto que en los últimos diez años, pero especialmente desde 2005, hayan proliferado empresas dedicadas a esta actividad, muchas de ellas sin una cualificación profesional mínima. b) Consentimiento y perfección del contrato Dispone la Ley que en ningún caso la falta de respuesta a la oferta de venta a distancia podrá considerarse como aceptación de ésta, de modo que si el vendedor, sin aceptación explícita del destinatario de la oferta, enviase a éste el producto ofertado, se aplicará lo dispuesto acerca de la prohibición de envíos no aceptados. Fuera de la UE rige el Convenio de Bruselas sobre competencia y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil de 27 de septiembre de 1958.
Y esto sin mencionar los casos más extremos, como la extorsión o las lesiones físicas. Carácter de oferta comercial de la información presentada en la página web: ¿cuándo alguien quiere comprar un producto en Internet y en la página pone el precio, es una oferta? En algunos países no es oferta, sino que el comprador hace la oferta y hasta que el vendedor no acepta no hay contrato. Se pueden reducir a dos temas: información al consumidor, entrega y devolución de la mercancía. Vamos a tratar de comentar los mecanismos de protección que el consumidor tiene a su disposición tanto en la fase precontractual, como en el momento de la perfección del contrato y en la fase postcontractual. Entre otras, las causas por las que el consumidor es la parte débil, son: Uso de contratos de adhesión o condiciones generales de la contratación. La sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 14 de octubre de 2011 desestimó una demanda de un centro de estudios frente a un estudiante, en reclamación del precio un curso contratado a distancia, del cual el último quería desistir, sin que el contrato en cuestión ofreciera tal posibilidad.
Salvo la hipoteca mobiliaria, a la que más adelante nos referiremos, la hipoteca se constituye sobre bienes inmuebles y la prenda sobre bienes muebles. Habrá que estar, pues, atentos a los datos de la actividad judicial de 2016, para comprobar si se ha producido o no este desplazamiento; pero la lógica empuja a pensar que, tarde o temprano, el monitorio notarial terminará sustituyendo en la mayoría de las reclamaciones a su equivalente judicial. Se exceptúa el caso en que el envío obedezca a un error, incumbiendo la prueba al vendedor. – ¿Qué opciones tiene la ciudadanía para mantener controlada su “reputación online”? La decisión de estar o no estar en Internet ya no es algo que dependa de nosotros. e) Desistimiento La facultad de desistimiento o revocación del consentimiento emitido, se establece en los artículos 102 y ss. Por tanto, son plenamente aplicables las normas del IRPF y del Impuesto sobre sociedades que gravan todas sus rentas obtenidas, cualquiera que sea su fuente u origen, sin necesidad de hacer consideraciones especiales sobre las mismas. Aquí una pequeña recopilación.
Y, además, para complicar mas las cosas, hay una insuficiente armonización legislativa. No queda mas remedio por tanto que adaptar el derecho internacional privado a Internet para la certeza jurídica, seguridad jurídica y la unidad a la hora de establecer la ley aplicable y el tribunal competente. Abogados, formamos a nuestros clientes para realizar operaciones comerciales seguras, respetando siempre los derechos de los consumidores y el cumplimiento el ordenamiento jurídico en materia de sociedad de la información, comercio electrónico, protección de datos, contratación y propiedad intelectual. Resultan por tanto también de aplicación las siguientes normas: - Ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, Ley 23/2003, de 10 de Julio. En su contenido conforma unos requisitos mínimos del contrato celebrado a distancia, comprendiendo tanto el electrónico, como las ventas por catálogo, publicidad, teléfono o los restantes a que se refiere su anexo; requisitos que como veremos serán reproducidos en toda la normativa posterior.
Y comparan mes a mes cuáles son las que mejor funcionan. En España no existe la prisión por deudas. A través de el se pretenden resolver los conflictos que surgen en la red, buscando una regulación basada en normas materiales específicas, al margen del derecho de los Estados. Es en estos casos en los que la cesión de datos a terceros suele chocar con la Ley Orgánica de Protección de Datos de 1999 y su Reglamento, de 2007. El tamaño mínimo es de un milímetro y medio. ¿Quién quiere tener que seguir pagando unas vacaciones dos años después de disfrutarlas? Para gastos que se consuman rápidamente siempre es preferible ahorrar hasta poder pagarlos en efectivo. Hay otros procedimientos, como los que se aplican a cuestiones matrimoniales o de familia, que no se analizarán en este apartado. Así que lo que recuperamos es siempre fruto de una negociación.
EL CONTRATO DE COMERCIO ELECTRÓNICO EN GENERAL Conforme a esto, la ley aplicable sería la mejicana. No nos limitamos a redactar avisos legales: nuestra labor va mucho más allá, ayudándole a que cada elemento o cada casilla ocupen su lugar correspondiente, a que los procedimientos de compra online cumplan con la legislación o a que los avisos de cookies reúnan los requisitos que exige la normativa. Comunicación comercial es un término que incluye tanto la publicidad como las promociones de productos. Además, el plazo del derecho de desistimiento debe mencionarse claramente en la información escrita comunicada por el vendedor. Contratos que no pueden celebrarse a través de Internet: Compraventa de bienes inmuebles y creación de derechos sobre ellos. El único que puede hacerlo es un juez a través de una sentencia. Mentiras y prácticas ilegales Hay ciudadanos que saben muy bien que significa ser catapultados en una guerra de trinchera contra las empresas de recobro de deuda. La ventaja es que se trata de los mecanismos de siempre, no hay déficit democrático y la solución es mas justa que en internacional cyberlaw. Duración.-
En principio, un juicio verbal debería estar resuelto en dos meses, pues los plazos que la Ley determina así deberían permitirlo. Se entiende comúnmente por comercio electrónico aquellas transacciones comerciales que se realizan a través del intercambio electrónico de datos o por otros medios de comunicación, en sustitución del tradicional papel. - Ley de Firma Electrónica, Ley 59/2003 de 19 de diciembre. Debe dar una serie de informaciones y de mecanismos de acceso en su página web. En contra de lo que muchos afirman, la cultura no está en crisis: ¡Todo lo contrario! Nunca se ha escuchado más música, visto más cine o leído más que con el surgimiento de las tecnologías digitales que han permitido facilitar la reproducción y acceso remoto a todas estas obras de creación intelectual. Sin embargo, la realidad muestra cómo este plazo se prolonga en función de muy diversos factores: complejidad del asunto, volumen de la documentación; número de demandantes o de demandados; mayor o menor facilidad para localizarlos; incidencias diversas surgidas durante la tramitación; cantidad de trabajo que pese sobre el Juzgado, etc.
El artículo 27 de la LSSI enumera las obligaciones previas a la contratación. Procure averiguar la política de sus proveedores y administradores de listas y directorios en lo que se refiere a venta, intercambio o alquiler de los datos que les suministra. Las nuevas tecnologías de la información (TIC) han impactado en la sociedad actual de forma tan vertiginosa que no sólo ha cambiado la forma de interactuar de las personas, sino que también han supuesto una revolución en el sector empresarial en el que está adquiriendo una vital trascendencia el COMERCIO ELECTRÓNICO, definido como cualquier forma de transacción comercial en que las partes interactúan electrónicamente, en lugar de intercambio o contacto físico directo (de persona a persona), los productos comercializados pueden ser productos físicos, o bien, servicios como noticias, sonido, imagen, software, base de datos, etc. La legislación pretende que el empresario otorgue al consumidor un alto nivel de información sobre el producto o servicio que va a adquirir, con la finalidad de: Evitar fraudes.
