Seguridad de las direcciones IP

Conforme al artículo 13 RDLOPD, un menor de catorce años no puede prestar consentimiento para que se obtengan sus dato s personales o su imagen, por que es necesaria la autorización d e sus padres o representantes legales. Posteriormente, el empresario accede a la cuenta de correo del trabajador a través del ordenador que utilizaba en el centro de trabajo, descubre la revelación no autorizada de secretos empresariales, y procede a despedir al trabajador. Es más, muchas de esas supuestas novedades se toman del Reglamento 1671/2009, de 6 de noviembre, de desarrollo de la LAECSP, lo que, por un lado, provoca elevar de rango cuestiones de demasiado detalle y, por otro, incluso dudas de su constitucionalidad, pues, como ha indicado el Consejo de Estado en su dictamen 275/2015, algunas de esas previsiones estaban en el citado Reglamento exclusivamente para la Administración General del Estado, siendo dudoso que pueda extenderlas a todas las Administraciones. ¿Imprimirlos? Podían tacharnos el contenido.

Los usuarios, a favor La resolución de la ONU está amparada también por la opinión pública, que considera mayoritariamente que Internet debe ser un derecho. Más allá de tecnicismos jurídicos, para ilustrarlo, imaginemos que el día 2 de Octubre de 2016 un funcionario quiere solicitar en el Ayuntamiento un permiso de asuntos propios, o una pequeña sociedad de venta ambulante quiere una autorización para vender en la plaza, e insisten ambos en que la Ley 39/2015 les “obliga” a relacionarse electrónicamente pero contemplan perplejos que el alguacil, conserje y administrativo del pequeño Ayuntamiento (tres funcionarios en una misma persona física, por razones presupuestarias) le dice que si se lo presenta por escrito le pone un sello, pero que allí “ni hay administración electrónica ni se la espera”.

Es posible acudir también, a la jurisdicción civil, interponiendo una demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, reclamando las cantidades a indemnizar por los posibles daños y perjuicios causados por la difamación. Estas empresas actúan como un tercero de confianza y guardan ante notario las actas de comunicación que prueban la transmisión, el acuse de recibo, las fechas de envío, el contenido íntegro del correo, así como la identidad del remitente y el destinatario y sus direcciones IP". Al otro lado del Atlántico, Costa Rica declaró el acceso a internet como un derecho fundamental de los ciudadanos en una sentencia de la Sala Constitucional en 2010, la Constitución mexicana recoge que el Estado ha de garantizar el derecho de acceso a la banda ancha e internet desde 2013 y en Brasil también plantean incluir este derecho en la Constitución Federal si sale adelante una reciente propuesta de enmienda a la Constitución. Ahora bien, tampoco se trata de matar al mensajero. Saber reconocer un error y rectificar a tiempo es clave.

Dentro de este concepto la doctrina incluye insultos, juicios despectivos de valor pero también hechos o conductas premeditados que denotan ofensa elevada (ver Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 95/2015 de de febrero). No estamos ante un correo ordinario, en el que la letra o la firma pueden ser más que suficiente, y en el caso de no serlo se podría salvar con una pericial. Cómo actuar ante el delito de calumnias e injurias Cuando cualquier ciudadano haya sido ofendido de forma grave, el primer paso debe ser buscar asistencia legal de un abogado, a quien se debe explicar el caso y aportar las pruebas de lo ocurrido.

No obstante, en nuestra opinión y con ella terminamos el presente artículo, podría sostenerse fundadamente que, si bien la previsión del artículo 85 esté contenida en la LPAC, que regula el procedimiento administrativo común, incluido el procedimiento sancionador, atañe a una cuestión sustantiva como es la relativa a la determinación de la sanción y concluir, en consecuencia, que el precepto resulta aplicable (para quienes opten por acogerse a él y no hacer uso de su derecho a recurrir en vía administrativa y, en su caso, jurisdiccional) a los procedimientos en los que todavía no haya una resolución firme en virtud del principio de retroactividad de las disposiciones sancionadoras más favorables, principio que se ve notablemente ampliado por el artículo 26 de la de la Ley 40/2015, 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que dispone que La mayoría de los ayuntamientos de la provincia no cuenta con recursos propios suficientes para afrontar con éxito los requisitos que establece esta ley. Abogados queremos asesorarles sobre Derecho en internet desde el inicio de cualquier proyecto, con un carácter eminentemente preventivo, e igualmente, ayudarle a solventar cualquier problema que ya haya sufrido en este campo, ante organismos públicos, Tribunales de Justicia u otras empresas. En España, la Agencia Tributaria fue pionera en la puesta en marcha de la administración electrónica.

La Exceptio Veritatis. El control del uso del ordenador facilitado al trabajador por el empresario no se regula por el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores, sino por el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y a este precepto hay que estar con las matizaciones que a continuación han de realizarse. Otra cosa es que se puedan establecer determinados beneficios puntuales", defiende. Navegadores como Internet Explorer nos permiten establecer zonas y sitios de confianza para conectarnos sólamente a ellos. Si bien se tratan de condiciones de uso muy parecidas a las anteriores, una de sus particularidades es que la licencia que les otorgamos sobre nuestros derechos de autor (imágenes) seguirá vigente incluso cuando dejemos de usar sus servicios. Es innegable que el mundo actual está inmersos en una intensa fase de cambios causados por la rápida evolución de la tecnología, que han transformado en pocos años la sociedad que conocíamos. “Un derecho básico debe ser una de las cosas que, como seres humanos, necesitamos para llevar vidas saludables y significativas, como la libertad, la condena de la tortura o la libertad de conciencia.