Esta internacionalidad asusta al consumidor porque no sabe dónde va a tener que presentar la demanda y no sabe qué derecho se va a aplicar. Trámites esenciales.- Presentada la demanda, el Juez ordena que se requiera al deudor y, si no paga inmediatamente, que se proceda a embargar sus bienes. Información al consumidor Los aspectos que se refieren a las prestaciones de servicio deben ser planteadas con antelación al consumidor, esto es no al final del proceso de la compra, que es lo más habitual. lo que buscan es, precisamente, evitar las malas prácticas. En el conjunto de 2013, se ingresaron 12.731 millones de euros, lo que supone un aumento del 21,8% respecto al año anterior, según el último Informe sobre el comercio electrónico a través de entidades de medios de pago difundido recientemente por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC)”. Incorporación de las CGC al contrato.
El Reglamento CE nº 44/2000 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que dispone que, en el ámbito de la UE, la acción entablada por un consumidor contra un suministrador podrá interponerla ante los tribunales de su lugar de residencia o, si lo prefiere, del Estado miembro donde estuviese domiciliado el suministrador; mientras que el suministrador sólo puede dirigirse a los tribunales del Estado miembro de residencia del consumidor para actuar contra éste. La venta de productos defectuosos por Internet Las transacciones a través de Internet, por venta de productos defectuosos en muchos casos, o bien por engaños por la no entrega del producto que se anuncia están a la orden del día. Las ejecuciones de dichos bienes que ya estuvieran en tramitación se suspenderán con la constancia de la comunicación del deudor al Juzgado.
Características.- Como principales ventajas de este procedimiento, deben destacarse su rapidez, su eficacia y la posibilidad del embargo de bienes de forma inmediata si, tras un primer requerimiento, el deudor no paga lo que se le reclama. RD 1906/99. Sólo hay que ver los datos reiterados de incremento sustancial del comercio electrónico en los últimos años para darse cuenta de ello. Está vedada la sumisión expresa en la contratación con consumidores, salvo que se pacte con posterioridad al litigio o sea electivo el fuero para el consumidor. Las transacciones fuera de España celebradas por Internet Sin embargo, en el comercio electrónico internacional ejercido por personas o entidades no residentes se requiere la consideración de una serie de adaptaciones interpretativas sobre determinados conceptos y principios impositivos. Adaptación del sitio web para alojar un enlace a dicha plataforma, dicho enlace ha de estar situado en una zona de fácil acceso.
Con carácter general, en los procesos declarativos, se imponen las costas a la parte que pierde el pleito, salvo que el Juez considere que hay motivos concretos (especial dificultad del asunto, que plantee serias dudas sobre su solución) para no imponerlas. Este es un ejemplo que sucede en la vida real, y que causa serios problemas en caso de necesitarse una acción judicial para exigir unos derechos, debido a los fuertes costes que generaría el procedimiento necesario. El problema surge cuando se cruza la línea que convierte un requerimiento legítimo en un atosigamiento ilegal o incluso acoso. Cómo las empresas pueden reducir la amenaza de litigios Acuerdos de Compraventa ¿Cuánto vale su negocio? Cómo tratar los conflictos comunes de empresas familiares Deterioro de los Negocios, Reducciones de Costos y de Tamaño La Debida Diligencia en Fusiones y Adquisiciones de Negocios ¿Está Siendo Excluido de un Negocio Familiar? La Ley: ¿éxito o Fracaso? Deducciones Fiscales Comunes para Negocios Pequeños Deberes de Lealtad y Cuidados del Consejo Directivo Explicación de Términos Comunes del Contrato Quiero anunciar un producto en la Internet.
El deudor deberá entonces pagar o entregar la posesión de los bienes sobre los que recae el derecho real de garantía. Pero, ¿que ocurre cuando el domicilio aparente no coincide con el domicilio real? Los prestadores de Servicios en Internet (Directiva) están obligados a identificarse, siempre que estén registrados en la Unión Europea. Por otro lado, no se tendrá en cuenta a efectos de cómputo de porcentajes para aprobar la refinanciación, los créditos de acreedores considerados personas especialmente relacionada con el deudor que, sin embargo sí quedarán afectados por el acuerdo. Cómo hacer Marketing on-line cumpliendo la normativa jurídica. Contratación electrónica Implantación de procedimientos legales para la venta a distancia, medios de pago y no repudio. Para esa mejor defensa es imprescindible tener toda la información sobre la deuda que se reclama, para lo que a su vez hay que reclamar esa información, máxime si los contratos son verbales.
El marco legal de este tipo de operaciones se regula porla Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, que en su artículo 23 sobre la Validez y eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica establece que: “Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez. Y es precisamente esto lo que también le da carácter vinculante y obligatoriedad entre las partes, sin necesidad de recurrir a los aparatos coercitivos estatales, al resultar plenamente reconocido por todos los elementos que operan en el comercio electrónico internacional. Somos conscientes de que el actual contexto socioeconómico ha convertido la presencia en Internet en una necesidad vital para cualquier empresa, y ofrecemos asesoramiento integral sobre las siguientes cuestiones: Derecho e Internet Asesoramiento jurídico en materia de prestación de "servicios de la sociedad de la información" y comercio electrónico.
Contratos de compraventa de mercancías: la obligación que sirve de base para la interposición de la demanda, es la entrega de las mercancías. – Además de la necesaria alfabetización digital, ¿que fórmulas podrían aplicarse para conectar con la población y fomentar la participación ciudadana en este ámbito? Además de medidas educativas y de formación continua, creo que la implicación de los padres es esencial: mal vamos a poder enseñar a nuestros menores a cruzar la calle si nosotros no andamos por ella: dejemos de tener y sembrar miedo a la Red y empecemos a usarla nosotros también. En la misma resolución se dice que, conforme al artículo 1277 del Código Civil (“aunque la causa no se exprese en el contrato, se presume que existe y que es lícita mientras el deudor no pruebe lo contrario”), no es menester una especial intención de las partes dirigida a separar y abstraer la causa, sino que basta su inexpresión, presumiéndose la existencia y licitud de la causa, surtiendo el contrato que no la exprese exactamente los mismos efectos que el causal, mientras no se pruebe que la causa no es ilícita o no existe.
Entre ellos: Contratos celebrados con la presencia física simultánea del empresario y del consumidor y usuario, en un lugar distinto al establecimiento mercantil del empresario. Ese acuerdo se adoptará por mayoría simple y la norma establece un régimen sancionador muy severo tanto para el deudor que se oponga al acuerdo como para los socios de la deudora que se opongan al aumento en la junta convocada al efecto. Por ejemplo, los litigios sobre nombres de dominio (cybersquatting) first to file first to serve. También cabe la posibilidad de elegir un Tribunal online. Se establece porque la norma del artículo 5 sólo se aplica a los contratos que cumplen las condiciones de aplicabilidad.
Sin embargo, el Convenio contiene varias disposiciones que se apartan de este principio y permiten incoar los procedimientos judiciales en otro Estado contratante distinto de aquél en el que reside el demandado. Algunas acreedoras no se limitan a externalizar la gestión de sus impagados, sino que al cabo de unos años, ante la dificultad de cobrarla, venden esas deudas a terceros por debajo de su cuantía, incluso a mitad de precio. Puede someterse a arbitraje cualquier cuestión sobre la que las partes tengan libre disposición. 2.1 International Cyber Law Esta corriente pretende resolver los problemas basándose en un International Cyber Law. Las transacciones en España celebradas por Internet Los aspectos fiscales del comercio electrónico ejercido por personas físicas o jurídicas residentes en territorio español no ofrecen ninguna diferencia respecto de los derivados del comercio tradicional. Cuando una de estas empresas se pone en contacto con un supuesto deudor, lo primero que hay que hacer es solicitar, mediante escrito, que quien reclama la deuda demuestre que tiene capacidad para hacerlo.
El suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas o revistas, con la excepción de los contratos de suscripción para el suministro de tales publicaciones. Estafas en las compras por Internet El uso de Internet, ha propiciado que también a través de él y del comercio electrónico se produzcan delitos que pueden ser considerados como estafa por Internet, hoy desgraciadamente frecuente, sobre todo por el anonimato en el autor del hecho delictivo y por la distancia desde donde puede cometerse, ha proliferado de forma que es uno de los delitos más habituales en el ámbito judicial. c) Prohibición de envíos no aceptados No se permite el envío de productos o servicios no aceptados mediando una petición de pago; si se efectuara el envío, el receptor no está obligado a su devolución, pero si decidiera devolverlos, no está obligado a indemnizar los daños producidos. También hay regulación y se ha de cumplir.: ventanas pop-up en Internet).
Deuda "buena" En términos muy generales, tiene sentido endeudarse para adquirir bienes o servicios que puedan: foto urbanización de pisos Aumentar su valor con el paso del tiempo, de forma que en el futuro valdrán más de su precio inicial más coste de financiación (por ejemplo, una vivienda u otro inmueble). No obstante, el Art.8 LSSI permite que si no se puede acceder a la exigencia de las responsabilidades en que incurra la empresa infractora podrá proceder a cortar la comunicación del servidor en España. h) La lengua o lenguas en las que podrá formalizarse el contrato, cuando ésta no sea la lengua en la que se le ha ofrecido la información previa a la contratación. Es innegable el crecimiento cada vez mas acelerado del comercio electrónico: Mientras que en el año 2005 este comercio se incrementó en España en un 16% respecto al año anterior, en 2006 su incremento ya fue de un 30% y en 2007 parece que ya está situado en el 46%. c) Otros contratos: No cabe aplicar estas reglas en los casos de franquicia, concesión, etc donde deberemos estar al caso concreto, lugar de pago, lugar de incumplimiento de la prestación,..
Tampoco cabe aplicar estas presunciones cuando las mercancías se concreten en un tercer país no miembro de la UE. En la Convención se regula la determinación de la ubicación de la parte en un entorno electrónico; el momento y lugar de envío y de recepción de las comunicaciones electrónicas; la utilización de sistemas de mensajes automatizados para la formación de contratos; y los criterios a que debe recurrirse para establecer la equivalencia funcional entre las comunicaciones electrónicas y los documentos sobre papel, incluidos los documentos sobre papel "originales", así como entre los métodos de autenticación electrónica y las firmas manuscritas. A través de la Disposición transitoria quinta de la referida Ley se establece el régimen de prescripción aplicable a las relaciones ya existentes a la entrada en vigor de la norma disponiendo expresamente que el tiempo de prescripción de las acciones personales que no tengan señalado término especial para su reclamación, nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se regirá por lo dispuesto en el artículo 1939 del Código Civil.
Dadas las posibilidades que ofrece el comercio electrónico, se perseguirá a quienes actúen contra los que no respetan las recomendaciones de precio convirtiéndolas de hecho en precios fijos, pero el Informe apunta hacia la necesidad de un análisis más flexible respecto de otras cuestiones. No se trata solo de bancos o grandes empresas, sino también de pequeñas y medianas, desde una cadena de supermercados hasta un gimnasio. Si lo que resta fuese superior a cinco años, se aplicará el nuevo plazo de cinco años introducido por la Ley. Los laudos o resoluciones de los árbitros. Fraudes y engaños en las ofertas. No realice transacciones comerciales electrónicas a través de proveedores con sistemas “inseguros” o no fiables. O lo que es lo mismo, ese código sirve de guía para distinguir quiénes son profesionales del cobro de deudas y quiénes no.
El derecho del acreedor de cobrar su deuda está plasmado en el artículo 1096 y 1101 del Código Civil. Para aquellos que estén interesados en crear una tienda online, implementamos todos los procesos legales necesarios para poder desarrollar una actividad comercial por internet y en especial para la venta a distancia de productos y servicios. Cuando dichos contratos se cobren con arreglo a una tarifa fija, el precio total también significará el total de los costes mensuales. Ni una empresa de recobro, ni ninguna otra empresa privada pueden embargarte el sueldo, la pensión o tus propiedades. 2.2 Derecho Internacional Privado Otra postura opta por el Derecho Internacional Privado de cada uno de los estados, que plantea la resolución de los conflictos, de la competencia judicial, la normativa aplicable y la ejecución de sentencias en el extranjero, desde la óptica de las reglas tradicionales que remiten el conflicto a los Tribunales estatales competentes. A este respecto señala el artículo 1.961 del Código civil que las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley.
Es decir el consumidor ha de recibir la documentación del contrato y las condiciones generales de contratación. artículo 40 LOCM. Era el plazo estipulado para que el seguro pudiera utilizarse y se hiciera cargo de mis cuotas mensuales durante otro año. Se excluyen todos aquellos productos que pueden ser reproducidos. Estudio y análisis jurídico de actividades de comercio electrónico. Y ello ha llevado a algunos despachos de abogados a extender sus límites sin un código ético que los regule, y en el peor de los casos, ha atraído a personas con apenas conocimientos en Derecho o materia financiera, que además se sirven de teleoperadores o call centers para atosigar a llamadas a los supuestos deudores. La reclamación se remite al empresario, a fin de que este conozca el hecho y proponga una entidad de resolución alternativa para el litigio en particular. El intercambio de información por medio de correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente para fines ajenos a la actividad económica de quienes lo utilizan.
Entrega y devolución de la mercancía Otra de las cuestiones a revisar por los propietarios y gestores de los sitios web de comercio electrónico, es el proceso de entrega de la compra al consumidor, en la Ley se marca que de no existir acuerdo previo entre las dos partes el plazo de entrega es de treinta días, así que de no existir ese plazo marcado y aceptado por ambas partes, el consumidor podrá resolver el contrato sin ningún tipo de penalización por su parte. Se describe la firma electrónica como un instrumento capaz de permitir una comprobación de la procedencia y de la integridad de los mensajes intercambiados a través de redes de telecomunicaciones, siendo los sujetos que hacen posible el empleo de la firma electrónica los denominados prestadores de servicios de certificación. ¿Cómo se reclama en caso de un contrato establecido a través de la red, entre un comprador español y una empresa no situada en el espacio europeo, por ejemplo China?.