No pueden ignorarse además todos los problemas informáticos que pueden acontecer en una relación electrónica, con la pesada carga que ahora se desplaza a los interesados para que prueben y lo hagan además por medios muy gravosos las razones por las que no pudieron acceder a la sede electrónica de la Administración actuante. Por tanto, al tratarse de simples reproducciones o copias, estos soportes no demuestran de forma inatacable que su contenido es fiel reflejo del documento original. Legalmente el ideal sería mediante un acta notarial pero si no resultase posible guarde impresiones de pantalla, fotografías de las injurias sufridas o asegure hay testigos de dichas injurias. Si lo ejerzo frente a un buscador, ¿la información desaparecerá de internet? No. Tan solo sería efectivo si se incluyeran fórmulas para garantizar que todos acceden a internet, incluso aquellos que no tengan recursos, si se asegura la conexión en los lugares donde es menos rentable o si se protege la alfabetización digital.

En esta transformación hacia lo digital, la búsqueda de una prestación de los servicios más eficiente, como hemos visto, se erige en un objetivo de primer orden. Conceptos legales. Cuando un documento privado sea impugnado por la parte contraria a quien lo presentó, que lo estima perjudicial a sus intereses, a la parte que lo aportó al proceso le incumbe la carga de probar la autenticidad, lo que no obsta a que la otra parte pueda también intentar acreditar la inautenticidad. Pero, al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que se trata de medios que son propiedad de la empresa y que ésta facilita al trabajador para utilizarlos en el cumplimiento de la prestación laboral, por lo que esa utilización queda dentro del ámbito del poder de vigilancia del empresario, que, como precisa el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, implica que éste "podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales", aunque ese control debe respetar "la consideración debida" a la "dignidad" del trabajador. No obstante, habrá que tener en cuenta también las previsiones que expresamente se incluyen en la regulación de las notificaciones, aunque no precisan este aspecto, lo que es del todo inapropiado. En Abogados podemos asesorarle en todos los aspectos relacionados con el Derecho Penal, Derecho al honor y más concretamente en las calumnias e injurias.

El sujeto ha de tener intención de injuriar o, al menos, debe ser consciente de la gravedad de sus insinuaciones. Pero no es ésta la única cuestión aunque sí probablemente la principal. En cualquier caso, y esto es esencial, el planteamiento de transitoriedad en relación a la implantación y a la implementación de la Administración electrónica cambia radicalmente con el artículo 14 de la LPAC respecto a los sujetos que obligatoriamente deben relacionarse electrónicamente con la Administración, singularmente las personas jurídicas, cuya obligación ha entrado ya el 2 de octubre del pasado año incuestionablemente en vigor, imponiéndose a esos sujetos la carga de conocer, saber y tomar las medidas adecuadas para hacerlo en caso de que técnicamente sí sea posible. No obstante, hay que tener en cuenta que Internet es un fenómeno mundial, de manera que para ofrecer al ciudadano una protección eficaz de sus derechos de la per sonalidad se deben adoptar soluciones armónicas y comunes a nivel internacional.

El precepto señala que, en esos casos, si se presenta la solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. ¿Cómo puedo ejercerlo? La legislación española establece que para ejercer los derechos de cancelación y oposición (y, por tanto, el 'derecho al olvido') es imprescindible que el ciudadano se dirija en primer lugar a la entidad que está tratando sus datos, en este caso al buscador. “Vemos cómo se ha ampliado el ámbito de comisión de estos delitos a través de Internet en pocos años”, comentan desde el portal. Lo mismo se aplica a las medidas de reducción de la velocidad de navegación de Internet o de partes de este». Desde el punto de vista del Derecho, podemos afirmar que estamos ante uno de los mayores restos a los que se enfrenta el mundo jurídico, donde presenciamos grandes vacíos normativos provocados por la aparición de situaciones inimaginables surgidas a consecuencia de un uso masivo y generalizado de las tecnologías. Ahora, y después del polémico caso del yerno de marras, seguro que se dejarán de presentar la fotocopia sin más, y en algunos casos hasta veremos cómo son inadmitidos per se los emails.

Y ello sobre todo, si «el tratamiento de direcciones IP se lleva a cabo con objeto de identificar a los usuarios de un ordenador (por ejemplo, el realizado por los titulares de los derechos de autor para demandar a los usuarios por violación de los derechos de propiedad intelectual), el responsable del tratamiento prevé que los «medios que pueden ser razonablemente utilizados» para identificar a las personas pueden obtenerse, por ejemplo, a través de los tribunales competentes (de otro modo la recopilación de información no tiene ningún sentido), y por lo tanto la información debe considerarse como datos personales». Es reversible, pues en cualquier momento anterior a la resolución el órgano competente para su tramitación puede acordar continuar con la tramitación ordinaria. "Si está reforzado en la Constitución, a la hora de aplicar la LPI tendrán que tener en cuenta el derecho constitucional y el corte de acceso deberá ser debidamente justificado". De cualquier forma, el que suscribe no se arredró, y rápidamente envió la rectificación correspondiente…, que por supuesto no fue atendida.