Para ello algunas informaciones deben aparecer visibles en la página web y otras pueden constar en un contrato que tiene que ser accesible desde la web mediante un enlace ya sea a la propia web o a otra. En la técnica procesal se razona que se produce una inversión o desplazamiento de la carga de la prueba como consecuencia de la presunción legal (de naturaleza “iuris tantum”), aunque un sector doctrinal prefiere hablar de regla especial de prueba por no concurrir en la construcción legal todos los elementos estructurales que configuran la presunción. El letrado recalca que hay que distinguir entre las empresas que gestionan paquetes de pasivos y los cobradores de morosos. ¿podría demandar a esta empresa en España?. En cuanto a la prenda sin desplazamiento, puede constituirse sobre determinados bienes muebles (por ejemplo cosechas futuras, animales o sus crías, maquinaria agrícola, colecciones artísticas, etc.) Se llama sin desplazamiento porque el deudor o avalista propietario de esos bienes conserva su posesión.
El suministro de bienes que puedan deteriorarse o caducar con rapidez. No obstante, y pese a las indudables ventajas que este procedimiento introducido en el año 2000 por la Ley de Enjuiciamiento Civil ha supuesto para los acreedores (actualmente, el 40% de las ejecuciones civiles proviene de un monitorio), lo cierto es que obliga a acudir a los tribunales, con los costes económicos y sobre todo temporales que tal circunstancia siempre comporta. El conocimiento por parte de los abogados de este procedimiento notarial de reclamación de deudas dinerarias y la generalización de su uso puede contribuir además a una notabilísima disminución de asuntos en los Juzgados civiles, lo que redundará en la calidad de la Justicia.
Dicha directiva tiene por objeto el fomento de la libre circulación de bienes y servicios también en relación a los particulares, considerando que el desarrollo de nuevas tecnologías con la consiguiente multiplicación de las ofertas dio lugar a que los estados adoptaran disposiciones distintas de protección de los consumidores en materia de venta a distancia, con el consiguiente efecto negativo en la competencia entre empresas en el mercado interior, lo que hace necesaria la introducción de unas normas comunes mínimas a nivel comunitario. Dicha directiva tiene por objeto el fomento de la libre circulación de bienes y servicios también en relación a los particulares, considerando que el desarrollo de nuevas tecnologías con la consiguiente multiplicación de las ofertas dio lugar a que los estados adoptaran disposiciones distintas de protección de los consumidores en materia de venta a distancia, con el consiguiente efecto negativo en la competencia entre empresas en el mercado interior, lo que hace necesaria la introducción de unas normas comunes mínimas a nivel comunitario. Así, si su crédito es superior a 300 euros y lo tiene documentado en una escritura pública o en una póliza intervenida por notario, puede acceder directamente a ejecutarlo sin necesidad de acudir a un proceso judicial declarativo.
Sabemos también que la sociedad norteamericana ICANN otorga el registro de los nombres de dominio a nivel mundial. Al terminar la orden de compra debe aparecer una página que resume la operación. Por tanto, la realización de una auditoría telefónica de medidas de seguridad no permitiría obtener los resultados establecidos en la normativa de protección de datos. Recuerde que existen sistemas de dinero electrónico que preservan el anonimato de sus compras en Internet. Una vez comprobado que todo es correcto, el notario procede a requerir al deudor a pagar en veinte días, o a acudir a la notaría para alegar su oposición a la reclamación. En 2013, las deudas que no hay manera de cobrar superaron el porcentaje. Como no puede ser de otra manera, el desarrollo del comercio digital ha de ir de la mano del adecuado asesoramiento. Las normas de protección del consumidor tienen un carácter internacionalmente imperativo. ¿Existen alguna reglas que deba seguir para esta clase de publicidad?
¿Existen Límites para la Compensación a un Ejecutivo? Números de Identificación del Empleador Quiero empezar mi negocio propio. La financiación de la deuda es una forma para que las empresas obtengan el capital que necesitan para abrir y operar un negocio existente. En distinto sentido regula el lugar de celebración del contrato la Ley 34/2002 al establecer que aquéllos en los que intervenga como parte un consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia habitual, mientras que los contratos electrónicos entre empresarios o profesionales, en defecto de pacto entre las partes, se presumirán celebrados en el lugar en que esté establecido el prestador de servicios. Los procedimientos declarativos. Para la patronal de entidades de gestión de cobros (Angeco) —que reúne a 51 empresas y acapara el 80% del mercado— estos casos son consecuencia de la falta de regulación del sector, que da cabida a “compañías que no cumplen ningún código ético ni profesional”.
Revelar a terceros la presunta situación de morosidad de una persona atenta a su derecho a la dignidad y al honor. En caso de que el consumidor y usuario ejercite el derecho de desistimiento tras la presentación de una solicitud con arreglo al artículo 98.8 o al artículo 99.3, la información de que en tal caso el consumidor y usuario deberá abonar al empresario unos gastos razonables de conformidad con el artículo 108.3. Contratación business to consumer (B2C) El Reglamento 44/2001 presenta unas cautelas para proteger al consumidor a la hora de formalizar contratos electrónicos. Excepción: sí se podrá enviar a personas que no lo han solicitado cuando exista una relación contractual previa y el spamming está referido a los mismos productos o servicios que hemos adquirido. Así que lo que recuperamos es siempre fruto de una negociación. Y se especializaron.
La venta de productos de segunda mano por Internet Se producen a través de portales de todo tipo de venta de segunda mano que existen en Internet, en el que el anunciante del producto, que bien puede estar en un país fuera de la Comunidad Europea ofrece un precio muy asequible como gancho y determinadas personas caen en esa gancho. Presunción de contrato celebrado por Internet También de acuerdo con la Ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, se entiende por contrato celebrado por vía electrónica o contrato electrónico, todo contrato el que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos, conectados a una red de telecomunicaciones. Vamos a tratar de comentar los mecanismos de protección que el consumidor tiene a su disposición tanto en la fase precontractual, como en el momento de la perfección del contrato y en la fase postcontractual. También proporcionamos asistencia letrada y defensa en expedientes sancionadores por incumplimiento de la normativa reguladora. Para ello, deberá llevar a cabo un requerimiento de pago por medio de Notario.
En cuanto a las empresas recobradoras, se les pide un mínimo de experiencia y conocimientos para poder ser asociados. Ley 22/2007 de 11 de Julio sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores. Referida a la formación del contrato y a su contenido. En el caso de un contrato de duración indeterminada o de un contrato que incluya una suscripción, el precio incluirá el total de los costes por período de facturación. Los principios a que alude este apartado son los siguientes: La salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional. u) Cuando proceda, la posibilidad de recurrir a un mecanismo extrajudicial de reclamación y resarcimiento al que esté sujeto el empresario y los métodos para tener acceso al mismo. Asimismo, en algunos supuestos seguirá siendo necesario o conveniente el citado informe como, por ejemplo, para que el concurso no se declare culpable si el deudor se ha negado a la capitalización de créditos frustrando con ello la consecución de un acuerdo de refinanciación.