Autenticidad En el ámbito procesal el artículo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé que los actos de comunicación entre las partes "puedan ser efectuados por medios electrónicos que garanticen la autenticidad de la comunicación y de su contenido" "Un correo electrónico normal puede ser impugnado, como se ha intentado hacer en el Caso Nóos. Si bien esta previsión, en línea con las anteriormente mencionadas, parece querer reforzar la posición del ciudadano y terminar con ciertas prácticas intolerables de la Administración, lo que, sin duda, ha de valorarse positivamente, no es menos cierto que dichas prácticas no dejan de ser incumplimientos de obligaciones legalmente establecidas, por lo que nada asegura que eso cambie en el futuro. La particularidad que encontramos en Instagram o incluso Pinterest (básicamente aquellas redes sociales que se fundamentan básicamente por imágenes) es que aparece con especial atención una cláusula que hace referencia a los derechos sobre las imágenes y en especial en aquellos casos en los que no somos los autores de las mismas. La red social Facebook, por ejemplo, dispone de un sistema de denuncia de perfiles, publicaciones, etc. De hecho, el Boletín los vino utilizando hasta 2010, pero luego dejo de hacerlo, por lo que todo lo que aparecía en el Boletín era indexado y clasificado por los buscadores.

Como ejemplo, citan "la frecuente vulneración del derecho a la intimidad personal y a la propia imagen que se articula con la subida de imágenes por terceros sin el consentimiento de sus titulares". Sea para conseguir la indemnización correspondiente para el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos, sea para conseguir algún tipo de acción reparatoria (por ejemplo, la publicación de la sentencia o la publicación de una rectificación pública) o sea, en su caso, para perseguir penalmente los hechos si incluso son constitutivos de delito, la persona ofendida debe iniciar la correspondiente acción judicial. Así, en su parágrafo 34, la Directiva señalaba que «Es necesario, por lo que respecta a la identificación de la línea de origen, proteger el derecho del interlocutor que efectúa la llamada a reservarse la identificación de la línea desde la que realiza dicha llamada y el derecho del interlocutor llamado a rechazar llamadas procedentes de líneas no identificadas», lo que se justifica por el hecho de que «Determinados abonados, en particular las líneas de ayuda y otras organizaciones similares, tienen interés en garantizar el anonimato de sus interlocutores».

Para perseguir la calumnia o la injuria la víctima ha de presentar una querella (mientras que la denuncia supone poner unos hechos en conocimiento de la autoridad, la querella implica, además, querer ser parte acusadora en el proceso penal). La cantidad de temas que se abren a debate no tiene fin. Un derecho fundamental La resolución fue aprobada recientemente, aunque contó con el rechazo de países como Rusia, China, Arabia Saudita, Sudáfrica e India, quienes mostraron dudas por la redacción de que se "condena inequívocamente medidas para prevenir o interrumpir intencionalmente el acceso a nuestra difusión de información online". Y, en ese sentido, habría que alabar los esfuerzos de la Agencia Española de Protección de Datos para garantizar el «derecho al olvido» a través de una reinterpretación continuada de estos derechos. El Registro electrónico permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las 24 horas, si bien la presentación de escritos en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente. La empresa eGarante, cien por cien española y especializada en certificar contenidos en internet, se alió el pasado mes de julio con la Guardia Civil para incluir en su portal de colaboración ciudadana la herramienta técnica que permite probar la comisión de una infracción administrativa o penal a pesar de que el contenido haya sido manipulado o borrado de la red.

El impacto de las relaciones (IOR, en inglés IMPACT OF RELATIONSHIP), el incremento de la popularidad de la marca, la mejora en la reputación, etc… también debe ser medido. Es decir, hay casos en los que no se aplicará. 3 LPAC cuando señala que las personas designadas como órgano instructor o, en su caso, los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal función serán responsables directos de la tramitación del procedimiento y, en especial, del cumplimiento de los plazos establecidos. Mantener la calma en todo momento. Las denuncias por injurias y amenazas en las redes sociales cada vez más están colapsando los órganos judiciales españoles. Además el Tribunal considera que tal injerencia no estaba justificada ni por el derecho interno, ni por las normas internacionales.

Archivo electrónico Finalmente, cabe resaltar otro tema, no tanto del procedimiento sino en cuanto una vez que ha concluido el mismo. Pero es que, además, tampoco se escapan de este control las llamadas infructuosas. Respeto al secreto de las comunicaciones Así mismo, los mensajes de Whatsapp como medio de prueba deberán respetar el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, derecho que tiene una entidad propia, cuya regulación también la encontramos en el artículo 197 del Código Penal, diferenciada del derecho a la intimidad, ya que las comunicaciones deberán resultar protegidas con independencia de su contenido. Conceptos legales. Ello obliga a reflexionar profundamente sobre hasta qué punto el Derecho que ordena nuestras sociedades va a ser eficaz en el mundo de las Redes Sociales ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para reformar la ley orgánica de protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. En quinto lugar, el Tribunal Supremo concluye que no existe prueba válida acreditativa del contenido de los mensajes de correo electrónico intercambiados por tanto concluye que no hay delito de cohecho.