El procedimiento extrajudicial más utilizado es el arbitraje, aunque hay otros para cuestiones más específicas, a los que se hará referencia al final de este apartado. Objetivo general de la reforma El objetivo general de la reforma se centra en la relación del comercio con el consumidor, se pretende una defensa más eficaz de este último y evitar así los posibles abusos que vengan del primero. Es una legislación hecha al margen de los parlamentos de los Estado que podría beneficiar a las grandes empresas multinacionales, y con ello podría surgir el derecho del mas fuerte, los lobbies y los grandes servidores/compañías que pretenderán imponer sus servicios. El artículo 1096 reconoce la posibilidad del acreedor de "compeler", es decir, "obligar" al deudor a que realice la entrega. Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre, relativo a la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores Directiva 2013/11/CE y Reglamento nº 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativos a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, y por las que se modifican el Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE.
Si no sabes cómo iniciar un negocio de comercio electrónico ponte en contacto con nosotros. 4.3.- Los procedimientos especiales EL JUICIO MONITORIO Casos en que procede.- Solamente puede hacerse uso de este procedimiento, para exigir el pago de una deuda dineraria de cualquier importe, que sea líquida, determinada, vencida y exigible, siempre y cuando se cuente con un documento del que derive la existencia de la deuda, y que cumpla determinados requisitos exigidos en la Ley. Estas reglas sólo son aplicables cuando el contrato reúne las condiciones de aplicabilidad del artículo 15. No obstante, las disposiciones contenidas en esta ley han de entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas estatales o autonómicas de aplicación en razón de las materias y que tengan por objeto la salud y seguridad pública, la protección de los intereses del consumidor y de sus datos personales.
“Te quitamos hasta el último céntimo del sueldo”. Incluso, en este caso, se dan determinados supuestos en los que el consumidor no viene obligado a asumir coste alguno, pero tales supuestos precisan de asesoramiento específico de un profesional del Derecho. s) Cuando proceda, la funcionalidad de los contenidos digitales, incluidas las medidas técnicas de protección aplicables. Así, la Directiva 2000/31/CE ha sido desarrollada por la Ley 34/2002 de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, mientras que la Directiva 97/7/CE de protección de los consumidores en materia de contratos a distancia, fue incorporada a la preexistente Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista mediante dos normas: la Ley 55/1999, de 29 de diciembre y la Ley 47/2002, de 19 de diciembre. Para la patronal de entidades de gestión de cobros (Angeco) —que reúne a 51 empresas y acapara el 80% del mercado— estos casos son consecuencia de la falta de regulación del sector, que da cabida a “compañías que no cumplen ningún código ético ni profesional”. “En un 90% de los casos se gana”, asegura.
Para esa mejor defensa es imprescindible tener toda la información sobre la deuda que se reclama, para lo que a su vez hay que reclamar esa información, máxime si los contratos son verbales. Esta nueva modalidad conocida como e-commerce o comercio electrónico, ha supuesto el gran auge de plataformas de venta online como Valve o Amazon, así como el progresivo declive de los otros modelos de venta física. Servicio técnico: el consumidor que compre a través del comercio electrónico también tiene derecho a un servicio técnico que además tenga existencia de repuestos por un plazo mínimo de cinco años desde que el producto deje de fabricarse. Siempre que la Ley exija que el contrato o cualquier información relacionada con el mismo conste por escrito, este requisito se entenderá satisfecho si el contrato o la información se contiene en un soporte electrónico.
Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo. Salvo que se utilicen mecanismos de integridad, autenticación y certificación (firma digital, notarios electrónicos, etc.) no confíe ciegamente en que la persona u organización que le remite un mensaje es quien dice ser y en que el contenido del mismo no se ha modificado, aunque esto sea así en la inmensa mayoría de las ocasiones. Recoge tanto los criterios norteamericanos de doing business y el criterio stream of commerce (corriente de comercio). Una de sus principales funciones es la de analizar la situación jurídica del comercio electrónico a nivel mundial (EDI - Internet) y proponer las correspondientes recomendaciones. El comercio electrónico da a sus usuarios la oportunidad de consumir en un mercado más amplio y competitivo, pero también fomenta la contratación en masa, el consumismo y el riesgo para los consumidores de sufrir abusos y fraudes por parte de las empresas.
La protección excesiva sobre los derechos de autor, ¿puede perjudicar la Sociedad de la Información? En el momento actual asistimos a una verdadera revolución cultural. Solamente por motivos muy determinados y taxativamente enumerados en la Ley puede el deudor oponerse a la ejecución y, si se produce esta oposición, se tramita de forma rápida, mediante una comparecencia, dictándose sentencia a continuación. Los medios de prueba que admite la Ley para tratar de demostrar los hechos alegados son: las declaraciones de las partes y de testigos, informes de peritos, reconocimiento judicial de cosas o lugares litigiosos y reproducción de palabras, imágenes y sonidos (grabaciones). B. Utilice los mecanismos de seguridad que tenga a su alcance para proteger sus datos de accesos no deseados. Cuando navegue por Internet, sea consciente de que los servidores Web que visita pueden registrar tanto las páginas a las que accede como la frecuencia y los temas o materias por las que busca, aunque no le informen de ello.
En caso de que el consumidor y usuario ejercite el derecho de desistimiento tras la presentación de una solicitud con arreglo al artículo 98.8 o al artículo 99.3, la información de que en tal caso el consumidor y usuario deberá abonar al empresario unos gastos razonables de conformidad con el artículo 108.3. INFORMACIONES VISIBLES EN LA WEB ANTES DE LA COMPRA: Restricciones de entrega (por ejemplo, ámbito geográfico “sólo península”) Modalidades de Pago (tarjetas, PayPal, transferencia, etc.) Características de los bienes y servicios El precio de los servicios indicando claramente si incluyen impuestos, gastos de entrega o cualquier gasto adicional. La directiva define el lugar de establecimiento del prestatario como el sitio en donde un operador ejerce de manera efectiva una actividad económica, a través de una instalación estable y por un tiempo indeterminado.
Cabe destacar al efecto, el contenido de la Sentencia de 28 de septiembre de 1998, la que cita y repite, resumiéndolos, los argumentos esgrimidos en otras muchas Sentencias anteriores, diciendo así que el “reconocimiento de deuda no crea obligación alguna, es un negocio jurídico unilateral por el que su autor declara o, lo que es lo mismo, reconoce la existencia de una deuda previamente constituida; contiene, pues, la voluntad negocial de asumir y fijar la relación obligatoria preexistente, se le aplica la presunción de la existencia de causa del artículo 1277 del Código Civil y el autor, autores, o causahabiente en el presente caso, queda obligado a cumplir la obligación cuya deuda ha reconocido...; a su vez, al reconocimiento de deuda se le atribuye una abstracción procesal, que dispensa de probar la obligación cuya deuda se ha reconocido...; en nuestro Derecho no se admite el negocio jurídico abstracto. Las más significativas, son: Solamente puede aplicarse a los asuntos transfronterizos, es decir, en aquellos supuestos en que una de las partes tiene su domicilio o su residencia en un Estado miembro de la Unión diferente de aquél en que tiene su sede el Tribunal que conozca del asunto.