Los internautas han incrementado el tiempo que pasan conectados a la red por medio de ordenadores y dispositivos móviles, y cada vez hacen un uso más sofisticado de esta herramienta. Así, como es conocido, a la «primera generación» de derechos de carácter estrictamente liberal, que pretendían garantizar a la persona simplemente una esfera de libertad y autonomía (libertad, igualdad, propiedad, etc.), le siguió una «segunda generación» de derechos vinculados a la creación constitucional del Estado social.

En todo momento, la libertad de opinión tiene cómo límite las expresiones que alcancen el grado de injuriosas o vejatorias, y que por tanto, se pueda dar una idea u opinión sobre alguien sin llegar a ofender. Independientemente de que el hecho sea constitutivo de delito en estos casos está siempre presente la colisión entre la libertad de expresión del que realiza el comentario o emite la opinión o realiza la expresión o expresiones, y el derecho al honor cuya defensa realiza el ofendido por lo publicado por estimarlo vulnerado y que puede hacer efectiva a través de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Y en sintonía con ello, ya que no debe olvidarse que en dicha comunicación debe indicarse igualmente el plazo para resolver y el sentido del silencio, se refuerza tal obligación estableciendo expresamente como derecho en el artículo53.1, a), el de conocer en cualquier momento no sólo el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, sino también el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo.

Principales novedades de la LPAC sobre la Administración electrónica Por lo que se refiere a las novedades introducidas por la LPAC en materia de Administración electrónica, destaca la generalización de la utilización de los medios electrónicos en el procedimiento administrativo común. Por tanto, la interferencia o intervención de la comunicación de cualquier persona, convertirá la prueba en ilícita, y podrá constituir un delito, salvo que se realice mediante resolución judicial y con las garantías legalmente previstas. Para encontrar esa información interesante, se pueden también utilizar herramientas como Google Alerts, etiquetas en Hootsuite, etiquetas en SocialBro (ahora Audiense), Feedly, listas privadas de Twitter… Algunas novedosas. Por lo que con una facilidad pasmosa arrojamos armas de doble filo cuando ofendemos a alguien o sentenciamos unos hechos sobre los que no tenemos certeza absoluta, pudiendo cometer delitos que deriven a multas o incluso cárcel.

Esta libertad proporciona a la ciudadanía una sensación de "todo vale" en los medios de comunicación. No obstante, a pesar de los retos que se plantean con la implantación de la Administración electrónica, una vez superados éstos y generalizada su utilización, ello seguro redundará en una necesaria simplificación administrativa para los ciudadanos, y en una modernización de su funcionamiento, asegurando que las Administraciones españolas se encuentran en la vanguardia, a la altura de lo que se espera de una Administración del siglo XXI. De hecho, «los servicios en línea, muchos de los cuales pertenecen a entidades privadas que se encargan de explotarlos, han acumulado vastos archivos de imágenes cargadas por los propios individuos». -No se mencionó la diligencia de volcado de la información contenida en el disco CD en presencia del secretario judicial. Asimismo, debe tenerse también mucho cuidado al atribuir a alguien conductas delictivas, aun cuando se haga con un lenguaje de lo más correcto: la SAP Barcelona 372/2012, de 26 de abril, consideró que debía seguir la tramitación de una causa originada por unos comentarios en Twitter en que se acusaba a una persona de delitos de corrupción urbanística.

Confirmándose indubitadamente el papel central del estudiante en todo el itinerario instructivo. (iv) Actuación administrativa automatizada La actuación administrativa automatizada es aquella que se realiza íntegramente a través de medios electrónicos, en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. Así como, también será positivo la reparación del daño o el retractarse de forma pública y eficaz de las palabras equivocadas que dijimos. Tanto por la vía penal (injuria o calumnia) como por la vía civil, mediante demanda. Asimismo, «la Comisión presentará propuestas en el primer trimestre de 2012 para garantizar que los usuarios con discapacidad puedan acceder sin restricciones antes de 2015 a los sitios web del sector público y a los que ofrecen servicios básicos a los ciudadanos». Por otra parte, el delito de injurias viene recogido en el Código Penal en sus artículos 208 a 210.

En fin, se genera una inseguridad jurídica para los administrados, del todo injustificada, máxime cuando el Consejo de Estado en su dictamen 275/2015 lo advirtió, sin que ello supusiera que el proyecto se viese corregido en este aspecto. Una crisis puede ser generada por nosotros mismos (un tweet desafortunado, un error…) o por alguien externo que interactúa con nosotros en la red social. Además, existe cierta desinformación en torno a la actuación de la compañía: dón de se almacenan las imágenes y la información enviada, si guardan copias de las CENTRO DE SEGURIDAD EN INTERNET PARA LOS MENORES EN ESPAÑA: PROTÉGELES, “Menores de Edad y Conectividad Móvil en España: Tablets y Smartphones ”, “La vulneración de los derec hos al honor...”, conversaciones mantenidas por los usuarios y, en general, el nivel de seguridad que ofrecen a sus clientes. Aquí la frontera entre uno y otro es más difícil. Y claro, son admitidas como prueba por los juzgados. A lo largo del presente artículo, examinaremos, de un lado (i) las principales novedades en materia de Administración electrónica que incorpora la LPAC; y (ii) los retos que conlleva su implantación.