Contratos que no pueden celebrarse a través de Internet: Compraventa de bienes inmuebles y creación de derechos sobre ellos. Se pueden cumplir por medios tradicionales (postales) y también por medios electrónicos (descarga de Internet). Estas condiciones se han de poder descargar en un pdf en cualquier momento y tienen que estar siempre disponibles. El ejercicio de este derecho supondrá que, en el plazo de otros catorce días naturales desde que haya sido informado de la decisión de desistimiento, el empresario deberá reembolsar al consumidor de todos los pagos recibidos, incluidos los gastos de entrega del bien; incluso, si se produjese un retraso injustificado del empresario en dicho reembolso, el consumidor puede reclamar el doble del importe total, sin perjuicio de poder reclamar, en su caso, por los daños y perjuicios en lo que exceda de dicha suma. “El vacío legal favorece el intrusismo, pero del malo. El contrato sigue existiendo pero la cláusula se tiene por no puesta. Reglas básicas: Invalidez casi absoluta de las cláusulas de elección de foro contenidas en CGC.
Se trata de productos diseñados para operar en diferentes mercados financieros, simultaneándolos con distintas divisas y cuyos gestores son sociedades de inversión cuya sede se encuentra en un país, pero que opera en otros países diferentes. Conforme Art.2 del Reglamento 44/2001, quien crea la apariencia de un domicilio ficticio debe asumir las consecuencias de lo que ello comporta, y por ello cabría presentar demanda tanto en el Estado del domicilio real, como en el del ficticio. Los Acuerdos colectivos, a su vez, se subdividen en los homologados judicialmente y los no homologados. Consultoría legal sobre actividades que impliquen la utilización, transmisión o captación de datos personales por medios electrónicos. United Fruit Company y London Corn Association). El procedimiento de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles Cuando el crédito deriva de una operación de compraventa de bienes muebles a plazos, o de la concesión de un préstamo para financiar una compra de este tipo, en caso de impago, el vendedor o financiador podrá obtener la posesión del bien mueble vendido, para hacerse pago con él por el resto del precio aplazado.
En su contenido conforma unos requisitos mínimos del contrato celebrado a distancia, comprendiendo tanto el electrónico, como las ventas por catálogo, publicidad, teléfono o los restantes a que se refiere su anexo; requisitos que como veremos serán reproducidos en toda la normativa posterior. Adaptación a la LSSI-CE de todo tipo de páginas web. Es también evidente que el reconocimiento abstracto o sin expresión de causa interrumpe la prescripción del correlativo crédito causal, pues conforme al artículo 1973 del Código Civil la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. La actual Ley de Arbitraje (Ley 60/2003, de 23 de diciembre) reformada parcialmente en mayo de 2011, es una norma moderna que pretende convertir a España en un foco de atracción de arbitrajes internacionales y desarrollar con eficiencia los arbitrajes en el ámbito interno.
Entre esos aspectos de la prestación de servicios están el precio completo (con tasas e impuestos), los plazos de entrega (consecuencias de excederse en ellos) y los costes de devolución (si existieran). ¿Existen alguna reglas que deba seguir para esta clase de publicidad? ¿Existen Límites para la Compensación a un Ejecutivo? Números de Identificación del Empleador Quiero empezar mi negocio propio. Concretamente, en el caso de comunicaciones telefónicas, deberá precisarse explícita y claramente, al principio de cualquier conversación con el comprador, la identidad del vendedor y la finalidad comercial de la llamada. Solo se contempla una condición para que acabe la persecución: rendirse y pagar la deuda reclamada. El importe recuperado se situó en 10.600 millones. Examinada la demanda y el título, si reúnen los requisitos legalmente exigidos, el Juez despachará ejecución, es decir, mandará que se inicie la ejecución solicitada.
En el segundo caso, cuando la causa se halla plenamente expresada (lo que es independiente de si es o no verdadera -real-), y en el que se alude al reconocimiento de deuda como causal, no es de aplicación el artículo 1277 del Código Civil porque la presunción o regla que éste contiene resulta innecesaria. El Art.4.5 CR establece que la presunción del Art.4.2 (cláusula de escape) puede decaer si se demuestra que el contrato presenta vínculos más estrechos con otro país siendo ésta última la ley aplicable. “Aconsejo grabar la conversación y luego denunciar”, dice Camacho. Ley 59/2003 de 19 de Diciembre, de Firma Electrónica. Guardar copias de las operaciones de compra realizadas. En el supuesto de que las partes hubiesen determinado la aplicación de arbitraje internacional, cabe acudir al sistema de fuentes o normativa aplicable: Convenio de Nueva York de 1958 y Convenio de Ginebra de 1961, ambos de carácter multilateral; Convenios bilaterales, la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Arbitraje Comercial Internacional, enmendada en 2006, y a nivel español la Ley de Arbitraje de 2003.
Con el fin de advertir a los responsables de ficheros de este tipo de prácticas, la Agencia manifiesta que una oferta que incluye una auditoría telefónica de medidas de seguridad no permitiría obtener los resultados establecidos en la normativa de protección de datos. Derecho aplicable Respecto al derecho aplicable, hemos de atender básicamente al Convenio de Viena, siempre que las partes no hubieren descartado su aplicación conforme al Art.6. - Ley General de Publicidad, Ley 34/1988 de 11 de noviembre. Representamos también a nuestros clientes en los procedimientos sancionadores iniciados por la Agencia Española de Protección de Datos y desarrollamos auditorías y programas de compliance que permiten a nuestros clientes conocer su estado de cumplimiento normativo y las gestiones necesarias para evitar potenciales sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos.
El trabajo pretendía cubrir tanto el mercado de productos de consumo como el mercado de contenidos digitales. La mala noticia es que no hay atisbo de que se vaya a regular el sector ni a medio ni a largo plazo. Teniendo en cuenta que el consumidor es la parte débil del contrato estas normas tienen por objeto facilitarle el acceso a la justicia. Contratos que regulan relaciones familiares y sucesiones (herencias). El objetivo final de los e-Marketplaces es la compra-venta de bienes o servicios por medios telemáticos, y el canal más frecuente es Internet. Si finalmente la sociedad termina en concurso pueden llegar a ser considerados cómplices de la insolvencia, en función de su grado de contribución a la formación de la mayoría necesaria para el rechazo del acuerdo.
Por tanto, el contrato se perfecciona por medios electrónicos (título), pero también el bien o el servicio se entregan o satisfacen electrónicamente. Hace seis años que la Asociación Nacional de Entidades de Gestión de Cobros ( Angeco), que aglutina a 49 empresas de recuperación de deudas, intenta que se lleve a cabo la regulación legal de esta actividad.
La actual Ley de Arbitraje (Ley 60/2003, de 23 de diciembre) reformada parcialmente en mayo de 2011, es una norma moderna que pretende convertir a España en un foco de atracción de arbitrajes internacionales y desarrollar con eficiencia los arbitrajes en el ámbito interno. Cómo identificar y corregir los errores en la entrada de datos Si procede: Los servicios postventa La duración del contrato Depósitos u otras garantías Mecanismos de reclamación La funcionalidad e interoperatividad de los contenidos digitales Importante: Es obligatorio enviar un correo electrónico de confirmación. Asimismo, está excluida cualquier tipo de publicidad no solicitada, engañosa, falsa, desleal u ofensiva. También cabe la posibilidad de elegir un Tribunal online. Regular las comunicaciones comerciales no solicitadas (spamming). Ya hemos comentado que para algunas adquisiciones resulta más beneficioso endeudarse que desembolsar su precio en efectivo.