Disponer de un perfil en alguna de las redes sociales existentes en Internet se ha convertido, hoy por hoy, en casi una obligación, puesto que constituyen un medio efectivo, rápido y universal para socializar, comunicarnos, mantenernos informados, e incluso para desarrollarnos profesionalmente. En primer lugar, las condiciones de uso de los diferentes sitios o páginas web normalmente se refieren a legislación ajena a la del país en la que se encuentra el usuario y suelen estar redactadas en un lenguaje críptico difícil de entender por la generalidad de las personas. Antivirus, suites de seguridad. LAS NOTIFICACIONES, EN PARTICULAR, LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS En relación con las notificaciones en papel son relevantes, a nuestro juicio, dos nuevas previsiones contenidas en el artículo 42 de la LPAC: Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. La otra forma de recibir notificaciones es en la sede electrónica de la concreta Administración. Por otro lado, se ha incidido en el control que algunas empresas ejercen sobre las redes sociales privadas de sus empleados, hecho que según el informe se debe limitar, ya que las empresas no pueden extender su control hasta el ámbito particular de su trabajador.

Penas para la injuria En cualquier caso, la injuria se castiga con pena de multa de tres a siete meses y asciende a multa de seis a catorce meses si se hacen con publicidad. Por tanto, aunque en el presente caso se han impugnado los documentos nº 2 y 4 de la contestación y la parte demandada no ha propuesto prueba pericial para acreditar la autenticidad de esos correos electrónicos, conforme a la doctrina expuesta ello no excluye que el juzgador de instancia pueda valorar tales documentos conforme a las reglas de la sana crítica, pudiendo otorgarles relevancia siempre que existan en el proceso otros elementos de juicio susceptibles de ser valorados con aquél, conjugando así su contenido. - Tengas en cuenta que aceptando esas condiciones de uso, estás cediendo el derecho patrimonial sobre el uso comercial de tus imágenes. Elemento objetivo: acciones o expresiones que lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. El balance o equilibrio no es sencillo Un aspecto también relevante se refiere a regular la libertad de expresión en Internet respecto los discursos de odio, algo que puede resultar positivo cuando tomamos en cuenta que las redes sociales son plataformas tan masivas en que se pueden difundir sin control mensajes discriminatorios hacia grupos vulnerables como las mujeres o los homosexuales.

LA DENUNCIA COMO FORMA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Se mantienen en lo sustancial las formas de iniciación del procedimiento, de oficio y a instancia de los particulares. Así, no solo podrá leerlo y responderle al emisor del mismo sino que también podrá reenviarlo a otros destinatarios, archivarlo, almacenar una copia local en el PC, borrarlo de manera permanente, marcarlo, añadirle etiquetas y también catalogarlo como spam. En cualquier caso, hay que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 268,3 de la LEC, que exige, cuando el original del documento privado se encuentre en un expediente, protocolo, archivo o registro público, que se presente copia autentica o se designará el archivo, protocolo o registro”, lo que hace que resulte más que conveniente designar ante cualquier comunicación electrónica, que por su propia naturaleza no se puede aportar en su soporte original, el elemento o equipo donde se encuentra, facilitando todos los datos necesarios para su identificación ante la eventualidad, previa impugnación, de tener que proceder a su análisis. Y es que, las notificaciones judiciales en forma de correo certificado o burofax no siempre llegan a su destinatario. Por tanto, y hasta que eso ocurra, es decir, ante la falta de veracidad del correo por su inalterabilidad, debemos estar a lo que tenemos, y lo que tenemos no es otra cosa que servidores y discos duros.

Cómo actuar ante el delito de calumnias e injurias Cuando cualquier ciudadano haya sido ofendido de forma grave, el primer paso debe ser buscar asistencia legal de un abogado, a quien se debe explicar el caso y aportar las pruebas de lo ocurrido. UNA FORMACIÓN DIFERENCIAL QUE TENDRÁ UN GRAN IMPACTO EN TU CARRERA Redes Sociales Web 2.0 y Nuevas Tendencias Derecho de Autor y prestaciones accesorias Derecho de Patentes Derecho de Marcas Derecho del Diseño Contratación y Comercio Electrónico Formas de protección preventiva y reactiva (Enforcement) El plan de estudios prevé también la posibilidad de cursar el Diploma Legal 360, que incluye materias como Legal English y Habilidades Directivas y de Negociación, y una estancia de tres días en Bruselas. Finalmente, en la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, se introdujo, en su artículo 52, como elemento integrante del servicio universal de telecomunicaciones la conexión a banda ancha a una velocidad de 1 Mb, a través de cualquier tecnología. ¿Incurre la red social en algún tipo de responsabilidad? Según el artículo 212 C.P. Una crisis mal gestionada tiene un impacto enorme para lo cual hay que actuar y no eludir el problema.

Que únicamente compartas aquellas imágenes de las que no tienes problemas en ceder su explotación. De tal modo que «la cesión de la configuración de redes únicamente al operador y al mercado inspirados en razones de carácter mercantil impide que se cumpla el principio de universalidad y de servicio público», ya que «todos los individuos y grupos sociales tienen derecho a disponer de instrumentos para su desarrollo y es aplicable el principio de subsidiaridad, cuando no pueden acceder a tales instrumentos por motivos ajenos a su voluntad de desarrollo humano como la distancia, la diferencia de renta, discapacidades físicas, densidad de población, predominio del sector agrícola, o los modos de vida rural, entre otros». Al finalizar, contarás con un conocimiento profundo de esta nueva visión del Derecho y estarás preparado para ofrecer asesoría al más alto nivel a multinacionales, ya sea desde el departamento jurídico de una empresa o desde un despacho de abogados, o formar parte de organismos reguladores.