En esta fase de ejecución de las obligaciones es cuando el consumidor debe de estar más protegido. En caso contrario, el teléfono seguirá sonando. Ello fomentará rápidamente el uso y aprovechamiento de la Red en beneficio de todos: ahorro de tiempo, menos consumo energético, mayo productividad, mejora del medio ambiente y de nuestra calidad de vida, etc. Si la transacción electrónica no se tratara de una compraventa, habría de aplicarse el Convenio de Roma de 19 de Junio de 1980 que viene a establecer los siguientes criterios: B.1 Autonomía de la voluntad: Al igual que ocurría con la determinación del Foro, la elección de Ley aplicable, puede ser expresa o tácita. Se establece porque la norma del artículo 5 sólo se aplica a los contratos que cumplen las condiciones de aplicabilidad. Entre otras, tienen la consideración de técnicas de comunicación a distancia: los impresos, con o sin destinatario concreto; las cartas normalizadas; la publicidad en prensa con cupón de pedido; el catálogo; el teléfono, con o sin intervención humana, cual es el caso de las llamadas automáticas o el audiotexto; la radio; el teléfono con imagen; el videotexto con teclado o pantalla táctil, ya sea a través de un ordenador o de la pantalla de televisión; el correo electrónico; el fax y la televisión.
En defecto de Convenio, el artículo 10.5 del Código Civil, se remite para las obligaciones contractuales a la sumisión, en su defecto a la ley nacional común de las partes, a falta de ella a la de su residencia habitual común, y en última instancia, a la ley del lugar de celebración del contrato; atendiendo por tanto al antiguo criterio de aplicación de la ley del oferente. La homologación de los acuerdos de refinanciación Se reduce de un 55% a un 51% el porcentaje de acreedores financieros que deben suscribir el acuerdo de refinanciación con el deudor para que pueda ser homologado judicialmente y no pueda ser objeto de rescisión. Es obligatoria la representación de las partes por Procurador y la defensa por medio de Abogado.
Hay algunas corrientes doctrinales que para determinar la competencia judicial internacional, entienden que los criterios tradicionales de recurrir al foro del domicilio del demandado, aunque útiles, resultan en algunos casos insatisfactorios y por ello proponen un desarrollo judicial equilibrado de las reglas del Derecho Internacional Privado y acudir al foro del domicilio del demandante (forum actoris). Con carácter general, el consumidor y usuario tendrá derecho a desistir del contrato durante un periodo de 14 días naturales sin indicar el motivo y sin incurrir en ningún coste distinto de los consumos o menoscabos que se hubieran generado en la cosa entregada, que debe devolverse. En 2014, las denuncias ante el organismo relativas a la esfera de la morosidad se incrementaron en más del 40% respecto a 2012. Protección en la fase postcontractual. Disponer de un medio de interlocución telemática (artículo 2 de la LMISI) para contratación electrónica (firma electrónica) consulta de datos, presentación de reclamaciones o derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
En el proceso de arbitraje planteado, la OMPI, aplicando las normas de ICANN, resolvió que para que haya lugar a la retirada del dominio debe haber sido utilizado de mala fe y además no ha de haber conexión con el que lo ha solicitado. Uno de los objetivos del estudio era analizar posibles restricciones a la competencia derivadas de las prácticas comerciales de las empresas; y reflexionar acerca de qué medidas podrían adoptarse para mejorar el acceso a productos y servicios tanto por los consumidores como por las empresas. Por último, en esta materia es interesante considerar el arbitraje comercial internacional, mecanismo que fomenta la Directiva 2000/31/CE, sobre el comercio electrónico. Una cláusula se considera abusiva cuando genera un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes en detrimento del consumidor: “Por ejemplo: el proveedor puede resolver el contrato unilateralmente”.Sanción: nulidad de pleno derecho.
Una empresa esta realmente establecida en una país pero se publicita en internet con un dominio de otro país. Pero con los años la realidad ha superado la fantasía: panteras rosas, Zorros o payasos se han lanzado a la caza de deudores para humillarlos y delatar su “secreto”. de la LGDCU, en beneficio del consumidor respecto de numerosos contratos en atención a las especiales circunstancias de celebración de los mismos, o a la especialidad de su objeto, o de las técnicas de venta utilizadas. El Procurador es un profesional del Derecho cuya función consiste básicamente en representar a las partes ante los órganos judiciales, a fin de que no tengan que acudir personalmente los propios litigantes a los Juzgados y Tribunales, salvo cuando sea imprescindible su presencia. Así, se regula el contenido mínimo de la información previa, confirmación escrita (o plasmada en cualquier soporte duradero a disposición del adquirente) de dicha información, la facultad de revocación, anulación de los cobros fraudulentos mediante tarjeta, y la prohibición de suministros no solicitados.
Tras la reforma operada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, por la que se modifica a través de la Disposición final primera de la Ley el artículo 1.964 del código civil, las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años, es decir, el plazo para reclamar estas deudas es de cinco desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación, y la acción hipotecaria prescribe a los veinte años. j) El suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas o revistas, con la excepción de los contratos de suscripción para el suministro de tales publicaciones. Y ello no sólo con palabras: ofrezcamos beneficios fiscales, laborales o sociales tangibles y directos a las personas que usen Internet en sus transacciones. Ello fomentará rápidamente el uso y aprovechamiento de la Red en beneficio de todos: ahorro de tiempo, menos consumo energético, mayo productividad, mejora del medio ambiente y de nuestra calidad de vida, etc.
Medió en el conflicto ICANN y se utilizó una política uniforme de resolución de controversias en materia de nombres de dominio (normas de International Cyber law) que se aplica en centros de arbitraje. Se trata de una estafa, realizada por organizaciones que, introduciéndose en cuentas bancarias de otros usuarios, tratan de blanquear el dinero a través de usuarios, generalmente, necesitados económicamente, que ven fácil, la consecución de un trabajo, que no lo es, y que lo único que le traerá serán consecuencias graves. Es importante analizar el plazo para el ejercicio del derecho de desistimiento, ya que, simplificando, podríamos decir que el día de inicio del cómputo del plazo es aquel en que se produce la entrega completa del bien o servicio; es en ese momento cuando se inicia el cómputo de los catorce días; ahora bien, si el empresario no hubiese cumplido con su deber de información del derecho de desistimiento que asiste al consumidor, el plazo finalizará doce meses después de la fecha en la que habría finalizado de haber cumplido el empresario con esa obligación, de manera que el plazo, en tal supuesto sería de doce meses y catorce días.
La ausencia de una legislación específica española, que señale los límites y competencias de las empresas dedicadas a la recuperación de deudas, ha supuesto que en los últimos diez años, pero especialmente desde 2005, hayan proliferado empresas dedicadas a esta actividad, muchas de ellas sin una cualificación profesional mínima. b) Consentimiento y perfección del contrato Dispone la Ley que en ningún caso la falta de respuesta a la oferta de venta a distancia podrá considerarse como aceptación de ésta, de modo que si el vendedor, sin aceptación explícita del destinatario de la oferta, enviase a éste el producto ofertado, se aplicará lo dispuesto acerca de la prohibición de envíos no aceptados. Fuera de la UE rige el Convenio de Bruselas sobre competencia y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil de 27 de septiembre de 1958.