Y es que viene a ser el equivalente a lo que hoy es la copia compulsada. Además, exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal un acto de conciliación previa entre agresor y víctima. Tu nombre es aquel por el que te conocen tus amigos, familiares y compañeros de trabajo». La teoría del fruto del árbol envenenado El Tribunal Supremo de los Estados Unidos desarrolló la teoría del fruto del árbol envenenado en el caso Silverthorne Lumber Company v. El delito de calumnias según el artículo 205 del Código Penal, es "la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad". A pesar de que cada vez existe más información acerca del funcionamiento de este fraude en la Red, sigue teniendo gran incidencia. Por tanto, ni el árbol envenenado ni su fruto deberían ser utilizados en juicio ni justificar resoluciones judiciales condenatorias.

Conforme al artículo 30 de la LSSICE, si se identifica en una página contenidos contrarios al honor, intimidad o imagen del menor, cabe interponer una acción de cesación de la actividad . Más allá de tecnicismos jurídicos, para ilustrarlo, imaginemos que el día 2 de Octubre de 2016 un funcionario quiere solicitar en el Ayuntamiento un permiso de asuntos propios, o una pequeña sociedad de venta ambulante quiere una autorización para vender en la plaza, e insisten ambos en que la Ley 39/2015 les “obliga” a relacionarse electrónicamente pero contemplan perplejos que el alguacil, conserje y administrativo del pequeño Ayuntamiento (tres funcionarios en una misma persona física, por razones presupuestarias) le dice que si se lo presenta por escrito le pone un sello, pero que allí “ni hay administración electrónica ni se la espera”. Así, como es conocido, a la «primera generación» de derechos de carácter estrictamente liberal, que pretendían garantizar a la persona simplemente una esfera de libertad y autonomía (libertad, igualdad, propiedad, etc.), le siguió una «segunda generación» de derechos vinculados a la creación constitucional del Estado social. El único resultado que puede conllevar este tipo de delitos sería más bien una lesión patrimonial por verse dañado su prestigio. Así, «nos hallamos... Así, se establece la obligación de facilitar el acceso a las restantes Administraciones a los datos relativos a los interesados que obren en su poder. Internet fomenta la libertad de expresión y permite a cualquiera que sus afirmaciones alcancen mayor repercusión y notoriedad, empoderando a la ciudadanía; pero la libertad de expresión no es absoluta.

La LPAC aclara por fin en su artículo 30.4 que el plazo expresado en meses (o años) concluirá y coincidirá con el ordinal del día en que se produjo la notificación o publicación en el mes o el año de vencimiento, que es el criterio jurisprudencial adoptado por el Tribunal Supremo pues, según su doctrina mayoritaria, el plazo vence el día cuyo ordinal coincida con el día de la notificación o publicación del acto. También en materia tributaria es obligatorio el uso de la Sede Electrónica de la AEAT conforme El texto recoge que “los mismos derechos que tienen las personas offline deben ser protegidos online”, especialmente en lo que respecta a la libertad de expresión, defendida en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se entiende, de esta forma, que la lesión del honor debe ser medida por la propia víctima que en última instancia le corresponde decidir si inicia el proceso mediante querella.

En la ponderación deberán valorarse las circunstancias de todo orden que concurran en el caso concreto, debiéndose incluir: el contenido de la información, la mayor o menor intensidad de las frases, su tono humorístico, mordaz o sarcástico, el hecho de afectar a una persona titular de un cargo público, y si la lesión ha afectado al carácter de autoridad del lesionado, la finalidad de crítica política, la existencia o inexistencia de animus injuriandi, y el grado de intensidad de la lesión en el honor, entre otras  . Ahora bien, nótese que a estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación. Nos dice “…usted concede a Twitter una licencia mundial, no-exclusiva y gratuita (así como el derecho de sub-licenciar) sobre el uso, copia, reproducción, procesamiento, adaptación, modificación, publicación, transmisión, exposición y distribución de tal Contenido a través de cualquier medio o método de distribución presente o futuro.” Google+, no podía ser una excepción en todo este asunto. En Oriente Medio la penetración sería de un 40,2 % y en América Central y del Sur y en el Caribe el porcentaje se situaría en el 42,2%]. En lo sucesivo, sólo se emitirán certificados de representante de persona jurídica.

No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley”. A lo largo del presente artículo, examinaremos, de un lado (i) las principales novedades en materia de Administración electrónica que incorpora la LPAC; y (ii) los retos que conlleva su implantación. No siempre será sencillo demostrarlo, por supuesto, pero existen huellas digitales que en muchos casos permiten identificar al responsable. Las discrepancias surgieron en relación al artículo que condena cualquier intento de interrumpir el acceso a la información online.

El presente manual realiza, a través de 10 Unidades didácticas, una aproximación general a los aspectos más relevantes en los que internet y el derecho convergen, tales como el gobierno y la neutralidad de la red, los derechos de la personalidad, la protección de datos, el comercio electrónico, la publicidad o la propiedad intelectual, con la intención de que cualquier persona interesada en la materia adquiera unos conocimientos jurídicos básicos que hoy en día resultan esenciales tanto para empresas como para usuarios con presencia en la red. La resolución fue aprobada el viernes pasado sin consenso; Rusia, China y Arabia Saudí rechazaron esta iniciativa. Dicho llanamente, son dos realidades distintas y autónomas que tanto pueden haber coincidido en el tiempo y en el espacio de envío de un correo como no. Naturalmente, el anonimato que en muchos casos permite Internet ayuda a que determinados actos queden impunes, algo a lo que contribuye también una evidencia: la legislación siempre avanza por detrás de la tecnología.

Artículo 209 CP: “Las injurias graves hechas con publicidad se castigarán con la pena de multa de seis a catorce meses y, en otro caso, con la de tres a siete meses”. En la SAP de Málaga 76/2015, es contenida gran parte de la doctrina del Tribunal Constitucional en esta materia, limitando la crítica y dejando claro que no existe un derecho al insulto. Eso sí, hace unos meses se estimó que medio millón de españoles siguen teniendo dificultades por vivir en zonas rurales o de difícil acceso, si bien están surgiendo nuevos proyectos para que internet llegue a esas zonas. La utilización de las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables y la tramitación ordenada de los expedientes, así como facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos, así lo dispone la propia LPAC en el apartado 3 de su artículo 75. La persona que presentó la queja precisamente obvió utilizar el cauce del citado contencioso administrativo por no perjudicar las expectativas de otras personas que participaban en un proceso selectivo del cual él fue excluido por no presentar una documentación, documentación que el actor solicitó fuera recabada en su nombre, como era su derecho. Pero demos un paso adelante y miremos con lupa lo que la Ley nos dice sobre el calendario de implantación de relaciones electrónicas.

Cualquier prueba que se obtenga, posteriormente, a partir la prueba contaminada tampoco debería poder ser admitida en un proceso judicial. Esa decisión no es recurrible. Se trata de una acusación muy grave, de la que el acusado tiene derecho a defenderse. «Facebook», posiblemente ante el temor de un endurecimiento de las políticas de privacidad en Europa, y antes de agotar el plazo de cuatro semanas que se le había otorgado (cuyo incumplimiento podría conllevar la imposición de una multa de 100.000 euros) actuó desactivando ese servicio. Por así decirlo, es aconsejable probar la prueba. Así, el artículo 3.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se refiere a «dato de carácter personal» como «cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables». Además hay que ser conscientes de que si llevamos personalmente las cuentas de nuestro despacho, por ejemplo, tuitear o postear no se puede convertir en nuestra actividad principal y perder el foco de dónde estamos y dónde queremos llegar.

Aunque la Agencia rechaza la reclamación, es muy interesante el razonamiento que recoge en su Resolución. Por consiguiente, bien claro ha de quedar que en el ámbito del procedimiento penal, el que a nosotros compete, para que pueda otorgarse valor y eficacia probatoria al resultado de la prueba consistente en la intervención de las comunicaciones protegidas por el derecho consagrado en el artículo 18.3 de la Constitución, resultará´ siempre necesaria la autorización e intervención judicial, en los términos y con los requisitos y contenidos que tan ampliamente se han venido elaborando en multitud de Resoluciones por esta Sala, a partir del importante Auto de 18 de Junio de 1992 (caso "Naseiro " ), cualquiera que fueren las circunstancias o personas, funcionarios policiales, empresarios, etc., que tales injerencias lleven a cabo. El procedimiento se inicia con un acto de conciliación. De esta forma, tanto la distinción entre ambos delitos como la forma de denunciarlos exige la asistencia de abogado especialista en calumnias e injurias. Calumnia gratuita. Nada se parece tanto a la Injustica, como una Justicia tardía, decía Séneca.

Algo bastante frecuente en derecho. En la actualidad esta vía de resolución de los conflictos está en una cierta vía muerta por cuanto “Google Spain S.L.” ha recurrido estas resoluciones ante la Audiencia Nacional al considera que la responsabilidad de mantener esos datos accesibles al público es de terceros ajenos. Estos derecho, juegan en el ámbito jurídico como límites a los derechos de “libertad de expresión” y la “libertad de información”. será responsable civil solidaria la persona física o jurídica propietaria del medio informativo a través del cual se haya propagado la calumnia o injuria; en el caso de Internet, ello alcanzaría al propietario del servidor en el que se publicó el contenido constitutivo de delito; no obstante, en estos casos no existe, actualmente, doctrina o jurisprudencia clara en este extremo y entendemos que debería tenerse en cuenta si la red social tuvo conocimiento de los hechos En este sentido, el artículo 16 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, que algunos Juzgados han entendido aplicable a estos supuestos, en lo relativo a la responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos, dispone que los mismos no serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario, cuando no tengan conocimiento de que la actividad o información almacenada es ilícita o lesiona bienes o derechos de terceros, o que, de tenerlo, actúen con diligencia para retirar dichos datos.