Y esto sin mencionar los casos más extremos, como la extorsión o las lesiones físicas. Carácter de oferta comercial de la información presentada en la página web: ¿cuándo alguien quiere comprar un producto en Internet y en la página pone el precio, es una oferta? En algunos países no es oferta, sino que el comprador hace la oferta y hasta que el vendedor no acepta no hay contrato. Se pueden reducir a dos temas: información al consumidor, entrega y devolución de la mercancía. Vamos a tratar de comentar los mecanismos de protección que el consumidor tiene a su disposición tanto en la fase precontractual, como en el momento de la perfección del contrato y en la fase postcontractual. Entre otras, las causas por las que el consumidor es la parte débil, son: Uso de contratos de adhesión o condiciones generales de la contratación. La sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 14 de octubre de 2011 desestimó una demanda de un centro de estudios frente a un estudiante, en reclamación del precio un curso contratado a distancia, del cual el último quería desistir, sin que el contrato en cuestión ofreciera tal posibilidad.
Salvo la hipoteca mobiliaria, a la que más adelante nos referiremos, la hipoteca se constituye sobre bienes inmuebles y la prenda sobre bienes muebles. Habrá que estar, pues, atentos a los datos de la actividad judicial de 2016, para comprobar si se ha producido o no este desplazamiento; pero la lógica empuja a pensar que, tarde o temprano, el monitorio notarial terminará sustituyendo en la mayoría de las reclamaciones a su equivalente judicial. Se exceptúa el caso en que el envío obedezca a un error, incumbiendo la prueba al vendedor. – ¿Qué opciones tiene la ciudadanía para mantener controlada su “reputación online”? La decisión de estar o no estar en Internet ya no es algo que dependa de nosotros. e) Desistimiento La facultad de desistimiento o revocación del consentimiento emitido, se establece en los artículos 102 y ss. Por tanto, son plenamente aplicables las normas del IRPF y del Impuesto sobre sociedades que gravan todas sus rentas obtenidas, cualquiera que sea su fuente u origen, sin necesidad de hacer consideraciones especiales sobre las mismas. Aquí una pequeña recopilación.
Y, además, para complicar mas las cosas, hay una insuficiente armonización legislativa. No queda mas remedio por tanto que adaptar el derecho internacional privado a Internet para la certeza jurídica, seguridad jurídica y la unidad a la hora de establecer la ley aplicable y el tribunal competente. Abogados, formamos a nuestros clientes para realizar operaciones comerciales seguras, respetando siempre los derechos de los consumidores y el cumplimiento el ordenamiento jurídico en materia de sociedad de la información, comercio electrónico, protección de datos, contratación y propiedad intelectual. Resultan por tanto también de aplicación las siguientes normas: - Ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, Ley 23/2003, de 10 de Julio. En su contenido conforma unos requisitos mínimos del contrato celebrado a distancia, comprendiendo tanto el electrónico, como las ventas por catálogo, publicidad, teléfono o los restantes a que se refiere su anexo; requisitos que como veremos serán reproducidos en toda la normativa posterior.
Y comparan mes a mes cuáles son las que mejor funcionan. En España no existe la prisión por deudas. A través de el se pretenden resolver los conflictos que surgen en la red, buscando una regulación basada en normas materiales específicas, al margen del derecho de los Estados. Es en estos casos en los que la cesión de datos a terceros suele chocar con la Ley Orgánica de Protección de Datos de 1999 y su Reglamento, de 2007. El tamaño mínimo es de un milímetro y medio. ¿Quién quiere tener que seguir pagando unas vacaciones dos años después de disfrutarlas? Para gastos que se consuman rápidamente siempre es preferible ahorrar hasta poder pagarlos en efectivo. Hay otros procedimientos, como los que se aplican a cuestiones matrimoniales o de familia, que no se analizarán en este apartado. Así que lo que recuperamos es siempre fruto de una negociación.
EL CONTRATO DE COMERCIO ELECTRÓNICO EN GENERAL Conforme a esto, la ley aplicable sería la mejicana. No nos limitamos a redactar avisos legales: nuestra labor va mucho más allá, ayudándole a que cada elemento o cada casilla ocupen su lugar correspondiente, a que los procedimientos de compra online cumplan con la legislación o a que los avisos de cookies reúnan los requisitos que exige la normativa. Comunicación comercial es un término que incluye tanto la publicidad como las promociones de productos. Además, el plazo del derecho de desistimiento debe mencionarse claramente en la información escrita comunicada por el vendedor. Contratos que no pueden celebrarse a través de Internet: Compraventa de bienes inmuebles y creación de derechos sobre ellos. El único que puede hacerlo es un juez a través de una sentencia. Mentiras y prácticas ilegales Hay ciudadanos que saben muy bien que significa ser catapultados en una guerra de trinchera contra las empresas de recobro de deuda. La ventaja es que se trata de los mecanismos de siempre, no hay déficit democrático y la solución es mas justa que en internacional cyberlaw. Duración.-
En principio, un juicio verbal debería estar resuelto en dos meses, pues los plazos que la Ley determina así deberían permitirlo. Se entiende comúnmente por comercio electrónico aquellas transacciones comerciales que se realizan a través del intercambio electrónico de datos o por otros medios de comunicación, en sustitución del tradicional papel. - Ley de Firma Electrónica, Ley 59/2003 de 19 de diciembre. Debe dar una serie de informaciones y de mecanismos de acceso en su página web. En contra de lo que muchos afirman, la cultura no está en crisis: ¡Todo lo contrario! Nunca se ha escuchado más música, visto más cine o leído más que con el surgimiento de las tecnologías digitales que han permitido facilitar la reproducción y acceso remoto a todas estas obras de creación intelectual. Sin embargo, la realidad muestra cómo este plazo se prolonga en función de muy diversos factores: complejidad del asunto, volumen de la documentación; número de demandantes o de demandados; mayor o menor facilidad para localizarlos; incidencias diversas surgidas durante la tramitación; cantidad de trabajo que pese sobre el Juzgado, etc.
El artículo 27 de la LSSI enumera las obligaciones previas a la contratación. Procure averiguar la política de sus proveedores y administradores de listas y directorios en lo que se refiere a venta, intercambio o alquiler de los datos que les suministra. Las nuevas tecnologías de la información (TIC) han impactado en la sociedad actual de forma tan vertiginosa que no sólo ha cambiado la forma de interactuar de las personas, sino que también han supuesto una revolución en el sector empresarial en el que está adquiriendo una vital trascendencia el COMERCIO ELECTRÓNICO, definido como cualquier forma de transacción comercial en que las partes interactúan electrónicamente, en lugar de intercambio o contacto físico directo (de persona a persona), los productos comercializados pueden ser productos físicos, o bien, servicios como noticias, sonido, imagen, software, base de datos, etc. La legislación pretende que el empresario otorgue al consumidor un alto nivel de información sobre el producto o servicio que va a adquirir, con la finalidad de: Evitar fraudes.
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