La eficacia real de esta obligación podría quedar un tanto demorada, dado que ciertas disposiciones sobre la administración electrónica, como el “registro electrónico”, o el “punto de acceso general electrónico de la Administración” no serán obligatorias para todas las Administraciones hasta el 2 de octubre de 2018. En todo caso, como señala la propia Agencia en su Memoria de 2011, esta demanda creciente de los ciudadanos sólo se puede atender desde su conexión con los tradicionales derechos de cancelación y oposición Y es que… hay que reconocerlo… no resulta nada cómodo utilizar estos sistemas. El perfil obtenido puede ser utilizado con diversos fines y puede entrañar serias amenazas para su libertad o seguridad. La Ley 59/2003 de Firma Electrónica (LFE), en su artículo 3.5 establece que: "Se considera documento electrónico la información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado."

Esta definición amplia y ambigua hace que todo lo que esté en formato digital pueda ser considerado un documento electrónico, lo que puede provocar problemas de consideración de la prueba a la hora de su tratamiento en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) con los denominados nuevos medios de prueba (artículos 382 y siguientes). 33 En cuanto a los padres que “suben” a las redes sociales i mágenes de sus propios hijos menores de catorce añ os, a pesar de estar autorizados a ello, por ser sus representantes legales, no cabe una difusión de fotografías o vídeos in discriminada ni contraria al interés del menor, pues no se puede olvidar que las obligaciones inherentes a la pa tria potestad, oblig an a los padres a actuar en todo momento en beneficio del menor . Su problema puede evitarse y podemos proceder a ayudarle a defender sus derechos penalmente. El Tribunal entiende, al respecto, que no existe inconveniente en admitir como medio probatorio el testimonio de los funcionarios policiales implicados ya que lo prohibido es la indagación, antes de la información de derechos o cuando ya se ha ejercido el derecho a no declarar, pero no la audición de manifestaciones por los funcionarios públicos. Funcionamiento electrónico de la Administración Gran parte del impulso del uso de medios electrónicos se concreta en el funcionamiento electrónico del sector público. Internet, a través de sus diferentes operadores es caldo de cultivo perfecto para los delitos de injurias. Sin embargo, esta libertad y el anonimato que aporta muchas veces la Red, ha contribuido a que se lleven a cabo conductas tan poco lícitas y molestas como la emisión de mensajes injuriosos y calumniosos contra otras personas.

¿Cómo trata el derecho un campo tan fascinante pero a la vez tan amplio y heterogéneo que se sofistica cada día más? La legislación sin duda deberá tratar antes o después situaciones nuevas que aborden los desafíos que se abren para la “privacidad, seguridad, propiedad de los datos (incluyendo los datos agregados) y la responsabilidad legal derivada”, indica Barbara Murphy, de Morgan Lewis en The National Law Review. Siendo esto así, hay que advertir, sin embargo, que el Tribunal entiende que sólo hay insulto cuando la opinión incluye expresiones vejatorias "innecesarias" para la emisión del mensaje  . Así lo expresa, en su Sentencia 46/2010, la Audiencia Provincial de Segovia: “Es evidente que se trata de un ámbito en constante evolución y en el que en ocasiones puede ser difícil para la legislación penal seguir el acelerado avance tecnológico, lo que puede dar idea de una cierta desprotección de los derechos, sobre todo aquellos relacionados con la intimidad, con la propia imagen o con los derechos de propiedad intelectual, cuando se atenta contra los mismos por medio de los instrumentos tecnológicos de la red”.

Veamos algunos ejemplos. Actualmente ha habido dos hechos que vuelven a cuestionar si estas pruebas deben ser admitidas. Parece oportuno comenzar hablando de la propia oportunidad de esta regulación, como primera novedad que se presenta, es decir, que ahora y a diferencia de lo que venía sucediendo, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPA) integra la regulación de la Administración electrónica en su articulado, si bien ciertos aspectos también relevantes se encuentran en la Ley 40/2015, de la misma fecha, de Régimen Jurídico del Sector Público (en lo sucesivo LRJSP), por entender el legislador que se refieren a las relaciones ad intra de las Administraciones y no de aquellas ad extra que entabla con los interesados. Esto si que me produce inseguridad y agobio. Completa recopilación de la casuística de la implantación práctica de la administración electrónica que además consigue aunar los campos jurídico y tecnológico y, también, la visión de la parte pública y privada.

Así pues se están incluyendo nuevas aplicaciones donde no sólo las personas envían o reciben llamadas, datos o mensajes de texto sino que también lo hacen elementos tecnológicos de lo más diverso: desde camiones (fleet management), coches (connected car), inventario de bienes (asset tracking), máquinas de vending (vending conectado) o tanques de combustible (tank telemetry) por nombrar algunos ejemplos.

Este criterio constituye un verdadero mandato, como ha señalado el Tribunal Constitucional: « las exigencias que resultan del mandato constitucional sobre los criterios de "eficiencia y economía" a que debe responder la programación y ejecución del gasto público en orden a la realización del principio de una asignación equitativa de los recursos públicos enunciado en el artículo 31.2 de la Constitución»]. Legalmente el ideal sería mediante un acta notarial pero si no resultase posible guarde impresiones de pantalla, fotografías de las injurias sufridas o asegure hay testigos de dichas injurias. Sin embargo y paradójicamente, nuestra legislación española y en particular la penal, es muy dispersa al respecto. Y este fenómeno es común a la formación presencial como a la desarrollada a distancia.